CARLOS PAGNI

La Corte Suprema estará instalada otra vez, hoy por la mañana, en una gran encrucijada de la vida nacional. Como cuando debió tratar la reforma judicial de Cristina Kirchner. O cuando dirimió el conflicto por la ley de medios. Salvo algún imprevisto de último momento, el máximo tribunal resolverá hoy si convalida el aumento de los servicios públicos. El desenlace es estratégico, como siempre que se discuten cuestiones de energía.

Pero en el contexto actual adquiere una relevancia superior. Toda la herencia kirchnerista puede entenderse a partir de la política energética.

La subvención de los servicios públicos determinó las relaciones exteriores de los últimos 12 años. La escasez en la oferta de gas provocó un conflicto con Chile. La dependencia del fuel oil de Pdvsa subordinó a la Argentina al chavismo. Y el escandaloso acuerdo con Irán no encuentra una explicación más convincente que el trueque de petróleo por impunidad.

La peripecia energética ayuda a comprender los mecanismos de la corrupción. Desde la apropiación del 25% de YPF a través de la familia Eskenazi hasta el cobro de sobornos en el comercio con Venezuela, pasando por la intermediación en la importación de gas, por la que ahora Claudio Bonadio investiga a Julio De Vido y José Roberto Dromi.

Pero lo más relevante para la decisión de la Corte es que la demagogia eléctrica y gasífera generó, como ningún otro factor, el gigantesco desequilibrio en las cuentas públicas que impulsa la inflación. Los subsidios llegaron a superar la barrera del 5% del PBI, un monto equivalente al déficit fiscal y a la emisión monetaria con que se financió ese déficit. Aquí está instalada la mayor dificultad con que los jueces se enfrentarán esta mañana. Si no se revierte esa estrategia de precios será difícil encontrar una salida a la encerrona fiscal. O al revés: si se suprime el ajuste tarifario, el Gobierno deberá imponer otras restricciones que, además de afectar a la administración central, golpearán a las provincias. Esa receta alternativa tendrá consecuencias sociales antipáticas. Sobre todo por la persistencia de la inflación.

Síntesis: los máximos magistrados tomarán hoy, a propósito de una contradicción jurídica, una medida crucial de política económica. Será interesante saber si seguirán apegados al criterio que esgrimieron cada vez que, durante el reinado kirchnerista, afrontaron una disyuntiva parecida: "La Corte nunca va a lesionar al Gobierno en lo fiscal".

Antes de que se conociera el pronunciamiento de los jueces, que hasta anoche era una incógnita, la procuradora Alejandra Gils Carbó convalidó el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había anulado los aumentos. Gils Carbó rechazó los argumentos del Poder Ejecutivo. Sobre todo el más importante: que el precio del gas es un componente de la tarifa que no debe ser sometido a audiencia pública.

Esta refutación es la más decisiva del texto de Gils Carbó. El debate sobre las audiencias públicas tiene dos capítulos. El más general se refiere a la necesidad de realizarlas. El Gobierno sostiene que sólo son obligatorias cuando se decide una revisión general, que incluya precios, inversiones, prestaciones, etc. Aduce que los aumentos de esta vez son sólo una actualización, no una revisión. Y recuerda que en 2002 se dispuso un ajuste sin realizar audiencias y la Corte lo aprobó.

A pesar de esos razonamientos, el Poder Ejecutivo está dispuesto a que la Corte lo obligue a convocar audiencias, pero sólo para el transporte y la distribución del gas. No para la fijación del precio del producto. La razón: los consumidores no pueden elegir a qué transportista o distribuidora contratar. Por lo tanto, corresponde que le justifiquen el nivel de la tarifa. El valor del gas, en cambio, depende del mercado. De modo que no cabe someterlo a una audiencia.

Mauricio Macri tiene la vista clavada en este aspecto del problema. El precio del gas es el componente principal de la tarifa y, por lo tanto, su anulación tiene un costo fiscal altísimo. Además, la obligación de que cada contrato de compraventa de gas pase por una audiencia pública sería un obstáculo para la inversión en hidrocarburos, que es una de las grandes atracciones económicas que presenta la Argentina. Macri advierte que de la controversia sobre las tarifas no depende sólo su receta fiscal, sino su apuesta a relanzar la economía a través de la inversión.

Gils Carbó hizo lo que el oficialismo esperaba que hiciera: se alineó con los sectores que se identifican con Cristina Kirchner, que anteayer interpelaron con más dureza a Juan José Aranguren durante más de 10 horas en Diputados. Acorazado en argumentos técnicos, Aranguren logró su objetivo: que no lo destrozaran. Un mérito del coaching al que se sometió antes de bajar a la leonera.

