CARLOS PAGNI
Mauricio Macri pasó las últimas 96 horas con una palabra rebotando en su cabeza: Juanjo. Ese sobrenombre es la señal de dos crisis. Y condensa dos de sus principales desafíos. "Juanjo" Aranguren, el ministro de Energía, es el rostro de una dificultad objetiva que el Gobierno, por torpeza y obstinación, agigantó: la necesidad de pasar de una sociedad hipersubsidiada a una más competitiva.
Macri heredó una economía que sacrificó la inversión y el ahorro en el altar del consumo. Este rasgo, que caracterizó a toda la gestión de los Kirchner, fue más acentuado en el sector de la energía. La transición hacia un nuevo orden alimenta un debate que el fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas no cerró. Al contrario. El Gobierno tiene en su agenda un problema nuevo e inquietante: las audiencias para determinar los nuevos precios no sólo incidirán en la ecuación fiscal. Serán también un ágora ideal para la confrontación política.El jueves pasado irrumpió en escena un nuevo "Juanjo": Gómez Centurión. Director de la Aduana, fue suspendido de ese cargo a raíz de una denuncia que recibió Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Se trató de una grabación anónima, en la que un presunto colaborador de Gómez Centurión dice haberse ganado su confianza para extorsionar a importadores. Ese registro, publicado por el portal Infobae, fue editado. Aparece intercalada la voz del funcionario, extraída de mensajes cuyo destinatario no fue aún identificado.
Macri ordenó investigar lo que pasó. La justicia federal ya abrió una causa. Mientras tanto, el director de la Aduana denunció ser víctima de una operación mafiosa de ex servicios de inteligencia vinculados al contrabando y al comercio clandestino de efedrina. Esta afirmación de Gómez Centurión se vuelve verosímil a la luz de muchos antecedentes.El argumento del funcionario suspendido es que las imputaciones pretenden impedir sus pesquisas en la Aduana. Remite a tres actividades. Gómez Centurión estuvo hasta ahora detrás del destino de varios containers con cargamentos de efedrina, que entraron al país de manera ilegal y fueron derivados a depósitos fiscales todavía no identificados. No hace falta consignar la extrema sensibilidad de estas diligencias en el contexto de la causa que se sigue por el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez.
Estos procedimientos provocaron la remoción de Andrés Jorge Pino, uno de los responsables de la Aduana de Ezeiza. Esa decisión produjo una reacción sospechosa. Un funcionario de la AFI, Eduardo Miragaya, se comunicó con Gómez Centurión para pedir que suspendiera el traslado de Pino. Miragaya es un fiscal incorporado a la ex SIDE por la subdirectora Silvia Majdalani.
El pedido de Miragaya es llamativo. A él se le atribuye haber negociado la declaración judicial del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, extraditado desde Paraguay. La AFI tuvo una intervención directa en la presentación de Pérez Corradi: uno de sus funcionarios, Diego Biorci, cuñado de Majdalani, habría ido a Asunción para discutir los términos de la entrega. Ese traslado, al parecer, desencadenó el alejamiento del coronel Raúl Bertoia, jefe del área exterior de la agencia. La aparición de Pérez Corradi provocó una conmoción en el oficialismo. Fuera del contexto en el que se lo indagaba, relató, citando a un preso que hace ocho años habría escuchado a otro preso, que Ernesto Sanz había sido sobornado para acusar en el Consejo de la Magistratura a un controvertido juez que terminó siendo removido.
Miragaya está en la AFI por su vinculación con Majdalani. Y Majdalani llegó allí, entre otras razones, por su estrechísima amistad con Francisco Larcher, el hombre fuerte de esa oficina durante el kirchnerismo. Estas relaciones llevan hacia otro de los conflictos que vuelven convincente la denuncia de Gómez Centurión. El funcionario explicó ayer que la acusación anónima que recibió puede ser una reacción a su investigación por contrabando contra la empresa de depósitos fiscales TCT, a la que le revocó la licencia. Entre los socios de esa empresa estuvieron Luis "el Gaita" Álvarez y Damián Sierra.
