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OPINIONES
Pagni: Costos de la sentencia. Bonelli: Replanteos oficiales. Blanck: Cosecha su siembra
19/08/2016

Los tres costos de la sentencia

LA NACIÓN

CARLOS PAGNI

Ayer al mediodía los ministros que se reunieron en el despacho de Marcos Peña para analizar el fallo de la Corte Suprema, debieron ponerse firmes para evitar que Mauricio Macri saliera a denunciar una "justicia populista". El pronunciamiento de los jueces le provoca al menos tres costos a un gobierno que lo recibió con enorme frustración. No sólo por su contenido, sino también por la distancia que guardó con lo que se esperaba en la Casa Rosada.

Anteanoche, al cabo de un partido de fútbol en Olivos, las principales figuras del macrismo se fueron a dormir confiando en dos premisas: los jueces obligarían a celebrar audiencias públicas, pero convalidarían el aumento en el precio del gas en boca de pozo.

Tenían mala información. A pesar de que a las diez de la noche la sentencia ya estaba redactada.

La Corte ayer emitió un fallo distinto del que Macri imaginaba. En el texto aparecieron un trío de efectos que él no había contemplado: un mayor déficit fiscal, más complicaciones para quienes decidan invertir y un enredo político que deberá, en algún momento, resolverse.El costo fiscal no es dramático. Pero el recorte de subsidios será más moderado. Los jueces anularon el ajuste a los consumidores domiciliarios. Son los beneficiarios del 26% del subsidio que el Poder Ejecutivo pretendía suprimir. Equivale a unos 1200 millones de dólares. Nada que no pueda manejarse. Eso sí: la Corte se extendió, en términos que para muchos especialistas son excesivos, sobre las ventajas del gradualismo. Se refirió, con espíritu bergogliano, a precios confiscatorios y reclamó a la administración que tenga en cuenta el equilibrio social. Es una advertencia para los aumentos que quedan por venir. No hay que olvidar que en el caso del gas la factura seguirá teniendo una subvención del 35%. Y en el de la luz, del 65%. De hecho, en la Jefatura de Gabinete tienen -¿tenían?- previsto aplicar de nuevo el torniquete a la electricidad en enero. ¿Será el mes más adecuado?

Las tarifas que deben abonar los usuarios industriales, comerciales y los generadores eléctricos se mantuvieron. No porque los magistrados las suscribieran, sino porque no estaban incluidas en el universo de consumidores que habían reclamado. Quiere decir que sigue habilitada la vía del amparo para las empresas, sobre todo pymes, que vayan a tribunales en busca de protección. La controversia energética permanece abierta. En un nuevo contexto: los jueces inferiores mirarán el fallo de ayer como un llamado a aplicar la ley garantizando un equilibrio económico-social que siempre es opinable.

La noticia que más lamentó Macri tiene que ver con la obligación de celebrar audiencias públicas para fijar el precio del gas en boca de pozo. Alguien le había garantizado que la Corte lo liberaría de ese procedimiento. Pero Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti consideraron que, mientras ese valor esté regulado por el Estado, las audiencias deben realizarse. Para el Ejecutivo es una prescripción inesperada, porque no hay ninguna norma que la establezca.

El precio del gas es el componente principal de la factura. Mucho más gravitante que el del transporte y la distribución. Y los especialistas del Gobierno, con Juan José Aranguren a la cabeza, consideran que es imposible liberarlo por completo. El ministro lo explicó a sus colegas de gabinete ayer al mediodía: "Es irracional pretender que el gas pueda fluctuar con libertad y al mismo tiempo obligar a audiencias públicas para el transporte y la distribución. ¿Qué pasaría con las transportistas y las distribuidoras, que tienen el precio de las tarifas fijado por audiencias si el gas sufriera un aumento de precio brusco? Quebrarían".

