MARCELO CANTON
Anoche a última hora, pese a ser feriado, los máximos asesores de los jueces de la Corte Suprema seguían cruzando llamadas telefónicas. Buscaban construir un consenso sobre el fallo por el aumento de tarifas, un escalón clave para la situación política del Gobierno, que ellos pretenden firmar este jueves. “Hay acuerdo sobre la base filosófica, pero no sobre todo lo demás”, reconocen en el tribunal.
Algunos funcionarios de la Casa Rosada definen la cuestión tarifaria como “la madre de todas las batallas”. Hay un paralelismo con las palabras usadas por el kirchnerismo sobre la Resolución 125 y la pelea con el campo. Pero allí el escenario de definición era el Senado (y el voto no positivo de Julio Cobos). En el caso de las tarifas, Mauricio Macri pone sus fichas a un fallo de la Corte Suprema que habilite (o no) los aumentos. Y poder así superar la crisis política en la que quedó el Gobierno por este tema.
Dos fuentes diferentes de la Corte Suprema describieron ayer el cuadro de situación. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti han discutido mucho ya el tema, y han definido una “matriz” para el fallo, un esquema filosófico sobre el cual se escribirá el dictamen. Allí hay dos conceptos que ya están acordados:
1) El Poder Ejecutivo tiene facultad para fijar tarifas. Parece una verdad de perogrullo, ya que está escrito en las leyes, pero el tema debe ser ratificado por la Corte ante los cuestionamientos con que las subas de gas y luz llegan al tribunal. Es un punto central para la Casa Rosada.
2) El ajuste de tarifas debe tener “razonabilidad social”, o, dicho de otra manera, que debe tener en cuenta las “vulnerabilidades” de los consumidores. En la Corte destacan que ya ha habido otros fallos que incluyeron conceptos similares, y que en esta ocasión no podían dejar de lado la idea.
Pero cuando se intenta bajar esos conceptos a la instrumentación, a los detalles, “ya no hay más consenso”, coincidieron las fuentes. “Y eso no quiere decir que hay dos jueces con una opinión y los otros dos con otra, sino que hay temas en que cada uno de los cuatro tiene un punto de vista diferente”, agregan.
Tomemos el ejemplo de la “razonabilidad social”. Para algunos de los magistrados, con la aplicación de la tarifa social que incluyeron todos los aumentos tarifarios es suficiente. Creen que de esa manera se contempla a los más vulnerables: jubilados, personas de bajos ingresos, tenedores de planes sociales, que están exceptuados de los aumentos o pagan menos por luz y gas, pero también por agua y transporte. Pero otros jueces quieren avanzar más, y poner algún tipo de tope, por caso, a los aumentos. “Ese es el cuadro de situación”, señalan en la Corte.
Otro tema que está planteando un duro debate es la retroactividad de los aumentos tarifarios. ¿Rigen desde que los dictó el Ejecutivo o desde el fallo? ¿Quién no pagó con aumento tendrá que pagar ahora o las empresas deberán devolver dinero a quien pagó la boleta pese a que la tarifa no estaba firme?
El tema de la búsqueda de mayorías en esos puntos no es menor. Hay que recordar que la Corte está integrada por cuatro miembros y que, por tanto, se puede dar la situación de empate. ¿Y si asume el quinto miembro, Carlos Rosenkrantz? El jurará el próximo lunes, según está previsto. “Y sería un enorme papelón, algo bochornoso, que tengamos que esperarlo para desempatar, que tenga que votar sobre un asunto como este al día siguiente de jurar”, dicen en el propio Tribunal.
El tema, como es lógico, es seguido minuto a minuto por la Casa Rosada. Uno de los funcionarios de más alto rango del Gobierno definió qué es lo esencial que esperan del fallo. “De mínima, lo que queremos es que confirme que el precio del gas “boca de pozo”, lo que cobran las petroleras, no debe pasar por Audiencias -señaló-. Es que sino se cae la posibilidad de inversiones en Vaca Muerta. ¿Quién pondría miles de millones de dólares para que después el precio del gas, el retorno de su inversión, se discuta políticamente en audiencias?” El del precio “boca de pozo” fue el aumento más importante en la tarifa de gas este año. Las otras dos patas del incremento fueron los cargos para las distribuidoras (Metrogras, GasNatural, Camuzzi) y para las transportistas (TGN Y TGS). “Si en eso tenemos que dar marcha atrás e ir a audiencias, no hay tanto problema”, dijo el funcionario.
Otro hombre de la Casa Rosada, de diálogo permanente con el Presidente, agrega otro dato. “Que la Corte defina el formato que crea conveniente, pero que diga cómo se hace un ajuste de tarifas en el país. Que precise los mecanismos y nosotros nos ajustaremos a eso. Pero que cierre de una vez el tema del amparo permanente para frenar las subas”, señaló.
