JAIME DE ALTHAUS*
A mí no me cabe duda acerca de la capacidad intelectual y moral de José Chlimper, porque lo conozco, pero obviamente la gran mayor parte de los peruanos no lo conoce personalmente y, por lo tanto, ha sido un error político de Fuerza Popular designarlo director del BCR sin que antes se haya demostrado que no tuvo que ver en la adulteración del famoso audio.
Fuerza Popular es una agrupación bien organizada y disciplinada, y solo eso es un activo en un país en el que no es posible unir voluntades, y sirve para darle gobernabilidad, paradójicamente, a un gobierno débil. Pero todavía no ha construido su propio segundo piso: una institucionalidad de análisis político y elaboración programática. Prefiere la acción, digitada desde la cúspide, que la discusión orgánica, y por eso comete errores de acción. Carece de una comisión política solvente capaz de analizar los posibles efectos de sus decisiones, y no ha querido hacer una revisión de su propio proceso desde los 90 para extraer de allí una propuesta de reforma institucional que consolide una democracia eficiente (aunque parece que pronto presentará una propuesta al respecto).
Pero esa carencia de segundo piso es general en el Perú. Veamos el caso de la minería, donde tropezamos una y otra vez con las mismas pedradas y muertos de siempre, porque no hemos aprendido nada. No se entiende cómo después de 20 años de inversión minera grande, ni la Sociedad Nacional de Minería, ni el Estado ni los pocos think tanks que tenemos hayan podido hacer una revisión sistemática de la experiencia para ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, a fin de destilar fórmulas institucionales que favorezcan la comunicación y el desarrollo compartido entre empresa minera, Estado y comunidad. En la última campaña electoral se esbozaron por fin algunas ideas: el adelanto social, el canon comunal, el bosque-mina, pero no han salido del estado larvario. Seguimos dando palos de ciego.
En Las Bambas hubo una suerte de “adelanto social”, pero sin un plan de desarrollo integral y con el error de regalarles a 441 familias reubicadas una ciudad de lujo que costó US$458 millones (cada casa salió más de US$1 millón) y una cuantiosa compensación monetaria. Todos los demás, entonces, también quieren su parte. El gobierno reveló capacidad de aprendizaje al no firmar un acta a la apurada sino pedir una tregua de 45 días para presentar un plan integral, pero ese plan debió presentarse hace años, para que hoy los campesinos estuvieran embarcados en sus propias empresas y no bloqueando para que les den millones por el uso de la carretera, que es lo único que quieren a estas alturas.
Ahora hay varios grupos de izquierda recorriendo y agitando el corredor minero del sur para acumular fuerzas de cara a las elecciones del 2018. Ni Fuerza Popular, tan avenida a la acción, les hace frente.
*Antropólogo y Periodista