Con la obligación de celebrar audiencias para fijar el precio del gas aparece otro costo que Macri lamenta en el fallo de ayer: establece un obstáculo en la corriente de inversión para el sector energético. Se preguntaban ayer en la reunión de gabinete improvisada en el despacho de Marcos Peña al mediodía: ¿qué productor de hidrocarburos va a poner un dólar para extraer ese producto si el precio al que debe venderlo estará sometido a una audiencia de consumidores? Salvo que el Gobierno derogue el decreto 181/2004, que le permite regular ese precio, los contratos de compraventa de gas van a estar sometidos a ese mecanismo. El problema es más grave porque la matriz energética argentina triplicó su dependencia gasífera en los últimos 12 años.

Esta exigencia se inscribe en un marco más amplio: el pronunciamiento de ayer fija una posición muy clara respecto de las audiencias públicas. Maqueda y Rosatti reconstruyeron el debate de la Constituyente de 1994, de la que formaron parte. Y establecieron que las audiencias que estableció la reforma no deben ser sólo consultivas. Este criterio promete una innovación de consecuencias imprevisibles para el sistema de servicios públicos. La primera de ellas: ayer por la tarde, varios dirigentes de movimientos sociales leían la sentencia como una hoja de ruta.

Es obvio que los jueces previeron que su gradualismo podría ser tildado de kirchnerista. Así se explican los párrafos en los que objetan la política energética del gobierno anterior. De todos modos, Alejandra Gils Carbó prestó, con su drástico dictamen, un servicio inmejorable para que Lorenzetti pueda hacer lo que más le sale: promediar.

A propósito de Lorenzetti, ayer terminó de abrir un frente que había habilitado en pronunciamientos anteriores. Sobre todo en el caso "Halabi". Es la institución de las acciones de clase, por las cuales un grupo puede litigar en nombre de innumerables consumidores que tienen dificultades para acceder a la Justicia. Esta práctica, muy extendida en el derecho anglosajón, todavía no está reglamentada en la Argentina. El fallo de ayer da satisfacción a este tipo de reclamos.

El tercer costo que debe afrontar Macri es político. El corazón del gabinete quedó paralizado con la novedad judicial. Sobre todo cuando en las radios repicó el comunicado del Centro de Información Judicial, que dirige María Bourdin: "Tarifa de gas, por unanimidad la Corte anuló el aumento respecto de los usuarios residenciales". Simplificado: la Corte anuló el tarifazo. Bourdin 1 - Peña 0. No debería llamar la atención. El máximo tribunal está dominado por tres juristas que son políticos profesionales: Lorenzetti, Maqueda y, ahora, Rosatti. Los tres, peronistas.

La Jefatura de Gabinete tardó en reaccionar unas tres horas. Las principales figuras de Cambiemos esperaron el clásico mail "qué estamos diciendo", con el fraseo sobre la nueva situación. Llegó tarde, con sabor a poco: "El cambio que se produjo en la Argentina es que respetamos las instituciones". El oficialismo debería elaborar un discurso más consistente para quienes advierten que ayer se produjo una novedad de primera magnitud: la Corte no está dispuesta a acompañar, sin establecer grandes restricciones, el reordenamiento económico propuesto por Macri. Un aval a quienes consideran que ese reordenamiento es despiadado. O, por lo menos, un detalle que deberán incorporar a su argumentación quienes, dentro y fuera del gabinete, consideran viable un ajuste ortodoxo.

El título del comunicado judicial expone un dato relevante: "Por unanimidad". Es un mensaje para Macri. Si pensaba condicionar a Maqueda, Highton y, sobre todo, a Lorenzetti con la incorporación de nuevos jueces, el fallo indicó que Rosatti se sumó a sus colegas. Lorenzetti demostró ayer que la incorporación de nuevos integrantes no abrió una grieta preocupante en la Corte. El martes por la noche, el Gobierno había recibido este informe a través del procurador del Tesoro, Carlos Balbín: "El tribunal está dos a dos. Lorenzetti y Rosatti están más cerca de la posición del Ejecutivo. Highton y Maqueda, más lejos. Si esa disidencia no se resuelve, va a haber unanimidad en contra del Ejecutivo". Es lo que sucedió. Durante la mañana de anteayer un colaborador del Presidente recibió el mismo panorama de parte de Lorenzetti, quien, por otra parte, habló varias veces con Macri.

