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OPINIONES
Sica: Desafíos económicos. Kicillof: Aumentos ilegales. Bertol: La energía no es gratis
19/08/2016

El fallo aumenta los desafíos del programa económico

INFOBAE

DANTE SICA*

El fallo de la Corte le reconoce su jurisdicción al Gobierno pero le advierte que se salteó un paso. Lo importante del fallo es su incidencia en un programa económico que está muy justo, no tiene mucho margen de maniobra y cualquier error genera un costo fiscal.

La decisión del máximo tribunal le pone más presión al programa económico que el Gobierno está liderando. En el corto plazo implica un nuevo desafío en el orden fiscal, pero lo sustancial es que genera ruido en la direccionalidad de las medidas y sobre todo en el proceso de búsqueda de inversiones que necesita la economía para crecer".

Si bien se esperaba que la Corte obligara al Gobierno a realizar audiencias públicas, lo cierto es que la medida constituye un revés político para el Gobierno con impacto negativo sobre tres ejes centrales del programa económico: la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios, elestímulo a la inversión y la normalización de la política energética para generar oportunidades para un sector con elevada potencialidad.

En el plano político esta decisión puede generar dudas sobre la capacidad del Gobierno de llevar adelante su política de cambio estructural. Si los agentes perciben que el Gobierno ve acotado su poder político, ello podría incidir negativamente en la inversión, lo cual es especialmente relevante ya que la apuesta oficial es iniciar un ciclo de crecimiento sostenido impulsado por la acumulación de capital y no ya por el consumo.

Esto es crucial para el sector energético, donde quizá más que en ningún otro se necesiten esquemas de incentivos estables que estimulen la inversión y el aumento de la producción. Este fallo no solo implicará una reducción en las empresas afectadas, sino que a su vez podría retrasar decisiones de inversión al sembrar dudas acerca de las posibilidades del gobierno de realizar las actualizaciones necesarias.

El impacto fiscal del fallo se explica por los mayores montos que el Gobierno deberá incurrir para cubrir la importación de gas y el pago de estímulos (ya que aumenta la diferencia entre estos precios y el pagado por el productor). El monto en que se incrementarán los subsidios dependerá de la evolución de los precios de importación de combustibles y la producción de gas "nueva" (beneficiada por el Plan Gas), pero en principio estimamos que estará en torno a los $5.500 millones anuales. Esto es un 2,5% del monto total de subsidios energéticos corrientes de 2015 (medidos en dólares).

El impacto es mayor en el sector privado ya que los productores de gas pasarán a recibir un precio menor por el gas que consumen los usuarios residenciales. En principio, esto implicaría una recorte de alrededor de $12.000 millones en los ingresos de los productores (poco menos del 10% de los ingresos estimados para este año considerando solamente las ventas de gas natural). También se verán afectadas las distribuidoras y transportistas de gas, en cuyo caso el impacto sería aún mayor dado el peso de los usuarios residenciales en sus ingresos.

El fallo sienta un precedente firme respecto de lo puede fallar la Corte en el caso de los ajustes de las tarifas eléctricas. Aquí el impacto fiscalsería mayor, pudiendo alcanzar los $15.000 millones, a lo que habría que sumar la necesidad de financiar también a las distribuidoras eléctricas, como se hizo el año pasado (recibieron aproximadamente 10.000 millones).

En este caso, el impacto fiscal total podría rondar entre $30.000 y $35.000 millones, es decir un 0,7% del PBI, al sumar $5.500 millones por el gas, $15.000 millones por la tarifa eléctrica más $10.000 millones para financiar a las distribuidoras. Estos fondos suman una complicación adicional a la ya compleja tarea de bajar el déficit fiscal y para los cuales habrá que salir a conseguir financiamiento extra (más deuda o más emisión monetaria a la prevista).

De todas formas, el fallo no impide realizar los aumentos correspondientes en un futuro cercano, una vez que se haya pasado por las audiencias públicas correspondientes. Así, el principal efecto es elretraso en los ajustes correspondientes, lo que no implica un cambio en el camino elegido.

Así, creemos que el Gobierno, con una adecuada estrategia (que incluye además de una política comunicacional, un reacomodamiento de su programa fiscal y energético, y la necesidad de evitar nuevos errores) tiene chances superar el actual escollo que representó este fallo desfavorable. Lo cierto es que será necesario redoblar los esfuerzos, considerando que se perdió un tiempo precioso (el primer año clave)para hacer correcciones y que se viene un 2017 electoral que planteará nuevos desafíos y que será determinante para lo que sigue. Será crucial en delante no volver a subestimar la dificultad que implica corregir losenormes desbalances heredados.

 

*Director de Abeceb.com

La Corte dijo que los aumentos fueron ilegales, pero dejó más confusión

INFOABE

AXEL KICILLOF* 

En el fallo de la Corte Suprema, en lugar de clarificar la cuestión, se plantean un montón de interrogantes. Cuando se refiere a usuarios residenciales, abre el camino de audiencias públicas, pero no sabemos cuáles serán sus resultados, porque el Gobierno todavía no ha definido el famoso plan B.

