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ANÁLISIS

Romero Caro: Acuerdo Perú-Odebrecht, no todavía

ENERNEWS/ Gestión

Manuel Romero Caro*

Un aspecto preocupante es la información sobre los sobornos pagados que la empresa guardaba en sus servidores en Suiza.

La esencia del acuerdo consiste en el canje de información proporcionada por Odebrecht a cambio de impunidad en los delitos cometidos. Partiendo del principio de que en la información que se proporciona a las autoridades peruanas no se miente ni se oculta la verdad. Y este sería un primer aspecto a aclarar. Es así que en nuestro anterior artículo (Gestión 22.11.2018) informamos que, vía cooperación internacional suiza, se obtuvieron informaciones relacionadas con el levantamiento del secreto bancario de las empresas de Josef Maiman Rapaport y del LGT Bank. Las que indicarían que tanto Odebrecht, como Maiman, ambos supuestamente aspirantes o colaboradores eficaces de las autoridades judiciales peruanas, habrían mentido, o en el mejor de los casos habrían ocultado información sobre sobornos en otros proyectos que no habían sido mencionados. Como es el caso de la Interoceánica Norte en la que se detalla el pago de sobornos por un monto de US$ 9,975,000 a cambio del otorgamiento de la concesión de dicho proyecto (I).

Por lo que el Ejecutivo debería de comprobar estas informaciones. De ser este el caso habría que preguntarse ¿por qué Odebrecht (que ha mentido en numerosas oportunidades a la ciudadanía y a las autoridades peruanas), que habría incumplido los Acuerdos de Delaciones Premiadas suscritas con Brasil, no haría lo mismo con el Perú? ¿Qué providencias se han adoptado al respecto ante la llegada de la información de Suiza?

2) Desde el inicio de las conversaciones con Odebrecht, este ha admitido haber pagado sobornos por US$ 29 millones en solo dos megaproyectos (la Interoceánica del Sur y el Metro de Lima) y en dos proyectos menores (La ampliación de la Costa Verde, Callao y la vía Evitamiento en el Cusco). A pesar de las investigaciones efectuadas, declaraciones de colaboradores eficaces y claros indicios sobre más de un proyecto sospechoso, los representantes de Odebrecht reiteradamente han negado cualquier soborno adicional a los ya mencionados.

Sin embargo, la situación cambió significativamente con la nueva información llegada de Suiza; obtenida al margen de las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht. Y si se comprobaran nuevos sobornos, el monto de la reparación civil aumentaría. Y se habría comprobado lo que hemos venido insistiendo desde hace años: que había nuevos sobornos y que, consecuentemente, Odebrecht habría incumplido sus obligaciones. Por lo que el Ejecutivo debería de seguir cercanamente cuál será la penalidad que le aplican a Odebrecht las autoridades brasileñas.

Entonces, sería totalmente válido preguntarse si Odebrecht hubiera mentido (u ocultado la verdad) respecto a los sobornos en la Interoceánica Norte, ¿por qué no podrían haber ocultado también sobornos en el Gasoducto Sur Peruano (su obra más grande), en Chavimochic, en Olmos, o en cualquiera, o todos, de los 69 proyectos que desarrollaron en nuestro país?

¿Qué previsiones tiene el acuerdo a suscribirse con Odebrecht al respecto? Y no se trata de que Odebrecht afirme que en esa eventualidad colaboraría con las autoridades sino que se comprometa a aumentar la reparación civil en un determinado monto o porcentaje. Odebrecht ya sabe desde ahora si hay o no más sobornos, en que montos, en qué proyectos, etcétera.

 

Un aspecto preocupante es la información sobre los sobornos pagados que Odebrecht guardaba en sus servidores en Suiza. El Perú todavía no cuenta con una copia de dicho servidor, que tiene registrados todos los sobornos pagados a los funcionarios de diversos países, los nombres de los proyectos y demás información de interés. Pero además de Odebrecht, las autoridades brasileñas sí que deben contar con una copia de toda la información: por lo que ambos conocen todos los sobornos realmente entregados y no solo los que han aceptado en los respectivos países en los que operaban. Información que debería de tener muy en cuenta el Ejecutivo en las actuales circunstancias.

La semana pasada los medios informaron que el Ministerio Público, la Procuraduría y Odebrecht habían llegado a un acuerdo sobre el convenio que negocian, y que la firma de las partes es lo único que faltaba, pero que “el acto mismo de la respectiva suscripción sería, prácticamente, un simple trámite” (Correo 30.11.2018).

Sin embargo, el domingo en la noche el premier Villanueva precisó que la Procuraduría aún no fija la cifra de la repararación civil. “Hay que pulir todavía el monto definitivo”. Asimismo, informó que el acuerdo de colaboración eficaz será revisado por el Gabinete y contará “con la venia” del presidente Vizcarra (Gestión 03.12.2018).

Lo que no se llega a entender con claridad es ¿cuál es el apuro de Rafael Vela por cerrar el acuerdo con Odebrecht anunciado para hoy, luego de estar solo cuatro meses en el cargo? Han transcurrido casi dos años desde que el Ministerio Público conoció la aceptación oficial de Odebrecht de los sobornos otorgados, y en ese tiempo, a la par que se investigaba se negociaba el acuerdo. En ese lapso, Odebrecht ha suscrito acuerdos solo con República Dominicana y Panamá de un total de unos 14 países. ¿Ustedes creen que durante ese periodo la Fiscalía priorizó adecuadamente la negociación del acuerdo? ¿Cuál es el motivo de la atropellada actual?

Otro aspecto a considerar es la falta de transparencia en toda esta negociación, tanto durante la etapa de Hamilton Castro como en la de Rafael Vela, lo que limita severamente los comentarios que se puedan efectuar.

Naturalmente, el acuerdo con Odebrecht tiene sus beneficios, de los que solo mencionaremos dos: va a permitir contar con la información sensible requerida para sustentar adecuadamente los juicios cuando estos lleguen. Asimismo, el ejemplo de Odebrecht puede animar a otros sobornadores a suscribir otros convenios similares.

Por lo que el Gobierno de Martín Vizcarra, abanderado de la integridad y la lucha contra la corrupción, como lo acaba de reafirmar en la reciente CADE, debe evaluar muy cuidadosamente los costos y beneficios de este apresurado convenio. Disponiendo que en aras de la transparencia, una vez firmado se publique para que la ciudadanía esté informada.

* Economista

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