A lo largo del miércoles alguien convenció a Macri de que el fallo saldría como él lo había soñado. Este error subraya uno de los problemas que desnudó el proceso judicial: la Casa Rosada carece de una interlocución confiable con la Corte. Alrededor de este fallo hubo infinidad de gestores: Germán Garavano, Fabián Rodríguez Simón, Carlos Balbín, Gustavo Lopetegui, entre muchos otros. Los mensajes fueron muchas veces contradictorios.

El fallo fue una instancia crítica de un proceso mal ejecutado. Hay ministros que aconsejaron no realizar un aumento de tarifas tan drástico. Otros propusieron, ya en enero, celebrar audiencias públicas. De hecho, María Eugenia Vidal realizó una en la provincia antes de aumentar la electricidad. Rogelio Frigerio había conseguido en mayo, junto con Aranguren, que los gobernadores peronistas convalidaran un aumento de tarifas con límites de 500% o 400%, según la región. Pero ese pacto se rompió, sin que quede clara la responsabilidad de quien lo hizo: ¿fue Aranguren?, ¿fue Lopetegui? La facturación resultante del aumento no se estudió con detenimiento. Ni siquiera se realizó una simulación. Los errores aparecieron cuando todo estaba hecho. Estos desaciertos fueron señalados hace más de dos meses, en una de las clásicas reuniones de los sábados por la mañana, cuando la gobernadora Vidal dijo: "Estamos ante problemas graves de gestión". Pero Jaime Durán Barba refutó: "Para nada. El problema de las tarifas sólo interesa a un mínimo grupo de gente". El desdeñable círculo rojo, al que pertenece, por ejemplo, la Corte.

La hipótesis que subyace a esa desaprensión conduce a un último fallido: la primera explicación consistente de la política tarifaria se conoció el martes de esta semana, en medio de una sesión tumultuosa, cuando Aranguren visitó la Cámara de Diputados. Nada que sorprenda. Esa demora nace de las mismas cabezas que sostenían que Macri podía justificar un ajuste sin explicar con claridad la herencia recibida.

Tarifas: el fallo de la Corte obliga a replanteos oficiales

CLARÍN

MARCELO BONELLI

El Gobierno sufrió ayer un duro “traspié” político después de que la Corte Suprema de Justicia frenó el tarifazo. El fallo del tribunal fue más adverso que lo que esperaba la Casa Rosada y la medida obliga a un replanteo de la estrategia para dar vuelta la grave crisis energética que dejo Cristina Kirchner. El impacto del dictámen se notó de inmediato: cayeron abruptamente la cotización de las empresas energéticas en la Bolsa.

También, porque las restricciones que impuso la Corte abren otra incertidumbre: qué pasara con los cuadros tarifarios de las electricidad y el servicio del agua. Por lo pronto toda la incertidumbre hará algo que temía el gobierno: retrasará las inversiones.

El fallo aumentó el malhumor de Mauricio Macri, y su creencia de que hay un sector del “círculo rojo” de la Argentina que intenta desafiar la autoridad presidencial. Macri insistió en las últimas semanas: “quieren poner palos en la rueda”. Se refiere a empresarios que apoyaron a Daniel Scioli, sectores del poder judicial, sindicatos y hasta periodistas.

En privado, el Presidente considera que la resistencia al tarifazo, fue una acción política para generar ruido social y de esa manera retrasar una eventual crecimiento económico.

