Es muy probable que Eduardo Martelli, un graduado en Económicas de la UBA con posgrado en el MIT y 16 años en El Comercio Compañía de Seguros, empresa de la que se retiró siendo gerente general, haya pensado que exponía frente a un auditorio de contadores. Porque eran cerca de las 10 de la mañana de anteayer y, en un seminario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, soltó una ironía sobre la resistencia que tienen los abogados a la digitalización de trámites, licitaciones, compras y documentos públicos. "Ah, acá son todos abogados", concluyó por fin, al oír el murmullo y las risas del público.
Martelli es el secretario de Modernización Administrativa, uno de los colaboradores de Andrés Ibarra, el ministro a quien Mauricio Macri le encomendó un desafío arduo: hacer del Estado argentino algo que funcione. Y aquella mañana, junto con Alberto Abad y Carlos Rodríguez, ambos de la AFIP, representó al Gobierno en un foro que por momentos lo miraba descreído, casi sin luces de esperanza en todo sentido: ese subsuelo no tiene ventanas. Su tesis es que el papel es más fácil de falsificar que lo digital, que los ciudadanos son rehenes de los trámites si no hay un sistema centralizado y que una reforma va a permitir terminar con los abusos de poder. "Hablo desde los pedidos de medialunas para agilizar hasta donde se imaginen", agregó.
Los escollos de la Argentina, grandes o pequeños, parecen por momentos estar más en el pasado que en el futuro. Y tienen múltiples manifestaciones en la vida doméstica. El hábito de la energía regalada, por ejemplo, que supone que un recurso escaso y necesario como el gas debería ser más barato que uno abundante y prescindible como la televisión por cable, ha empantanado al Gobierno en una discusión que se da sin prestarle real atención al costo de los subsidios. Dos años de lo que se importa en energía equivalen a poner en óptimas condiciones todo el sistema ferroviario del país, incluidos los servicios de cargas.
Pero es probable que asimilar algunas de estas distorsiones lleve décadas. ¿Cómo hacer, en la provincia de Buenos Aires, para instalar cloacas incluyendo en las licitaciones empresas que compitan con las cooperativas históricamente consustanciadas con el Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba)? Son capas geológicas que María Eugenia Vidal encontró también en las fuerzas de seguridad o el juego. No bastó, al parecer, con rechazar en diciembre la primera recolección policial, de 82 millones de pesos: en algunos municipios aceptan que "la gorra se sigue pasando". Ese nudo gordiano divide en cuanto al método a las dos mujeres más fuertes de Cambiemos: la gobernadora pretende desatarlo; Elisa Carrió, cortarlo. Como todo actor que ve el poder desde afuera, la diputada se ha convertido para Macri en una incomodidad necesaria: es la encargada de machacar, principalmente delante de funcionarios olvidadizos, sobre las viejas promesas de campaña. La semana próxima, Carrió presentará un proyecto de ley que seguramente desencadenará controversias y que propone reformular todo el sistema de inteligencia. El texto plantea la creación de una dirección de inteligencia nacional y fija como objetivo "una reforma integral de la seguridad federal, ya que sus efectos inmediatos motorizarán la eliminación de los nichos de corrupción y la connivencia entre el poder político, la policía y la delincuencia, mejorando la efectividad de las acciones preventivas e investigativas". Los dos primeros artículos ya son de por sí explosivos: "1°) Derógase la ley de creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) 27.126", y 2°) "Derógase la ley de inteligencia 25.520 y sus modificatorias".
Sólo si se libra y se gana el combate contra los molinos de viento de la burocracia mal entendida puede diferenciar a un gobierno corporativo de uno que no lo es. Macri tiene la ventaja de que, por ahora, según las encuestas que Marcos Peña reparte para tranquilizar a los ministros, una mayoría de la población pone estas asignaturas por delante de cuestiones más elementales, como la situación económica. Pero no está tan claro ni el plazo de este orden de prioridades ni que el jefe del Estado esté realmente dispuesto a encararlo, tal vez porque hacerlo significará en ocasiones pelear contra su propio entorno. Es cierto que abundan los malpensados y eso lo obligará a sobreactuar. Macri ya tuvo que aceptar que, pese a los pedidos que transmitió desde Colombia a dirigentes peronistas afines durante su última visita oficial a ese país, la ley de blanqueo excluyera a cónyuges, padres e hijos menores emancipados de presidente y vice, ministros, altos funcionarios, jueces y legisladores.
