JOAQUÍN MORALES SOLA

Mauricio Macri esquivó en el momento agónico lo que hubiera sido la primera gran crisis de la coalición gobernante. Sacó a los funcionarios y ex funcionarios de los beneficios del blanqueo, cuya inclusión había sido anunciada hace cinco días por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay . En un extenso y, por momentos, enrevesado juego retórico, Prat-Gay señaló, para ponerlo con palabras sencillas, que el blanqueo de las fortunas de funcionarios y ex funcionarios los condicionaría a éstos a no robar en el futuro. No dijo nada, en cambio, sobre si deberían -o no- justificar cómo algunos de ellos se hicieron ricos, justo cuando la Justicia investiga a varios funcionarios de Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito. En la noche del lunes pasado, Macri se enteró de que Pro se quedaría sin Cambiemos en el Congreso, y de que detrás de esa fisura se abroquelarían, otra vez, todas las versiones del peronismo.

En síntesis, la inclusión de funcionarios y ex funcionarios en el blanqueo de capitales no habría pasado por el Congreso. Una insistencia del Gobierno le habría significado, además, la ruptura con los seguidores de Elisa Carrió y los radicales. Habría significado una doble derrota. El rechazo parlamentario de ese artículo del proyecto y la escenificación de la primera discordia seria del Presidente con la alianza gobernante. Carrió llegó a comparar esa eventual crisis con la que sucedió en el gobierno de Fernando de la Rúa luego de las denuncias sobre el pago de sobornos en el Senado. "Jamás votaré ese artículo del proyecto, pase lo que pase", anticipó. Más discretos, los radicales le enviaron a Macri mensajes en el mismo sentido. Era mejor sacar a los funcionarios porque ellos no aceptarían su inclusión en el blanqueo. Macri terminó aceptando que las puertas se le habían cerrado y prefirió desmentir en los hechos a Prat-Gay. Funcionarios y ex funcionarios quedaron excluidos del blanqueo.

El argumento de Prat-Gay fue que el blanqueo debía ser lo más amplio posible ante la perspectiva cercana de que entrará en vigor, el año próximo, un acuerdo de intercambio de información financiera firmado por 111 países. Es cierto que la humanidad camina hacia un mundo sin secretos financieros, pero no es menos cierto que ésa no puede ser una excusa para convertir en lícito el dinero supuestamente ilícito. Ciertos filtros deben existir para blanquear el dinero, sobre todo el que no fue declarado ante la agencia impositiva, si no se quiere anteponer la necesidad financiera al compromiso moral. De todos modos, el éxito del blanqueo no dependerá nunca de los corruptos, sino de la confianza que pueda existir de parte de los que fugaron sus ahorros del sistema financiero para resguardarse del vaivén perpetuo de la economía argentina.

La inclusión de funcionarios y ex funcionarios habría también manchado inútilmente la iniciativa con más sensibilidad social del gobierno de Macri y, tal vez, la de más responsabilidad institucional. La actualización del salario de los jubilados a los parámetros que fijó la Corte Suprema de Justicia es fundamentalmente un acto de reparación. Durante cerca de diez años los gobiernos de los Kirchner se negaron a tomar las reiteradas decisiones de la Corte como una jurisprudencia definitiva, que debía ser llevada a una ley nueva. Condenaron a los jubilados a hacer cola frente a los tribunales para esperar juicios que, con sus diversas instancias, podían llevar entre siete y diez años. Especularon con la biología y con el hecho cierto de que la mayoría de los jubilados transita los últimos años de vida. La herencia del capital acumulado en vida por padres o esposos, una vez terminados los juicios, habría debido atravesar luego los también largos juicios sucesorios.

Una anécdota puede describir el tamaño del problema social. El fuero previsional ocupa una antigua casa en el barrio de los tribunales. Cada tanto, esa casa debía ser cerrada y liberada de los miles de expedientes que se acumulaban con demandas de jubilados. La casa corría el riesgo de desmoronarse por el peso de los papeles. Haber resuelto ese problema es una medida tan importante como cuando Roberto Lavagna limpió el país de cuasi monedas. Había entonces 14 monedas provinciales que sólo servían en cada una de las provincias que emitían ese dinero falso.

La importancia institucional de la medida consiste en que el Poder Ejecutivo regresa a la práctica de respetar las resoluciones de la Corte. Históricamente, el Poder Ejecutivo y el Congreso convirtieron en leyes las jurisprudencias sentadas definitivamente por la Corte. El caso más recordado es el que instauró el divorcio en el país. La primera decisión fue de la Corte Suprema en 1986; el tribunal sostuvo que la Constitución garantizaba la libertad necesaria como para que las personas pudieran decidir sobre sus vidas privadas, incluido el matrimonio. Y aceptó el primer divorcio. El entonces presidente Raúl Alfonsín envió poco después al Congreso un proyecto de ley que habilitaba el divorcio entre los argentinos. La Corte se lo agradeció: si Alfonsín no hubiera respetado la jurisprudencia de la Corte, los matrimonios desavenidos habrían sobrecargado de expedientes al fuero civil y a la propia Corte.

