JUAN JOSÉ ARANGUREN

El viernes pasado, el exministro Julio De Vido publicó un artículo en este mismo diario titulado "Achique de represas y emergencia energética" criticando no ya la supuesta paralización del proyecto de represas sobre el río Santa Cruz, sino las modificaciones que nuestra administración estipuló con el consorcio adjudicatario de la obra y la provincia, en el contexto de la actual crisis energética. 

A esta altura de las circunstancias, nadie puede dudar que estamos inmersos en una crisis energética de la cual el diputado De Vido no ha sido un simple observador, sino uno de sus responsables máximos. Aun aceptando la precariedad de la situación económica, en el año 2003 el exministro recibió un sector energético que exportaba gas y petróleo y, vaya a saber si fue porque no pudo, no quiso o no supo hacerlo, el supuesto crecimiento económico de la por él llamada década ganada no fue acompañado por el del sector energético ya que, después de 12 años de administrarlo, está en el medio de una crisis profunda, importando el 15% de la energía que consumimos.

A pesar de lo declamado, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles que representan el 87% en nuestra matriz energética y se hizo poco para favorecer a las energías renovables, al uso racional de la energía y la protección del ambiente. 

Por ello, me interesa contestar el artículo mencionado, en el que se hace eco de otro artículo publicado por el Observatorio OETEC que dirige el bioquímico Federico Bernal, excontratista del ministerio y de algunas empresas dependientes de éste, porque contiene datos equivocados y llega a conclusiones totalmente falaces. 

Cuando recibimos el Gobierno en diciembre, nos encontramos con un contrato precario en ejecución, financiado por bancos chinos y adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas conformada por la empresa china Gezhouba y las locales Electroingeniería e Hydrocuyo. 

Ese contrato adolecía de graves defectos, omitidos o tergiversados por el exministro, que hacían inviable su continuidad en esas condiciones. Entre ellos:

1. Turbinas de más

Las represas fueron contratadas sobre la base de un proyecto incompleto que no definía el total de obra civil a construir. Era un proyecto de dos centrales de generación eléctrica para enviar energía a ninguna parte. ¿Suena conocido?

La condición de funcionamiento simultáneo de las 11 máquinas originalmente proyectadas era imposible por las características propias del río Santa Cruz; no hay en él caudal suficiente para ello. 

Para el lector no especializado, el exministro busca impresionar comentando sobre la reducción de la potencia, pero nada dice de lo que realmente cuenta, que es la energía generada por las centrales en un año. Con la configuración contratada por la administración anterior las centrales hubieran generado 5.000.000 de megavatios hora por año. Con la configuración actual, habiendo eliminado las tres máquinas que sobraban, ambas centrales generarán igualmente 5.000.000 de megavatios hora por año. La misma energía generada, pero con menor inversión y, por lo tanto, con ahorro de los dineros públicos. Es obvio que el exministro ha confundido maliciosamente potencia con energía.

2. Impacto ambiental

Otro de los problemas graves del proyecto original, que el exministro omite en su artículo, tiene que ver con el estudio de impacto ambiental de las represas. El estudio fue realizado en forma "expeditiva", sin completar la línea de base ambiental y con serias deficiencias técnicas, que ahora se encuentran en proceso de subsanación. El proceso utilizado se valió de una audiencia pública que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2015 (el día anterior a la asunción de un nuevo gobierno, ¿casualidad?).

Creemos que el proyecto actual, con las modificaciones que se han introducido, es ambientalmente viable y atiende adecuadamente los cuestionamientos planteados. 

Hemos realizado un estudio con expertos independientes que han concluido que la reducción de las máquinas y de la cota de la represa superior permite certificar el "desacople" del emprendimiento con relación al lago Argentino y los glaciares. 

La aprobación de ese nuevo estudio de impacto ambiental se hará de acuerdo con lo que dictamina la ley, incluyendo nuevas audiencias públicas y otras formas de participación ciudadana que se crea conveniente. Completados esos estudios, se podrán iniciar las obras mayores que son parte del proyecto.

