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ANÁLISIS
Olivera: Macri no quiere echar nafta al fuego. Tenembaum: Poder económico debilita y amenaza
08/07/2018
ENERNEWS

Por Francisco Olivera

Hay una empresa cuyo comportamiento puede revelar en los próximos meses gran parte del rumbo del Gobierno. Es YPF . La petrolera fue en los últimos días motivo de conversación por varias razones. El más visible, el modo en que se desmoronó el valor de su acción, que pasó de algo más de 27 dólares en enero a 13,90 después del despido de Juan José Aranguren del Gobierno. Ese reemplazo en el Ministerio de Energía, que Macri justificó delante de su exministro en un pedido expreso del ala política de Cambiemos, infundió en ese momento perturbación en el mercado: ¿podría la Argentina retomar una senda que parecía haber abandonado con el kirchnerismo, la política de precios administrada?

Es cierto que esas incógnitas no empezaron con la partida de Aranguren, sino antes, en abril, con la última corrida cambiaria, cuando desde el Ministerio de Energía se decidió convocar a las petroleras para atenuar, mediante un acuerdo sectorial, como en los viejos tiempos, parte del traslado de la devaluación a los surtidores. El mercado no perdona: los efectos de esas decisiones, que consistían básicamente en que las petroleras postergaran los aumentos hasta tanto se tranquilizara la situación, se percibieron en los últimos días con una leve pero incipiente escasez en el suministro de algunos combustibles, tal como informó ayer este diario en una nota de Pablo Fernández Blanco. "En algunos puntos del país hay cuotas para la venta de gasoil mayorista: el agro sabe que va a subir y lo está stockeando", dijeron ayer en una petrolera.

Una canción que esta industria ha escuchado infinidad de veces con casi todos los gobiernos y bailó siempre del mismo modo: a mal precio, a nadie le conviene vender. Para evitarlo, el Gobierno decidió dar de baja los acuerdos y encarar un diálogo personalizado con las petroleras. "Precios responsables", es el eslogan con que los funcionarios suelen recibir a los ejecutivos de la industria. Así, los surtidores venden hoy naftas y gasoil calculados a 65 dólares el barril, que cerró ayer en Londres a 76,79. Ese desfase es el motivo de la restricción actual: cuando la economía no ajusta por precio, lo hace por volumen. Por ahora el problema lo tiene YPF, que optó por atenuar los aumentos pese al malestar del resto del sector. Los anunció desde el sábado entre 5 y 8%, mientras Shell, la que eligió el camino menos gradual, los aplicó desde el martes entre 9 y 12%. El resultado también es conocido: al ofrecer el precio más barato, la petrolera estatal recibirá el aluvión de demanda que deje su competidor. Otra vez Shell. Ya no está Guillermo Moreno.

La devaluación trastocó todo. Antes de la corrida cambiaria, los combustibles argentinos eran los más caros en dólares detrás de Uruguay en América Latina; ahora quedaron entre los más bajos de la región.

El Gobierno supone que se trata de un desequilibrio transitorio. Javier Iguacel, nuevo ministro de Energía, insistió ayer en conversación con Radio Mitre en que los precios eran libres. La descripción apunta más a lo que vendrá que a lo que pasa realmente: una vez que se estabilice el dólar, algo con que los optimistas empezaron a ilusionarse esta semana, no habrá necesidad de pedirle a ninguna petrolera responsabilidad.

Esta vez no fueron ni Sergio Massa, ni el kirchnerismo, ni los radicales: la crisis amenaza con llevarse puesto el plan maestro del modelo. Gracias a la política energética, Macri venía no solo bajando subsidios y gasto público, sino recibiendo las únicas inversiones privadas genuinas. En el mercado del gas, donde podrían darse inconsistencias similares, existe un rasgo algo más alentador: como consecuencia de las inversiones que se hicieron en Vaca Muerta, hay entre 4 y 7% más de oferta que el año pasado. El Ministerio de Energía pretende capitalizar esa ventaja desde septiembre con un instrumento universal que aquí funcionó con éxito en los 90: abrirá licitaciones para las compras que Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, y las distribuidoras hacen del gas en boca de pozo.

La Casa Rosada espera que esa virtual desregulación -el mercado funciona hoy mediante un acuerdo de precios máximos entre los agentes del sector- incentive la competencia y haga bajar los precios de todo el sistema. Iguacel evitará así el escollo que se llevó puesto a su antecesor: el traslado de la devaluación y el cumplimiento del acuerdo exigían para octubre aumentos del orden del 80% en las tarifas residenciales de octubre.

El ministro sueña con esa Argentina, un país acorde con sus recursos naturales, sustentada principalmente en lo que produce Vaca Muerta. El gas está; falta extraerlo. Para enero, el 15% de la producción del país será suministrado solo por Tecpetrol, empresa del grupo Techint, la que más apostó en ese yacimiento. Esta propuesta, que consiste en que las petroleras vuelvan a competir por volumen, no por precio, y que un frondizista moderno podría llamar "la batalla del gas", parece tan ambiciosa que trasciende la administración de Macri.