En esa categoría incluye también a algún magistrado de la Corte. El martes, el máximo tribunal estaba dividido en sus opiniones. La mitad tenía una posición dura hacia el tarifazo y otros dos, más comprensiva hacia el gobierno. Al final, la unidad del máximo tribunal fue como resultado de endurecer el dictámen final. Pero el gobierno institucionalmente tuvo buenos reflejos: fueron prudentes y realistas los anuncios de Marcos Peña. El Jefe de Gabinete no confrontó y admitió que la Casa Rosada acatará en su totalidad la decisión de la Corte Suprema. La antítesis de la actitud anti-constitucional de Cristina. Hoy saldrá la convocatoria a las Audiencias Publicas para destrabar en forma definitiva el ajuste. El empecinamiento de los funcionarios de no convocar a estas reuniones fue quizás uno de los errores más graves de la desprolija instrumentación del tarifazo.

En el propio Cambiemos se escucharon voces que exigieron esa participación ciudadana para evitar la nefasta judicialización de las tarifas.

Elisa Carrio lo pidió en público hace un mes. Hubo importantes miembros del gobierno que lo sugirieron en reuniones reservadas: Rogelio Frigerio, Alfonso Prat Gay y Emilio Monzó. Pero no fueron escuchados. La política tarifaria la llevó adelante Juan José Aranguren y el núcleo de mayor poder del gobierno: el propio Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Este último dúo -verdaderos auditores de Macri- ya había rechazado en febrero algunas ideas más flexibles del propio Aranguren. Macri tomó la decisión final y bendijo como propia la estrategia de los influyentes Quintana y Lopetegui.

Ambos en las últimas semanas activaron la idea política del Presidente de no retroceder con la audiencia pública. Primero argumentaron que el gobierno se “sujetaba a la ley” al no convocarla.

Pero también porque sostuvieron en privado que una marcha atrás sería debilitar al Presidente y darle elementos a los que pretenden afectar a Macri. Siempre pensaron que la Corte iba a ser benévola con la Casa Rosada. Se guiaron por varios dictámenes de los asesores jurídicos del gobierno, que desde ayer entraron en crisis. A excepción del procurador Carlos Balbín, de excelente diálogo con la Corte, los funcionarios de la Secretaria Legal de la Presidencia y del Ministerio de Justicia entraron en turbulencia política. Las tozudez con las audiencias no fue la única que cometió el gobierno en la batalla por las tarifas. Hubo una sucesión de errores: -Nunca se explicitó la magnitud de la crisis energética y el colapso en el que se encuentra el sistema.

El propio Julio De Vido tuvo que faltar al plenario que interpeló a Aranguren, porque no puede dar la cara para explicar el desatino y la corrupción que provocó en materia energética.

-Se rechazó la idea -propuesta por Aranguren- de aumentar el gas en el verano, para amortiguar el impacto del tarifazo.

-Los valores se ajustaron en el peor momento: cuando empezó el frio, la inflación golpeaba fuerte y los salarios reales cayeron un 12 %.

-La resistencia a realizar una audiencia pública facilitó la “judicialización” del problema, que llevó a tener el tema abierto -con alto costo- durante los últimos 5 meses.

El gobierno buscó apoyo en los ex-secretarios de Energía. Los convocó para articular una política energética global.

El llamado fue tardío y además este calificado grupo de técnicos tiene sus propias diferencias: no todos opinan igual sobre los pasos dados por el gobierno.

Emilio Apud tomó la delantera. Dicen que es un interlocutor de Macri y que sus fuertes críticas a la Corte Suprema traducen la verdadera indignación del Presidente por el fallo de ayer.

Los ex secretarios pueden -si superan sus divergencias- hacer un aporte técnico valioso. Pero les va a costar articular políticamente: los gobernadores y líderes de la oposición quieren hablar con las máximas figuras de Cambiemos y no con técnicos en energía. Falta un plan global. El gobierno cometió el error de reducir todo a la discusión de las tarifas y nunca de un programa para solucionar el déficit de energía, Macri admira a Arturo Frondizi. Una imagen del ex presidente lo acompaña en su despacho desde la época de la Jefatura en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora la trasladó a la Quinta de Olivos. No es momento de contemplarla. Es momento político de acción: lanzar, como lo hizo Frondizi “ la batalla de la energía”.

