CARLOS PAGNI
Cristina Kirchner fue sobreseída en tres oportunidades por enriquecimiento ilícito, a pesar de que su patrimonio se incrementó en más del 800% durante los 12 años en que ella y su esposo disfrutaron del poder. Entre quienes la absolvieron está el juez Julián Ercolini, quien desde hace ocho años "investiga" los sobreprecios de obra pública. Ercolini produjo los primeros movimientos en esa causa hace un par de meses. El mismo juez analiza los alquileres de Hotesur, en un expediente que pasó por las manos de Claudio Bonadio y cayó en las de Daniel Rafecas, quien estuvo nueve meses sin tocarlo. Hay indicios apabullantes de que el progreso económico de la ex presidenta está ligado a licitaciones de infraestructura amañadas, cuyos sobornos se pagaban con contratos de hotelería.
Por si hiciera falta otra señal, el 14 de junio pasado José López, encargado de esos negocios desde hace 20 años, revoleó 9 millones de dólares tras el muro de un convento. Rafecas le allanó el domicilio 24 horas después, a pesar de que desde 2008 hay una causa por enriquecimiento. Frente a esta masa de información, la señora de Kirchner sólo atina a denunciar una persecución política. En su segunda visita a Comodoro Py, volvió a hacerlo.
Esos juzgados saturan la agenda pública. Ayer también pasó por allí Lázaro Báez, presunto testaferro de la jefa de López y propietaria de Hotesur. Por suerte no apareció Ibar Pérez Corradi. María Servini de Cubría lo indagó en la Gendarmería, donde el imputado por ser el autor intelectual del triple crimen de Quilmes/General Rodríguez dijo que la célebre "Morsa" era Aníbal Fernández. Se lo contó, explicó Pérez Corradi, el traficante de efedrina Sebastián Forza, uno de los aportantes a la campaña de la ex presidenta. Una pena que Forza no esté para contarlo: se supone que lo mandó matar Pérez Corradi.
Cristina Kirchner se siente víctima de un hostigamiento. Tal vez sea cierto. Es la contracara de la impunidad que le proveyeron los mismos magistrados que hoy la estarían acosando. Impunidad y hostigamiento son las prestaciones casi inevitables de una Justicia degradada por pactos mafiosos. No hay juez más inconveniente que el que debe borrarse el tatuaje de la complacencia. Maquiavelo lo escribió hace 500 años, en el Discurso sobre la primera década de Tito Livio: la condena de los jueces corruptos es tan inservible como su absolución.
Ante este panorama, Mauricio Macri dijo ayer a la nacion que el Gobierno impulsará el juicio político de aquellos magistrados que hayan cometido irregularidades, por ejemplo, demorando las investigaciones. Tal vez piensa esperar el resultado de las auditorías que dispuso el Consejo de la Magistratura. No las impulsó partido político alguno. Fueron organizaciones de la sociedad civil, lideradas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ese proceso demorará por lo menos tres años.
Por suerte hay magistrados que se adelantan a esa inquisición. El ejemplo más significativo es el de la presidenta de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa. Esa Cámara, dividida en cuatro salas, es el máximo tribunal penal del país. La jueza Figueroa pidió un informe sobre la situación de los expedientes que se encuentran a su cargo. El resultado fue tan deprimente, y la terapia para revertirlo, tan escandalosa, que Figueroa se ha puesto, ella misma, la soga al cuello. Su caso es relevante porque demuestra, por su jerarquía y su gravedad, que las deformaciones que se deben superar son estructurales.
El último 26 de abril, mientras aparecían síntomas cada vez más evidentes de la complicidad judicial con la corrupción, la camarista Figueroa pidió a la secretaria Carolina Dragoneti un registro de las causas en curso en su tribunal. El reporte se realizó el 9 de mayo. Para confeccionarlo, Dragoneti debió irrumpir en la oficina del secretario de la Cámara, Javier Reyna de Allende, a quien ella caracteriza en una primera aproximación como alguien reprochable por cierto "desorden y desorganización en su despacho".
Dragoneti no se equivocaba. Reyna no tenía siquiera un listado de las causas que atendía. Por lo tanto, el 2 de junio la jueza Figueroa indicó a la auditora que se encargue de elaborarlo. El reporte de Dragoneti llegó 13 días después. Identificó, apilados sobre el escritorio del secretario, 46 expedientes sin registrar. Tal vez no sea muy grave. Después de todo, el sistema informático Lex, que regula la información del Poder Judicial, es sospechoso. La jueza María Servini de Cubría denunció el sábado pasado que el sorteo que distribuye los casos entre los juzgados es susceptible de ser manipulado. Servini contó que "a uno le caen diez causas y a otros juzgados, una". Hay fiscales federales que tienen la misma inquietud. Según uno de ellos, "los casos «buenos» suelen ir a parar a manos de los mismos jueces". No quiso definir "buenos".