Otra ruptura

Macri tomó también en las últimas horas otra decisión rupturista con el pasado reciente. Fue cuando pidió que la Argentina sea admitida como país "observador" en la alianza de países del Pacífico. La decisión tiene dos lecturas posibles. Una: el gobierno argentino aceptó en los hechos que el Mercosur, la idea de integración más avanzada que hubo en América latina, se frustró. La otra: Macri decidió abandonar de a poco la dependencia de Brasil de la política exterior argentina. El Mercosur tuvo dos momentos de inflexión hacia el fracaso. El primero sucedió cuando Néstor Kirchner decidió enfrentarse duramente con Uruguay por las papeleras de Fray Bentos. Si dos países tan cercanos y socios de una alianza regional no pudieron resolver sin estridencias un conflicto de esa naturaleza, ¿qué perspectiva podía trazarse sobre el destino común de los países del Mercosur...

El otro momento ocurrió cuando la Argentina (y Brasil) incorporaron artificialmente a Venezuela como socio pleno de la alianza. El Mercosur se convirtió desde entonces en una alianza más que nada ideológica. El Brasil de Lula y de Dilma Rousseff y la Argentina de los Kirchner hicieron una enorme contribución a ese absurdo estratégico. El Mercosur dejó de ser lo que había sido: una esperanza de integración entre países con historia y realidades distintas parecida a la Unión Europea.

Esa opción significó también para la Argentina una dependencia constante de Brasil, tanto en su relación comercial con el mundo como en la definición de su política exterior. Brasil nunca quiso acercarse a los países de la Alianza del Pacífico porque ahí está México, su eterno competidor por el liderazgo regional. La Unasur fue una idea del Brasil de Lula para sacar del medio a México, que la Argentina siguió sin discutir ni refutar. México es América latina, le guste o no a Brasil.

A Macri nunca le gustó esa dependencia, aunque nunca tampoco dejó de valorar el peso específico de Brasil en la región. Gran parte de ese dilema se lo resolvió la propia crisis política de Brasil, que sólo ha comenzado si se tienen en cuenta los innumerables casos de corrupción que todavía están en proceso de investigación y la fragilidad de la administración del presidente Michel Temer. La crisis política brasileña espolea la crisis económica del país. Nunca habrá un mejor momento para producir un giro radical en la política exterior argentina. Susana Malcorra tiene capacidad como para establecer con precisión esos momentos. Macri y ella cazaron al vuelo el instante propicio, que seguramente no se repetirá.

Digan lo que digan los macristas, al final del día Macri es un político clásico. Cuenta con los sensores necesarios como para no chocar contra una bloque impenetrable (por eso sacó a los funcionarios y ex funcionarios del blanqueo). Y tiene el instinto para elegir el momento en que se puede modificar la historia sin pagar un precio exorbitante por esa mutación.

EDUARDO VAN DER KOOY

Existe algo en este tiempo que parece emparentar a Mauricio Macri, incómodamente, con Cristina Fernández. Las cuestiones sobre la transparencia pública del Presidente van y vienen con recurrencia sin que nunca el Gobierno logre arrojar luz suficiente para aclararlas. Las de la ex presidenta poseen otra dimensión. No sólo por la cantidad y las características de las causas en que está enredada: fue además durante ocho años dueña de un enorme poder como mandataria. Supo compartirlo otros cuatro junto a Néstor Kirchner. Su esposo y jefe político.

Macri cuenta, por otra parte, con varias desventajas. El kirchnerismo se ocupa de atizar cada interrogante sobre los Panamá Papers o aspectos de su reciente declaración jurada patrimonial. Aunque también surgen voces de alarma desde el interior de Cambiemos, la coalición oficialista. Elisa Carrió mostró descontento el fin de semana por la divulgación del Presidente de una cuenta en el exterior de $ 18 millones, radicada en Bahamas, un paraíso fiscal. También disparó desde una oposición menos belicosa que la de los K Margarita Stolbizer. La diputada del GEN aseguró que “las cuentas presidenciales son siempre dudosas”. Stolbizer es, junto a Carrió y Graciela Ocaña, incansable escarbadora en la fortuna turbia que amasó en la “década ganada” la familia Kirchner. Los únicos incondicionales de Macri son los propios macristas. Pero suelen mechar, ante cada novedad, larguísimos silencios con explicaciones escuetas.

En ese plano, Cristina le sacaría ventaja. Sus fanáticos siguen aferrados a la idea de que las denuncias de corrupción son solo una artimaña del Poder Judicial, de ciertos medios de comunicación y opositores para dañar el liderazgo de aquella mujer. No están dispuestos a atravesar su propia pared, para mirar algo más allá. La única disonancia de ese paisaje pudo haber sido la confesión del extravagante José Ottavis. El diputado bonaerense aseguró que “de política no vive nadie que sea honesto”. Se autoinculpó sin vacilar. Pero también lo hizo con los Kirchner. Algo más en favor de la dama de El Calafate. El peronismo tradicional, que pretende dejarla atrás, cuestiona su conducción y su futuro político. Pero soslaya cualquier duda acerca de su honestidad. Cuestión sagrada.

