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ANÁLISIS
CEDyAT: La transparencia de Nucleoeléctrica
22/11/2016

CORDOBA: Transparencia y responsabilidad exigida a la Empresa Nacional Nucleoeléctrica Argentina S.A.

MODERNIZACIÓN ESTATAL

Matías Constante

El acceso a la información pública son instrumentos importantes para que el CEDyAT-UVT Ley 23.877 logre su objetivo de fomentar el desarrollo, fortalecimiento y optimización de los procesos de organización, gestión y colaboración con las buenas prácticas de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, pertenecientes al sector público o privado, nacionales o extranjeras, universidades y demás entidades educativas, persiguiendo su modernización y transparencia, impulsando la utilización de nuevas tecnologías, promoviendo la cultura y educación tecnológica para el desarrollo sustentable.

 Abordar la Licencia Social y Ambiental de proyectos productivos, energéticos y/o de infraestructura, implica darle entidad a un conflicto que involucra aspectos sociales y que necesariamente requiere de métodos más participativos e inclusivos, donde todos los actores involucrados puedan comprender los procesos y tomar decisiones en base a información fehaciente.

 

 

 

 
En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. 
 
La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. 
 
La participación es el cimiento de la República y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país.
 
Ningún avance de la transparencia pública es posible ante la soberbia y la indiferencia de los funcionarios que ocupan cargos políticos en Organismos, Entes y/o Empresas del Estado eludiendo su responsabilidad restando importancia a que la ciudadanía se mantenga informada respecto de sus actividades. 

 

Son los mecanismos preventivos los que posibilitan un fortalecimiento de escenarios transparentes que impidan la corrupción surgida por no respetar la normativa vigente en las diferentes áreas y sectores. 

La Diputada Karina Banfi (UCR-Cambiemos) disertó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sobre la aprobación de la ley de acceso a la información pública recientemente sancionada.

 

 

"La participación de la sociedad civil, y de los organismos internacionales como la OEA, sin duda provocó el desenlace positivo a una ley de acceso a la información. El aporte de instrumentos internacionales como la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la OEA enriqueció los contenidos", acentuó.

Entre sus principales puntos, la ley contempla la denominada transparencia activa, el alcance sobre los tres poderes del Estado en tanto sujetos obligados, sistema de tachas, a través del cual siempre prevalece la entrega de la información, preservando la información sensible. A partir de este nuevo marco regulatorio, toda información que posea el Estado se presume pública, salvo excepciones.

Para promover la pronta aplicación de esta ley, la diputada propone “ampliar la conciencia, la sensibilización, la divulgación y la capacitación y concientización de todos nuestros funcionarios”.

“La Argentina se encuentra en una nueva etapa, cuyo gobierno camina en vías a ser uno de los países con mayor nivel de transparencia, ese es el desafío que tenemos a partir de hoy”, enfatizó.

 

 

 
Asimismo, basados en la Constitución Nacional de 1994, uno de los casos ejemplares presentado en el "Encuentro de la Sociedad Civil y Derecho Ciudadano 2016" de la Universidad de Buenos Aires, fue el que impulsó el GOBIERNO DE CORDOBA con la Resolución 203/16 de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que establece un real compromiso para que pedir información no sea un desafío contra una gestión, sino una actividad de colaboración que genera incentivos para una mejor administración de la Empresa Estatal Nucleoeléctrica Argentina que recibió el 22 de julio último la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, para el desarrollo de las actividades y obras para la Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse.
 
De la lectura del texto completo de la Resolución 203/16, firmada por el Señor Secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, - Lic. Javier BRITCH - que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por NA-SA un equipo de profesionales de la UBA explicó que es el resultado directo del impulso de una COMISION TECNICA INTERDISCIPLINARIA (conformada por agentes estatales, universitarios, ONG´s, etc) que realizó la Evaluación del Estudio Ambiental presentado y en su INFORME Nro. 21 expresa taxativamente y sin dejar dudas: 

"...que corresponde a NA-SA a través de su CONSULTOR TECNICO AMBIENTAL que asumió la responsabilidad técnica del Estudio de Impacto Ambiental proceda a entregar INFORMES DE AVANCE AMBIENTALES DE FORMA SEMESTRAL a los efectos antes descriptos y solicitados. Tanto en la etapa de la Extensión de Vida como así también durante su funcionamiento".
 