Son dilemas a los que lo expondrán siempre, como pasó en Chile con Piñera, sus orígenes empresariales. Aunque esa circunstancia incluya aquí una paradoja: el sector industrial, el de su padre, se ha convertido en el depositario de su mayor desconfianza. "Los conozco bien", suele decir sobre directivos fabriles a quienes acusa de prebendarios y que, para devolverle la gentileza, lo ven como constructor representante de la "patria contratista". Por eso no sorprende que su relación con la Unión Industrial Argentina haya entrado en una etapa de frialdad. Se percibió el martes, cuando en la reunión interna de la entidad salieron el tema del aumento de las importaciones y objeciones hacia las compras puerta a puerta, que los empresarios juzgan como "medida inoportuna que nadie estaba pidiendo". ¿O fue en realidad un mensaje del Gobierno hacia todos ellos? Alfonso Prat-Gay les contestó al día siguiente en un seminario del hotel Alvear: "El empresariado local tiene que saber que hay un plazo de cuatro años para hacer dieta y gimnasia, y prepararse porque después vendrán los Juegos Olímpicos y tendrán que competir con el mundo", dijo. El texto de esas declaraciones circulaba anteayer entre industriales por WhatsApp. "Sin palabras", concluía uno de esos mensajes.
Estos desencuentros no llegan por ahora al nivel de una confrontación deliberada. Es probable, por ejemplo, que muchas compañías accedan al pedido de respaldo que el Gobierno les está haciendo para el Foro de Inversiones del mes próximo. Entre 250.000 y un millón de dólares el sponsoreo. A lo sumo, los empresarios dirán en voz alta que, más allá del tipo de cambio, el Estado tiene también mucho por hacer en cuestiones de competitividad fabril, como bajar la carga tributaria o mejorar la infraestructura.
Es un contrapunto que está apenas empezando y que incluye la creencia gubernamental de que no habrá protección eterna porque, para subsistir, algunos deberán reconvertirse. Lo deslizó, como al pasar, el jefe de la AFIP en su exposición de anteayer en aquel subsuelo de incrédulos aduaneros. "Los empresarios me piden sólo bajas impositivas, yo les pido una contrapartida y mayor creatividad: así, en otros países surgió Nokia". Toda una cosmovisión dirigida a ámbitos corporativos donde no está claro cuál es la víscera más sensible, si el bolsillo o el pasado.
La judicialización y suspensión en todo el país de los aumentos tarifarios, primero en gas y luego en electricidad, colocaron al gobierno de Mauricio Macri en una posición política defensiva que ahora busca revertir en vísperas de la decisión de la Corte Suprema, para no resignarse a actuar detrás de los acontecimientos.
De ahí que el ministro Juan José Aranguren haya convocado formalmente al grupo de ex Secretarios de Energía para integrarlos a un comité asesor y que su par Rogelio Frigerio negociara con una decena de gobernadores provinciales declaraciones públicas de apoyo al "sinceramiento" tarifario, cuya indefinición crea una situación tan inédita como incierta para consumidores, empresas productoras y distribuidoras, además de proveedores y contratistas afectados en su cadena de pagos. Por ahora, la única decisión oficial en carpeta sería fraccionar en varios meses el pago de las facturas adeudadas, que suponen un alivio transitorio para los usuarios, en caso de que la CSJ convalide las subas.
También pone en jaque a la política fiscal, apoyada en la quita o recorte de subsidios (1,3% del PBI) como vía rápida para bajar el gasto público. El vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, calculó días atrás que el costo de dejar sin efecto los ajustes tarifarios alcanzaría a $ 80.000 millones, una cifra equivalente al presupuesto de obras públicas para la segunda mitad del año. Como lo que no se paga en facturas debería cubrirse con subsidios, la opción sería emitir más pesos o, más probablemente, aumentar el endeudamiento del sector público.
Este escenario macroeconómico estaba implícito en el proyecto oportunista impulsado en Diputados por el kirchnerismo para anular por ley el "tarifazo"; que, de no haber sido frenado a tiempo, hubiera agudizado el conflicto de poderes latente en la cuestión de fondo. Más astuto, Sergio Massa se apoyó en varias encuestas según las que un 60% de la población admite que las tarifas estaban atrasadas, pero un 80% que los ajustes debían haber sido más graduales.
