FRANCISCO OLIVERA

Los vecinos de Puerto Panal sonríen con sorna cuando se les pregunta por los allanamientos de la semana pasada. Dicen que ese club de campo, destino apacible de los fines de semana de Julio De Vido, estaba demasiado advertido como para que la iniciativa judicial se topara con algo. Sospechan de todo, hasta de la guardia del predio, familiarizada desde hace años con el ex ministro de Planificación. Ese conglomerado inmobiliario de Lima, Zárate, ha dejado ya de ser un reducto silencioso. Hay nuevos inquilinos, no sólo hombres de negocios o ejecutivos de alto rango, y casi a ninguno le molesta ser visto. Por ejemplo, en la casa más sofisticada, sobre las barrancas que dan al Paraná y con el jardín más extraordinario de todos, vive Fabián De Souza, socio de Cristóbal López. La identidad del verdadero dueño de ese inmueble, que los curiosos del barrio atribuyeron en un principio a Máximo Kirchner, a quien veían habitualmente entrar y salir, tampoco está tan clara. Una investigación de la revista Noticias reveló en 2014 que las expensas llegaban a nombre de Osvaldo Sanfelice, socio del diputado.

Son cuestiones que, si vienen al caso, deberá dilucidar el juez Luis Rodríguez, a cargo de la causa sobre supuesto enriquecimiento ilícito de De Vido y cuyos allanamientos se extendieron el viernes de la semana pasada no sólo a los dos domicilios del ex ministro, sino también a la casa de más de 1000 metros cuadrados que Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner que murió el último 25 de mayo, tenía en Saavedra, Capital Federal.

El universo De Vido es en realidad un tema explosivo para la Justicia: ha puesto en guardia a gran parte del sistema político, incluidos miembros del Partido Justicialista y unos cuantos empresarios de buena reputación. Y parece un asunto difícil de eludir. "Nadie va a contar que tiene un agujero en la media", graficó esta semana Adrián Werthein, presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), consultado sobre las inquietudes al respecto de algunos de sus pares. Werthein asumió el miércoles, durante un almuerzo en el hotel Alvear, una catarsis delante de varios de los más encumbrados: "No somos todos lo mismo", planteó después a la prensa. Venía de admitir en su discurso que los empresarios habían sido permisivos, indolentes y hasta conniventes con el kirchnerismo, pero insistió en que él no se sentía identificado con "estos señores", entre quienes señaló a Elaskar, Fariña y Lázaro Báez.

La proliferación de medidas judiciales, que se completó esta semana con los allanamientos que Claudio Bonadio ordenó en domicilios de Cristina Kirchner, fue celebrada por algunos miembros de Cambiemos, que expusieron sorpresa por tantos hallazgos de corrupción el martes, en la reunión de gabinete. El estado de distensión que estos avances provocan entre los aliados del Gobierno tiene tal vez una sola excepción, Elisa Carrió, recurrente desconfiada de lo que llama la "corporación política". La diputada se terminó de exasperar el miércoles, cuando se enteró de que Bonadio había decidido allanar casas de la ex presidenta. "Todo está muy raro. Nadie habla más de De Vido porque los empresarios presionan", dijo ese día por Twitter, y se explayó en varios mensajes más. "Nadie habla de los crímenes narco ni de Aníbal Fernández, porque el narcotráfico presiona, amenaza y querella a periodistas", planteó, en alusión a las denuncias que el ex jefe de Gabinete anticipó que haría contra Jorge Lanata, Nicolás Wiñazky, Alfredo Leuco y Luis Majul. "En el medio, algunos y algunas quieren avanzar contra Cristina Kirchner", agregó, y cerró con un cuarto posteo: "¿Será que quieren entretenernos con Cristina para tapar narcotráfico, el crimen organizado y grandes negociados?"

Carrió descree no sólo de los allanamientos de Bonadio, sino de la vasta red de contactos que ha forjado De Vido durante sus 12 años en el centro del poder. Hace muchos años, en una conversación con este diario, un miembro del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina comparó al ex ministro con aquel administrador infiel de la parábola evangélica que, al enterarse de que va a ser despedido, busca congraciarse con los acreedores de su jefe, de quienes espera buena voluntad para cuando haya dejado el puesto.

