HERNÁN DE GOÑI

El Gobierno cumplió en las últimas 72 horas el requisito que le fijó la Corte Suprema de Justicia para poder instrumentar un nuevo cuadro tarifario para el gas: realizó una audiencia pública en la que la mayoría de las presentaciones contrarias a la propuesta del Poder Ejecutivo hizo hincapié en el salto de precios que dispuso el Ministerio de Energía, pero sin abordar dos cuestiones esenciales: que la Argentina no produce todo el gas que se consume, lo que obliga a su importación a precios internacionales, y que en este año los clientes conectados a la red utilizaron 8% más de gas que en el 2015, aún sabiendo que estaba vigente un aumento multiplicaba por tres o cuatro el valor de la factura promedio. 

En los últimos meses, el centro de la discusión pasó por la capacidad de pago de los hogares frente al denominado tarifazo. Ni el déficit de gas ni la forma en la que se financia su compra fueron temas que demandaran mucha atención. No era un tema menor, en vista de que según el Enargás en junio se utilizó 8% más gas que el año pasado, y que en el segundo trimestre las familias absorbieron un tercio del suministro total, contra 26% observado en 2015. 

Con estos guarismos, está claro que la combinación de mayor consumo y mayor tarifa iba a ser un combo explosivo. Pero le culpa recayó en el segundo factor. Nadie se preocupó mucho por el primero. 

La Corte dispuso que sea el Estado el que siga cargando con el peso de financiar la importación de gas. La moderación del aumento (que pasa de 400% a 2003%) equivale a mantener un mayor subsidio, que se financia con los impuestos que pagan incluso los que no tienen gas. Ni la extenuante audiencia pública ni el nuevo cuadro tarifario resuelven el problema: solo lo estiran en el tiempo.

MARTÍN BIDEGARAY

La mayoría de los anotados en la audiencia pública del gas armó una suerte de catarsis colectiva. Criticaron la política económica del Gobierno y el incremento de tarifas. Eso si, parecieron más atentos en lo que iban a exponer que en lo que podían escuchar.Casi un centenar de expositores pidió conocer los costos del gas en boca de pozo. YPF informó sus precios: van de US$ 4 por millón de BTU (en yacimientos convencionales, que están en declinación) a US$ 7,6 para el “shale”. Este último es el tipo de gas que permitió una revolución en EE.UU. y redujo la dependencia energética de ese país de Medio Oriente, cambiando el mapa geopolítico.

La administración kirchnerista reconoció un valor de US$ 7,5 por el gas que se descubrió desde 2013. Fue una forma de estimular la producción. Fue curioso escuchar a los dirigentes del Frente para la Victoria (o militantes de las ONG enrolados en esa corriente) que ahora se oponen a un contrato firmado por el Estado y las petroleras durante el mandato de Cristina Kirchner.

“En los países vecinos, las familias destinan 4 veces más que acá a los servicios”, explica Juan José Cruces, profesor de la Universidad Di Tella. “Todo tiene que ver con qué parte del porcentaje del presupuesto familiar se asigna a los servicios. En 1999, las familias gastaban un 4,4% de sus ingresos a los servicios. En diciembre de 2015, fue un 1,6%. Es casi un tercio de lo que era antes”, puntualizó el académico, que defiende la corrección tarifaria.

Los que rechazan los aumentos actuales quieren los precios de 2015. De esa forma, las tarifas de gas serían bajas y las de luz (en Buenos Aires), también. Pero esa subvención estatal terminó beneficiando mucho más a los sectores pudientes que a los necesitados, que se valen de garrafas.

“El 20% más rico captura el 32,7% de los subsidios. Es cuatro veces más que los pobres. Esto no favorece la distribución del ingreso”, revisa Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap). Para emitir facturas a valores bajos, el estado nacional consumirá más de $ 200.000 millones en 2016. ¿Queremos gastar más en subsidiar la energía que en salud, educación y cultura juntos?, se preguntó Flores en la audiencia. Nadie se hizo cargo.