3. Dueño "equivocado"

El exministro en su artículo menciona que "la Patagonia y la provincia de Santa Cruz pierden una fuente energética clave para profundizar su desarrollo". En realidad, omite mencionar que él y su ahora famoso secretario de Obras Públicas, José López, firmaron un acuerdo con la provincia de Santa Cruz que, al margen de lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 15.336, usaba fondos federales aportados por los contribuyentes de todo el país para construir un emprendimiento cuya explotación se asignó a una sola provincia. La ley establece que cuando una represa de este tipo genera electricidad y está conectada al sistema eléctrico nacional (SADI), su explotación corresponde a la competencia del Estado Federal. O sea, el Estado Federal, que además en este caso construye las represas y pagará por ellas es quien debe recibir los ingresos por la venta de la energía generada. La provincia, según la ley, tiene derecho a percibir una compensación del 12% sobre los ingresos y disponer sobre temas de uso de aguas y espacios relacionados. La modificación del acuerdo entre la Nación y Santa Cruz ya fue negociado.

4. Dolarización forzada

Tampoco se menciona en el artículo del exministro que el precio de la obra, a partir de decisiones del exsecretario de Obras Públicas, había sido alcanzado por un mecanismo de dolarización que no se encuentra previsto en la normativa de obras públicas. En efecto, la redeterminación de costos en una obra pública debía efectuarse en función de lo dispuesto en el Decreto 1295/02 y en pesos. La exsecretaría de Obras Públicas, que dependía directamente del autor del artículo, modificó esas condiciones y autorizó a "dolarizar" el contrato, con un perjuicio potencial para el Estado nacional del orden de los 1.000 millones de dólares. Esta modificación se ha revertido con el ahorro correspondiente de los fondos para el erario público.

En conclusión, el proyecto de las dos represas sobre el río Santa Cruz está ahora claramente definido en sus características y en su alcance, se ha optimizado su diseño, y con ello moderado su costo, manteniéndose en su totalidad y sin disminución alguna, la energía aportada anualmente al sistema eléctrico nacional. 

Por todo ello, consideramos que sólo diciendo la verdad podremos resolver la emergencia energética que heredamos, creada en gran medida por una política que había decidido esconder la realidad. Quien quiera oír que oiga.

PUBLICADO LA SEMANA PASADA

Salud energética

AMBITO

Julio De Vido

Nuestros gobiernos consideraron la energía y los servicios públicos como esenciales, tal como la Corte le recordó al Presidente de la Nación. En la Argentina que heredamos con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza y más del 25% de desempleo, provincias no solamente postergadas sino literalmente excluidas del país, hambre, miseria y atraso por doquier, nuestra política energética se fundamentó en una férrea protección de la ciudadanía y en una igualmente férrea promoción de la recomposición del entramado productivo, industrial, científico y tecnológico nacionales. 

La energía debe seguir siendo barata, abundante y volcada al consumo doméstico sobre la base de metas de crecimiento económico con el pueblo y las 23 provincias adentro. Y cuando nosotros hablamos de crecimiento del PBI, no nos referimos exclusivamente a una evolución en puntos porcentuales, sino que incluimos también más autosuficiencia y mayor diversificación (desprimarización). 

Para lograr este objetivo, el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en el sector energético, sector que si su producto (la energía) es barata y abundante, entonces deviene en madre de industrias, de mercado interno, de infraestructura, de cohesión productiva e industrial regional, de progresiva calidad de vida para su pueblo. Dicho rol fundamental únicamente se puede ejercer a través de una presencia gestora, rectora, reguladora y empresaria del Estado, subsidiando al sector y poniendo límite al mercadismo que, como desde el 10 de diciembre a esta parte, se piensa que la energía y la dignidad del pueblo es una mercancía más. 

La médula de estos conceptos figura en el análisis que el Observatorio OETEC hizo del fallo de la Corte en relación con el tarifazo del gas. Por ejemplo, cuando la Corte afirma en relación con nuestra gestión que "el abastecimiento de gas a los usuarios de todo el país se sostuvo mediante una política de subsidios al consumo y a la oferta", me sumo a la pregunta que el OETEC formulara al macrismo y le pregunto también: ¿no era que nos quedábamos sin gas? Entre 2003 y 2015, la demanda total creció un 41,6%, la correspondiente a la generación eléctrica un 70,5%, en el GNC un 12,9%, en la industria un 18,2%, residencial 49,1% y comercial 30,6%. Y en 2015, el año de la supuesta debacle terminal, la demanda de gas por redes en el mercado interno se incrementó 1,9% interanualmente, pero con menos importaciones y más producción doméstica. 