La oposición le enrostró al ministro algunas facturas impagables. Llamativo: a la célebre "ceocracia" no se le ocurrió correr una simulación de los nuevos precios para detectar esos saltos imposibles de afrontar. Aun así, Aranguren ofreció algunos datos interesantes. Sobre las tarifas ajustadas: el 32% de los usuarios de Edenor pagó una factura inferior a $ 100. Y sólo el 10% pagó una superior a $ 500. Consignó también que entre 2003 y 2015 la inflación acumulada fue de 1400%; el salario aumentó 1620%, pero la factura eléctrica metropolitana subió sólo 40%.

Aranguren impactó con los disparatados subsidios en nombre de los cuales el kirchnerismo defiende su gestión energética. Entre 2003 y 2015, consumieron 75.400 millones de dólares. En el caso del gas, el 5% de la ayuda fue al decil más pobre de la población, y el 20%, al decil más rico. En el de la electricidad la distribución no fue tan regresiva: 8% fue al decil más pobre y 12%, al más rico. Envuelto en la bandera de la soberanía nacional, el ministro recordó que desde 2010 el país se convirtió en importador neto de energía.

No fue el único momento en que Cambiemos caracterizó al kirchnerismo como reaccionario. Aranguren recordó que Axel Kicillof, con quien siempre tuvo buena relación, subsidió la oferta de gas. Y Mario Negri se ganó un abucheo opositor al señalar: "Ustedes hicieron negocios con el mercado y destrozaron el Estado".

Macri debería agradecer a la oposición por haber interpelado a Aranguren. De lo contrario, ni siquiera sus diputados hubieran conocido los argumentos para defender el ajuste. El Gobierno los mantuvo en secreto a lo largo de semanas de hostilidades. Igual que cuando, durante el debate de la doble indemnización, lo acusaban de despidos masivos. En la Casa Rosada se ufanan de saber comunicar. Dicen que así funciona la nueva política.

Por suerte Macri tiene a De Vido. El ex ministro faltó al duelo que él mismo había promovido. Envió una carta autoincriminatoria: confesó temer que las preguntas no fueran sobre las tarifas sino sobre lo que él hizo a lo largo de 12 años. El kirchnerismo está en un mal momento para interrogar. Por ejemplo: cuando José Luis Gioja solicitó a Aranguren que le diga "a ojo, más o menos, cuánto es el precio del gas", desde el fondo del salón empezaron a gritarle: "¿Por qué no decís a ojo, más o menos, cuánto fue el lavado de dinero?". El pasaje más cómico ocurrió cuando Aranguren recordó que Cristina Kirchner había dejado facturas impagas por un total de $ 42.200 millones. Desde las bancas kirchneristas vociferaron: "¡Háganse cargo!, ¡háganse cargo!".

Los seguidores de la ex presidenta omitieron algunos datos que hubieran fastidiado a Cambiemos. Uno de ellos: María Eugenia Vidal convocó a audiencias antes de aumentar la luz. A propósito: es llamativo que ni la gobernadora ni Horacio Rodríguez Larreta, que gozan de una credibilidad altísima, no hayan sido convocados a explicar el ajuste energético. Se ve que Jaime Durán Barba, que asesora a ambos, los preserva.

Nimiedades. Lo destacable es que el expediente que más inquieta al Gobierno llega a la Corte después de una pasable victoria en Diputados. Con un logro adicional: la posición adversa al Ejecutivo quedó ligada al kirchnerismo más desprestigiado. En el tribunal ayer hubo deliberaciones infinitas. Y mil incógnitas. Algunas versiones afirmaban que la posición oficial, consistente sobre todo en evitar las audiencias para el precio del gas, contaba con tres votos a favor; otras planteaban un empate dos a dos. En todos los casos se ubicaba a Ricardo Lorenzetti y a Horacio Rosatti en una postura más comprensiva con el Ejecutivo y a Elena Highton más distante. El interrogante mayor: Juan Carlos Maqueda. Se sospecha que los jueces buscarían hoy, en cualquier sentido, la unanimidad. La disparidad de hipótesis equivale a la disparidad de mensajeros y gestores. El diálogo de Macri con la Corte es una torre de Babel.

Macri es innovador. Pagó un costo importante para designar dos ministros en el tribunal supremo. Pero uno de ellos, el prestigioso Carlos Rosenkrantz, se incorporará dos días después de que se trate el caso más angustiante para el primer año de gestión oficialista. Un homenaje a la independencia de poderes que no debe haber soñado siquiera Montesquieu.

