DANTE SICA*

Una política energética adecuada debe aspirar a lograr objetivos concomitantes: reducir el costo de generación, garantizar el abastecimiento, buscar la equidad social y mitigar el impacto ambiental. Las medidas implementadas en Argentina durante la última década llevaron al incumplimiento de todos.

El costo de generación aumentó, el país se atrasó en el desarrollo de fuentes renovables, se multiplicaron las interrupciones en el abastecimiento y el Estado debió destinar hasta u$s 15.000 millones anuales en subsidios, de los cuales el 30% fue recibido por el 20% más rico de la población.

Uno de los principales factores de este deterioro fue la falta de un esquema de formación de precios de largo plazo, especialmente en el mercado de gas. Desde 2002, el precio de boca de pozo pasó de depender de la oferta y demanda a ser determinado por el Estado que optó por congelar (en pesos) la retribución a los productores. Así, entre 2009 y 2015, cotizó un 60% por debajo de lo que se pagaba a Bolivia.

Esto desincentivó la exploración y a medida que se agotaron los pozos en actividad, la producción y las reservas se desplomaron. La política energética cumple un rol estratégico en el desarrollo de un país porque su impacto trasciende al sector. En este caso, la menor producción de gas natural obligó a incrementar las importaciones de combustibles alternativos, mucho más caros. Estos costos fueron asumidos por el gobierno a través de subsidios financiados con emisión monetaria.

Pero el subsidio implícito al consumo de energía no incentivó el desarrollo de industrias intensivas en su utilización, sino todo lo contrario ya que a la hora de decidir las inversiones, no se dimensiona el precio presente de los insumos, sino las expectativas de su evolución y la confiabilidad del abastecimiento. Y la falta de un mecanismo sostenible para la formación de precios conspira contra ambas variables al generar una contracción de la oferta local en el largo plazo.

La demanda de gas continuará incrementándose en los próximos años. Seguir abasteciendo este consumo de combustibles importados impactará negativamente sobre la economía provocando un menor nivel de actividad y empleo, dado que ya no se podrá generar valor a partir de la explotación interna de hidrocarburos. Una alternativa es aprovechar los abundantes recursos de gas natural presentes en la Cuenca Neuquina, pero esto implica importantes desafíos. Para las empresas, será necesario trabajar en una reducción significativa de los costos de explotación, coincidiendo con las acciones de otros países productores. 

Para el sector público, será indispensable establecer un marco de inversión claro y con mecanismos de formación de precios definidos que contemplen la oferta y la demanda y que viabilicen los proyectos de producción no convencionales. 

El nuevo esquema regulatorio deberá fomentar el incremento de la producción y, fundamentalmente, las inversiones en exploración y desarrollo.

*Director ABECEB