MIRYAM ANDÚJAR*

"Toda medida tendiente a reducir los riesgos en minería, puede desacelerar la actividad, con el consecuente impacto socio-económico para la provincia.''

El nuevo incidente en Veladero puso a la mina canadiense en la órbita del Principio Precautorio, gestor de políticas protectoras del medio ambiente y de la salud humana. Dicho principio formulado por primera vez en 1970, en un programa del gobierno alemán sobre Derecho Ambiental, implica una actitud de prudencia ante la sospecha fundada de potenciales daños.

El énfasis precautorio inspirado en la Etica de la responsabilidad de Hans Jonas, implica una nueva actitud cívica de marcado sesgo solidario. Por parte del Estado se traduce en una tutela judicial anticipada, activándose la protección del medio ambiente ante la generación de riesgos con efectos desconocidos e imprevisibles. Su aplicación fundamentalmente, compete a los poderes púbicos que deben priorizar la salud y la seguridad por encima de la libertad de intercambios entre particulares y Estado.

Las condiciones para la aplicación de este Principio son: 1- existencia de actividades con riesgos potenciales, graves e irreversibles; 2- incertidumbre científica sobre dichos riesgos. Frente una situación de estas características, la precaución no debe operar como mero consejo moral, más bien debe convertirse en un imperativo que obliga a actuar responsablemente con las generaciones futuras.

Según González Animat, el principio precautorio impone a los Estados una serie de obligaciones: 1- el Estado debe abstenerse de realizar actividades que puedan ocasionar riesgos significativos. Esta obligación abarca tanto las actividades originadas en sus propias políticas públicas, como aquellas que realizan empresas o corporaciones; 2- deber de informar a la población; 3- deber de consulta a la comunidad, a fin de que esta pueda participar activamente en la toma de decisiones. Una política de prevención y aceptación social de riesgos debe concebirse en instancias pluralistas. Aunque el ideal del riesgo cero resulte una utopía, ello no implica una aceptación pasiva de riesgos sobre los cuales la sociedad no se ha expedido.

Finalmente, cabe una reflexión: desde hace años, la economía de San Juan está centrada en la actividad minera. Esto no debe verse sólo como dato económico, sino también contemplarse en su arista sociológica. En ese sentido, toda medida tendiente a reducir y limitar los riesgos, puede desacelerar la actividad en cuestión, con el consecuente impacto socio-económico para la provincia. Por ello cualquier decisión política basada en la precaución, debe guiarse por la prudencia y evitar los extremos.

Los posicionamientos radicalizados de algunos sectores pro minería, como los fanatismos de algunos sectores medioambientalistas, no ayudan a resolver el problema. Por exceso o por defecto, la verdad se diluye en cada uno de estos extremos.

(*) Instituto de Bioética. Uccuyo.