En este contexto, la convocatoria a los ex Secretarios de Energía también persigue un fin político. Si bien tres de ellos ocupan hoy funciones no ejecutivas, como directores de YPF (Daniel Montamat y Emilio Apud) y Enarsa (Jorge Lapeña), tienen la autoridad de haber sido los primeros en alertar, en 2008, sobre la inevitable crisis energética que sobrevendría como consecuencia de la política kirchnerista que a lo largo de doce años alentó y subsidió indiscriminadamente el consumo, mientras desincentivaba la oferta con precios y tarifas divorciados de la realidad. En su último documento, hace una semana, plantearon la necesidad de consensuar una política de Estado para superar la crisis energética en el mediano plazo. Y recordaron además que todos los precandidatos presidenciales (excepto Scioli), suscribieron en 2014 una declaración para comprometerse con ese objetivo que, por cierto, todavía está lejos.
El ministro Aranguren concurrirá este martes al Congreso para describir lo que se anticipa como un crudo cuadro de situación, tras haber anunciado el llamado a audiencia pública cuya omisión dejó en infracción al Gobierno y justificó las decisiones judiciales de retrotraer los cuadros tarifarios -facturados o no- a foja cero. Así, Macri paga el costo de haber disparado la inflación reprimida, sin la contrapartida de achicar el retraso de las tarifas y frenar el deterioro de los servicios a través de inversiones no subsidiadas.
Todo este despliegue de último momento es una forma indirecta de presión sobre la Corte, que deberá resolver, a cara o cruz, si convalida esos fallos judiciales o acepta la apelación de la Casa Rosada para rehabilitar las tarifas de electricidad y los topes de 400%/500% en las facturas de gas. Cualquier camino alternativo también preocupa al Gobierno: si por vía judicial se establecieran precios para la energía, crearían un precedente que podría ahuyentar futuras inversiones. Sobre todo, cuando prevé para fin de septiembre adjudicar la licitación internacional de energías renovables para agregar 1000 MW al sistema eléctrico.
Sin embargo, la decisión de la CSJ tampoco es jurídicamente sencilla. La Ley de Emergencia Económica de 2001 (que rige hasta fin de 2017), faculta al Poder Ejecutivo a fijar los precios mayoristas del gas en boca de pozo y de generación eléctrica. En cambio, las audiencias públicas son obligatorias sólo para las tarifas al consumidor.
Con estas incógnitas, el gobierno de Macri está pagando también el costo político de no haber blanqueado detalladamente, en el arranque de su gestión, la crítica herencia energética recibida del kirchnerismo. La teoría de Jaime Durán Barba de no dar malas noticias, demostró estar equivocada. Sólo cuando las encuestas de imagen comenzaron a mostrar el impacto negativo del "tarifazo", los funcionarios salieron tardíamente a dar explicaciones, no siempre bien coordinadas. Sólo hace un mes se admitió que, pese a los ajustes, las tarifas eléctricas cubren el 35% del costo de generación, altamente subsidiado. Y Macri sugirió que sus decisiones "dolorosas" apuntaban a resolver el problema gradualmente, sin tener en cuenta que para la clase media baja no alcanzada por la tarifa social (que la UCA acaba de definir como "nuevos pobres"), algunos porcentajes implican un shock en medio de una alta inflación.
A este error político-estratégico del Gobierno, se suman otros de instrumentación. En el caso de la electricidad, debió dar marcha atrás con los aumentos a centros de jubilados, clubes de barrio, etcétera, y extender la tarifa social. Y en el del gas natural, subió los precios en boca de pozo para estimular una mayor producción sin explicarlo públicamente. Al aplicarlos sobre la enmarañada estructura tarifaria heredada de la gestión K (en la cual los usuarios suben de categoría -y de tarifa por metro cúbico- cuanto más consumen), desde abril y en medio de un otoño inusualmente frío, se potenciaron los incrementos. En especial en la Patagonia (exceptuada del ajuste aplicado en 2014) donde hubo subas acumuladas superiores al 2500%, que se tradujeron en múltiples recursos judiciales de amparo.
Con este final abierto, aún no está a la vista un sendero previsible de tarifas para evitar que cada factura que pase por debajo de la puerta produzca un sobresalto. Ni mucho menos una estructura que fomente un uso más racional de la energía, con tarifas diferenciadas por franjas horarias o premios por menor consumo sobre una base estable.
nestorscibona@gmail.com