Entre los expedientes no registrados por la Sala I de la Cámara de Casación algunos se originaron en 2009, y 30 habían ingresado allí antes de 2014. En las carátulas hay varios conocidos. Por ejemplo, Raúl Moneta y Juan Zanola. El sindicalista pedía la recusación del juez Norberto Oyarbide. La jueza Figueroa llegará tarde. Oyarbide ahora es coreógrafo.
La negligencia en la administración de la Sala I causó estupor entre los camaristas. El más indignado debe haber sido el titular de la Casación, Alejandro Slokar, quien el 14 de junio, horas después de que descubrieran al filántropo del monasterio, resolvió un incidente sobre su enriquecimiento ilícito que esperaba en su escritorio desde comienzos de 2014. Con una concepción casanelliana del tiempo. Slokar y sus colegas Ángela Ledesma y Pedro David explicaron que la situación de López requería celeridad. A tono con la religiosidad de aquella mañana, recordaron a San Agustín: "Un Estado que no se rigiera por la justicia se reduciría a una banda de ladrones".
Lo de Slokar, Ledesma y David fue vertiginoso si se lo compara con las 46 causas sin registrar de Figueroa. Por eso, el 22 de junio los integrantes de la Sala I remitieron el informe de Dragoneti a Slokar para que se inicie un sumario.
Dos días más tarde, el 24, Figueroa recibió una parte: la encargada de Medicina Preventiva del Poder Judicial, Alba Grondona, le informaba que el secretario Reyna presentaba "síntomas de ansiedad y trastornos de angustia". Y, lo que es mucho más previsible, "problemas de atención". En consecuencia, recomendó consultar a un psiquiatra y tomar una licencia. El 27 de junio, Slokar envió a Reyna a descansar a raíz de una "enfermedad de largo tratamiento".
Al día siguiente, el 28, el mismo Slokar dispuso que se inicie un sumario contra Reyna por las irregularidades en la administración de las causas. Como el secretario con problemas de atención estará bajo una larga terapia, no habrá posibilidad de juzgarlo. Además, en poco más de un año Reyna se jubila.
Después de tanto predicar sobre los comportamientos de clase, estamentales, de la justicia reaccionaria, el zaffaroniano Slokar sacrificó a un secretario para salvar a un camarista. Reyna fue el chivo expiatorio de Figueroa. Pero esa salida tiene un inconveniente: el 11 de noviembre de 2014, en una controversia sobre el manejo de los expedientes durante las vacaciones de los jueces, la propia Figueroa afirmó que "el funcionamiento interno de la Sala I a mi cargo corresponde que sea tratado exclusivamente por sus integrantes y conforme a las autoridades designadas". Es decir: la responsable de todo, según ella, es ella. Sobre todo porque se trata de la única jueza titular: los otros miembros de la sala, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, son subrogantes.
La peripecia de Ana Figueroa no sorprende. En 2012 hizo otra gran exhibición de arbitrariedad. El 6 de diciembre fue transferida por la Cámara de la Sala II a la Sala I. Ella aceptó, satisfecha. El que quedó desencantado fue Carlos Zannini, a quien, según afirman sus colegas, Figueroa ofreció siempre una lealtad canina. Nadie sabe si fue por influencia del ex secretario legal y técnico y ex candidato a vice de Daniel Scioli, o por su propia iniciativa, la camarista emitió un escrito insólito: envió al presidente de la Cámara un listado de las causas radicadas en la Sala II en las que le gustaría seguir interviniendo. Eran 13 expedientes, todos ligados al caso AMIA, crucial para el anterior gobierno. Nadie se animó siquiera a contestarle. Los camaristas establecieron que un juez sólo puede retener un caso cuando ya se fijó la fecha de la audiencia. Después le avisaron que no le darían el gusto. El 18 de febrero de 2013, Figueroa, en otro escrito en el que vuelve a admitir su interés particular en determinados expedientes, retiró el pedido.
La actuación de esta jueza kirchnerista, por cuyo escritorio pasará el expediente de Hotesur, y el del dólar futuro, por el que la ex presidenta ya ha sido procesada, está llena de curiosidades. La más reciente tiene que ver con un cheque de 530.000 pesos que le llegó desde el Consejo de la Magistratura. Se lo había enviado la anterior presidenta, Gabriela Vázquez. Fue para pagar nuevos muebles para la Sala I. Como todo se hizo sin licitación, la arquitecta oficial no quiere cobrar ese dinero. El desaguisado desatará una causa penal.
Macri sostuvo que cuando se adviertan demoras injustificadas habrá juicio político. Pero hay irregularidades que no tienen que ver con la velocidad. Los jueces se sienten observados y adoptan soluciones preventivas. La defenestración psiquiátrica del secretario Reyna es premonitoria. Alguien debería defenderlo. Tal vez, la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados. Difícil. La preside Figueroa.
