néstor o. scibona
El blanqueo va más allá de saldar las deudas con los jubilados: busca empujar la actividad económica para 2017 y recuperar ingresos fiscales.
Más que nada para legitimarlo políticamente, el próximo blanqueo de dólares y activos no declarados irá al Congreso de la mano del pago de deudas históricas a jubilados que aportaron durante toda su vida laboral y el Estado se dedicó a cajonear aún con sentencias firmes en su contra. Y también se empalman con los premios previstos como preludio a la futura extinción de Bienes Personales, un impuesto que nació para gravar la "riqueza" y en un par de décadas se transformó en otra carga tributaria más para la clase media con patrimonios mínimos.
Estos fines de equidad no sólo permitieron la puesta en escena de las medidas anunciadas el viernes por Mauricio Macri, sino también zanjaron el debate interno con varios de sus funcionarios que, en su momento, se habían opuesto públicamente a los dos blanqueos dispuestos por el kirchnerismo. En especial, al improvisado y sospechado régimen de 2013 que, pese a ser gratuito, arrojó paupérrimos resultados al cabo de dos años y medio de vigencia. Después de sucesivas prórrogas, permitió reingresar apenas el 1% de los dólares que, según estimaciones oficiales, se encuentran fugados del circuito económico y tributario. La desconfianza en el cepo cambiario kirchnerista fue más fuerte que el anzuelo del perdón fiscal ofrecido por un gobierno que vedaba la compra de divisas y un Banco Central que no dejaba de perder reservas.
Sin embargo, la amplia amnistía fiscal anunciada ahora con premios y castigos, así como la moratoria de pagos, apuntan a otros objetivos menos explícitos pero evidentes. Que reaparezcan hasta marzo de 2017 -ya sin cepo cambiario- los dólares negros refugiados en colchones y cajas de seguridad, permitiría sacar a la economía del terreno fangoso de los últimos meses. Por caso, es previsible una reactivación de varios sectores, entre ellos la construcción, el mercado inmobiliario, la industria automotriz y de electrónica/ electrodomésticos. Y que se vuelque al consumo el pago de las deudas judiciales con jubilados, así como la proyectada recomposición de haberes.
A la vez, la exteriorización de cuentas bancarias y activos en el exterior -aunque no ingresen divisas- contribuiría a recuperar parte de los ingresos fiscales, debilitados por las últimas reducciones -selectivas o parciales- de la presión tributaria récord de los últimos años. También para financiar o garantizar inversiones en obras de infraestructura. Aquí, la carta persuasiva será la eficacia de los acuerdos internacionales (OCDE, ONU, BM y GAFI), que a partir de enero posibilitarán a la AFIP el intercambio automático de información sobre cuentas de argentinos en 48 países o paraísos fiscales y prevén cerrarlas si los fondos no fueran declarados.
Todo este andamiaje dependerá, en última instancia, de cómo queden estas leyes después de su paso por Congreso. A priori, el aumento de la masa de impuestos coparticipables debería contar con el apoyo de los gobernadores, que acaban de garantizarse la devolución automática, en cinco años, del 15% de coparticipación retenida con destino a la Anses. Pero tampoco puede perderse de vista que el objetivo político de Macri es impulsar el crecimiento de la economía, con más inversiones y menos inflación, en 2017 cuando en las elecciones legislativas buscará más peso político en el Congreso. Si el resultado del blanqueo -con alícuotas de 10% en 2016 y 15% en 2017- no fuera el esperado, dejó además abierta la puerta para vender -escalonadamente- las acciones de empresas privadas que la Anses recibió como herencia de las AFJP y tendrían demanda asegurada de sus propios accionistas. Pero también en este caso deberá pasar previamente por el filtro legislativo.
A la inversa, un éxito de la amnistía fiscal que se traduzca en un fuerte ingreso de dólares pondrá en aprietos al BCRA. En mayo debió intervenir con más de 1200 millones para evitar que el tipo de cambio perfore el piso de $ 14 y erosione la mejora real debido a la aceleración inflacionaria de los últimos meses. Con abundante oferta y escasa demanda en el mercado cambiario, la mayoría de los analistas no prevé un cambio de tendencia hasta agosto-septiembre, cuando concluya la temporada alta de liquidación de la cosecha para inquietud de los exportadores. Incluso, la consultora Analytica acaba de recalcular -antes de conocer los detalles del blanqueo- un dólar de 15,50 pesos para fin de diciembre. La apreciación del peso no podría contrarrestarse sólo con la política monetaria, aunque sí atenuarse con otras herramientas. Por ejemplo, no monetizar los dólares que ingresen por el blanqueo y que el Tesoro forme un fondo de reserva que el BCRA invierta en el exterior.
