NESTOR SCIBONA
Después de blanquear la herencia de la pobreza, el oficialismo insinúa un mayor realismo con los desafíos económicos de corto y mediano plazo
Con el sinceramiento estadístico de la enorme magnitud de la pobreza y la indigencia, el gobierno de Mauricio Macri completó la etapa de blanquear tardíamente los problemas socioeconómicos más graves que heredó de la era K. Sólo Cristina Kirchner en Ecuador y los pocos medios militantes que tratan de sostener su inverosímil "relato", se ocuparon de atribuirle a la actual política económica un ficticio salto de 27 puntos porcentuales.
En todo caso podrían haber argumentado, con razón, que al fijar el segundo trimestre como punto de partida de la lucha contra la pobreza, Macri salteó que casi 3 puntos del 32,2% verificado por el Indec son efecto de la mayor inflación y la recesión de este año, cuya causa fue corregir el insostenible atraso cambiario y tarifario endosado por la gestión anterior.
Por cierto que la desaceleración inflacionaria y la reactivación económica que se prevé para 2017 contribuirían a reducir gradualmente el número de pobres e indigentes. Pero estos indicadores, calculados ahora con precios comprobables, miden únicamente la insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas.
Llevará muchos años alcanzar el declarado objetivo de "pobreza cero" incluyendo sus múltiples dimensiones estructurales (empleo precario, seguridad alimentaria, vivienda digna, hábitat, infraestructura de servicios básicos, escolaridad y calidad educativa, salud, seguridad, adicciones, etc.). Todos estos problemas se agravaron en los últimos años por ausencia de planificación oficial y omnipresencia de corrupción en el manejo de fondos públicos.
Para acortar plazos será crucial que la baja de la inflación y el crecimiento de la economía sean sustentables en el tiempo, a fin de incrementar la inversión y generar empleos privados formales.
En tanto, están surgiendo incipientes signos de mayor realismo en algunos diagnósticos y acciones oficiales. Desde el Banco Central, Federico Sturzenegger no sólo reiteró que recién comienza la batalla contra la inflación, sino que interrumpió la baja de la tasa de interés de referencia (mantuvo las Lebac en 26,75% anual), porque las expectativas inflacionarias para 2017 aún se ubican por encima de la meta de 12/17% anual. Y aunque el comunicado del BCRA no lo dice, también la inflación de septiembre mostró señales mixtas.
Por caso, el costo de la canasta fija de 30 productos que mide esta columna en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados, exhibió una baja de 0,9% con respecto a agosto ($ 2153,60 vs $ 2173,90). Pero los rubros de alimentos y bebidas y de higiene (que integran la denominada inflación "núcleo") registraron una suba de 1,6%, contrarrestada por un retroceso de 20% en los estacionales (frutas, verduras y hortalizas).
Entre los 12 productos con aumentos, se destacan los de una gaseosa de primera marca que abandonó la lista de "Precios Cuidados" (33,4%) y su variedad light (10,1%); papel higiénico y servilletas de papel (11% y 90%); supremas de pollo (15,8%); cortes de carne vacuna (de 1,7% a 2,7%) y pan francés (11%).
Con estos altibajos, el costo total de la canasta acumula subas de 15,5% desde diciembre y de 30,5% en 12 meses. El IPC de septiembre incluirá además las de cigarrillos (5%) y otros rubros estacionales (indumentaria); pero volverá a tener como contrapeso la suspensión retroactiva de las tarifas de gas natural residencial.
Estas reaparecerán en octubre con alzas más moderadas (203% promedio) y, junto con las autorizadas en medicina prepaga (9%), marcarán en índice una forma de "u" tras el excepcional 0,2% de agosto. De todos modos, el BCRA mantiene su objetivo de 1,5% mensual de inflación para este último trimestre, asumiendo que no serán reabiertas las paritarias cerradas en 2016.
En este sentido, la mesa de diálogo que el ala política del Gobierno abrió con la CGT y extenderá a sectores empresarios, puede conducir a una negociación de alcances insospechados y costos inciertos. No sólo para diluir la amenaza de la huelga general sin fecha y compensar parte del deterioro salarial con la exención de Ganancias del medio aguinaldo o un bono de fin de año.
En la agenda de la CGT figura como hipótesis de máxima que las obras sociales sindicales brinden atención médica a desocupados y beneficiarios de planes sociales, a cambio de mayores fondos. Y en la de la Casa Rosada, que las paritarias de 2017 sean negociadas en función de la inflación futura y los salarios recuperen terreno perdido a través de cláusulas de productividad laboral.