Las dudas de Carrió van además en sintonía con una estrategia a mediano plazo que, en voz baja, empiezan a admitir en lo más alto de la Casa Rosada: es imposible pensar en una nueva Argentina sin investigar a los jueces federales. Algunos actores centrales del Poder Judicial parecen estar interpretando las señales. ¿Fue casual, por ejemplo, que Horacio Rosatti, flamante ministro de la Corte, no haya invitado a su jura en el cargo a uno solo de esos magistrados de Comodoro Py? No hay ninguno en la lista.

Rosatti le dio ese día tono político a su discurso: no sólo insistió en que los representantes de ese poder del Estado debían pagar el impuesto a las ganancias, sino que resaltó varias veces "el valor del no": rechazos a un sistema al que, recordó, él renunció en 2005, cuando se alejó del cargo de ministro de Justicia por no estar de acuerdo con precios que los organizadores del área -De Vido y José López- avalaban para la construcción de cárceles. La objeción hizo caer la licitación, y de ahí el meollo de su mensaje del miércoles: no llegó siquiera a existir ilícito que denunciar, toda irregularidad debe cortarse desde su raíz.

Carrió teme que una concatenación de allanamientos sobre Cristina Kirchner pueda irritar a los militantes más fanáticos y que haya incidentes justo en la semana del Bicentenario de la Independencia, que el Gobierno prevé de festejos. Pero son sólo suposiciones. Bonadio tiene en general una buena relación con miembros del Gobierno. Y acaba de recibir, por lo pronto, un respaldo tácito del embajador norteamericano, Noah Mamet, que hizo de orador el miércoles por la mañana en el hotel Savoy, durante un desayuno organizado por la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (Fepesna), que coordina el juez. Estaban, además de otros magistrados, Rodolfo Daer y José Luis Manzano.

Tres horas más tarde, Mamet expuso en el Alvear, en el almuerzo en que Werthein habló de los errores cometidos con el kirchnerismo e instaba a mirar hacia adelante y a emprender una mejor relación con el nuevo gobierno. El embajador volvió a ser medido en las palabras, aunque contestó a una pregunta sobre el Brexit con una interpretación sugestiva para el momento: la gente no comparte el modo en que se están haciendo las cosas en muchos países porque, entre otros motivos, está hastiada de la corrupción. Fue también una velada objeción al sistema. Lo que, en otra escala, el Lava Jato viene provocando en Brasil gracias a la ley del arrepentido. El tiempo dirá si ese instrumento crucial que ya tiene media sanción en el Congreso, largamente resistido por hombres de negocios y políticos, puede aquí convertirse en algo más que, como pasó con Héctor Méndez o Juan Chediak, arrepentimientos mediáticos relativizados horas más tarde en sede judicial.

EDUARDO VAN DER KOOY

Cristina Fernández está enardecida porque su situación judicial se complica. Sebastián Casanello temblequea porque ignora si continuará a cargo de la investigación de la ruta del dinero K, que tiene entre rejas a Lázaro Báez. Si ocurre el apartamiento por alguna anomalía, su carrera ascendente en la Justicia podría troncharse. Había recibido la promesa que sería promovido a juez de Cámara.

La ex presidenta y el joven magistrado, en algún punto, comparten el mismo sufrimiento. La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro. Pero por segunda vez le advirtió al juez que no deje de auscultar la pirámide del dinero sucio. Esa figura encierra dos nombres estelares: los de Cristina y Julio De Vido, el diputado y ex ministro de Planificación.

El mandato de Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah desataría el nudo de la estrategia de la ex presidenta que, con premeditación o no, encaja con los pasos dados por Casanello. Es decir, circunscribir el delito en torno a Báez. Reducirlo a un caso de lavado. La decisión de aquel trío conspiraría con tal propósito. Apuntaría a desenmarañar el origen del dinero. Asoman los contratos del Estado para la realización de obras públicas. Los sobreprecios. Esta es otra derivación del escándalo de los bolsos de José López, el ex secretario del ramo durante doce años de kirchnerismo.