Es una buena noticia para cualquier estadista, pero un dilema en tiempos electorales. ¿Cuánto desierto habrá que atravesar hasta llegar a ese oasis?

No es sencilla la tarea de Iguacel. No solo debe demostrar a los inversores que nada ha cambiado, sino a la propia tropa, en especial a la UCR, el principal escollo que tuvo la gestión de Aranguren, que no habrá menos heridos de los que se supone. El ideario radical es relevante no solo porque se trata de un socio importante de Cambiemos, sino porque se parece bastante a la cosmovisión de la clase media: en general son cultores de un capitalismo sin rentabilidad y con propiedad atenuada. No hay que olvidar que los encontronazos entre Aranguren y Cornejo, presidente de la UCR, empezaron en enero por las acciones estatales que el exministro pretendía vender de la transportista eléctrica Transener.

Los propios colaboradores del exministro admiten ahora que tal vez su error fue "no dejarse coordinar demasiado". Y que tal vez lo traicionó su formación en el sector privado: pensó que solo debía rendirle cuentas a su virtual CEO, que era Macri. Ese ejercicio vertical del poder no siempre funciona en la política.

Sorpresas que el Estado les reserva a quienes llegan con un lógica exógena. Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, suele decir que trabaja para una administración racional que les reporte beneficios a los accionistas sin provocarle incendios al Gobierno. De esa alquimia, la cuadratura del círculo para una cabeza 100% petrolera, depende la reelección de Macri.


 

Cuando el poder económico debilita y amenaza a Macri

ERNESTO TENEMBAUM

 El desplazamiento de Juan José Aranguren de la Secretaría de Energía generó, en los últimos días, un conflicto bastante virulento entre las empresas del sector y el Gobierno. Javier Iguacel, el sucesor de Aranguren, se reunió con los ejecutivos más relevantes de las distribuidoras de gas y electricidad. En breves reuniones, transmitió más o menos el mismo mensaje:

-Esto no va a funcionar como con Aranguren. Si el año que viene nosotros nos vamos y viene Cristina, las empresas de ustedes van a valer la cuarta parte de lo que valen. Acostumbrense, de aquí a fin de año que viene, a trabajar a pérdida.

A los petroleros, por otra parte, les adelantó que YPF jugará un rol central en la fijación del precio de la nafta: con el 58 por ciento de participación en el mercado, está en condiciones de establecer el precio de referencia.

La advertencia no surtió efecto. Una semana después, la portada de La Nación y de los diarios de negocios advertía que las empresas estaban dispuestas a dejar sin nafta el país si no se cumplía con la promesa de actualizarles tarifas y precios al ritmo del dólar y de los valores internacionales de su producto. Se trataría de un aumento cercano al 40 por ciento en el caso de la nafta y de alrededor del 75 por ciento en las tarifas. Cualquiera puede imaginar lo que significaría para el país si se satisfacen esas ambiciones. Las petroleras, sin embargo, presionan sin eufemismos: o pagan lo que deben o deberán sufrir desabastecimiento. Además, como lo anticipó ayer en Perfil el periodista especializado Nicolás Gandini, amenazan con iniciar un juicio contra YPF por abuso de posición dominante.

 Ese episodio revela de manera muy elocuente cómo funcionan las cosas. Durante sus no tan lejanos doce años, el kirchnerismo actuaba de acuerdo a una percepción de la realidad que se podría sintetizar así: como se trataba de un gobierno que afectaba los intereses del poder económico, debía soportar sus métodos de presión, entre ellos, las corridas cambiarias o amenazas como las que se describen en el comienzo de esta nota. Pero la verdad es que el presidente Mauricio Macri y los suyos concebían la realidad de la misma manera aunque llegaran a una conclusión distinta. Si a un gobierno que choca con el poder económico le va mal, será cuestión de ser amigo del poder económico para que al país le vaya bien.

Esas concepciones son desafiadas en estos días por dos hechos sobresalientes: la más tremenda corrida contra el peso de los últimos quince años, y las evidentes amenazas que distribuye la poderosa corporación petrolera. Tal vez esas situaciones obedezcan a cuestiones más pueriles -como la avaricia, el cortoplacismo o la estupidez- que las ideológicas.

En los últimos años, la cuestión energética funcionó de la siguiente manera. Mientras sus militantes enronquecían al ritmo de consignas hermosas como "La patria es el otro", el gobierno de Cristina Kirchner logró que la Argentina perdiera la soberanía energética. En el peor momento de ese derrotero, el país llegó a importar 10 mil millones de dólares en insumos del área. Ese detalle dejó a la patria vulnerable y dependiente: necesitaba dólares que había tenido en cantidad pero ya no tenía. De allí surgieron el cepo, la caída de la inversión y tantas otras consecuencias, como el triunfo de Mauricio Macri.