MARCELO CANTON

En la Corte Suprema hubo, estos días, una tensión que los propios integrantes dicen que no recuerdan en mucho tiempo. El fallo sobre las tarifas del gas generó fuertes rispideces internas en el Tribunal. Internas a las que los jueces aseguran no estar acostumbrados.

“El mecanismo habitual aquí es que un juez escribe un fallo y los otros le van agregando sus puntos de vista, marcando algún disenso si lo hay, pero todo en un estilo muy colaborativo”, dice una fuente del Tribunal. Pero en esta ocasión esa dinámica se rompió: cada uno de los cuatro magistrados escribió su propio fallo, por su cuenta. Y eso generó una gran dificultad a la hora de compatibilizarlos.

Tal como adelantó Clarín el martes, el disenso entre los magistrados era alto. Ese día por la mañana hubo una reunión de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti buscando acercar posiciones. Por la tarde, volvieron a encontrarse con el mismo objetivo. En medio, los letrados que los asesoran seguían buscando puntos en común. Temas como en qué casos deben hacerse audiencias públicas, o qué significa “precio razonable” al hablar de tarifas, generaron idas y vueltas innumerables.

Hoy por la mañana hubo un nuevo encuentro de los cuatro miembros de la Corte. Por la tarde, los encuentros fueron de dos en dos. Y los asesores siguieron trabajando a destajo. Por la noche bromeaban acerca de que varios no iban a dormir puliendo el texto que querían tener listo a primera hora de mañana.

¿Qué fue lo que generó tanta tensión? Es que Lorenzetti, Maqueda y Highton tienen años de trabajar juntos, y es raro que haya fallos con disensos entre ellos. El ingreso de Rosatti a la Corte rompió ese formato. Algunos miembros se quejaban anoche que, además, el tema estuvo rodeado de “operaciones de prensa”. Otros, en cambio, minimizaban el asunto diciendo que “hablar de presiones en este nivel es casi una broma, esto es sólo la lógica del poder”.

En el Gobierno, en tanto, aseguran que miran el debate desde lejos. “Estamos en el mejor de los mundos, no sabemos nada de nada sobre cómo será el fallo”, ironizaba anoche un alto funcionario de la Casa Rosada. La verdad: cuesta mucho creerle.

GUILLERMO KOHAN

Nada garantiza que la Corte Suprema vaya a dar vía libre al aumento de tarifas anunciado por el Gobierno y trabado en la Justicia. El durísimo dictamen que la procuradora Alejandra Gils Carbó elaboró ayer en contra del ajuste en las facturas de gas revela no solo que existe una Justicia Militante dispuesta efectivamente a complicarlo políticamente a Mauricio Macri y no dejarle pasar una mínima contravención; sino la existencia de un entramado jurídico e ideológico en los magistrados, aún en muchos que no adscriben a Justicia Legítima, y que podría mantener trabada la cuestión de los subsidios y las tarifas por varios meses, y ampliarse del gas al resto de los servicios públicos y el transporte.

Tampoco se advierte capacidad política del Gobierno para influir en el sentir de los Jueces. En la obsesión por hacer o parecer que se hace todo al revés que en la era Kirchner, y con el incuestionable argumento constitucional y republicano de que el Poder Ejecutivo no debe presionar a los jueces; la verdad es que el planeta judicial hoy en la Argentina experimenta una acefalía que descoloca hasta a los propios magistrados, acostumbrados a décadas de negociar con el poder político.

No hay interlocutores entre las partes, las denuncias de Elisa Carrió contra Daniel Angelici espantaron a todo el mundo, y el ministro Garavano no aparece muy activo en esta lidia. El escenario luce así bastante desordenado, dado que tampoco el oficialismo se presenta con voluntad de mostrar los dientes en el Consejo de la Magistratura, el único organismo de la Constitución que puede promover recambios en el Poder Judicial.

Quienes frecuentan estas horas al Presidente, cuentan que se ha visto sorprendido por la escasa voluntad de los jueces de la Corte para respaldarlo en su plan para las tarifas de los servicios. Para peor, los más reacios serían los doctores Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, curiosamente los que propuso Macri para limitar el poder de Ricardo Lorenzetti, a quien ahora varios emisarios oficiosos le van al pie, con mensajes conciliadores del Jefe de Estado.

Efectivamente ayer Alejandra Gils Carbó cambió de opinión. Antes de que aparecieran las cautelares contra los aumentos de Macri, en 2014 hubo cautelares contra los aumentos de gas de Cristina. Lo contamos en esta columna hace meses, el caso de una asociación de consumidores de Mar del Plata que fue en 2014 contra Camuzzi y logró una cautelar que impidió los aumentos en Buenos Aires y toda la Patagonia.

