HUMBERTO CAPODÓNICO

En el 2014, Shell realizó 43 embarques de Gas Natural Licuefactado (GNL) del Lote 56 de Camisea desde Pampa Melchorita hasta Manzanillo, México. Treinta y seis correspondieron al contrato de largo plazo del 2007 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México al precio del marcador Henry Hub (HH), que es el precio más bajo del mundo: US$ 3.3 por millón de BTU (MMBTU) en ese año.

Los siete restantes fueron por un contrato entre Shell y Trafigura, una “trader” que en el 2013 firmó un contrato, también con la CFE. La diferencia: el precio pactado no fue el HH, sino un precio internacional de US$ 16.5 MMBTU. ¿Por qué? Porque la demanda aumentó en México y tenía que pagar un precio “spot”, que era cinco veces mayor en el 2013 que el HH.

Sucede, entonces, que en Manzanillo en el 2014 había oferta de gas peruano a dos precios: uno, el barato HH del contrato del 2007. Y, otro, de la venta de Shell a Trafigura y esta, a su vez, a la CFE, a precio “spot”.

Problema: Shell no declaraba en el Perú el precio al cual le vendía a Trafigura, sino que decía que todo el gas se vendía al precio HH. Es evidente que aquí hay perjuicio económico al fisco por un menor pago de regalías. 

Para Shell no hay problema alguno, pues dicen: “El contrato dice claramente que la regalía se paga en función del consumidor del lugar final. El lugar final sigue siendo Manzanillo. El puerto es el golfo de México. El marcador es el Henry Hub” (Entrevista a la ex ministra de Energía y Minas Rosa María Ortiz, Caretas, 9 de junio 2015).

Aquí se hace mención al contrato del 2007 con la CFE para justificar una venta hecha en el 2014 con un contrato con Trafigura. Que el lugar de destino de ambos sea México no quiere decir que el precio tenga que ser el HH pactado en el 2007. Pero Shell tiene caparazón dura, no cabe duda.

Pero hay un evidente contrasentido. Por un lado, se dice que Shell tiene razón en considerar el HH, porque su destino final es Manzanillo, cualquiera sea el contrato. Y, por otro, que hay siete embarques vendidos por Shell a Trafigura, que luego los vende a la CFE a un precio mayor. Pero Shell “no cometió falta alguna”.

La solución a este contrasentido existe: hay un Laudo Arbitral del CIADI (tribunal del Banco Mundial) de mayo del 2015, por un problema más o menos similar. En el 2011, Repsol (1) reexportó el gas del Lote 56 a otros destinos con precios mayores, sin comunicarlo al Estado peruano. El CIADI falló a favor del Perú y el Consorcio Camisea tuvo que devolver US$ 62 millones por regalías no pagadas.

Pero ahora no se ha aplicado el CIADI, pues se llegó a un acuerdo con Shell para que pague US$ 13.7 millones adicionales de regalías. El argumento sería que eso es lo que dice el contrato y que Shell tiene la razón legal. Por tanto, lo mejor era un acuerdo directo, sin invocar el CIADI.

Pensamos que no. No sabemos, además, cómo se ha calculado ese precio, algo que tiene que ser explicado, con plena transparencia, con los contratos con Trafigura sobre la mesa. No solo eso. El ex presidente Humala dijo que Shell estaba “renegociando el contrato con la CFE”. O sea, quien nos dice que vende a precio HH, pero vende por el triple sin decirle nada al Estado, es quien sigue negociando nuestro gas. No, pues.

Pero este es solo un aspecto de un problema mayor, denunciado en la campaña presidencial por Alfredo Barnechea, aunque la denuncia viene de antes: el contrato del 2007 con la CFE es lesivo para los intereses del Perú, pues la metodología de cálculo de la regalía determina que se pague menos por la venta del gas exportado a México que por la venta en el mercado peruano. Increíble, pero cierto: en junio de 2016, las regalías por el gas del Lote 88 (mercado interno) y el Lote 56 (México) fueron US$ 0.72 y US$ 0.13 MMBTU, respectivamente, una diferencia de seis veces.

En el contrato del 2007 no se incluyó ninguna cláusula de protección contra los precios bajos, que es lo que sucede ahora que EEUU produce “gas de esquisto” (shale gas). Esto es el ABC, pero Repsol no la consideró, quizá porque su interés está en el margen de comercialización y no en el precio final –que es lo que sí le interesa al fisco peruano–. Estamos hablando de centenas de millones de dólares, como lo establece el Proyecto de Ley 001 de esta legislatura presentado por Manuel Dammert (www.congreso.gob.pe).

La madre del cordero es que el Estado está ausente en estos contratos pues así lo establece la Ley 26221 de 1993. Esto debe terminar. La renegociación del contrato de exportación con México debe realizarse de gobierno a gobierno, para proteger los intereses nacionales. No más “Trafiguras”. Se debe recuperar la soberanía del Estado para decidir sobre el destino de la molécula, para poder masificar el gas y, también, para viabilizar el Gasoducto Sur Peruano y la petroquímica. Veremos qué dice el premier Zavala la próxima semana en el Congreso.