La Corte Suprema asegura que el aumento de la tarifa es ilegal sin audiencia pública, echa atrás los aumentos a residenciales pero no fija ningún criterio, y no contempla la situación del comercio, de las pymes. Ahí radica especialmente la incertidumbre en cuestión tarifaria.

Porque pese a la insistencia del Frente para la Victoria, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando visitó el Congreso no dijo qué pensaban hacer ante este escenario. Cuál va a ser el plan B para los usuarios residenciales. No sabemos cuánto va a costar el gas residencial tampoco sabemos qué va a pasar con el precio del gas en boca de pozo.

El universo de clientes es una porción reducida, falta ver qué pasa con los clientes industriales, los comerciales, las pequeñas y medianas empresas, las universidades, todo lo que no son clientes residenciales. Eso está sin resolver y de persistir el aumento que habían anunciado, las consecuencias para comercios e industrias serán realmente alarmantes.

Contrariamente a lo que pretendió defender Aranguren el martes en el Congreso, la Corte ratificó que los aumentos eran ilegales. Pero no resuelve la cuestión sobre el total de los afectado. Por eso es necesario seguir estudiando el fallo, porque hay más confusión que antes. Este fallo solo ratifica la decisión de la Justicia de La Plata, por eso es que aún queda pendiente también la resolución para el resto de los tarifazos de servicios (agua, transporte, electricidad)

La posición del Frente para la Victoria es la misma: seguir defendiendo el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y de todo lo que estimule la actividad económica, ante una situación de profunda recesión. Vamos a hacer todo lo que podamos desde el Congreso para impedir que esta situación se siga profundizando.

*Diputado Nacional, ex ministro de Economía

La hora de la verdad: la energía no es gratis

INFOBAE

PAULA BERTOL*

Modificar las formas fue una promesa. Y lo estamos cumpliendo. Damos explicaciones en el Congreso y acatamos los fallos judiciales porque estamos convencidos del cambio cultural que se impone.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de poner freno parcial al nuevo sistema tarifario del gas es un claro ejemplo del nuevo tiempo que está viviendo la Argentina. No es momento de cuestionar decisiones, sino de respetar la independencia de poderes y cumplir la ley.

El presidente Mauricio Macri había dicho que no quería jueces militantes y eso se está cumpliendo. Se acabaron los amigos del poder. Entonces, nos guste el fallo o no, debemos celebrarlo, porque significa que la Justicia vuelve a trabajar sin presiones del gobierno de turno.

En ese mismo sentido, esta semana, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, asistió por segunda vez a un plenario de comisiones en el Congreso de la Nación para explicar la política energética del Gobierno. Contarle a la gente la real situación que atravesamos es nuestra obligación.

Por casi diez horas, el ministro explicó una y otra vez a los miembros presentes el punto de partida desde el cual se tomaron las decisiones que derivaron en un sinceramiento del costo de nuestra energía. Resaltó la disminución de la producción de petróleo desde 2003, que pasó de 43 a 31 millones de metros cúbicos. Poner la crisis energética sobre la mesa y dejar de negarla es el primer paso para solucionarla.

Tener energía a valores irrisorios no fue gratis, tuvo consecuencias concretas: inflación, pérdida de reservas y cortes con mayor frecuencia. En 2004, el promedio de cortes fue de cuatro años por persona, con una duración de hasta nueve horas. En 2015, el número creció a 9,4 cortes por persona, con prolongaciones de 27 a 34 horas, en promedio.

Durante la (no) gestión anterior, el 30% de los subsidios energéticos era absorbido por los sectores de mayores ingresos, mientras que tan sólo el 10% era destinado a los sectores más desprotegidos. Cuando asumió, el 43% de la población no tenía acceso a gas de red. Y cuando terminó su mandato, tras doce años, esa porción se redujo solamente un cuatro por ciento.

Hoy, sin engaños, los sectores más vulnerables son la prioridad: la tarifa social beneficia a 1,5 millones de usuarios de gas y a 3,3 millones de usuarios de energía eléctrica.

La propuesta superadora consiste en aprovechar que la actual discusión no se limite sólo al cuadro tarifario, que sirva también para debatir sobre la mayor apertura a energías renovables, mientras se toma conciencia sobre el cuidado de la luz, el agua y el gas. Hay una diferencia. Ahora los problemas se reconocen y la buena noticia es que nuestros ministros rinden cuentas de sus acciones.

El fallo de la Corte abre una gran oportunidad para que mediante las audiencias públicas volvamos a discutir los aspectos centrales de un sistema energético que está atravesando una crisis profunda, producto de muchos años de distorsiones.

Como sociedad también debemos tomar nota y recordar el pasaje bíblico que afirma que, para alumbrar bien, la lámpara debe estar arriba de la mesa. Porque la racionalidad en el consumo y el buen uso de un recurso que hoy es escaso nos darán energía a todos los argentinos.

*Secretaria de Relaciones Parlamentarias y Administración de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Fue diputada nacional, legisladora porteña.

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