Sierra falleció hace poco. Era funcionario de la Aduana. Estaba en pareja con la titular de ese organismo durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP, Silvina Tirabassi. Sierra ganó notoriedad cuando se lo identificó como el dueño de una lujosa posada en Buzios. Y, más tarde, cuando se detectó que fue quien sacó a Antonio Stiuso del país después de que declaró en la causa Nisman por primera vez. Realizaron ese viaje en una Grand Cherokee que figuraba a nombre de la empresa House to House, cuyo vicepresidente había sido detenido como narcotraficante en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
A través de estas vinculaciones, las acusaciones de Gómez Centurión contra una mafia de contrabandistas y ex espías resucitan la denuncia penal que formuló Oscar Parrilli, el jefe de la AFI que desplazó a Stiuso y a su superior, Larcher, el amigo de Majdalani. En febrero de 2015, Parrilli informó que un grupo de agentes liderados por Stiuso, Nicolás Mercado y el delegado de Inteligencia en Ezeiza, Alejandro Patrizio, realizó importaciones clandestinas por más de 100 toneladas, a nombre de la ex SIDE, entre 2013 y 2015.
La denuncia fue radicada en el juzgado penal tributario de Rafael Caputo. Se ignora si la dirección jurídica de la AFI sigue impulsando la causa, que ahora recobra significado.
Hubo otro vínculo entre contrabando y espionaje: Alan Bogado, el agente inorgánico de la ex SIDE acusado por Nisman de filtrar información a Irán, operaba en la Aduana a las órdenes de Stiuso, según él mismo declaró. Otra coincidencia: Maximiliano Rusconi, ex abogado del joven que entregó el arma con la que apareció muerto Nisman, Diego Lagomarsino, acaba de demandar a Gómez Centurión.
Macri está ante un enorme reto. Suspendió a Gómez Centurión, quien desde su paso por el gobierno porteño ganó fama de incorruptible, por una acusación anónima. Pero la defensa que ahora esgrime ese funcionario insinúa un problema mucho más grave: la oscura continuidad de vínculos mafiosos a través de los organismos de inteligencia. Si Gómez Centurión fue atacado con la complicidad de funcionarios de la AFI por desarmar una trama de contrabando y narcotráfico, Macri deberá resolver no sólo qué hace con la Aduana, sino también con su oficina de Inteligencia.
Frente a esta descomposición del tejido estatal, el problema ligado a las tarifas, asociado al otro "Juanjo", parece menor y provisorio. Igual, el Gobierno está alarmado. Las audiencias públicas, que de haberse realizado en febrero habrían pasado inadvertidas, se han transformado, desde el fallo de la Corte, en la plataforma de una disputa de poder.
La principal dificultad es que, más allá de cualquier debate técnico, es imposible pensar que el Ministerio de Energía que conduce Aranguren pueda llegar al 16 de septiembre, fecha de la asamblea para tratar el aumento del gas, con el mismo cuadro de tarifas. Por razones políticas, deberá modificarlo.
El otro riesgo es que la audiencia se demore por una ola de objeciones procesales. Mario Quintana y Gustavo Lopetegui quedaron a cargo de la organización. Dependen de la Corte tanto como antes: el tribunal está en condiciones de limitar o consentir lo que para el oficialismo puede ser un sabotaje a repetición. En la discusión sobre el gas, pero también sobre la electricidad, la velocidad es crucial. Si la reunión se va prorrogando, comienza a haber margen para otro tipo de reclamos: amparos de consumidores industriales o comerciales, por ejemplo.
Aquí está la raíz de por qué los funcionarios han sido tan respetuosos del fallo del jueves pasado. El argumento más reiterativo fue el de Marcos Peña: "Al anular un cuadro tarifario por no realizar audiencias, dejaron en vigencia otro cuadro tarifario para el que tampoco se realizaron audiencias". Los jueces dan una respuesta formal para esa ironía: los precios fijados por Cristina Kirchner no fueron objetados más que en presentaciones muy acotadas.
El pronunciamiento de los máximos magistrados del país fijó una interpretación general del ajuste de tarifas y de la forma de convalidarlo frente a los consumidores. Fue poco detallista en términos jurídicos. Por ejemplo: el decreto 367/2016, en el que el Gobierno justifica la suspensión de esas consultas, no aparece mencionado en todo el texto. Y tampoco hay una explicación sobre la eventual inconstitucionalidad de la ley 25.790, que puso entre paréntesis el marco regulatorio del gas. A los jueces les alcanzó con referirse a "ciertos textos normativos" para liquidar el problema que plantea esa trama reglamentaria.
Para Macri el principal perjuicio de la sentencia es que legitima las demandas sin hacerse cargo de los costos. La discusión que se reabrirá a propósito de las audiencias. El oficialismo está ante el desafío de presentar el aumento de precios como una quita de subsidios muy poco equitativa: la convalidación de las actuales tarifas es también la convalidación de que el 10 por ciento más rico de la población recibe el 20 por ciento de la ayuda. Y el 10 por ciento más pobre, sólo el 8.
