HUMBERTO CAMPODÓNICO
La mayoría de los indicadores nos dicen que la economía está en estancamiento severo por la caída de los precios de los productos primarios. Por ello, se debería impulsar una política que revierta la caída del ciclo para relanzar el crecimiento: una política anticíclica. ¿Tenemos elementos para hacerlo? Claro que sí. ¿Se ve eso reflejado en el presupuesto aprobado? Creemos que no.
Veamos. En el III trimestre de este año, la inversión privada solo representó el 17.1% del PBI, su nivel más bajo desde el 2007. La manufactura de recursos primarios ha bajado de 109 en el 2013 a 96.4 al III T. En el mismo periodo, la manufactura no primaria pasó de 137 a 127, alimentos y bebidas de 135 a 132 y productos metálicos de 182 a 154. El empleo en Lima Metropolitana en empresas de 100 y más trabajadores no se ha movido desde el 2013.
¿Cómo así entonces el PBI ha crecido 4.4% en el III T? Eso se explica por la entrada de grandes proyectos mineros como Las Bambas y Toromocho. Pero ese impacto se da una sola vez y no hay un solo proyecto nuevo de esa talla para los próximos años.
Es aquí donde debiera entrar la diversificación productiva, para crecer en nuevos sectores que nos alejen de la dependencia en los recursos naturales. Poco o nada hemos visto, ya sea en el debate presupuestal o en la propia CADE, acerca de eso.
Regresemos al presupuesto. Queda claro que el ministro Segura dejó un déficit fiscal superior al 3.5% del PBI. Frente a ello, el ministro Thorne tenía dos posibilidades. O aceptaba que era posible mantener ese nivel de déficit fiscal por uno o dos años más con el objetivo de reactivar la economía. O corregía desde ahora, privilegiando el equilibrio fiscal para “no correr el riesgo de que las calificadoras de riesgo nos rebajen el grado de inversión, lo que aumentaría la tasa de interés de los bonos o préstamos, encareciendo los costos de la inversión”.
Optaron por lo segundo. Para el 2017 se propone que el déficit baje al 2.5% hasta llegar a 1% en el 2021. Y han decidido no usar los ahorros fiscales de las “vacas gordas” que llegan a 16% del PBI, según el MMM del MEF (incluyen los US$ 8,000 millones, 4% del PBI, del Fondo de Estabilización Fiscal, FEF). También mantienen el límite de la deuda pública en 30% del PBI (estamos muy cerca, en 27%), o sea que no se incurrirá en deudas para financiar el déficit fiscal. El gobierno confía en que la repatriación de capitales aumentará la recaudación. Vemos difícil que esto alcance.
Así, el gobierno incurre en un innecesario “sobreajuste” (el presupuesto solo crece 2.9%, sin descontar la inflación de 3%) para cumplir la meta autoimpuesta de 2.5% de déficit. No había ningún problema en usar los fondos del FEF. De hecho, en el 2015, Segura les echó mano por US$ 1,200 millones.
Tampoco las calificadoras de riesgo hubieran rebajado el grado de inversión, si se explicaba claramente que la vuelta al equilibrio se haría de todas maneras, pero con la economía en crecimiento. Se podría entonces haber usado el FEF y, también, la emisión de nueva deuda, de preferencia en soles. Pero el MEF, erre que erre, ha preferido mantener el límite del 30%.
El problema es que con este “sobreajuste” la inversión pública no va a cumplir su rol anticíclico y ser un arma eficaz en la reactivación. Eso sí sucedió en el 2008 (guardando las distancias con la situación actual) cuando hubo un fuerte impulso fiscal (y también monetario, pues bajó la tasa de interés, lo que no sucede ahora).
Por tanto, el estancamiento se va a prolongar. Y si por algún motivo se reducen los ingresos en el 2017, la variable “de ajuste” va a ser, como siempre, el recorte de la inversión pública. Recordemos que, según el propio FMI, el efecto multiplicador del crecimiento de la inversión pública es sustantivamente mayor al de las rebajas tributarias.
Es aquí donde se nota lo negativo de la rebaja del impuesto a la renta de Segura del 2014, pues cayeron los ingresos y no aumentó la inversión privada, algo que “ingenuamente” se preveía. Esperemos que el gobierno revierta esa rebaja y, también, que se posponga la rebaja de 1% del IGV (esto último es poco probable).
Además de no ser reactivador, ha aumentado la participación del gobierno central, en detrimento de los gobiernos regionales y locales, acentuando el centralismo. Y se han reducido las partidas de importantes pliegos sociales y productivos como salud (-69,7 millones), agricultura y riego (-152,46), justicia y DDHH (- 211,32) y el seguro integral de salud/SIS (-247.87). Y no hay una línea de apoyo a la diversificación productiva. Esas, entre otras, son las razones por las que el Frente Amplio votó en contra del presupuesto.
Finalmente, si la coyuntura económica internacional cambia por motivos políticos (Trump) y/o sube la tasa de interés en EEUU y/o hay un impacto en el crecimiento de China, acá lo sentiremos fuerte en lo negativo. Mayor razón aun para poner en marcha políticas anticíclicas. El oficialismo y el fujimorismo votaron este presupuesto y son corresponsables de lo que venga. No lo olvidemos.