El Gobierno cosechó su propia siembra

CLARÍN

JULIO BLANCK

 

El Gobierno recibió un golpe político. El fallo de la Corte Suprema anulando el aumento del gas a los usuarios particulares culmina una serie de errores e imprevisiones de la administración Macri. La suba de tarifas se calculó mal, se aplicó peor y cuando se buscó retroceder no había respaldo suficiente. Lo que en el origen era una cuestión económica y política se terminó transformando en un asunto judicial. Ese fue el escenario de la derrota.

En ese escenario el Gobierno se encontró con un fallo de la Corte que respondió a la obsesión salomónica de su titular, Ricardo Lorenzetti. Fue un fallo de fuerte carácter político, aunque apoyado en los segmentos convenientes de la biblioteca del Derecho. Y que además contiene un cierto sesgo demagógico. Le provoca al Gobierno un daño menor al posible en lo fiscal, habilitando el aumento para un tramo sustancial del consumo como son las industrias y comercios. Pero a la vez le ocasiona un costo político porque al dejar a salvo a la gente de a pie, anulando temporariamente el tarifazo para usuarios residenciales, muestra la “sensibilidad” cuya ausencia se achaca al Gobierno.

La derrota oficial resulta parcial, si se quiere, porque el tramo donde el tarifazo se mantiene –industrias y comercios– representa dos tercios del total del consumo. Allí está el componente salomónico del fallo. Pero es derrota al fin, de cara a cómo la discusión pública se planteó por carriles que el Gobierno nunca logró controlar.

Hay, de todos modos, victorias parciales que la administración Macri puede rescatar, aún en estupor por el fallo.

Primero, que la Corte reconoció la importancia de sostener la tarifa social, aplicada por esta administración para proteger a los sectores más vulnerables.

Segundo, que en lo fundamental de la opinión pública y la política no quedan dudas acerca de que una corrección de las tarifas es imprescindible para enfrentar el desastre energético dejado como lastre por la gestión kirchnerista. Esta es una victoria cultural del Gobierno. Pero ahora el problema además del qué, era el cómo y el cuánto. Ahí fallaron.

Pero también, según conocedores de esta materia, hay un ángulo del fallo que puede tener alcances severos aunque hoy difíciles de medir. Es el que se refiere a que la fijación del precio del gas en boca de pozo, componente decisivo del costo final del servicio, queda sujeto –al menos en esta instancia inmediata– a la realización de audiencias públicas. Aunque se haya ratificado que la fijación del precio es una potestad del Gobierno, es una mala noticia en orden a crear el clima propicio para la llegada de inversiones fuertes en el sector energético, porque es allí donde se juega la rentabilidad de las compañías.

Lo había anticipado la canciller Susana Malcorra, que conoce el mundo y sus reglas. Días atrás señaló que le hizo daño a la Argentina “tener tarifas congeladas por tanto tiempo”. Pero admitió que la judicialización del aumento era un factor perjudicial para el clima de inversión. Eso es lo que se consolidó con el fallo de ayer.

El Gobierno había aceptado en los días previos, con sensatez o con resignación, que las audiencias públicas que equivocadamente pasó por alto fueran fijadas como obligación por la Corte Suprema para proceder al aumento en el transporte y distribución del gas, que son el componente menor del costo del servicio.

A la vez, suponía que el Tribunal iba a preservar de ese trámite la fijación del valor en boca de pozo. Y algunos hasta creían que todo el tema de las audiencias públicas no realizadas podía ser subsanable, por tratarse de un trámite no vinculante para el aumento. Ayer se demostró que también esos cálculos estaban equivocados.

Funcionarios que trabajaron sobre la presentación judicial admitían, la noche anterior al fallo, que no sabían cómo saldría la decisión del Tribunal. Lo atribuían no sólo a la laboriosa discreción de los jueces, sino a la inorganicidad y desorden de los contactos que se mantienen desde el poder con la Corte.

