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RENOVABLES

Escribe Aguirre: Tensión económica no debe frenar desarrollo de las renovables

ENERNEWS

Por Juan Ignacio Aguirre*

En el sector energético las condiciones del entorno cumplen un papel fundamental para alentar la inversión, en especial las condiciones institucionales y macroeconómicas.Esto se debe a diversos factores: los enormes costos del capital necesario para el desarrollo de los proyectos, el largo plazo requerido para la recuperación de la inversión y el hecho de que los ingresos de los proyectos dependan de un tomador de energía estatal (Cammesa).

El mercado entre privados, por ejemplo, entre un parque eólico y un supermercado, creció exponencialmente en la última década en los mercados desarrollados, pero es aún un proyecto a largo plazo en nuestro país.

Sumado a ello, el mercado de energía eléctrica es social y políticamente sensible. Tras la II Guerra Mundial fue centro de disputa para la reunificación de Europa, por su rol fundamental en la reconstrucción y en el desarrollo de los países.

Al ser sensible al contexto socioeconómico, la política energética es un frágil fusible en épocas de crisis. Ejemplo paradigmático es el de la Argentina. Tras la crisis de 2001 el sector atravesó un congelamiento tarifario que llevó a la degradación en materia de infraestructura y al actual intenso proceso de readecuación.

Diversos estudios han demostrado que la mayor parte de la financiación para invertir en energías renovables en América Latina se ha dirigido en los últimos años a países que los inversionistas consideran seguros por su institucionalidad y consistencia en sus políticas energéticas, económicas y sociales.

La reciente tormenta especulativa que atravesó el Gobierno se contrapone con un mercado de energía renovables en pleno crecimiento y siendo uno de los faros de éxito para el resto de las industrias en términos de inversiones. A fines de 2015 la capacidad instalada de energías renovables ocupaba apenas un 0,8% de la matriz energética argentina.

La falta de inversiones dejó desacoples significativos entre la demanda creciente de energía eléctrica (prevista a una tasa anual de 3,2% en promedio entre 2017 y 2025) y la escasa producción local. Aún cuando la región multiplicó por 11 sus inversiones en renovables mientras que el resto del mundo lo hizo por 6 en el período 2004/2015, el equilibro entre la oferta y demanda energética sigue siendo una tarea compleja en Argentina, y el gobierno debe recurrir a las reservas del Banco Central para importar combustibles fósiles no renovables para quemar y generar electricidad.

Hoy, el país tiene escasa diversificación de recursos en su matriz, sumado a que importa más del 50% del combustible utilizado para abastecer el consumo, lo que genera una enorme fragilidad con respecto a los precios de estas importaciones. El plan RenovAR vino a dar vuelta esa situación. Con el objetivo de añadir 10.000 MW de capacidad instalada al mercado hasta 2025, el plan aspira atraer inversiones anuales del orden de u$s 1500 millones. El ambicioso objetivo es llegar al año 2025 con un 20% de renovables en nuestra matriz.

El inicio del programa fue auspicioso. Las primeras tres rondas licitatorias por aproximadamente 4,500 MW fueron adjudicadas con precios competitivos, dejando muchas ofertas de lado, y se estima que Argentina añadirá 1 GW de generación a finales de este año. Esto representa un ingreso de aproximadamente u$s 7000 millones al sistema financiero. Si bien en el Ministerio de Energía se celebra que los proyectos adjudicados en las dos primeras rondas (RenovAR 1 y 1.5) cuentan con un cumplimiento de hitos contractuales del 95%, el mundo se pregunta en estos días de qué manera podría impactar la reciente incertidumbre financiera en la industria.

Mientras que en el MINEM se estaban firmando los primeros PPA (Power Purchase Agreements) de la tercer ronda licitatoria (RenovAR 2.0), el Banco Central anunciaba la tercer suba de tasas en una semana y continuaba vendiendo reservas para contener el dólar, en medio de un shock de desconfianza en la economía argentina.

Los PPA se firman en general antes del financiamiento de los proyectos porque son la fundación de la bancabilidad de los mismos. Básicamente, un inversor llevará adelante un proyecto de la magnitud de un parque eólico o solar fotovoltaico si cuenta con alguna certeza de que el Estado le va a comprar la electricidad producida a un precio predeterminado y razonable durante toda la vida del proyecto.