Macri experimenta una contrariedad especial frente a las tormentas que lo sacuden. Aprecia a los dos "Juanjos" más que a otros funcionarios. Ambos comparten un rasgo que él aprecia en el ejercicio del poder. Aranguren es cabeza dura. Tanto que soportó sin pestañear más de 80 querellas penales de los Kirchner. Gómez Centurión en su vida anterior, en el Ejército, fue comando. Lo condecoraron al heroico valor por su comportamiento en la Guerra de Malvinas. Los dos deliberan poco. Son casi talibanes.
JOAQUÍN MORALES SOLÁ
¿La Corte Suprema le asestó al Presidente una derrota en el conflicto tarifario? No. ¿Macri puede decir, en cambio, que se ha llevado un triunfo notable? Tampoco. Sin embargo, el problema se resolvió (hasta donde se resolvió) sin condenar al Gobierno a enfrentar una monumental crisis política y económica. Conservado el 74 por ciento de los aumentos que fijó, la administración tiene todavía la posibilidad de recuperar la mitad de lo que teóricamente perdió con el 26 por ciento restante. Ésa era la cuestión central para el Gobierno y lo que consiguió, en verdad, no es poco. La administración se dejó llevar por la primera información (surgida -es cierto- de una comunicación sesgada de la propia Corte) y se enfureció ante lo que parecía un desastre. Un día después, el viernes, cuando leyó todos los dictámenes del tribunal, cambió su inicial ofuscación. "Ganamos la batalla. Falta ganar la guerra", concluyó. El enfado ya no estaba.
El Gobierno está obligado a un balance. Debería tomar nota de los dos principales errores que cometió en este proceso y que permitieron que las cosas llegaran hasta el borde del abismo. El primero de ellos fue no haber citado a las audiencias públicas que la ley ordena claramente para informar sobre los aumentos de las tarifas. Es también un mandato de la Constitución, según la reforma de 1994. De hecho, las divergencias de los jueces se limitaron a los que se respaldaron en la ley de 1992 (Lorenzetti y Highton de Nolasco), que estableció audiencias informativas sólo para el transporte y la distribución, y los que argumentaron con el mandato de la Constitución (Maqueda y Rosatti), que da a las audiencias un rol más importante. Todos, por lo tanto, dijeron que las audiencias debieron realizarse de una manera u otra. El propio ministro de Justicia, Germán Garavano, hizo una sutil autocrítica del Gobierno por no haber llamado a esas audiencias. El ministerio de Garavano opinó siempre que las audiencias debían realizarse.
l segundo error fue, precisamente, llenar los despachos de la Corte de interlocutores diversos. Cada cual se llevaba su propia impresión. Algunos hasta transmitían mensajes contradictorios al tribunal. La administración tiene dos interlocutores a quienes la Corte respeta profesional e institucionalmente. Uno es el propio Garavano y el otro es el procurador general del Tesoro, Juan Carlos Balbín, una especie de abogado defensor de la administración. Sucede que tanto Garavano como Balbín son profesionales que entienden sus propios límites y los límites de la Corte. Los otros operadores prometen más de lo que pueden. El Gobierno, como todo gobierno, prefiere quedarse con las promesas más generosas. Paréntesis: la Corte le hizo llegar al Gobierno con antelación la información básica sobre su decisión. Si esos mensajes no accedieron al despacho del Presidente fue porque el canal de comunicación se obturó en algún lugar.
¿Será la Corte Suprema un impedimento ideológico para las políticas de Macri? El primer dato que es fácilmente perceptible entre los jueces de la Corte es que el tribunal recibió con satisfacción el triunfo de Macri. No porque estuvieran deslumbrados por el nuevo presidente o porque rechazaran a Daniel Scioli, sino porque la victoria de Macri cortaba definitivamente el liderazgo o la influencia de Cristina Kirchner en el Ejecutivo. "El Presidente puede hacer las políticas que quiera, siempre y cuando cumpla con la ley y la Constitución", fue la otra respuesta que se escuchó. Macri debe, es cierto, convivir con una Corte distinta de las que hubo. La Corte de Alfonsín fue esencialmente liberal y la de Menem fue mayoritariamente conservadora. La Corte actual podría definirse como liberal-social. Es decir, pone especial énfasis en los principios liberales que inspiraron la Constitución, pero también se detiene en las consecuencias sociales de sus decisiones, sobre todo influida por la reforma de 1994.
