El escándalo de los sobresueldos pagados en el Ministerio de Educación por medio de la asignación irregular de horas institucionales en Institutos de Educación Superior a los funcionarios es, además de una más de las múltiples anomalías que corroen el sistema educativo provincial, más grave en su caso por haber sido perpetrada por la autoridad, síntoma de la anarquía salarial que existe en el sector público catamarqueño y de los obstáculos que impiden revertirla. 

Se ha dicho suficiente sobre el efecto erosivo que sobre el Gobierno tiene el caso en términos políticos e institucionales. Catamarca carece en estos momentos de Ministerio de Educación porque la conducción de la cartera se ha auto-invalidado como interlocutor ante la comunidad educativa, que le objeta, razonablemente, un déficit de orden ético. También ha sido consignado el carácter de "caja política” que ha ido impregnando al sistema educativo, cuyos recursos financian con las llamadas "comisiones de servicio” -trabajadores dispensados de sus labores en las escuelas para desempeñarse en otros ámbitos estatales- militancia rentada o favores. Este vicio, sumado a las licencias "truchas”, lleva a pagar hasta cuatro salarios por un mismo cargo que acumula suplentes de suplentes tras el desplazamiento del titular. 

Puede profundizarse ya en otro análisis, más allá de la peripecia específica de Educación y sus devaluados jerarcas, vinculado a la estructura de salarios del elefantiásico Estado provinciano y lo que podría calificarse como una tiranía de la administración pública que neutraliza cualquier intentona de reordenamiento bajo criterios razonables.

Los beneficiarios de los sobresueldos no tienen derecho a queja porque, tanto por su condición de funcionarios como de supuestamente entendidos en la temática educativa, no podían desconocer que lo que estaban cobrando era irregular. Sin embargo, cunde entre ellos el resentimiento hacia quienes organizaron la maniobra, porque les habían garantizado que nada ocurriría y ahora se ven expuestos al humillante repudio público y sin el sobresueldo que complementaba sus ingresos regulares, sin el cual muchos de ellos no habrían aceptado los puestos, ya que les resultaba más conveniente permanecer en los que ocupaban previamente, en el propio Estado o en el sector privado.

La excusa que esgrimen es que en otras áreas de la administración pública los sobresueldos que a ellos se les cuestionan están blanqueados como adicionales, o bien se abonan directamente en efectivo, sin pasar por ningún circuito administrativo. 

Hay entonces distintos mecanismos de compensación para salarios deprimidos del funcionariato: los adicionales, que están regulados, y los pagos por fuera del sistema, que salen de "cajas negras” y no tienen registro, en organismos que tramitan negocios, transformados eventualmente en negociados. En esta segunda categoría de compensación irregular entran también los enjuagues con viáticos, gastos de representación y manipulación de fondos para asistencia social como los que reciben legisladores y concejales.

Circuitos ocultos

Los usos y costumbres descriptos fueron asentándose junto a la paulatina precarización del empleo en el Estado a través de becas y contratos y el incremento de los conceptos "no remunerativos” en los sueldos en general, por los que la patronal estatal no abona contribuciones al sistema social. 

Fue un proceso correlativo a la disminución de la capacidad económica del Estado para responder a la demanda laboral: para poder meter más gente en su estructura, fue economizando en cargas sociales y extendiendo la presencia de contratos y becas, con blanqueos y pases a planta permanente de periodicidad determinada por las disponibilidades financieras coyunturales. Además, se crearon adicionales que incrementaron los salarios en enclaves de la administración privilegiados al mismo tiempo que generaban una situación de inequidad respecto de quienes no los perciben a pesar de realizar tareas similares.

Otro elemento a considerar es la destrucción de la carrera administrativa, por la cual el mejoramiento de los ingresos no está vinculado al ascenso en la escala jerárquica, sino a la mera antigüedad o a la capacidad de determinados grupos para presionar por adicionales.

El resultado es que los sueldos en la administración pública no tienen relación con las responsabilidades. Hay empleados que ganan mucho más que sus jefes, pero debe tenerse en cuenta que esto no es necesariamente injusto, pues es probable que tengan mayor experiencia y capacidad que jefes entrados por la ventana, paracaidistas cuyo mérito exclusivo y excluyente es la cercanía con el dedo designador de turno.

Es preciso, hecha esta salvedad, abstraerse de las particularidades para advertir sobre el absurdo que significa que personas sin ninguna responsabilidad funcional estén mejor remuneradas que sus directivos, que cargan con responsabilidades muy superiores.

Que el funcionariato catamarqueño no se destaque en general por su competencia, y lo ocurrido Educación es ejemplo de ello, no significa que el sistema salarial es idóneo.

Pero en lugar de perfeccionar el sistema salarial y comenzar a desandar el camino que ha llevado a la anarquía en vigencia, el Gobierno ha preferido persistir en los "sobresueldos” a través de mecanismos diversos. 

Vale decir: existen circuitos ocultos en la economía del sector público catamarqueño cuya extensión es difícil de determinar, pero puede inferirse importante. 

Un Estado "en negro”, escondido, que asomó en el escándalo de las "horas institucionales”.

Sociedades

Estos circuitos ocultos del Estado "en negro” se emparentan con las llamadas "sociedades del Estado” financiadas con recursos del erario, en las que el ocultamiento no obedece ya al pago de sobresueldos para compensar las inequidades y despropósitos del sistema salarial provincial, sino a la decisión de sustraer el manejo de sus fondos al escrutinio público e institucional.

CAMYEN es en este aspecto el caso paradigmático. La Corte de Justicia tuvo que ratificar una obviedad porque la firma se negaba a proporcionarle a la oposición el contrato que había firmado con la privada Yamana Gold: dado que CAMYEN entiende en asuntos de interés público y administra patrimonio y dinero público, no puede bajo ningún concepto rechazar pedidos de información sobre su gestión y está alcanzada por las mismas obligaciones en este sentido que cualquier organismo del Estado ordinario.

El misterio en que CAMYEN pretenden envolverse por ser "sociedad del Estado” no solo alienta sospechas. Es también propicio para maniobras poco claras, porque sus actividades no deben ser confrontadas en los mecanismos de control que, en teoría al menos, fueron diseñados para garantizar la legalidad y razonabilidad de las acciones de Gobierno.

El Ancasti dio a conocer esta semana los detalles de una maniobra administrativa en la que la participación de CAMYEN fue condición necesaria, a través de la cual las empresas Comunicaciones Sudamericanas y Hytec Altos América cobraron más de 2,2 millones de pesos por servicios publicitarios y de promoción en la feria internacional minera realizada en marzo en Toronto, Canadá. Si este diario no se hacía de la información, lo más probable es que nunca se hubiera conocido. 

Sobresueldos por un lado, sociedades del Estado por el otro. Evidencias del Estado "en negro”, administrador de plata por la que no rinde cuentas a nadie.