Además, la disminución del riesgo político y financiero hace que se obtenga financiación a tasas más razonables, y que el precio de la electricidad ofrecido por los dueños de los proyectos en las licitaciones sean más baratos. Por ende, el diseño de estos contratos en países como el nuestro, donde la seguridad política y financiera es poca, es trascendental: los PPA deben estar respaldados para afrontar con firmeza situaciones de turbulencia como la que el país se encuentra atravesando.

Los PPA del programa RenovAR cuentan con una herramienta vital para evitar el riesgo a una devaluación del peso frente al dólar. Un dólar más caro resulta inmediatamente en un ajuste en el precio del PPA. Son contratos a 20 años, denominados en dólares y respaldados por (i) un fideicomiso público que garantiza el pago en tiempo y forma de la energía de fuentes renovables entregadas a la red, así como un posible pago por terminación del contrato y (ii) garantías del Banco Mundial por u$s 500 millones.

La participación del Banco Mundial en las licitaciones genera confianza en los inversores y les permite acceso a fuentes de financiación tentadoras. Asimismo, a los fines de reducir los principales factores de riesgo, se implementó otro nivel de garantía a través de un mecanismo de opción de venta. Básicamente, en caso de no efectuarse el pago de la energía por parte de Cammesa o el fideicomiso, durante cierto período de tiempo, o en caso de que Cammesa no cumpliera con un laudo arbitral firme, las empresas podrán resolver el contrato directamente con Cammesa. Es decir, podrían conservar el proyecto y vender la electricidad a terceros o bien transferir los activos del proyecto al fideicomiso y recibir una compensación monetaria.

En otras palabras, los pagos de la energía están protegidos por varias capas contra riesgos financieros y políticos. A partir de la reciente devaluación del peso, los costos de capital también posiblemente incrementarán al aumentar las tasas y por ende la inflación. De todos modos, los ajustes de precio del off-take del PPA deberían servir para subsanar estos incrementos.

En consecuencia, en el presente momento en el cual los bancos se encuentran terminando las estructuras de financiación de muchos de los proyectos adjudicados podría estimarse que el impacto de esta tormenta será, a lo sumo, demoras en los tiempos de ejecución. Por supuesto, añadir un condimento de desconfianza macroeconómica en el país nunca es bueno. Cuanto más sea la desconfianza en el país, más caro será el financiamiento de estos proyectos y, por ende, más cara será la energía que se producirá.

De todas maneras, por el diseño contractual y regulatorio que poseen estos proyectos se intuye que el nuevo panorama económico no debería impactar en el camino por delante que le queda por recorrer al país en materia de energía renovable. Es imperioso que el gobierno no se detenga ni modifique la hoja de ruta para enviar señales de que el país, a pesar de los vaivenes en materia económica, demanda energía verde. Brasil, por ejemplo, insistió con proyecto de energías renovables a pesar del desplome de su economía y el mercado respondió positivamente. Hoy Brasil cuenta con más del 40% de su matriz compuesta por renovables.

De esta manera, el castillo de cartas que han ido armando en este tiempo los distintos actores de una industria que fue deteriorada por medidas cortoplacistas, y que no cuenta con un mercado de capitales local para financiarse, debería sostenerse con las garantías que el MINEM incluyó en los contratos. El desafío es grande. La firma de los contratos de la tercera ronda de RenovAR, en la cual se adjudicaron 88 proyectos debería continuar su marcha normalmente y la próxima ronda RenovAR 3 está prevista para fines de 2018 o principios de 2019.

Si bien es cierto que el mercado energético tiene su propia dinámica, el impacto de la tensión económica en las renovables debería analizarse con precisión ya que podría servir al gobierno (así como al Congreso de la Nación) como modelo de estructura de un marco regulatorio y contractual a prueba de tormentas.

El diseño de marcos regulatorios y contractuales que permitan la consecución y financiamiento de los proyectos más allá de vaivenes políticos, institucionales y económicos, será determinante para saber si los años de gobierno de Macri pasarán a la historia por la revolución en materia de infraestructura o fallará en el intento.

 

*Abogado especialista en regulaciones del mercado energético

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