Todo lo peor que podía pasarle a Petroperú está ocurriendo. Es una larga historia donde en lugar de avanzar se retrocede o se la lleva al borde del precipicio. La lista de enemigos es larga: gobierno de manera ahora encubierta, administradores de la empresa, poderes económicos y mediáticos. A esta con razón se suman ahora algunas poblaciones locales afectadas por los derrames anteriores de otras empresas petroleras y del Oleoducto Nor Peruano (ONP); las mismas que desafortunadamente son alentadas por post-extractivistas radicales quienes no desean actividad petrolera en la selva. La correlación de fuerzas no ha cambiado: el MEF sigue en el sabotaje, la administración de la empresa se movería entre el rechazo y en simular que la defiende. Las señales desde el MINEM no son alentadoras.
La selección del nuevo presidente de Petroperú no fue positiva. Las primeras declaraciones al decano de la prensa nacional tuvieron un balance negativo que intentó componer con las siguientes en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República y para los diarios La República y Gestión. A pesar, de la reacción rápida, el daño estaba hecho. En El Comercio, el empresario minero recordó que ya había sido miembro del Directorio (pero de la época en que esta se desmembraba y parte del Comité para su privatización -Cepri). Nos agradó su propuesta de establecer un programa con las poblaciones locales llamado Guardianes del Oleoducto, sobre la contratación de una empresa experta en la gestión de oleoductos y centralizar compras y adquisiciones. Sin embargo, destacó su sesgo ideológico al anotar que desde que ingresó había aprendido cuán ineficiente puede ser una empresa estatal. ¿Todas y en todo momento? No dijo la verdad al señalar que el monto del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) es de US$ 4,800 millones más IGV cuando es de US$ 3,500 millones incluyendo US$ 800 del sector privado. También dijo una mentira a medias cuando comentó que la planilla del personal aumentó en 43% cuando esto fue una regularización de personal temporal y contratado que llevaba años trabajando para la empresa. Un mal comienzo, ya que una reingeniería debe partir de un diagnóstico detallado sin enemistarse con los trabajadores de todo nivel. Menos señalar que la planilla está sobredimensionada y que se espera implementar una nueva estructura organizacional a partir del primero de enero de 2017. ¿Buenas señales?, ¿dónde están las buenas prácticas para llevar a cabo un cambio organizacional?
El jueves pasado el Presidente de la empresa quiso enmendar los errores de su primera aparición en medios con su presentación en la Comisión de Energía del Congreso y otras nuevas entrevistas. En lo positivo señaló que se está renegociando el contrato con Geopark para activar el aprovechamiento del Lote 64, que a propósito cuenta con crudo de alta calidad. Sin embargo, no comentó que existe una férrea oposición en el MEF bajo el amparo de una lectura malintencionada de la Ley 30130 que plantea su dedicación al PMRT. En lo negativo, fue totalmente elusivo con relación al Lote 192 que se encuentra paralizado por los problemas del ONP. ¿Se va o no a participar al vencimiento del contrato? Por otra parte, las cuentas del PMRT siguen sin cuadrar. A los US$ 2,730 millones a cargo de la empresa le sumó US$ 529 de obras complementarias asumidas por la petrolera estatal, US$ 815 millones de las inversiones en instalaciones auxiliares a cargo de privados y de US$ 708 millones de intereses pre operativos. Efectivamente suman US$ 4,782 millones pero es extremadamente delicado que se hayan agregado US $ 529 millones. ¿En qué consisten?, ¿quién y cuándo se autorizaron?, ¿se pueden suspender inmediatamente?, ¿cómo se pudo aumentar el tamaño de la obra y el presupuesto sabiendo que su rentabilidad financiera estaba en el límite?, ¿se está investigando?, ¿qué acciones legales se tomarán? Por otra parte, llama la atención el tratamiento maniqueo a los intereses preoperativos como parte de la inversión, ya que efectivamente estos son parte de los gastos preoperativos (que se amortizan) pero no son propiamente parte de la inversión. Asimismo, ¿cuántos de estos intereses se deben a los retrasos en las decisiones del propio gobierno y que este debería asumir?