Durante esa reforma se escribió el artículo 42, que amplía el derecho de los usuarios y que fue el artículo que esgrimieron Maqueda y Rosatti. Los dos fueron constituyentes de la reforma del 94. El gobierno de Menem quiso entonces reproducir en la Constitución las disposiciones de la ley del 92, que obligaba a las audiencias sólo con carácter informativo. La comisión redactora de la Constitución estableció entonces que ése sería el piso y que el techo consistiría en que el gobierno "tendrá en cuenta" el contenido de las audiencias para su decisión final. Tener en cuenta no significa, necesariamente, que debe trasladar a la decisión el contenido exacto de las audiencias. Ésta es la historia que influyó en Maqueda y no la supuesta presión del presidente del Partido Justicialista, José Luís Gioja, como cree la administración. Maqueda no habla con Gioja desde hace mucho tiempo. "¿De qué pueden hablar sobre un fallo de la Corte un constitucionalista y un ingeniero, como lo es Gioja?", se preguntaron en el tribunal.
Una parte importante del fallo de la Corte refiere a la obligación de convocar a audiencias públicas para el precio del gas en boca de pozo. En rigor, lo que la Corte dijo es que esa condición debe existir mientras el mercado esté regulado. El Gobierno había sostenido que las audiencias no eran necesarias porque es un mercado desregulado. En efecto, hay varias empresas petroleras y gasíferas que compiten por esos recursos. Eso sucede en la teoría. En la práctica, el mercado está regulado desde los tiempos de Eduardo Duhalde, quien le impuso las regulaciones durante la gran crisis. Ni Néstor ni Cristina Kirchner ordenaron desregularlo. Tampoco lo ha hecho Macri hasta ahora. Por eso, el gobierno actual conservó el precio sostén del petróleo, que significa que es un 40 por ciento más caro en la Argentina que en el resto del mundo. El argumento de la administración es que unos 20.000 trabajadores petroleros serían despedidos si el precio del petróleo bajara aquí hasta los valores internacionales. El gremio petrolero es duro y sus medidas de fuerza podrían dejar al país sin gas en pleno invierno.
El mensaje a los inversores, que es el que teme la administración, no es definitivo. Por un lado, está el dato cierto de que la Corte le impuso audiencias públicas al precio del gas en boca de pozo, lo que permite la lectura de que los inversores en petróleo y gas podrían recelar de un mercado regulado. El otro dato, tan cierto como el anterior, es que el tribunal condicionó ese requisito a que el mercado esté regulado. Esto es, la obligación de las audiencias públicas desaparecerá no bien el Ejecutivo desregule el mercado de la extracción de petróleo y gas. La pelota quedó en el tejado del Gobierno.
Macri sería injusto si no valorara también muchas de las consideraciones escritas por la Corte. Hizo la mejor y más exacta síntesis de la herencia energética heredada por el Presidente; fue una durísima crítica a la gestión de Cristina Kirchner. También les ordenó a los jueces que tuvieran siempre en cuenta la jurisprudencia de la Corte, que reconoce que la facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos es del Poder Ejecutivo. En una implícita crítica al populismo judicial, el tribunal obligó a los jueces a dar explicaciones fundadas cuando se apartan de la jurisprudencia.
La decisión menos ortodoxa de la Corte fue la que limitó la suspensión de los aumentos al consumo domiciliario, que significa sólo el 26 por ciento del consumo total. Es el atajo que encontró para no provocar una enorme crisis fiscal y política. No es un gesto menor en un país en el que la mayoría de la dirigencia política está impregnada todavía del sedimento populista que dejó el kirchnerismo. La Corte fue más comprensiva con Macri, incluso, que algunos aliados de Macri.
EDUARDO VAN DER KOOY
Mauricio Macri había decidido apostar a todo o nada el aval de la Justicia al aumento en las tarifas del gas. El fallo de la Corte Suprema lo dejó con nada. O casi nada, si se fija una mirada complaciente. El Gobierno está ahora ante un doble desafío. Debe recalcular su metodología de acción política; también las metas económicas, uno de cuyos ejes es el recorte de subsidios en las tarifas para aliviar el déficit fiscal. Al macrismo le estaría sucediendo algo paradójico: transmite a la sociedad la idea de la implementación de un ajuste que la macroeconomía no registra en idéntica magnitud. Pero fomenta el malhumor. Algo no está funcionando en su brújula.
