NÉSTOR SCIBONA

Hace ya un año que el gobierno de Mauricio Macri inauguró el discurso de promover la inversión como base de un crecimiento económico sustentable y con más empleos genuinos, a diferencia del modelo populista de la era K, ultraintensivo en consumo sin que la oferta de bienes y servicios pudiera seguirle el tren. A tal punto que una de las herencias menos visibles del kirchnerismo fue que el PBI per cápita retrocediera a los niveles de 2011.

ebido a la mayor inflación y la recesión de este año, la inversión bruta habría caído entre 7 y 8% con respecto a 2015. La alta presión impositiva heredada, junto con las subas de costos provocadas por la unificación cambiaria y las tarifas energéticas, se hizo sentir con más fuerza en muchos sectores y minimizó el boom de inversiones al que apostaba inicialmente el Gobierno para reducir por vía indirecta el peso relativo del Estado en la economía. También se mantuvo estancada la creación de empleos privados formales, que prácticamente no creció en los últimos seis años.

Si hasta ahora había pocas chances de reducir la presión tributaria récord para impulsar la inversión productiva, salvo en un puñado de casos puntuales, el panorama se complica todavía más con la media sanción en Diputados de la ley que reunificó a la oposición peronista para reformar Ganancias. No sólo por su carácter oportunista y demagógico o su impreciso costo fiscal a corto y mediano plazo. Más que nada, porque transmite a potenciales inversores la señal de que en la Argentina conviene sacarse de la cabeza la idea de estabilidad tributaria. Y hasta pone en riesgo el esquema impositivo posterior al blanqueo, aprobado por el mismo Congreso para que los dólares evadidos reingresen al circuito económico formal.

Éste es el caso de la polémica ley con media sanción que, en nombre de estimular el consumo para el 10% de los asalariados que tributan Ganancias, hipoteca la futura creación de empleos en distintos sectores. La incertidumbre es la peor enemiga de la inversión.

Uno de los factores de incertidumbre es en cuánto elevará el déficit fiscal de la Nación y las provincias, que mayormente se financia con endeudamiento externo. Es llamativo que el massismo y el kirchnerismo alerten sobre los riesgos de endeudarse y a la vez presionen sobre el déficit sin proponer ninguna baja del gasto público.

Además, el proyecto incluye otros costos ocultos. Por lo pronto, el impuesto a la renta financiera conspira contra la expansión del sistema bancario que -con el equivalente del 16% del PBI en depósitos y 12% en préstamos- es uno de los menos desarrollados de la región. Otro tanto ocurre con el reflotamiento del impuesto a los dividendos, a cuatro meses de haber sido eliminado para facilitar el blanqueo, y también con el que gravaría los inmuebles "improductivos", superpuesto con Bienes Personales. Por otro lado, complica la estrategia antiinflacionaria del BCRA que a través de las tasas de interés de las Lebac absorbe los excedentes de pesos por la compra de parte de los dólares provenientes del endeudamiento externo del Tesoro y una decena de provincias, para evitar un mayor deterioro del tipo de cambio real.

La reimplantación de las retenciones a la exportación minera, a nueve meses de haber sido eliminadas, probablemente frene la extensión productiva de yacimientos maduros que ya se había puesto en marcha y amenaza nuevos proyectos anunciados por casi US$ 2000 millones. Al igual que lo que ocurrió en la gestión de CFK, las retenciones vuelven a violar la ley de estabilidad fiscal para inversiones del sector sancionada hace casi veinte años. Es llamativo que esta iniciativa no haya merecido pronunciamientos de gobernadores de las provincias mineras. Difícil saber si propondrán cambios o si negociarán más fondos.

Esta duda se extiende a todas las provincias, que perderán coparticipación por Ganancias y donde Macri busca negociar apoyos para evitar la aprobación por el Senado o bien el costo político de un veto presidencial.

Como contracara, el alivio en la presión tributaria que significó la eliminación de retenciones para las exportaciones agropecuarias, junto con la devaluación, tuvo una inmediata respuesta en la región núcleo. La producción tuvo este año una fuerte recuperación, que se trasladó a las ventas de pick ups, maquinaria agrícola, fertilizantes y agroquímicos, mientras las cosechas récord de la actual campaña ya movilizan más fletes. En la última encuesta cuatrimestral de CREA, 56% de los productores considera que es un buen momento para invertir. En todo caso, se trata de la excepción que confirma la regla: a menor presión impositiva aumenta la inversión.

Aun así, bajar la presión tributaria sigue siendo el nudo gordiano de la economía argentina. Máxime cuando la necesidad política del gobierno de Macri para apurar la reactivación de la economía antes de las elecciones legislativas de 2017 lo llevó en los últimos meses a acelerar el ritmo de aumento del gasto público, que en octubre "explotó" (51%) y en los diez primeros meses del año creció 6 puntos más (32,2%) que los ingresos fiscales (26%), deteriorados por compensaciones a distintos sectores. En noviembre repuntaron por blanqueo.

