NÉSTOR O. SCIBONA

Normalizar la economía argentina llevará tiempo, no sólo por la política de gradualismo fiscal, sino también por la resistencia de buena parte de la sociedad a cualquier cambio de hábitos.

El caso de la energía es uno de los más emblemáticos. Al modificarse progresivamente un precio relativo muy retrasado, el efecto será inverso al de la década K cuando las tarifas sin relación con los costos provocaron un despilfarro de electricidad que no pudo ser atendido por una oferta estancada. Los cortes y apagones fueron la señal de un esquema agotado por la escasez de inversiones, que debieron ser reemplazadas por crecientes importaciones.

Al cabo del período 2002/2015, las tarifas eléctricas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) eran las más bajas de los últimos 70 años en términos reales y no resistían comparación alguna con las del resto del país, ni con otros países de la región. La amplia brecha con los costos de generación fue cubierta por una fenomenal masa de subsidios estatales indiscriminados, que pasaron a ser el segundo rubro en importancia del gasto público, detrás de las jubilaciones. Incluso en 2016 crecieron 53% y representaron algo más del 10% del gasto total de la administración pública nacional (un monto similar al del pago de remuneraciones).

Con semejante atraso tarifario, cualquier corrección gradual se asemeja a un shock. Ya ocurrió hace un año con el "tarifazo" de 300/400% y, en menor escala, con el que rige ahora para Edenor y Edesur (de 60 a 148%, según el nivel de consumo), desdoblado entre este mes y el próximo.

El aumento anunciado por el ministro de Energía fue superior al previsto porque además duplica el precio estacional mayorista (de $ 320 a $ 640 /MWh), para acercarlo al costo de generación (estimado en $ 1410 para 2017). Con este esquema, las tarifas residenciales cubrirán este año el 47% del PEM. Por lo tanto, el 53% restante seguirá subsidiado, con un sendero decreciente de 37% para 2018 y 10% para 2019. El impacto será menor en las distribuidoras provinciales, con cuadros tarifarios no tan desactualizados. Como contrapeso, quienes reduzcan 20% su consumo con respecto a los mismos períodos de 2015 (no del año último), podrán evitar el aumento del PEM que representa el 27% de la factura total.

Esto significa que todavía hay por delante un largo trecho para alinear las tarifas eléctricas con los costos y reducir subsidios, principalmente en el AMBA. Según la revisión tarifaria integral presentada en la última audiencia pública, el valor agregado de distribución (VAD, que equivale al 45% de la factura e incluye compromisos de inversión y reducción de cortes de suministro) se ajustará semestralmente hasta 2022 sobre la base de una fórmula polinómica que incluye precios minoristas y mayoristas, costo de la construcción, salarios y tipo de cambio, entre otros, para mantenerlo en pesos a valor constante.

El Gobierno trasladó la próxima actualización para noviembre -o sea, después de las elecciones legislativas- a la espera de que este aumento ya esté asimilado para entonces, con lo cual asumió parte del costo político. El año electoral no es precisamente el mejor momento para subir las tarifas de luz ni tampoco de las de gas, que serán ajustadas en abril.

Pero esta medida implica una señal macroeconómica: al focalizarse en la corrección de un precio relativo tan atrasado como la energía, apunta a reducir gradualmente los subsidios (en $ 37.000 millones) y el déficit fiscal. Carlos Bastos, ex secretario de Energía, considera un error centrar la discusión en los porcentajes de ajuste y su incidencia coyuntural sobre el índice de precios o los aumentos que reclamarán los gremios para mantener el valor del salario. A su juicio, el aumento de las tarifas se verá compensado porque otros bienes de la economía aumentarán menos y bajará la inflación estructural a mediano plazo. Además sostiene que la corrección de precios relativos permitirá liberar recursos fiscales para bajar la carga impositiva sobre la actividad productiva y mejorar áreas estatales muy poco eficientes, como seguridad, justicia, educación y salud en beneficio de los sectores más vulnerables.

Desde un punto de vista microeconómico, la suba de la electricidad obliga a un uso más racional que en el pasado y a prestar más atención a las facturas. Ciertamente, a nadie le gusta pagar más tarifas y reducir otros consumos. Menos aún en un contexto inflacionario que abulta boletas de impuestos y precios de otros bienes y servicios. Según las categorías de usuarios (sin considerar la tarifa social), el aumento bimestral equivale desde el precio de dos cafés hasta el de un par de zapatillas de marca, pasando por dos entradas de cine o 26 litros de nafta.

El sinceramiento tarifario puede vincularse además con los "precios transparentes" para diferenciar el precio al contado de las cuotas fijas, que tanto revuelo generó en sus primeros días de aplicación. Pone a la vista costos financieros con un piso de 40% anual, similar al de la inflación de 2016, ocultos indistintamente en las cuotas "sin interés" y en un solo pago. Más allá del resultado de esta acción, sería útil ahora reflotar el plan Renovate (aplicado en 2015 para canjear lavarropas y heladeras de alto consumo eléctrico por equipos nuevos más eficientes, con descuentos de hasta 25%) y extenderlo a acondicionadores de aire.

Por cierto que la adaptación a estos cambios de hábito no será inmediata ni sencilla, al igual que en otros órdenes. Sin ir más lejos, el paro anunciado para marzo por la CGT no obedece a la suba de la electricidad sino a despidos en el verano, justo cuando la economía comienza a salir heterogéneamente del pozo recesivo de 2016 y la menor carga de Ganancias sobre los salarios hace prever cierto repunte del consumo. Y a un mes del comienzo de clases varios gremios docentes ya anticipan conflictos, que dejarían otra vez a chicos y padres como rehenes del resultado de las paritarias. Una negociación salarial que bien podría haberse anticipado a diciembre si realmente se tratara de defender la educación pública. Por el contrario, un informe de la Universidad de Belgrano revela la situación opuesta: en el período 2003/2015, la matriculación en las escuelas públicas primarias acumuló una caída de 11,5% con un éxodo de 433.500 alumnos, mientras en las privadas se incrementó 27,3% con el ingreso de 265.000.