Fue otorgada en el juzgado marplatense del Dr. López, el mismo que, en otra causa notable, le dio la razón al abuelito que denunció que no había podido comprar los dólares para el cumpleaños de su nieto por el cepo, y fue maltratado como el abuelito tacaño por Cristina en cadena nacional. Total que el caso Camuzzi llegó a la Corte y el Supremo también pidió dictamen a Gils Carbó. La procuradora, en el caso de los aumentos de Cristina, opinó muy distinto al caso de los aumentos de Macri. Dijo en abril pasado que los jueces no pueden interferir en decisiones de política económica y que el congelamiento de tarifas no podía poner en peligro la prestación del servicio.

Esta vez mantuvo Gils Carbó la idea de que no son los jueces los que deben definir tarifas (la única definición que deja un espacio para que el Gobierno pueda aplicar aumentos) pero avaló la decisión de los jueces militantes de La Plata que frenaron en todo el país los ajustes, con el argumento de que se incumplió la ley al no realizase audiencias públicas.

Pero fue mucho más allá, afirmando que los consumidores deben saber cómo se conforma la cadena de precios de los servicios, que debe ser justa y equitativa, recomendando que los ajustes deban ser graduales y considerando el gasto total de las familias y la supervivencia de las empresas, sobre todo las pymes. La jefa de los Fiscales hasta reclamó piedad para las ‘empresas recuperadas’ en su dictamen, incorporando esa curiosa categoría de consumidores a quienes el Estado debe proteger.

A esta altura, solo un milagro podría determinar que la Corte avale los aumentos del Gobierno. En el mejor de los casos, ordenará que se cumplan las audiencias públicas para los tramos de transporte y distribución de energía y pedirá al Gobierno que presente un plan gradual de reducción de subsidios. No está claro, sin embargo, si la Corte dejará vigente las resoluciones que permitan a las empresas facturar con los topes de 400% a 500% en gas que la justicia frenó. Tampoco si avanzará, como insinúa Gils Carbó, en la cadena de precios de la energía, obligando a debatir también en audiencia o en el Congreso los precios pactados para los productores de gas o generadores eléctricos.

Paga un precio alto Mauricio Macri por no haber advertido una de las herencias más complejas que recibía de la era Kirchner, además del desastre económico, monetario y fiscal. La realidad de un Poder Judicial no solamente sospechado en casos puntuales de connivencia con la corrupción política. También integrado en su mayoría por sectores incuestionablemente honestos que se sumaron en los años del kirchnerismo a los juzgados en todas las instancias, muy politizados e ideologizados, que en general adscriben a las ideas estatistas e intervencionistas de la economía. Muchas de las duras expresiones del dictamen de Gils Carbó de ayer están inspiradas en un pensamiento que podría respaldar el Papa Francisco, y serían suscriptas sin vacilar por muchos de los miembros de la Corte, incluso los recién llegados.

Se sabrá en las próximas semanas cómo sale el Gobierno del brete económico que significa tener que seguir subsidiando la energía. Los cálculos que dejó trascender la Casa Rosada hablan de unos
$ 80 mil millones que harían falta cubrir. Para presionar a la Justicia, los propios funcionarios se alarman en privando ante los periodistas, para que luego los hombres de prensa salgan a los diarios, la radio y la televisión a advertir que podría explotar el plan económico por el descalabro monetario y fiscal que produciría una fracaso total del programa para ajustar las tarifas.

Conviene apuntar, para tranquilizar a los lectores, que los problemas monetarios y fiscales del Gobierno ya estaban antes de que se ponga en tela de juicio el ajuste tarifario. Tranquiliza mucho que se consolide la tendencia en la caída de la inflación, al punto que FIEL dice que el IPC de agosto estaría más cerca de 1% que de 2%. Pero también hay que advertir que la inflación viene viajando a 2% mensual con dólar quieto hace 4 meses, tarifas congeladas y tasas al 50% para descubierto. Bien medido, el déficit de 2016 viene más para 7 que para 5 puntos del producto. Y solo el aumento extra a los jubilados el año que viene (no los juicios) suman 100 mil millones al gasto de la tesorería. Entre los vencimientos externos y el déficit fiscal real del año que viene, Argentina necesita conseguir en 2017
u$s 30.000 millones.

Los resultados del blanqueo, para bien o para mal, servirán para saber cómo supera Macri todas estas dificultades, las nuevas y las viejas. En suma, cómo llega el Gobierno al decisivo año electoral.