Sobre el final del cristinismo, sin embargo, la producción y la inversión habían empezado a crecer, gracias a la gestión de Nicolás Arceo, el joven que diseñaba la política energética por entonces. El método fue bastante elemental: reconocerle a las petroleras un precio especial por el gas extraído a partir de nuevas inversiones y uno mucho menor por el que ya producían. La zanahoria surtió su efecto.

La llegada al poder de Juan José Aranguren cambió todo. Lo primero que hizo fue poblar la Secretaría de Energía de ejecutivos de primer nivel de las petroleras y las energéticas. Fernando Navajas es un notable economista que trabaja como investigador de Fiel, el tradicional think tank de la ortodoxia local. En ese momento, advirtió: "Los funcionarios vinculados a los lobbies sectoriales van a tener una gran capacidad informativa y de conocimiento sectorial. Pero al mismo tiempo, también, casi naturalmente, no van a maximizar el interés público sino que van a ver el mundo desde el sector que ellos representan".

 

Esa obviedad, que casi nadie discutía por entonces, se trasladó a los hechos. El experimentado Aranguren eliminó la condición que había impuesto su joven antecesor: desde principios de 2016 las empresas recibieron un precio alto pero ya no importaba si el gas provenía de pozos viejos o nuevos. Como daba lo mismo, la inversión se frenó y las ganancias, claro, aumentaron.

Aranguren recompuso rápidamente el balance de las companías derivando hacia ellas una parte significativa de la suba de tarifas que imponía a la población, como bien consta en informes precisos que están en el despacho del ministro Nicolás Dujovne. Y luego, dolarizó las tarifas y liberó el precio de las naftas en un contexto de alza de precios internacionales. Mientras esto ocurría, dejaba su dinero afuera porque no confiaba en cómo funcionaban las cosas en la Argentina.

La brutal devaluación terminó con sus planes. Iguacel intenta poner algo de equilibrio en este tironeo con el errático estilo del Gobierno en estos días. Fue como patear un hormiguero.

Esta lógica de relaciones se reproduce con variantes tanto en el sector financiero como en el agropecuario y en el muy sensible terreno de la suba de precios. Muchos simpatizantes y militantes macristas se obsesionaron con el poder destituyente que atribuían a Luis D'Elía o a Juan Grabois. Sin embargo, ningún movimiento fue tan desestabilizador como el que viene haciendo el sector financiero desde 2015. Un gobierno repleto de cuadros provenientes de fondos de inversión consideró que había que ceder a todas sus demandas: libre movimiento del capital, acuerdo con los holdouts, suba de tasas a niveles astronómicos y que ello aseguraría el ingreso de dinero por varios años. La fuga en masa encerró a Macri en el laberinto actual. "Pero si hice todo lo que ustedes me dijeron", podría reclamarles el Presidente. ¿De qué serviría?

En estos días, otro tanto ocurre con el sector agropecuario. Desde afuera y desde adentro de la coalición gobernante, hay economistas, funcionarios y políticos que insisten en la necesidad de aplicar una retención moderada. La argumentación tiene una base matemática elemental. Toda la población sufre en estos días los efectos de la devaluación menos los exportadores, que recibirán 50 por ciento más de ingresos que hace dos meses sin ningún esfuerzo extra. Si se aplica un 13 por ciento de retenciones, los ingresos de ese sector habrían crecido un fabuloso 30 por ciento y el Estado podría recaudar 250 mil millones. Sobrecumpliría así las metas fiscales que reclama el acuerdo del FMI y tendría un resto para impulsar una reactivación. Pero el lobby de la Mesa de Enlace, encabezada por el ministro de Agroindustria, Luis Etchevere ha logrado que esta semana el Presidente rechazara cualquier perspectiva de reimponer retenciones. Macri tiene miedo de perder el apoyo de la base electoral rural: ¿no está perdiendo ahora el de todos? ¿Es tan extorsiva la naturaleza de la relación con ese sector? ¿No sería más razonable que fueran los mismos exportadores los que propusieran una alternativa ante la evidente debilidad de un gobierno amigo?

Esta dinámica ha sido muy estudiada no solo en la Argentina sino en muchas democracias del mundo. La confrontación con el poder económico puede derivar en una crisis. Pero la docilidad hacia él también. Petroleros, formadores de precios, financistas, productores agropecuarios, se horrorizan por el surgimiento de liderazgos a los que llaman "populistas". Es raro que no perciben el generoso aporte que realizan para que eso suceda.

Las repetidas crisis que ha vivido el país se deben, en parte, a que ningún gobierno ha encontrado la manera de encarrilar estas relaciones hacia lugares sensatos para todos

Macri, en estos días, es solo la última víctima.

 

¿Quién sigue?


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