Antes de que estas opciones sean motivo de debate, el problema inmediato está en la inflación de mayo y junio, que el Gobierno busca presentar como la antesala de la prometida desaceleración para el segundo semestre.
Por ahora ayuda el dólar "planchado" aunque, como muchas otras veces, pueda ser pan para hoy y hambre para mañana. Pero los aumentos de los precios del gas en abril -cuyo impacto en las tarifas está siendo judicializado y politizado- elevan los costos de muchos sectores. Otro tanto ocurre con los de combustibles dispuestos en mayo. Por caso, el índice que elabora Faddeac (la entidad que agrupa a los transportistas de cargas por carretera) revela que hasta abril los costos totales del sector (logísticos y de combustibles) había acumulado variaciones de 20,6% cuatrimestral y 42% interanual; sin incluir la última suba del gasoil, que una proyección preliminar ubica en 28,5% en lo que va del año. Por si fuera poco, el gremio de camioneros acaba de formalizar el reclamo de un aumento salarial también de 42% para la paritaria que arrancará en junio.
Probablemente por estos factores, la medición de precios de la canasta fija de 30 productos que realiza esta columna en la misma sucursal de una cadena de supermercados, arroja en mayo una suba de 10,5%, al pasar de $ 1826,60 en la última semana de abril a $ 2018,50 este mes. Buena parte de este salto es atribuible al incremento de 50% en verduras, hortalizas y frutas. Pero también recoge subas de hasta 7% en varios "precios cuidados" (caso gaseosas) y de cuatro a cinco veces más altas en variedades de quesos y productos panificados. Todo un dilema para considerar qué rubros incluye o no la denominada inflación "núcleo", que el BCRA utiliza para regular las tasas de interés de las Lebac.
FRANCISCO OLIVERA
Analizará la gestión kirchnerista; preocupa al PJ, al FPV y a empresarios.
En los próximos días, con algo de retraso según el plan previsto, el Gobierno dará el primer paso para avanzar con el documento más comentado y temido tanto por el Partido Justicialista como por el Frente para la Victoria. Se trata de un informe detallado sobre la gestión de los últimos años en la Anses, que inquieta no sólo a parte de la clase política, sino también a empresarios y banqueros.
El organismo previsional que conduce Emilio Basavilbaso admitirá públicamente que está en marcha, por fin, el proceso licitatorio para la auditoría, que será encomendada a dos consultoras: PwC y Deloitte. Desde el verano, el economista soportó la presión de algunos protagonistas de la historia previsional reciente, ansiosos por saber qué podría llegar a revelar el documento. Basavilbaso fue testigo de las tribulaciones de Diego Bossio, ex jefe de la Anses, y recibió sugestivas visitas del banquero Jorge Brito y del empresario Eduardo Elsztain, aunque ninguno de los dos mencionó el tema de modo directo.
Basavilbaso, actual director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), también recibió las objeciones de un abogado que impugnó la probable publicación del informe por considerar que no se estaba cumpliendo con los pasos administrativos, y, peor aun, escuchó dudas de miembros del propio Gobierno, entonces en plena negociación con el peronismo por el tratamiento de leyes decisivas en el Congreso.
"¿Ustedes saben que yo tengo 17 diputados que me responden?", fue lo primero que le advirtió Bossio a Emilio Monzó, jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, apenas se filtró la información de que la auditoría estaba en marcha y su elaboración, en estado avanzado. El macrismo estaba todavía contando los votos para la eliminación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano con lo que terminó cerrando el acuerdo con los holdouts, a quienes les terminó de pagar el 22 del mes pasado.
En la Anses lo niegan, pero la advertencia llegó a dar resultado en los altos mandos de la Casa Rosada, donde algunos prefirieron atenuar el entusiasmo revisionista.
Fueron días complicados. El lunes 4 del mes pasado, Bossio tenía que reunirse por diversos motivos con Mario Quintana, uno de los coordinadores del gabinete económico del Gobierno, y aprovechó el encuentro para consultarlo al respecto, como al pasar.
El ex mandamás del fondo Pegasus venía de recibir, con idénticas intenciones, una llamada de Miguel Ángel Pichetto. La ansiedad del jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria no tenía que ver consigo mismo sino con su hijo Juan Manuel, ex candidato a intendente de Viedma, que ocupó hasta el año pasado un cargo en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ente que se nutrió de los stocks de las AFJP (las participaciones accionarias en empresas privadas, por ejemplo) y a través del cual la Anses canaliza sus inversiones.