Un tema que deslizó el pdte. de Petroperú fue el relativo a que la empresa podría retornar al control del FONAFE, esto es del MEF. Cabe recordar que desde la Ley 28840 de 2006, promovida a partir de una iniciativa ciudadana, se le exoneró de este control. Este implicaría someterla a la discrecionalidad de funcionarios de tercer y cuarto nivel del MEF ignorantes del tema de los hidrocarburos, anulando su autonomía, retrasando decisiones y vulnerando aún más su débil gobierno corporativo. No se debe olvidar que ahora los directores se pueden cambiar en cualquier momento a diferencia de las reglas de conocimientos mínimos y estabilidad relativa señalada en el Estatuto Social de Petroperú. Por otra parte, otro tema grave es que ni los administradores actuales ni el MEF conocen las razones por las cuales Petroperú existe como empresa del Estado. En la misión aprobada en 2012 se señalaba que como empresa del Estado contribuye a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible del país. Su objetivo central era el de maximizar la renta petrolera del Estado impulsando su integración vertical. Desde mayo del 2015 su directorio dió marcha atrás en la visión, misión y objetivos estratégicos.
Otro tema que preocupa mucho es el financiamiento del PMRT. Este fin de semana viajó el Pdte. del Directorio a España con el objetivo de garantizar parte del financiamiento de la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA-Cesce). No quiero ser ave de mal agüero, pero el capital de esa institución es de sólo 400 millones de Euros, sólo 50.25% corrresponde al gobierno español, nunca ha financiado una operación de la magnitud de la que se pretende, sólo garantiza temporalmente y además existe una indefinición política obvia en el gobierno español. Existe una elevada probabilidad, como es obvio, de que la respuesta sea negativa. Exactamente hace un año atrás (septiembre de 2015) viajó el pdte anterior de la empresa. ¿Cuáles fueron las conclusiones del viaje anterior?, ¿cómo pudo echarse a andar un proyecto de esa magnitud sin el financiamiento garantizado completo? Este es un tema que veníamos comentando hace más de dos años atrás y que discutimos en el directorio hace cuatro años.
La campaña en contra de Petroperú es intensa desde todos los poderes mediáticos. Se sigue sin difundir el origen de la mayor parte de los derrames del ONP. A finales de la semana pasada hubo otro atentado en el tramo I entre los Kms. 82 y 83. Se repiten los errores relativos al monto de inversión del PMRT. Se dice que este proyecto sigue desfinanciado; lo cual es cierto luego que venció el contrato inicial con el estructurador financiero y cambiaron las condiciones del mercado financiero y petrolero internacional hace años atrás. No se comenta que los mayores sobrecostos se debieron a los atrasos del gobierno, ni que el PMRT ha sido evaluado técnica y financieramente en varias oportunidades por reputadas empresas de consultoría internacional. Tampoco que la vulneración del buen gobierno corporativo no es un tema viejo, ya que la empresa estaba dentro de los mejores estándares de la Bolsa de Valores de Lima. Los problemas surgieron al no designar directores, abandonar y sabotearlos desde la Junta General de Accionistas en 2012 y cuando se eliminó las reglas de estabilidad de los directores a partir de la Ley de Presupuesto en diciembre de 2013.
