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POLÍTICA

Escribe Villalonga: Hugo, Huguito, Pablo y la máquina de apretar

MINING PRESS

JULIO VILLALONGA

Huguito Moyano, el hijo abogado de Hugo, tenía todo arreglado con los asesores del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con los abogados de las centrales sindicales empresarias. El texto de una ley "ómnibus" que reformulaba el mundo del trabajo, incluidos los ajustes a los sistemas previsional y tributario. Lucía ambicioso, pero estaba a la vuelta de la esquina, cuentan casi con asombro en encumbrados despachos oficiales.

El presidente Mauricio Macri estaba aún embriagado por el triunfo electoral de medio término y los reclamos de los empresarios locales y de los inversores internacionales parecía que podrían ser satisfechos, pero la múltiple reforma tenía un costo, y ese costo apareció de golpe: si el gobierno quería aprobar la meganorma, el "caso OCA" debía resolverse según las condiciones de los Moyano.

Pero eso no ocurrió, y junto con la ley "ómnibus" se estrelló el proyecto de salvar a la empresa de correos privada, atribuida a Moyano como otro de los bienes de familia, que incluyen empresas, financieras, casas-quinta y departamentos lujosos en Puerto Madero.

Lo que siguió es conocido por todos. Hugo mandó a Pablo a romper, a reunir a todos los que se oponen al ajuste. Y hasta se animó a pedirle un café a Cristina, que ya se siente unida a Pablo, según tuiteó.

Hasta hace menos de dos meses, entre Cambiemos y Camioneros no había grandes conflictos. Este miércoles los segundos realizaron una marcha masiva pero que mostró en carne viva las limitaciones del conglomerado variopinto reunido en defensa de Moyano y los suyos, cada parte con intereses distintos y en muchos casos contrapuestos.

"Si hubiera sido empresario, sería un empresario exitoso", aseguró Moyano en una de las recientes entrevistas que dio. Como líder de su gremio, y con su esposa gerenciando la obra social, Don Hugo no mostró ninguna virtud como empresario. Por el contrario, que la obra social de Camioneros esté quebrada, a pesar de las millonarias ayudas del sindicato, muestra un notable descontrol administrativo. Que OCA le deba 3.000 millones de pesos al Fisco, en gran parte por no pagar las cargas sociales, parece un contrasentido: la compañía no pagaba las cargas ni los aportes sindicales, por lo que se convirtió en la mayor deudora del gremio.

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