El macrismo debió conformarse al final con migajas. Los cuatro jueces de la Corte resolvieron que el freno a las tarifas de gas corresponde sólo a los residenciales. El decir, al 70% del mapa de usuarios. El 26% en términos de subsidios. La industria y el comercio, si pretendieran un trato similar, deberán recurrir también a los amparos. De manera individual y no por sector. Porque deben prevalecer, según el fallo, “los intereses homogéneos” para promover procesos colectivos. Fue el caso de las ONG que impulsaron las demandas civiles por el tarifazo del gas. Aquellos serían, sin embargo, desarrollos largos que el Gobierno saldaría con la realización de las audiencias públicas. Pero tampoco alcanzaría, quizás, para capear la tormenta. El jueves ingresó al máximo Tribunal el primer recurso por los incrementos en las tarifas de luz. Y se avecinarían las del agua.
Observado en perspectiva, resulta difícil de entender el camino tomado por el Gobierno. El aterrizaje en la Corte Suprema fue obra de su exclusiva voluntad mediante la presentación de un recurso de queja, después de un tropezón ante la Cámara Federal de La Plata. ¿Por qué razón tanto apuro? ¿Por qué haber desoído las observaciones de la oposición? ¿Por qué no haber reparado en los consejos de funcionarios y dirigentes de Cambiemos para rastrear una salida consensuada? ¿Qué garantía suponía tener de parte de los cuatros jueces, obligados al bautismo en su nuevo tiempo político con una decisión fundamental?
Evidentemente aquella garantía no existía. De otro modo, el macrismo no hubiera gastado energías para conciliar entre los jueces una postura favorable al aumento en las tarifas del gas. Además hizo aquel gasto con desmaño. El primer disgusto surgió con Horacio Rosatti cuando temprano hizo conocer su oposición. Luego depositaron esperanzas en la asunción de Carlos Rosenkrantz. Pero ese juez la postergó para no tener que expedirse en 48 horas sobre un asunto tan controversial. Incluso un correo sobrevoló a Alicia Highton. La magistrada se asoma a la edad jubilatoria. Aunque desearía continuar. Esa promesa figuró en aquel mensaje oficial. Ricardo Lorenzetti había estado con Macri. Juan Carlos Maqueda fue receptor de las inquietudes oficiales a través de mediadores políticos. Demasiadas manos en un solo plato. Al menos tres de los jueces estuvieron habituados a las brutales presiones durante el ciclo kirchnerista. ¿La historia se repitió? “Esta gente actuó con caballerosidad. Pero actuó”, graficó uno de los cortesanos. Tal vez, el mayor error haya sido el empecinamiento de Macri y Juan José Aranguren de plantear que un fallo adverso provocaría el diluvio. “Era la receta de Cavallo (Domingo)”, memoró el mismo juez.
Aquel baqueteo con la Corte atizó infinidad de conjeturas en el Gobierno. Que palpitó o fabuló con votos que se iban acomodando a sus intereses o deseos. Mencionaron al comienzo un 3-1 a favor del tarifazo. Luego un presunto 2-2. Lorenzetti no hubiera admitido en ese cuerpo remozado un voto dividido sobre una cuestión crucial. Menos aún si la disidencia nacía de Rosatti. Hay pica prematura entre los juristas santafesinos. Los cuatro hallaron, al final, el atajo de la diferenciación entre el aumento a los residenciales en relación con el comercio y la industria.
Esa apuesta del macrismo a la Corte tampoco tuvo en cuenta antecedentes cercanos. El máximo Tribunal siempre se mostró reacio al mecanismo del per saltum. Sucedió incluso durante el kirchnerismo, entre varios temas, por la disputa sobre la ley de medios. Tampoco la Procuración General convalidó en abril de este año un incremento en las tarifas dispuesto en el 2014 por Julio De Vido. Con el respaldo omnipresente que representaba entonces Cristina Fernández. Desde ese momento la ex presidenta sólo se ocupó de perfeccionar la bomba que recibiría Macri.
Según los cuatro jueces que ahora lo integran, el Gobierno no habría sabido tampoco decodificar el cuestionario que le acercaron antes del receso de invierno para que explicara los fundamentos del tarifazo. En ese texto había casi una hoja de ruta. El hito principal era la realización de las audiencias públicas.
