LA REFORMA LABORAL (Ley 20.940) entrará en plena vigencia a partir de abril del próximo año. No obstante, hay normas y plazos que se anticipan, como son los referidos a la determinación de los servicios mínimos y equipos de emergencia en las empresas que iniciarán procesos de negociación colectiva en los primeros meses de vigencia de la ley.

Por ello, la Dirección del Trabajo ha anunciado estar preparando un importante número de dictámenes e instrucciones, que creemos oportuno para abordar diversas materias relativas a interpretación, aplicación y fiscalización por parte de los funcionarios de dicha institución: derecho de huelga, servicios mínimos; negociación colectiva reglada, extensión de beneficios, derecho de información, negociación interempresa, y grupos negociadores, entre otros. 

A su vez, es esperable que se presenten múltiples solicitudes de interpretación, por parte de empleadores y trabajadores. 

Ahora bien, como consecuencia de la polémica tramitación legislativa de esta reforma, muy probablemente algunos de dictámenes de la Dirección del Trabajo terminarán en tribunales. 

No obstante, abrigamos esperanzas en que previo a la entrada en vigencia de la ley sea vista como una oportunidad que permita al gobierno y a las coaliciones políticas concretar un acuerdo de ley corta, que instale mayor coherencia normativa, sistematicidad y certeza jurídica. 

En este contexto, una tarea importante y pendiente, es la modernización de la Dirección del Trabajo. 

Dar un paso en cuanto a la modalidad para designar los cargos de Director y Subdirector Nacional del Trabajo, se hace conveniente. 

La designación a través del sistema de Alta Dirección Pública es un camino, y otro sería establecer un Consejo de Dirección, como responsable de dirigir la Dirección del Trabajo. Debiera ser colegiado y tener entre sus funciones las de establecer los criterios de fiscalización, pautas de interpretación, designar los más altos cargos internos, tanto a nivel nacional como regional. La profesionalización de sus funcionarios es un pendiente complementario, de modo que puedan asumir de la mejor forma la gran responsabilidad de sus cargos, que abarcan desde fiscalización del cumplimiento normativo hasta la constatación e imposición de multas. 

Es perfectamente conveniente y razonable asignarle también funciones correctivas y educadoras, así como entregarles herramientas que les permitan colaborar con la implementación masiva de buenas prácticas laborales.En materia de accidentes del trabajo es necesario reformular las atribuciones de la Dirección del Trabajo. 

Complementando la recientemente publicada Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aún se puede perseguir mayor coordinación con otras dependencias del Estado que también tienen competencia en la materia tales como son la Superintendencia de Seguridad Social y del Sernageomin.Finalmente, es posible que el período que resta de gobierno sea insuficiente como para plantear una discusión de fondo respecto a la institucionalidad y responsabilidades de la Dirección del Trabajo. No obstante, queremos dejar planteado lo importante que sería para el país contar con una institución fiscalizadora eminentemente técnica y autónoma. Protegida de vaivenes políticos y presiones coyunturales.

Esta columna fue escrita por los abogados laboralistas Zarko Luksic, Pablo Bobic y Bruno Baranda.