El semanario norteamericano Bloomberg Businessweek alertó sobre las consecuencias de la toma del control del gobierno sobre el arco minero del Orinoco.

Planteado originalmente por el ex presidente venezolano Hugo Chávez, el arco minero del Orinoco – oficialmente denominado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco – es un área rica en recursos minerales que cuenta con aproximadamente 7.000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.​

Con un potencial de unos 2 trillones de dólares, según estimados oficiales del Poder Popular de Desarrollo Minero y Ecológico, el arco minero ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, al abarcar un área de 111.846,86 km², o lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano.

Si se tiene en cuenta el contexto de completa ausencia de la ley y el orden que se vive en Venezuela en la actualidad, era de esperarse que la batalla por el control de lo que literalmente es una "mina de oro" esté desatando una verdadera guerra entre las Fuerzas Militares que responden a Maduro y las distintas organizaciones criminales que buscan obtener una tajada del lucrativo negocio minero.

Según consigna el semanario Bloomberg Businessweek en un artículo que detalla el plan del dictador para reclamar el control absoluto del arco minero del Orinoco y así poder perpetuarse indefinidamente en el poder, la escalada de violencia en la región ha generado que militares armados y con sus rostros cubiertos estén en una guerra con las violentas pandillas que controlan la explotación minera en El Callao, la capital del municipio homónimo en el estado Bolívar, convertida en una de las poblaciones más ricas de Venezuela por sus yacimientos de oro.

Bloomberg alerta que el haber cedido el control total de la región a las Fuerzas Armadas, con su potencialmente incalculable botín obtenido en gran parte gracias a mano de obra sometida a condiciones infrahumanas y un enorme costo ambiental fruto de la práctica de la minería a cielo abierto, Maduro podría asegurarse el apoyo militar que necesita para las elecciones que tendrán lugar el próximo 20 de mayo, sobre todo si se considera que según una encuesta de Datanalisis, hacia mediados de febrero sólo contaba con el apoyo de una quinta parte de la población.

Hasta el momento, el plan del dictador, al igual que tantas otras de sus iniciativas, no ha dado los resultados esperados. A medida que los soldados toman control de los vecindarios a fuerza de balas y el derramamiento constante de sangre, la resistencia de los distintos cabecillas de las pandillas locales aumenta sin vistas de disminuir su poder en el corto plazo.

Si bien la explotación minera en el área fue prácticamente suspendida luego de que el fallecido Hugo Chávez nacionalizara la industria en 2011, la medida ocasionó que los emprendimientos no autorizados prosperaran con grupos criminales que tomaron rápidamente el control de las minas y túneles para hacerse de sus preciados minerales.

Según cifras de la firma de estudio de mercado especializado en commodities CPM Group citado por Bloomberg, la producción oficial se derrumbó hasta una tonelada en 2016, una caída estrepitosa si se tiene en cuenta que en 1997 esa cifra se ubicó en torno a las 22 toneladas.

Con el objetivo de volver a explotar los recursos de la zona, en 2016 Maduro otorgó a las fuerzas armadas la autoridad para crear su propia compañía minera denominada "Arco Minero". En 2017 la producción aumentaría a 8.5 toneladas, mientras que el dictador aspira a triplicar esa cantidad y alcanzar las 24 toneladas en 2018.

Según cifras oficiales del régimen chavista, los militares hoy controlan reservas auríferas por el equivalente a 8.000 toneladas, lo que convertiría al país ahogado por el hambre y la violencia, en el segundo a nivel mundial en lo que hace a depósitos de oro, sólo detrás de Australia.

La firma procesadora de oro bajo control estatal Minerven controla la mayoría de la materia prima que luego es convertida en lingotes de oro que serán cargados por aviones militares hacia distintas bases ubicadas en las afueras de Caracas. En muchas ocasiones el preciado metal es presentado en fastuosas ceremonias como un símbolo del poder nacional, en emisiones vistas por millones a través de las cadenas de televisión controladas por el estado.

El producto final que eventualmente termina en bóvedas del banco central, es obtenido gracias a la muerte y la violencia. Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), El Callao es hoy la municipalidad más violenta de todo el país, con un índice de homicidios de 816 sobre 100.000 residentes.

El pasado 10 de febrero las fuerzas militares protagonizaron uno de los episodios más sangrientos registrados a la fecha en la municipalidad. Dispuestos a dar un golpe maestro contra las pandillas todavía en control, elementos de las fuerzas armadas mataron a 18 civiles, entre los que se encontraba un niño. Familiares de las víctimas aseguraron que a pesar de no haberse resistido, la mayoría fueron masacrados, con disparos en su cabeza y rostro.

Lamentablemente, la estrategia de Maduro que consiste en la militarización de todo aspecto de la vida en Venezuela parecería estar sirviendo sus intereses. Un total de 14 de 32 miembros de su gabinete son oficiales retirados, mientras que militares han reemplazado a gran parte de los 80 directivos de la compañía PDVSA. Con los puertos y la cadena de suministros de alimentos bajo control militar, el control de la explotación minera es una forma más de mantener el control hegemónico militar sobre Venezuela.