Es decir, que la Licencia Ambiental está CONDICIONADA a la presentación en tiempo y forma según lo establecido en la normativa provincial, caso contrario se transforma automáticamente en nula, debiéndose paralizar todas las obras del Proyecto de Extensión, con un altísimo costo político, económico y energético para el país que el año próximo deberá refrendar la mitad de su mandato en las elecciones nacionales legislativas.

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en la AUDIENCIA PUBLICA realizada en la Ciudad de Embalse Río Tercero, en el marco de lo establecido por la Ley 10.208, el Subsecretario de la Nación, Lic. Julián GADANO también destacó la importancia para el Sector Nuclear del acceso a la información pública promoviendo la transparencia ante la ciudadanía terminando con lo que denominó "la cultura del secreto".
 
Finalmente la Autoridad de Aplicación de la Ley 10208 de Córdoba emitió la Resolución 203/16 la Licencia Ambiental incorporando en ella el acceso a la información pública del Proyecto exigiéndole a la Compañía Estatal:

 

 

"Presentar, en forma semestral, Informes de Avance Ambientales y los resultados del Programa de Monitoreo propuesto, tanto durante la etapa de Extensión de Vida, como así también durante el funcionamiento de la CNE ante esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, por parte de Nucleoelectrica Argentina S.A., a través de su Consultor Técnico Ambiental".

 

Es decir, la Provincia de Córdoba exige MONITOREO SEMESTRAL de lo que sucede en la Central Nuclear. 

Esto ha sido resultado de una articulación que clarificó las expectativas acerca de los roles interdependientes generando una realidad de equilibrio negociado entre todas las partes involucradas para garantizar transparencia y responsabilidad ante la comunidad local: Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipal y la Sociedad Civil.

En este punto, y previo a la exposición de resultados que NA-SA deberá presentar a partir del 22 de diciembre de 2016, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realizó en la UBA tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente disponibles en la web para cualquier tipo de verificación. 

Ahora la Empresa NA-SA deberá cumplir la Ley 10.208 porque el monitoreo y la evaluación no sólo miden qué tan bien se están haciendo las cosas, sino también nos dicen qué ha cambiado luego de la implementación del proyecto de extensión de vida. El monitoreo y evaluación ayudan a evaluar qué tan bien se están haciendo las cosas con el fin de ayudar a hacerlo mejor.

Se trata de preguntarse qué ha sucedido y por qué - ¿qué está y qué no está funcionando? ¿Qué ha cambiado y qué no, durante y después de la implementación del proyecto? Se trata de utilizar la evaluación para obtener más información acerca de las actividades de que realiza la Central Nuclear de Embalse, y a continuación, utilizar lo que se ha aprendido.

El CEDyAT se ocupa de estos aspectos de dos maneras: mediante el mecanismo del PROGRAMA DE GESTION y brindando ASISTENCIA TECNICA a través del PROGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA que surge de la aplicación sistémica de la Ley.

Así, el CEDyAT contribuye al fortalecimiento de políticas públicas y planes nacionales de fortalecimiento de la capacidad institucional del Sector Público Argentino, mejorando el acceso a la información, promoviendo la transparencia de los sectores estratégicos como la energía, el medio ambiente, los recursos naturales, la infraestructura, la informática, el turismo, la seguridad ciudadana, entre otros con los cuales colabora como Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Cumpliendo un rol de ser puente entre la Sociedad Civil y el Estado.

 

 

 

 

Cooperando a través de Convenios de Colaboración Conjunta en la actividad de modernizar los organismos / entes de control, externo e interno y robusteciendo el rol fiscalizador de las instancias de la Sociedad Civil en la participación ciudadana.

El gran desafío ahora es superar la resistencia de los funcionarios que aún piensan feudalmente respecto a las acciones que toman ante lo que dispone la Ley y la normativa vigente.

La manera de satisfacer las necesidades hoy, compromete profundamente la posibilidad y forma en que las generaciones futuras podrán satisfacer las suyas. Los interrogantes que plantean estas preocupaciones dan lugar a nuevos enfoques, el cambio de hábitos y costumbres y hasta la redefinición de los roles que cada uno tiene en la sociedad. 

La responsabilidad social y la sustentabilidad se están convirtiendo, cada vez más, en una realidad que las empresas y las organizaciones públicas entiendan que deben incorporar a sus modelos de gestión, buscando identificar las posibilidades de crear más valor democrático.


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