Un análisis (por el momento, de política ficción), de cuáles podrían ser las consecuencias para el sistema energético de una hipotética independencia de Cataluña, produce un cierto vértigo. Varios factores hacen complicada, por no decir imposible, la desconexión energéticaentre ambos territorios: la complejidad de un sistema abierto, que tiende a lo contrario:la interconexión; una abstrusa regulación cada vez menos nacional y un sector que se prepara para transitar hacia un modelo descarbonizado basado en renovables.
Según datos de la CNMC, Cataluña supone un 20% del total de la demanda eléctrica de España; un 20% de la generación convencional; tiene una capacidad instalada de casi 13.000 MW, un 13% del total peninsular. De estos, un 32% son ciclos combinados de gas; un 22%, nuclear, y otro 23%, hidroeléctrico. En territorio catalán se ubican tres de las ocho centrales atómicas españolas (los dos reactores de Ascó y el de Vandellós), y la interconexión de la Peninsula con Francia (por los Pirineos Orientales), que comparten al 50% el operador del sistema español, REE, y el francés, RTE.
En la comunidad autónoma hay 4,378 millones de puntos de suministro eléctrico, de los que 3,5 millones, corresponden a Endesa, (empresa propiedad de la estatal italiana Enel). Las regiones eléctricas no coinciden con las fronteras autonómicas. Así, en Cataluña, las líneas de distribución en baja y media tensión son monopolio de Endesa y las de transporte de alto voltaje, de REE, a su vez, operador del sistema.
En cuanto al sector del gas, Cataluña absorbe un 20,71% de la demanda, en línea con el peso de su industria. Esta consume un 53% del total (66.500 GWh); otro 23% de este combustible se destina a la producción de electricidad y casi un 24%, es la demanda doméstica. En resumen, un mercado de 2,2 millones de clientes, que domina Gas Natural con una cuota del 76%,seguida de Endesa, con el 17%.
El futuro del sistema energético en caso de una secesión de Cataluña dependerá de dos variables: que esta sea fruto de un grave conflicto y, por tanto, sin un mínimo acuerdo, o que sea consecuencia de un pacto más o menos amistoso. En el primer escenario, opinan fuentes del sector, habría que recurrir a una solución al estilo de Kosovo, en que árbitros internacionales mediaron en un acuerdo con Serbia y procedieron a una valoración de los activos situados en territorio kosovar, que pasaron a manos del nuevo Estado.
Solo es posible, por tanto, aventurar una hipótesis sobre la base de un divorcio de mutuo acuerdo, que, en cualquier caso nunca sería pacífico. En este punto, habría que ver la disposición de cada parte a ceder a las pretensiones de la otra.
Varios son los problemas derivados del cisma: económicos (el coste de la separación para los usuarios); regulatorios (si se mantienen las mismas tarifas y se asumen y, en qué medida, las deudas y ayudas del sistema) y patrimoniales (si se respeta la propiedad de unas empresas y activos que son privados, salvo las participaciones de la SEPI en REE o Enagás), o se opta por nacionalizar.
En lo referente a las redes (un negocio pegado al terreno, regulado y en régimen de monopolio), hay consenso entre los expertos a la hora de afirmar que la desconexión es imposible, máxime cuando el enlace internacional del Mercado Ibérico de la Electricidad (Míbel) está en territorio catalán.
Todo apunta a que los dirigentes catalanes promotores del referéndum ilegal del día 1, aspiran en el ámbito energético a un estatut mejorado, más que a una verdadera independencia. De hecho, no propugnan la desconexión de las redes (lo que convertiría a Cataluña en una isleta energética, dentro de la isla que es la Península Ibérica), pero sí al cobro de los peajes por acceso a las redes, “adecuados al uso que cada uno haga de las mismas”. Por lo demás, se respetaría a las empresas, para evitarle problemas de suministro a los millones de usuarios catalanes. Salvo las participaciones públicas de REE (20%) y Enagás (5%), que reclamarían en proporción a su peso del 20% en el sistema energético.
Pese a que nadie aventura una desconexión física, el hecho de tener regulación e instituciones propias; un mix eléctrico más caro y la desaparición de una economía de escala hace prevér un encarecimiento de los precios energéticos para los usuarios catalanes, que verían peligrar su seguridad de suministro.
Una Generalitat independiente necesitará un supervisor energético propio (una CNMC local); un operador del sistema (si lograra una parte de REE, esta seguiría como operador) y su propio consejo de seguridad nuclear. Todo ello tendrá un coste para el sistema catalanes. Aunque dejarán de contribuir al coste de los actuales organismos, este se repartiría entre los 25 millones de usuarios que quedarían en el sistema español. A este coste habría que sumar la posible expulsión del Míbel (lo que le obligaría a constituir un pool propio); las inversiones derivadas de mantenimiento de una red de distribución de peor calidad como es la catalana.