En el Gobierno existieron funcionarios que se apegaron a dicha sugerencia. Rogelio Frigerio propuso una salida política el 9 de julio, un día después del fallo de la Cámara de La Plata. Alfonso Prat-Gay, con discreción, lo acompañó. Ese mismo día Sergio Massa, del Frente Renovador, le envió una carta personal al Presidente instando a variar el rumbo. Pero ganaron los halcones con Macri en la proa. Arropado por Marcos Peña, Aranguren y Gustavo Lopetegui, uno de los ministros coordinadores. Ahora aquellas audiencias quedaron como la única herramienta válida para sortear el atolladero. Pero bajo condiciones objetivas mucho más desfavorables. Hay de por medio una derrota judicial. También una oposición, en especial la kirchnerista, que no parece dispuesta a dar ninguna tregua. Cada audiencia podría convertirse en una romería y una batalla. Cristina lo anticipó: se sacó en Ensenada una foto con el director del CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), la entidad que presentó el amparo contra el tarifazo que derivó en el fallo de la Corte.
Otro abono al tiempo turbulento que podría venir resultó estampado en el dictamen, también desfavorable al aumento, de Alejandra Gils Carbó. La procuradora general arengó a condicionar cualquier decisión a la realización de verdaderas asambleas populares. Bastante más que las simples audiencias, que se ocupó de defender la Corte. Los jueces también recordaron la vacancia de la Defensoría del Pueblo y aconsejaron cubrirla. Esa vacancia existe hace seis años porque Cristina se encargó de impedir cualquier nominación. Frente a semejante paisaje, es factible que el costo político para el macrismo se multiplique. Ya se consumieron ocho meses desde que el Gobierno, atinadamente, resolvió comenzar a ordenar una economía en estado de calamidad.
La mala praxis provoca de repente otra mutación. Se evaporaría el peso de la herencia kirchnerista que en el área energética se convirtió en un símbolo. Mezcla de pésimas decisiones y frondosa corrupción. El macrismo no resultó eficaz para transmitir a tiempo tal desastre. Aranguren mechó algunas cosas en la interpelación que navegó con soltura, al menos desde el plano técnico, durante el plenario de comisiones de Diputados. Aunque no lo suficiente. Refrescó que entre 2003-15 se consumieron US$ 75.400 millones en subsidios. Con el aumento tarifario que la Corte retrotrajo, el 40% del consumo de gas permanece subsidiado en el país. El de la luz llega al 75%. Hay casos que asombran: el 72% de la población de Formosa tiene subsidios para el abastecimiento eléctrico.
El macrismo también desdeñó pequeñas revelaciones que, sin embargo, cobrarían otra dimensión en el imaginario popular. Aranguren se encontró en su ministerio con joyas de corrupción extraviadas sobre un montículo. Un tren turístico al Yacimiento de Río Turbio, en Santa Cruz, para el cual se proyectó un presupuesto de $ 700 millones. Hasta diciembre del 2015 se habían pagado más de $ 300 millones. ¿Qué quedó? Algo más de 50 metros de tendido de rieles con una vieja locomotora encima. Un tren fantasma. Además, la edición de un libro dedicado a Néstor Kirchner y Cristina, de más de 800 páginas, para resumir las obras de infraestructura supuestamente ejecutadas por el matrimonio. El problema no fue ese. Lo fue, en cambio, que la edición casi total (10 mil ejemplares) resultó vendida a una empresa del Estado por $ 1,7 millón. Casi un descuidismo, teniendo en cuenta las groserías de la época.
Macri quiere ahora dar rápido la vuelta de página. Algo tarde. La decisión de acatar el fallo fue inmediata y el entierro de la bronca contra alguno de los jueces de la Corte también. Una manera de marcar diferencias con lo que solía hacer el kirchnerismo. En ese plan de recálculo urgente el Presidente no debería desdeñar aspectos institucionales y políticos que lo indujeron a cometer equivocaciones. Le ocurrió con la designación de los nuevos integrantes de la Corte. Emitió en su debut dos DNU para ser expeditivo y debió retroceder cercado por una polémica. Rosatti y Rosenkrantz pasaron sin escollos el filtro del Senado. Mirando el presente: ¿No hubiera resultado más fructífero para su Gobierno utilizar ese decreto a fin de desplazar a Gils Carbó? ¿Quién, al margen de los ultra K, se lo hubiera reprochado? La procuradora general sigue actuando como militante K en el Ministerio Público.
Macri recibió tres mandatos básicos de la sociedad. Primero, combatir la corrupción. En eso andan al parecer los jueces. También, regenerar la política y recuperar la economía. Está visto que no será posible una cosa sin la otra.