Desde el Gobierno nunca se les dijo a ambos toda la verdad. Y a pesar de las negativas, evasivas o eufemismos, según el caso y el funcionario, el nerviosismo de quienes podrían estar mencionados en el documento final fue creciendo.
Tanto, que Bossio eligió también la vía administrativa: le hizo un pedido oficial a la Anses para averiguar si realmente existía la auditoría y se lo preguntó también en persona al propio Basavilbaso. En ambos casos la respuesta fue la misma: no hay ningún informe terminado.
Joven, pero experimentado en estas lides, Bossio acababa de percatarse de que, como en otras áreas y hasta ministerios del Estado, el macrismo no estaba cumpliendo con los procesos de contratación de consultoras, razón por la cual enfrentaba problemas para pagar las auditorías en marcha o realizadas.
"Si existe ese informe, tiene que ser legal -dijo en ese momento, hace alrededor de un mes, a LA NACION el diputado-. Yo estoy tranquilo. Pero desde ya advierto que, ante cualquier acusación, voy a defenderme citando a todos los denunciantes al Congreso a que sostengan jurídicamente lo que han dicho. Si no contrataron a la auditora, es ilegal. No se puede hablar tan livianamente. Toda nuestra gestión fue transparente, como nunca en el organismo en los últimos años, y sometida a controles".
Bossio le entregó a este diario una copia de una auditoría que le encargó en los últimos años a Deloitte para autoevaluarse. "Es larga, léanla: muestra que está todo en orden". Este diario volvió el viernes pasado a comunicarse con el legislador del PJ, que recordó que se había impugnado el trámite por haber sido adjudicado en forma directa. "No contrataron la auditoría, está parado el proceso", insistió.
En su momento, en el Gobierno llegaron a sospechar que esa impugnación, a cargo de un abogado cuyo nombre la Anses no reveló pese a la consulta de LA NACION, no era más que una iniciativa de Bossio.
Es cierto que las asperezas llegaron por un momento a atenuarse. En realidad, la relación entre el kirchnerismo y el nuevo gobierno en el organismo fue buena al principio, cuando la administración saliente convivió con el equipo de Basavilbaso casi como en ninguna otra área del Estado. "Se abrieron todos los libros, se mostró todo, porque la gestión fue inobjetable", se atajó un ex funcionario de la Anses.
En abril, ya aprobado el acuerdo con los holdouts, LA NACION se cruzó en el Teatro Colón con un miembro del equipo económico actual y le consultó si la revisión se estaba demorando por algún motivo. "No es así -contestó-. No hay ninguna orden para frenar ningún informe, y ya no necesitamos al PJ para ninguna ley relevante este año".
Faltaban todavía algunos sucesos legislativos relevantes, como el finalmente frustrado freno a la ley antidespidos y el paquete que esta semana entrará en el Congreso con los pagos de las deudas con jubilados y el blanqueo impositivo.
Si es detallado, será inevitable que el documento se adentre en aspectos ríspidos, como las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; incluso en aspectos como la publicidad del organismo, y que al menos haga un sondeo de las interacciones de la Anses con empresas y bancos.
De ahí que el nerviosismo pueda en estas horas alcanzar al mundo de los negocios. De todos modos, Brito y Elsztain fueron infinitamente más elegantes que el peronismo. Durante esas semanas de intensos trascendidos, visitaron a Basavilbaso para presentarse formalmente, pero no le preguntaron nada sobre el asunto. No era cuestión de adelantarse a los hechos. Los vínculos de ambos empresarios con la Anses son administrativos: se circunscriben al depósito de jubilaciones en cuentas a la vista y, en el caso del líder del Banco Hipotecario, a la relación con el organismo a través de la tarjeta de compras Tarshop, utilizada en los shoppings, y el Plan Procrear.
En el Gobierno conviven por ahora dos posturas contrapuestas: quienes están convencidos de que, en aras de la transparencia, hay que apurar la realización de la auditoría (o su publicación, si ya estuviera avanzada), y los que, sin admitirlo en voz alta, la ven como una buena herramienta de negociación para los próximos tiempos.
El contenido del informe inquietó a varios políticos
Emilio Basavilbaso
Director ejecutivo de la Anses
Impulsó la elaboración de una auditoría sobre la gestión anterior en el organismo previsional. El trabajo fue demorado por el Gobierno, y ahora verá la luz
Diego Bossio
Diputado bloque justicialista
El ex titular de la Anses le advirtió a Emilio Monzó, jefe del bloque de Diputados del Pro, que podría frenar la aprobación de leyes que impulsa el Gobierno
Miguel Pichetto
Jefe del bloque de senadores FPV
Le preguntó por el informe a Mario Quintana, coordinador del gabinete económico; un hijo del senador integró hasta 2015 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