Macri y Cristina parecen ir corriendo también detrás de los problemas que les explotan. Es necesaria una precisión: ese fenómeno se limitaría a los últimos cinco meses, desde que se produjo el cambio de gobierno. La ex presidenta, en cambio, se blindó en su cargo de las denuncias de corrupción haciendo tropelías contra el Poder Judicial. Gran parte de esa red protectiva se desarmó con su salida de la Casa Rosada. Reconocimiento para el actual presidente: no se tentó todavía con ninguna maña similar.

Un problema sería para él la administración de los tiempos. Demoró cuatro días en brindar alguna explicación sobre su aparición en los Panamá Papers. Le insumió el mismo tiempo comunicar que los 18 millones de pesos en Bahamas serán repatriados. Su declaración patrimonial surgió en medio del anuncio de la reparación histórica a 2,5 millones de jubilados y un nuevo blanqueo de capitales que desató controversia en todo el arco político y social. Hasta en Cambiemos. De allí que ayer se anunció que los funcionarios políticos, con retroactividad al 2011, no podrían acogerse a tal beneficio.

Los desvelos de Macri, probablemente, no concluyan con la extinción de su cuenta en aquel paraíso fiscal. El mismo lugar donde se radicó Fleg Tranding LTD, la empresa offshore en la que apareció señalado en los Panama Papers, cuya vida se habría desarrollado entre 1998 y 2009. En su declaración haría ruido su condición de prestamista –alrededor de $ 40 millones– de Nicolás Caputo, su amigo y empresario. Antiquísimo contratista del Estado. El crecimiento de su patrimonio (el doble en un año) motivo una denuncia por enriquecimiento ilícito de parte del kirchnerismo. De la ex legisladora Gabriela Cerutti. La investigación estará a cargo del juez Sergio Torres. Sebastián Casanello, el de la ruta del dinero K, se ocupa de los Panamá Papers.

Macri, con su nueva denuncia a cuestas, sólo seguiría una huella que dejaron los Kirchner. El ex presidente fue denunciado en 2004, a menos de un año de asumir. En pocos meses resultó sobreseído envuelto por un contexto llamativo. El entonces fiscal de la causa, Eduardo Taiano, ni siquiera lo imputó. Horas antes de adoptar esa decisión su hijo había sido víctima de un secuestro exprés. El martillo lo bajó Julián Ercolini, que ahora tramita la causa de Hotesur, la peor para la familia Kirchner. Las denuncias por enriquecimiento ilícito se multiplicaron, incluso cuando Cristina llegó al poder. Pero ninguna prosperó.

La ex presidenta está muchísimo más comprometida que Macri. Viene además de fracaso en fracaso en el terreno judicial. No pudo desplazar a Claudio Bonadio en la causa que la tiene procesada por la venta de dólares a futuro del Banco Central. También fue desestimado por el Consejo de la Magistratura su pedido de juicio político contra el mismo magistrado.

El meollo de su presente atormentado no sería ese. Lo representa la familia Báez, su ex socio, y ciertos vientos que empezaron a hacer flamear a Casanello. El juez tendrá por unos días el resguardo en el Vaticano. Allí participará junto a otro lote de funcionarios judiciales de un congreso sobre criminalidad, narcotráfico y trata de personas que abrirá Francisco, el Papa.

El empresario K fue autorizado por la Cámara Federal porteña a exponer los argumentos que hizo públicos, en una carta, su hijo Leandro. ¿Cuáles son? Que Lázaro habría sido apenas ejecutor –ni siquiera el más favorecido– de las obras públicas adjudicadas por funcionarios de mayor rango y autoridad. Cualquiera que piense en Julio De Vido no estará equivocado. Tampoco, si fantasea con Cristina. La otra acusación: que Casanello estaría sesgando la investigación para que el puerto final de la causa sean sólo Báez y su familia.

Desde la defensa del empresario K se dejó trascender otra cosa: la supuesta existencia de una carta manuscrita por Cristina a Lázaro en la cual le pide que involucre en sus declaracionea a empresarios de la obra pública cercanos a Macri. La ex presidenta salió a desmentir ese intenso rumoreo. ¿Hacía falta? También metió su descargo en otra zona fangosa: su vínculo y sus presuntas reuniones secretas en Olivos con Casanello. Convendría siempre recordar algo: el magistrado llegó a su juzgado actual por decisión de Cristina. Había quedado cuarto entre cuatro en el concurso de aspirantes.

Casanello fue solidario y consecuente con la ex presidenta. Negó reuniones con ella. Y se despegó del cobro de supuestos sobornos. El juez cavila la existencia de una campaña para apartarlo de la causa. Habría recrudecido, según su óptica, cuando declaró quizás con imprudencia que la ex presidenta no estaba en el radar de la ruta del dinero K.

Casanello lamenta la valoración injusta de su trabajo. Exhibe, entre otras cosas, el raid de allanamientos del fiscal Guillermo Marijuan. Y sus procesamientos y detenciones en la causa. Todo ocurrió a partir de marzo de este año, cuando se divulgaron los famosos videos de La Rosadita. La denuncia original y la causa datan del 2013.