La última reorganización desarrollada a partir de la Ley 30130 era insensata cuando se le prohibía participar en las actividades de explotación de hidrocarburos que son la principal fuente de ingresos de cualquier empresa petrolera internacional. Tampoco se dice que fue el propio gobierno el que impidió que se aplicaran las recomendaciones de la empresa consultora Wood Mackenzie; siendo una de ellas que se participe de manera inmediata en los lotes petroleros que revirtieron en la Costa Norte, Lote 64 y Lote 192. También que el MEF lleva poco más de dos años impidiendo que un operador privado (Geopark) se haga cargo de la inversión del Lote 64 en que la empresa sin colocar un sol recibiría el 25% del crudo producido. No se comenta sobre los casi US$ 1,000 millones que se pagaron al Estado por el regimen del IGV en la selva en más de una década (que recién se resolvió en condiciones de igualdad a las empresas privadas en 2015). Un gobierno que promueve mantener un mal contrato por las instalaciones portuarias de su propiedad arrendadas a terceros, así como por las torres y equipamiento en la Costa Norte por una fracción ridícula de su valor neto de reposición y de mercado, entre otras perlas. Todo el mundo guarda silencio cuando todos sabemos que la caída de la producción de hidrocarburos fue responsabilidad del gobierno y que la operación del ONP, durante los últimos años, fue una función social de la empresa que debería ser resarcida de acuerdo al artículo 18 del Estatuto Social de Petroperú. ¿No es acaso el MEF (a través de Proinversión) el que ha impedido la búsqueda de inversionistas privados para las instalaciones auxiliares del PMRT?, ¿de quién fue la negligencia para supervisar ambientalmente a los anteriores operadores del Lote 192?, ¿cuántas fugas se han producido y qué ocurre cuando estas se ocurren en el gasoducto operado por privados?
A pesar de las nuevas declaraciones del Presidente de Petroperú las últimas noticias siguen siendo negativas. Las facultades delegadas continúan siendo un enigma peligroso. El nuevo titular del Minem se expresa de manera correcta, pero mientras señala que el ONP es parte ineludible de la Refinería de Talara no comenta lo mismo sobre la importancia de poder explotar hidrocarburos (El Comercio, 26/9/2016, p.4). Por otra parte, el MEF pareciera haber eliminado la opción de emitir bonos por US$ 1,000 millones que serían la aportación imprescindible de cualquier accionista para financiar el PMRT y como compensación a todos los daños históricos. Todos estamos de acuerdo que no se debe gastar un dólar más de lo programado en ese proyecto, pero promover irresponsablemente su suspensión inmediata sería un problema legal, económico y operativo de grandes magnitudes. Los enemigos del Estado, de Petroperú y a favor de la total importación de combustibles deben estar felices a costa de todos los peruanos. Ojalá me equivoque, pero desafortunadamente es poco probable.
No solo la realización de los Juegos Panamericanos del 2019, con un costo estimado de 1,200 millones de dólares (MMUS$), han originado severas y fundadas críticas en el pensamiento económico de la derecha peruana; sino también la continuación del Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT); que según las cifras oficiales del portal de Petroperu, al segundo trimestre de este año, asciende entre lo ejecutado, por ejecutar y lo estimado en la construcción de servicios a tercerizar; a la suma de 4,600 MMUS$. Habiendo actuado de catalizador de estar en el ojo de la tormenta, las declaraciones del Presidente de la petrolera en radio y TV, el empresario minero Augusto Baertl, donde se rescatan dos afirmaciones sorprendentes: qué aún no puede contestar técnicamente si el proyecto es la mejor alternativa para el abastecimiento de combustibles, a la vez que señala que están buscando financiamiento por 3,000 MMUS$, cuando a fines de julio se mencionaba que se necesitaban recursos por 2,400 MMUS$, un adicional inesperado de 600 MMUS$.
Si no tiene una respuesta técnica y están en búsqueda del financiamiento, es obvio que la decisión de continuar no es por convencimiento de naturaleza económica, no me lo imagino al señor Baertl hablando de un carácter estratégico, propio de otros colectivos políticos, eso sería echar sus evangelios por los suelos. Entonces ¿Por qué continuar? Podríamos entender que los compromisos adquiridos haría onerosa una resolución de contratos, pero eso requiere cifras y contratos transparentes para opinar sobre la decisión, cosa que no se ve hasta el momento. Una segunda respuesta posible es que continúan porque políticamente es inviable parar la construcción, eso estaría en contradicción con la afirmación hecha que no han recibido encargo político. Aceptar esto es manifestar temor a no poder persuadir a los grupos sociales con la racionalidad económica. La capitulación deshonrosa.
Lo que corresponde a la nueva dirección es gestionar el PMRT con su convencimiento y con una absoluta transparencia que debe comenzar con la publicación de los contratos, los que inexplicablemente fueron escamoteados en el quinquenio pasado, habiendo sido públicos entre el 2008 y el 2011.