“No tenemos información buena. Hay demasiados distorsionadores y amplificadores”, reconocía un funcionario influyente. Aunque, optimista crónico, decía –casi jocosamente– que “es mejor no saber dónde estamos que creer que estamos donde no estamos”. El juego de palabras apenas escondía la ansiedad y el desconcierto.

Algo de esa ansiedad también se habría transmitido a Macri en los últimos días. “Todos le llevan ruidos, algunos le dicen lo que quiere escuchar...”, decía este hombre ducho en cuestiones del Derecho y con largo recorrido en el macrismo. El poder, finalmente, es un lugar de enorme soledad.

Atildados a pesar del mandoble recibido, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Juan José Aranguren y Germán Garavano pusieron la cara en la conferencia de prensa posterior al fallo.

Dijeron que una decisión de la Corte no se discute sino que se cumple. Anunciaron la convocatoria inmediata a audiencias públicas. Y reconocieron que el fallo “termina con la incertidumbre” y “ordena la discusión para adelante” sobre los temas energéticos; sacándolo del berenjenal de los tribunales que tanto se prestó para sobreactuaciones políticas y sentencias de sesgo puramente ideológico.

También señaló Peña la satisfacción del Gobierno porque “las instituciones funcionan”, aludiendo a la participación del Congreso y de la Justicia en este debate sobre el aumento de las tarifas que insumió más de cinco meses y todavía no termina, porque ahora la Corte deberá fallar sobre las subas en la energía eléctrica.

Según Peña, el protagonismo conjunto de los tres poderes define la nueva etapa iniciada en diciembre con la llegada de Macri a la Casa Rosada. Okey. Pero cabe preguntarse entonces por qué el Gobierno no previó que iba a tener que dar batalla en el Congreso y en la Justicia. Y actuó, de entrada, como si los otros poderes no existiesen y algo tan sensible como aumentar tan fuerte las tarifas fuese apenas una decisión administrativa.

El jefe de Gabinete expresó también su agradecimiento a los gobernadores, que por amplia mayoría y sin distinción entre oficialistas y opositores apoyaron la suba tarifaria. Prometió que con ellos, y con las distintas fuerzas expresadas en el Congreso, se buscará acordar un pacto federal energético que intente darle a esta cuestión estratégica el siempre reclamado carácter de política de Estado. Bello propósito. Podrían haber empezado por allí.

Producido el impacto negativo, por el cálculo desaprensivo y la aplicación errática del tarifazo, dirigentes de la oposición peronista, legisladores del kirchnerismo, intendentes del Gran Buenos Aires y hasta algunos aliados radicales de Cambiemos –aunque conservando cierta discreción– se pusieron “del lado de la gente” y sacaron legítima tajada de la patinada oficial.

Sin embargo, al final del día iba tomando algo más de solidez la evaluación positiva del Gobierno.

“En términos fiscales ganamos el 75% del litigio”, dijo un ministro. Calculaba cuántos de los 80.000 millones de pesos que el Gobierno proyectó ahorrar por la quita de subsidios a la energía se mantenía en pie. El cálculo oficial es que menos de 20.000 millones son los que no se podrán cobrar o habrá que devolver a los usuarios.

También destacaba el ministro que todo el tramo final del fallo de la Corte hace claras recomendaciones a los jueces acerca de cómo ordenar este tema a futuro. Y que en el punto 32, el máximo Tribunal deja sentado el reconocimiento al caos del sistema energético que la administración Macri recibió como herencia del kirchnerismo.

Curiosa paradoja la del Gobierno. Concediendo que en parte de lo sustancial del tarifazo no quedó mal parado, la dimensión y la lectura política lo mostraron derrotado.

Quizás tenga la capacidad de aprender de sus propios errores. Oportunidades no le faltan. Esta de ayer fue, hasta ahora, la más costosa.


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