Y otra cosa que bien hace el OETEC en recordar y que transcribo textual: "Afirmar que el abastecimiento se sostuvo cuando se verificó un incremento permanente y progresivo de la demanda desde 2003 es ratificar que el mercado interno fue satisfecho siempre, sea a través de la producción local como de las importaciones. ¿Cómo se logró priorizar el consumo argentino por sobre el consumo extranjero? La participación del Estado en el sector pasó del 5% en 2003 al 45% 2015, mientras que la participación extranjera cayó del 80% al 23%". Esta decisión que la Corte refleja en su fallo, tuvo un punto de partida: la decisión de convertir en política de Estado este concepto esgrimido por Néstor Kirchner ni bien asumido: "El gas argentino primero para los argentinos". Y ese punto de partida tuvo su marco ejecutivo: el Plan Energético Nacional. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner profundizó dicho Plan, que a partir de abril de 2012 logró recuperar nuestra petrolera de bandera y recomponer las inversiones y la producción de gas y petróleo. 

Hay un índice que mide el nivel de seguridad energética de una Nación. Ese índice lo elabora el Consejo Mundial de la Energía (CME), que es una institución especializada acreditada ante la ONU. Dice el CME de nuestro país que "mejoró su posición en el índice de 2015 en 13 posiciones". ¿Mejoramos? ¿Pero no era que nos quedábamos sin energía? ¿La Emergencia Energética entonces es verso?

Veamos cómo explica el CME su veredicto: "El cambio entre ser exportadores de energía a importadores tuvo un impacto positivo en la seguridad energética del país desde que la dependencia en las importaciones es comparativamente baja". Y esto es clave, porque el problema es que dejamos de exportar y que perdimos el autoabastecimiento. La organización especializada en energía de Naciones Unidas nos dice que exportar no es bueno mientras no seamos una potencia hidrocarburífera; también que importar no es un factor negativo per se si sus volúmenes no son excesivos y si el mercado logra estar abastecido como la ciudadanía satisfecha en sus requerimientos energéticos, tal y como la Corte reconoce. 

Los fundamentos del fallo de la Corte que anuló el tarifazo para residenciales demuestran que tan mal no hicimos las cosas durante el período 2003-2015. Demuestran, en verdad, que nuestras políticas energéticas y los mecanismos que empleamos fueron exitosos y eficientes porque sirvieron al interés de la ciudadanía y a la seguridad energética nacional. Y porque subsidiamos para que los precios de la energía estén siempre en función de metas sociales, productivas, industriales y económicas de desarrollo. En palabras de la Corte y específicamente en materia gasífera: "El abastecimiento de gas a los usuarios de todo el país se sostuvo mediante una política de subsidios al consumo y a la oferta". ¿No debería ser justamente el objetivo de todo sistema energético el de abastecer a su pueblo? 

La salud energética de una Nación es la salud energética de su pueblo, no la de su balanza comercial. Y agrego: tampoco es la salud de los exportadores inescrupulosos que nos dejaron sin gas y que montaron todo este tarifazo para volver a la misma estafa; y mucho menos es la salud de las empresas privadas que operan en el sector y que manejan escandalosamente y a discreción el Ministerio de Energía de la Nación. 

Así que, señor Aranguren, tome nota, porque el pueblo le demostró que no es un numerito en una planilla Excel y la Corte, que la energía no es una mercancía. Como dice la Corte: "Aportar antes de la audiencia pública información adecuada, veraz, e imparcial para que todos los actores puedan expresarse fundadamente y ser oídos".

El Ministerio de Producción de la Nación redactó dos resoluciones (N° 312/2016 y Nº 327/16) con el objetivo de brindar ayuda económica en el marco del incremento tarifario eléctrico.