Esto aleja en el tiempo la posibilidad de reducir impuestos para incentivar la inversión, que en lo inmediato es mucho menos visible que una recuperación del consumo. Para más datos, la ley de blanqueo crea una comisión bicameral destinada a elaborar una reforma tributaria integral que debería expedirse en 2018. Mientras tanto, muchas provincias y municipios (entre ellos, Buenos Aires y CABA) prevén para 2017 ajustes del orden de 35% en tributos y tasas locales, el doble que la meta inflacionaria oficial. Y aumentaron en la recaudación el peso de impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, que, al igual que el gasto público, nunca baja.

El problema es que la inversión en la Argentina se mantiene en torno al 16% del PBI (12% privada y 4% pública) y el componente privado es el más bajo de América latina, donde el promedio alcanza a 17,2%, con picos de 20,3% en Colombia y Perú. En la campaña electoral de 2015 los principales candidatos coincidían en el objetivo de elevarla al 24% para sostener el crecimiento y crear empleos. Ahora, el consenso sobre cómo lograrlo está cada vez más lejos.

ISMAEL BERMÚDEZ

Las distorsiones, inequidades y hasta la regresividad actual del impuesto a las Ganancias que pesa sobre trabajadores, jubilados y autónomos son la consecuencia de no haber actualizado los parámetros de este tributo en un período, entre los años 1999 a 2016, en que la inflación ascendió a la friolera del 1.970%.

El actual mínimo no imponible (MNI) de un soltero fue ajustado un 976% con relación al que existía en 1998. Y el del casado con 2 hijos, un 1.077%. De aquí se desprende que para volver a los valores anteriores a la reforma de la Alianza, el MNI para un soltero que hoy es de $18.880 debería rondar los $36.000 mensuales netos (o $43.400 brutos) y para un casado con 2 hijos, hoy en $25.000, debería pasar a los $45.000 netos o $54.200 brutos.

Más grave es el congelamiento de las escalas sobre las que se aplican las alícuotas, que fueron establecidas en 1999, y que luego de ¡17 años! siguen en los mismos valores.

Por estas razones, hoy más trabajadores, jubilados o autónomos están alcanzados por Ganancias y gravados no con la tasa mínima del 9% (que subió del 6 al 9% bajo el gobierno de la Alianza) sino con la tasa máxima del 35%.

Actualizaciones ausentes

Marcelo Copello y Alejandra Marconi, de la Fundación Mediterránea (IERAL), dicen correctamente que “actualizar los parámetros del impuesto por inflación no significa reducir el impuesto, sino que significa evitar que siga subiendo su peso sobre los ingresos de los trabajadores en un determinado período. Esto es, en una economía inflacionaria, si en un año no se ajustan los parámetros nominales que ayudan a liquidar el impuesto, quiere decir que ese año aumentará el peso del impuesto con relación a los ingresos de los asalariados, aun cuando los salarios sólo hayan acompañado a la inflación del período”.

De otra manera, “si en un año los salarios acompañan a la inflación (se mantienen iguales en poder adquisitivo) pero el Gobierno no ajusta los parámetros nominales del impuesto, significa que los salarios netos del impuesto están perdiendo poder adquisitivo (pues sube el peso del impuesto sobre los ingresos)”.

Eso fue lo que pasó: los salarios, las jubilaciones y los ingresos perdieron ante la inflación, mientras los alcanzados por Ganancias tuvieron una pérdida adicional por la falta de actualización de los parámetros del impuesto.

Así, la inflación jugó a favor del Estado por partida doble: licuando el salario y recaudando más por Ganancias y otros impuestos. Esa pérdida adicional redundó en un ingreso adicional del Fisco que el Tesoro Nacional, bajo los distintos gobiernos que se sucedieron, se resistió a resignar con el falaz argumento del costo fiscal.

Copello y Marconi dicen que “ante la falta de actualización en el impuesto a las Ganancias, lo mismo que ha pasado con el impuesto a los Bienes Personales, la recaudación de ambos tributos ha subido en forma considerable en los últimos años. Puede observarse a continuación que la recaudación de Ganancias sobre Personas Físicas prácticamente se ha cuadruplicado, en términos del PBI, desde 1997 en adelante, mientras en Bienes Personales la recaudación relativa al PBI se ha multiplicado por tres”.

Con relación al Monotributo, otro estudio de la Fundación Mediterránea señala que “si se considera la escala vigente en el año 2000, para actualizar la facturación máxima permitida para permanecer en el régimen de acuerdo a la evolución de los precios de la economía, en la actualidad la escala debería elevarse a alrededor de $1,3 millones, lo que implica multiplicar el parámetro actual por 3,2 veces. Por esto resulta evidente el retraso en las escalas del sistema simplificado”.

El proyecto oficial plantea llevar el tope de los monotributistas prestadores de servicios a $600.000 al año y para el caso de los que facturan bienes muebles, a $900.000 al año.