Dificílmente Casanello pueda gambetear el dictado de la Cámara. Ni siquiera incurrir en dilaciones. Su situación sería en ese ámbito comprometida. No sólo por la administración que hizo de la causa de la ruta del dinero K que posee desde el 2013. Y activó recién en marzo de este año luego de la difusión de los videos de La Rosadita. Está en el medio la ofensiva de Báez y su familia contra el juez a quien acusan de parcialidad.

Es cierto que la palabra de Báez produce sensaciones encontradas. Sería la de un hombre que se siente acorralado. Que durante años transitó los caminos del delito. Pero Irurzun, Cattani y Farah contarían con otros elementos de valor para hacer lo que hicieron. Permitieron a Lázaro declarar dos veces ante ellos, una por escrito y otra de manera personal, sobre la presunta reunión de Casanello con Cristina en Olivos. El eje de la recusación que plantean los Báez. Además, ordenaron una investigación urgente y especial acerca de la denuncia antes de resolver la suerte del magistrado. La revelación del empresario patagónico podría robustecerse por acumulación de antecedentes que atesoran los hombres de la Sala II.

En primer lugar estaría el conocido trayecto de Casanello para convertirse en juez. Se inscribió en el Concurso 140, considerado el más irregular de la era K, destinado a cubrir cuatro vacantes en juzgados federales de primera instancia. Entre los jurados de ese concurso estuvo Farah, ahora uno de sus objetores. Casanello quedó en el último lugar de la lista que el Consejo de la Magistratura remitió al Poder Ejecutivo. Sin embargo, Cristina lo eligió para colocarlo a cargo del juzgado 7.

Las sospechas sobre Casanello se incubarían por diversos canales. No únicamente por la cuestión de Báez. También aparece Ricardo Echegaray, el desplazado auditor general de la Nación (AGN) procesado por Claudio Bonadio. Echegaray habría recurrido a Oscar Parrilli, el ex titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) para frenar un posible procesamiento de Casanello en la ruta del dinero K. El juez le tomó declaración indagatoria. Hasta ahora no hizo otra cosa.

La llegada hasta Casanello habría forzado una triangulación. Parrilli se conectó con su ex compañero de andanzas, Juan Martín Mena, a quien la ex presidenta designó como segundo de la AFI para poner orden en un Poder Judicial que en el crepúsculo del tiempo kirchnerista, tras la disolución de la SIDE, había comenzado a desmadrarse. Mena comprometió una gestión con su amigo Julián Alvarez, virtual ex ministro de Justicia. Casanello fue siempre considerado hombre de su cercanía.

Nadie logró corroborar cómo culminó esa historia. Aunque esa misma historia poseería ramificaciones, para nada ligadas al kirchnerismo. Sí a Mauricio Macri. Mena sería, a partir de informaciones objetivas, el fogonero de la denuncia de Darío Martínez por el escándalo de los Panamá Papers que incomoda al Presidente y acaba de provocar la imputación de Néstor Grindetti, el intendente macrista de Lanús. Aquel ex segundo de la AFI estaría detrás de un dato que considera clave: un supuesto viaje conjunto a Panamá de Macri y Grindetti, en tiempos del Gobierno porteño. El Presidente era entonces alcalde; el hoy alcalde era su ministro de Hacienda.

Muchos hilvanes se van descubriendo y permiten desnudar la trama. Martínez es un diputado de Neuquén que asumió recién en marzo en reemplazo de Nanci Parrilli, la hermana de Oscar, el ex titular de la AFI. Este construyó el puente del flamante legislador con Mena. En los últimos días el camporista le habría reclamado a Martínez mayor actividad sobre los Panamá Papers. Al parecer, según sus dichos, por solicitud del propio Casanello. De hecho, el juez ordenó la semana pasada un peritaje comparativo de las declaraciones juradas de Macri entre 2013 y 2015.