Entre estos extremos, todavía hipotéticos, está la negociación del proyecto para actualizar el mínimo no imponible (MNI) y gradualmente las escalas del impuesto a las Ganancias, con mayor apertura de alícuotas para tornarlo más progresivo. Para acotarla, la Casa Rosada ya acordó con los gobiernos provinciales un costo fiscal de $ 27.000 millones anuales. Pero esta discusión sólo abarca al limitado universo de 10% de los asalariados de ingresos medios y altos que tributan el impuesto.
Por ahora se desconoce si el proyecto incluirá a trabajadores sin representación sindical. Es el caso de los autónomos que, con un MNI irrisorio y cercano a la línea de pobreza, pagan las alícuotas más altas. Y de los monotributistas que, con topes de facturación desactualizados, en muchos casos son empleados por empresas en una virtual relación de dependencia sin costo laboral. Aquí también será necesario sincerar el pasado y el futuro.
Otras cuestiones estructurales formaron parte el jueves último de la Conferencia Anual de FIEL, bajo el título "Rebote o crecimiento: ¿Esta vez será diferente?". Allí Carlos Melconian, presidente del Banco Nación, también produjo una serie de definiciones. Por ejemplo, afirmó que es más fácil bajar la inflación de 1000% a 30% que de 30% a un dígito y que para reducir el desequilibrio fiscal, la baja de subsidios no debería ser reemplazada por otros gastos.
También señaló que la doble gradualidad de bajar el déficit fiscal y la inflación es todo un desafío y que otro, como mantener el tipo de cambio flotante, requiere evitar el ingreso de dólares vía endeudamiento del sector público. Melconian sostuvo además que el mayor desafío es elevar la inversión del promedio de 18,7% del PBI al 25% y que la obra pública no debe ser el motor para reactivar y crear empleo, sino planificar a futuro y fijar prioridades, teniendo en cuenta el costo y el volumen de financiamiento externo.
El titular del BNA definió a 2017 como un año de consolidación del gobierno de Macri y su proyecto de cambio. "Empezó el debate: si les gusta el modelo, denlo con la lengua, el bolsillo y el voto", desafió a los presentes.
CLARÍN
Alcadio Oña
El INDEC acaba de informar que hay, que tenemos, 13 millones de pobres. Fue un shock, aunque nadie podía ignorar la cada vez más ancha, inquietante brecha social ni la muy desigual distribución de los ingresos, porque saltan allí donde se mire.
Pero no es igual tener la percepción de un problema, así sea muy clara, que tener una medida del problema. La estadística es eso y también un insumo clave en la definición de las políticas públicas. O la nada misma, cuando se la trampea o directamente se la entierra.
Un informe interno del Banco Central pone en formato fiscal la presión impositiva sobre los sueldos y la muy despareja distribución de los ingresos. Una conclusión resulta impresionante: aunque ganen muchísimo menos, quienes ocupan los escalones inferiores de la pirámide salarial pagan proporcionalmente muchísimo más en impuestos que aquellos ubicados en los pisos superiores.
Los números cantan que el 52,6%, casi la mitad del sueldo bruto de trabajadores que cobran 6.000 pesos se lo lleva el Fisco. La misma relación dice 41,6%, once puntos porcentuales menos, para salarios de 86.000 pesos (ver infografía).
En un caso, tras pasar por la AFIP quedan disponibles algo más de 3.000 pesos y en el otro, casi 36.000. Si un sueldo de $ 6.000 parece poco representativo, podrá advertirse que la presión fiscal es grande en el medio de la tabla.
Y mucho mayor si al informe del BCRA se le agregan los gravámenes provinciales y las tasas municipales. Según el Iaraf, un instituto especializado en el análisis de las cuentas públicas, la carga completa estaría entre el 47,5% y el 57,9% del ingreso total de una familia. Visto de otra manera, un asalariado formal debe trabajar de 173 a 211 días para cumplir con obligaciones tributarias en los tres niveles de gobierno.
De vuelta al cuadro del Central, surgen varios ejemplos sobre cómo se reparten los ingresos en versión fiscal.
Uno remite al llamado impuesto inflacionario, aquel que pagan en desvalorización de sus sueldos quienes no tienen capacidad de ahorro y deben manejarse con dinero en efectivo. Mucho en los escalones inferiores y cada vez menos hacia los pisos de arriba, cuando crecen la posibilidad de cubrirse de la inflación ahorrando en bienes y activos que no pierden valor o pierden menos.