Hoy por la mañana se reunirán en el Palacio de Tribunales los cuatro miembros de la Corte. Intentarán zanjar esta cuestión. “Tenemos dos días para ponernos de acuerdo”, definió ayer uno de los jueces ante su equipo.
MARCELO CANTON
El tarifazo oculta otro tarifazo, uno que está ahí hace tiempo, pero que se potencia con cada aumento de la luz o el gas. Es el tarifazo del propio Estado, el zarpazo al bolsillo del consumidor a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales que vienen incluidos en las boletas. Hasta 44% del total de cada factura está destinada a las arcas estatales.
El ajuste en las tarifas se ha transformado en un problema político central para el Gobierno, que está en suspenso midiendo los ritmos de la futura decisión de la Corte Suprema, el riesgo de que la oposición intente un nuevo avance en el Congreso, la posibilidad de que las empresas distribuidoras de gas y electricidad entren en una crisis económica grave. En ese contexto, los más altos funcionarios han hablado del esfuerzo que está haciendo la población al enfrentar la quita de subsidios. Pero dejan de lado el esfuerzo que el propio fisco podía hacer.
Empecemos con una factura de gas, con un consumo de 200 m3, en categoría residencial. El cargo fijo, en Neuquén, es en ese caso de $ 60,08 y el valor del gas sumó $ 665,87. Con el mismo consumo, en La Plata, el cargo fijo fue $ 61,57 y el costo del gas, $ 707,47. En sí, prácticamente lo mismo. Pero, si se resta el subsidio patagónico, el usuario neuquino pagó el servicio $ 818,29, y el platense, $ 1.168,59.Más de $ 300 de diferencia. ¿Cuál es la razón? La carga impositiva.
En Neuquén la boleta incluye $ 11,10 de ingresos brutos, $ 15 del fondo Focegas, y $ 66,42 de IVA. En total, el 17,36% de lo que paga el usuario son impuestos. En La Plata, el Focegas es igual, $ 15, pero Ingresos Brutos trepa a $ 30,08 y como el IVA se calcula incluso sobre esos impuestos, llega a $ 170,97. Pero además hay $ 73,27 de impuestos provinciales y $ 110,23 de tasas municipales. En otras palabras, de cada $ 100 que paga el cliente de gas en La Plata, $30,33 se los quedan los fiscos nacionales, provincial y municipal.
La carga impositiva, además, es variable según la categoría de usuario: los comerciales están exceptuados de algunos tributos que golpean a los residenciales. Pero hay usuarios industriales y comerciales que pagan hasta 27% de IVA. Además, la situación cambia según la provincia o municipio de que se trate. En el caso de Avellaneda, por caso, tienen un tasa específica para el gas del 8% de la factura. Hay otros cargos que se suman en algunas boletas, como el 0,4% de subsidio patagónico, aunque ya no existe el 0,6% del fondo de interconexión que gravaba hasta hace poco las facturas de la electricidad.
Hablando de la electricidad, precisamente, la situación es similar a la del gas. En el caso de la Capital Federal, la boleta incluye, claro, el 21% de IVA, y un 6,38% de tasas municipales. En total, la carga impositiva sobre la boleta es del 27,98%. Pero es mucho mas gravosa la cosa en la provincia de Buenos Aires, apenas cruzando la General Paz. Allí hay que sumar el impuesto al Servicio de Electricidad (10%), el Fondo Especial de Grandes Obras (5,5%), la contribución municipal (6,42%) y la provincial (0,64%). En total de cada 100 pesos que el cliente bonaerense paga en promedio a las empresas eléctricas, 44,17 pesos son impuestos.
Tomemos el caso de un usuario de Tigre, con una factura de $ 995,42 por 1.383 kW. De ese total, la electricidad consumida es menos de la mitad, $ 405,51. El cargo fijo de la empresa suma otros $ 66,90. En total, $ 472,41 puramente de energía. ¿Y el resto) Hay $ 76,23 para el ente regulador (ENRE), $ 115,21 de IVA, $ 60,65 de tasas municipales, $ 88,56 de tres cargos provinciales distintos. En total, $ 340,55 de tasas e impuestos. Más de un tercio de la boleta.
Veamos el caso de un usuario de Villa del Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre cargo fijo y consumo de electricidad tiene $ 128,86, por un consumo de 425 kW. A eso se suman $ 10,49 para el ente regulador, $ 7,61 de cargos municipales y $ 25,05 de IVA. En total, $ 43,15 de impuestos. Como en el caso del cliente bonaerense, algo menos de un tercio de lo que pagó fue al fisco.
Entre el 17 y el 44 por ciento de las boletas, así, se los queda el fisco. Vaya una ironía: muchos de los representantes de esos distritos que embolsan dinero a costa de las boletas de luz y gas son quienes luego despotrican contra el tarifazo. Las vueltas de la política son complejas.