Cattani, Irurzun y Farah, ante este panorama, estarían delante de un asunto peliagudo por resolver. La dilucidación de la reunión con Cristina en Olivos será determinante para el destino del juez bajo fuego. Aunque no alcanzaría para borrar ciertas conductas sinuosas. Los magistrados de la Sala II tienen presente la reciente bendición que Casanello recibió de Francisco en el Vaticano. Pero no podría representar una valla insalvable. Con lógica idéntica, ni los jueces Cesar Melazo y Sandra Arroyo Salgado hubieran podido pedir en las últimas horas la detención del barrabrava prófugo Marcelo Mallo, ligado al doble crimen del 2009 en Unicenter. El ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas había estado con su Santidad no bien asumió el papado. Casanello tendría conciencia de su fragilidad. Por ese motivo, en un hecho inusual, convocó a una rueda de prensa en la cual informó sobre el éxito de la investigación del circuito del dinero K corporizado en Báez.

El macrismo y un sector de la oposición no poseen una mirada homogénea sobre Casanello. El Gobierno carece de llegada a ese juez y a otros tantos. La diputada Margarita Stolbizer considera inconveniente su separación porque la causa del lavado del dinero está eruptiva. Fiscalizada de cerca por la Cámara Federal. La legisladora Graciela Ocaña estaría parada en la vereda de enfrente, próxima quizás a Elisa Carrió: la caída del juez no modificaría lo actuado en la causa ni afectaría al fiscal, Guillermo Marijuan, que imputó a Cristina y a De Vido.

Carrió, con opinión dividida del macrismo, sería propensa a profundizar señales del poder hacia la Justicia, como para espantar las posibles demoras. Una de esas señales sería el avance sobre Alejandra Gils Carbó. En ese plano contaría con la solidaridad del Frente Renovador de Sergio Massa. La diputada Graciela Camaño quedó a cargo de la Comisión Bicameral que auditará la actuación de la procuradora general de la Nación. Sobre todo, la nominación de fiscales ad hoc para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. Un verdadero fiasco. Carrió empuja directamente su enjuiciamiento político. El macrismo progresa simultáneamente en el Congreso con el proyecto del ministro Germán Garavano para limitar las facultades de Gils Carbó y acortar su turno. Una maniobra de pinzas.

La procuradora sería una de las escasas garantías en el sistema institucional de poder que le va quedando a Cristina. No le bastó para detener la ola de allanamientos de Bonadio en Santa Cruz. El juez le rodeó la manzana. Hasta las oficinas de Máximo. La ex presidenta, en su desesperación, resiste a golpes de teléfono. El timón de la AGN permanece vacante por dos motivos. La apelación de Echegaray a su desplazamiento judicial, instruido por Cristina. Los titubeos de José Luis Gioja, el titular del PJ, para firmar la convalidación como sustituto del ex auditor Oscar Lamberto. Los peronistas de Diputados y el Senado dieron su conformidad. Emilio Monzó y Gabriela Michetti están a la espera para oficializarlo. Pero el dirigente pejotista de San Juan preferiría estirar la cuestión hasta después del receso invernal, a la espera quizás de que la presión desde El Calafate amaine.

El kirchnerismo y el peronismo, mientras tanto, atraviesan el peor momento de su calvario desde que dejaron el poder. La influencia de Cristina, aún menguada, tiene que ver. Los ultra K se disgregan en Diputados ante cada postura intransigente de la ex presidenta. La conducción del PJ está tiesa porque ni Gioja ni Daniel Scioli responden. La única acción política vivaz corresponde a Miguel Angel Pichetto, el jefe de los senadores del PJ. Pero es insuficiente.

Gioja había convocado para el miércoles pasado a un plenario partidario para formalizar en el Congreso la escisión del FpV. El encuentro se derritió entre llamados de Cristina y una prevención de los gobernadores: no desearían que una ruptura mal calibrada desmalece el sendero a Cambiemos para su labor parlamentaria. Habrá negociaciones en el receso. Difícilmente haya marcha atrás.

Muchos peronistas no promueven esa separación sólo por diferencias políticas o ideológicas con los K. Buscan además el modo de comenzar su reinserción social, alterada para ellos por la crispación popular ante la colosal mancha de corrupción que se devela.