Casi calcado o directamente calcado es lo que ocurre con el IVA, un impuesto al consumo, regresivo porque además de alto grava por igual a $ 10.000 que a $ 80.000. De nuevo, mucha carga abajo y menos a medida que la curva de los salarios sube.
Un caso raro, definitivamente raro, aparece en los aportes de los trabajadores al sistema previsional, cuyo peso sólo se achica justamente en tramo superior de la tabla Otro despropósito del sistema fiscal: paga más el que cobra $ 6.000 o 10.000 que quienes pasan los $ 60.000.
Ganancias es el último de los cuatro impuestos del cuadro elaborado por los equipos del Banco Central. Y aquí se ve que, al fin, la vara toca a los pisos superiores de la pirámide salarial; al gusto de algunos funcionarios, una prueba de progresividad que desbarataría los reclamos sindicales En realidad la controversia no ancla ahí, sino en las escalas de las alícuotas y en las deducciones. Pues eso determina que muchos asalariados deban afrontar hoy la tasa mayor del 35%.
Así no sean responsables, nada de todo esto es desconocido por la entidad donde fueron hechas las cuentas ni por su presidente, Federico Sturzenegger. Y podría agregarse: tampoco en otros ámbitos importantes del Gobierno.
Pero hay un punto que lleva agua al molino de Sturzenegger y que por lo mismo no parece ajeno a su interés: la magnitud que la carga del impuesto inflacionario significa para los sectores de menores recursos.
Cualquiera sabe que eso es remachadamente cierto, solo que también es cierta la puja que el jefe del BCRA mantiene con hombres fuertes del Gabinete nacional. El eje pasa por el efecto económico de la política monetaria restrictiva y las altas tasas de interés, instrumentos básicos de la lucha contra la inflación.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que en América latina sólo en Brasil la presión supera a la de Argentina y que la nuestra es mayor a la de Uruguay, Chile y al promedio de la región.
No está muy lejos de la media registrada en la OCDE, en muchos sentidos un club de ricos, aunque cabe una aclaración nada intrascendente. En ninguno de todos los casos está incluido el impuesto inflacionario, lo cual equivale a decir mucho cuando juega una inflación como la argentina.
Una es que el desquicio viene de antes. Fue amasado y nunca resuelto durante el ciclo kirchnerista, sino ampliado.
Vale insistir en otra, que es parte del mismo paquete y queda clara en el cuadro del Banco Central. Explicita cuánto pesan sin escapatoria los impuestos en los salarios más bajos, una muestra evidente de cómo se distribuyen los ingresos.
Una más, que aun cuando fuese aliviado el impacto de Ganancias queda una anchísima franja de trabajadores atrapada por el resto del torniquete fiscal.
Tarea para quienes, dentro del Gobierno, han empezado a definir los alcances de una reforma tributaria integral. Pero al menos de momento no cabría hacerse demasiadas ilusiones por este lado.
Los cambios apuntan a impuestos nacionales y provinciales considerados distorsivos de la actividad y la productividad económicas; entre otros, el cheque e ingresos brutos. El problema es que con las cuentas muy apretadas, nadie está hoy para resignar recursos.
Un ejemplo salta en la modesta reforma a Ganancias de 2017 acordada con los gobernadores. El costo, compartido, fue calculado en $ 27.000 millones. Y sobre la magnitud del cambio hablan los $ 50.000 millones que representó la suba del mínimo no imponible de este año.
Por eso, Alfonso Prat-Gay, el Gobierno mismo, debe afinar el lápiz antes de responder el reclamo de la CGT de que el medio aguinaldo sea eximido de Ganancias. Tanto él como los gobernadores.
Ya fuera de cualquier debate, el hecho es que la presión impositiva va de récord en récord, sumando Nación, provincias y municipios. Esto sí va derecho a la cuenta del kichnerismo, que mantuvo todo lo que había, aumentó lo que había y le añadió cosecha propia. Y más: usó los recursos según conviniese a su proyecto político.
El objetivo, fue abastecer las necesidades de un Estado cada vez más grande, lo cual no es en sí mismo ni bueno ni malo.
La cuestión de siempre es en qué se gastó la plata. Y si de eso se trata, basta ver cómo funcionan los servicios provistos por el Estado, la crisis energética y el deterioro de la infraestructura económica y social.
O peor, lo que se conoce y lo que falta conocer: desde el enriquecimiento de Lázaro Baez y los bolsos de José López, hasta el meteórico ascenso de los amigos del poder. Las firmas siguen, interminables.
Así fueron, por dentro, el Estado presente y la verdadera distribución de los ingresos en la era K.