Con todo, la causa principal de un encarecimiento de la factura de la luz en una Cataluña independiente es el sobrecoste que deberán pagar sus ciudadanos por contar con unas centrales de generación más caras (un 32%, es de gas). Cataluña ha sido tradicionalmente una zona con restricciones técnicas, lo que fuerza a REE a programar fuera del mercado diario plantas catalanas que no resultan casadas en el diario, pues, al ser más caras, no compiten. Por contra, con una generación más barata, en España los precios serían menores, pues dejaría de socializar los sobrecostes de las restricciones técnicas en Cataluña.
Pese a ello, hay variables que podrían inclinar la balanza hacia un lado u otro: que los catalanes dejen de pagar en su factura costes ajenos al sistema, como los incentivos a las renovables o a la industria (a través del servicio de interrumpibilidad), pero esto perjudicaría a estos sectores. España, por lógica, exigiría a la Generalitat la parte correspondiente a la financiación de la deuda eléctrica (24.000 millones de euros), toda ella titulizada entre bancos, o el coste de la interconexión con Francia(150 millones), por ejemplo. No así los extracostes de los sistemas extrapeninsulares, que se negarían a asumir.
DANIEL BOSQUE
Han surgido divisiones entre los líderes separatistas catalanes sobre sus planes de declarar unilateralmente la independencia tras un referéndum de secesión considerado ilegal por Madrid.
El líder de Cataluña, Carles Puigdemont, ha amenazado con declarar la independencia "dentro de unos días", pero el ministro de la región, Santi Vila, propuso un "alto el fuego" en la disputa con el gobierno central de España.
En un artículo de opinión publicado en el diario catalán Ara, instó al campo de la secesión a "reflexionar sobre la utilidad y las consecuencias" de una declaración de independencia.
Puigdemont pospuso hasta el martes una aparición en el Parlamento regional catalán, momento en el que algunos dirigentes han pedido que se haga la declaración.
La sesión del parlamento para analizar los resultados del referéndum del domingo pasado estaba prevista inicialmente para el lunes, pero el Tribunal Constitucional de España ordenó su suspensión.
El Gobierno catalán aún no ha ratificado oficialmente los resultados de la votación, una medida que abrirá un período de dos días en el que el Parlamento puede declarar la independencia.
Los participantes en el referéndum optaron abrumadoramente por la secesión, pero la participación fue de sólo el 43 por ciento ya que los catalanes que favorecen la parte restante de España principalmente boicotearon la votación.
Mientras que Vila instó a la prudencia, Puigdemont está bajo fuerte presión de parte de la izquierda de la parte izquierda - cuyo apoyo su gobierno necesita para aprobar la legislación - para avanzar rápidamente.
"El momento ineludible e inevitable del ejercicio de la libre determinación ha llegado", dijo el legislador de CUP Carles Riera.
El predecesor de Puigdemont, Artur Mas, también comentó al Financial Times de Gran Bretaña que los líderes catalanes deberían centrarse no en "cómo proclamar la independencia, sino en cómo hacerlo efectivo".
Los analistas dijeron que el gobierno catalán corre el riesgo de perder la simpatía internacional y dar a Madrid una excusa para una respuesta dura si hace una declaración de independencia basada en un voto inconstitucional.
Pero si espera demasiado tiempo para actuar sobre los resultados del plebiscito podría ver el impulso detrás del movimiento de independencia fizzle.
El debate no se limita sólo a los políticos - los partidarios de la causa separatista también están divididos sobre qué estrategia seguir.
"Tengo un conflicto interno, no quiero que ocurra una declaración unilateral de independencia que dure cinco minutos", dijo Olga Jubany, profesora de antropología en Barcelona.
"La estrategia (de la independencia) nunca fue 'vamos a imponerla', no es la estrategia que me gustaría seguir".
Joan Botella, decano de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, dijo que "hay un sentimiento de alarma real, no sólo de inquietud" en la sociedad catalana.
El primer ministro español, Mariano Rajoy, que está bajo presión para mostrar una línea más dura hacia los separatistas, ha instado a Puigdemont a no seguir adelante con la declaración de independencia para evitar "mayores problemas".
Su comentario fue visto como una referencia a un artículo nunca antes utilizado de la Constitución española que permite al gobierno central suspender la autoridad de un gobierno regional.
"Faltan pocas horas para evitar una colisión frontal ... son horas críticas", dijo Botella.
Desde el referéndum Puigdemont ha pedido la mediación internacional.
Suiza ha estado en contacto con ambas partes en la disputa "pero las condiciones para la facilitación no existen en este momento", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.
Sin mediación extranjera, la otra opción es la mediación dentro de España.
Puigdemont se ha reunido con una comisión creada por el Colegio de Abogados de Barcelona compuesto por académicos y representantes de los sindicatos y del mundo empresarial.
Ha recomendado que ambas partes no tomen ninguna "decisión inmediata", la retirada de los miles de policías adicionales enviados a Cataluña antes del referéndum y la creación de una "comisión de diálogo".
"Estas son horas cruciales, no podemos esperar que un mediador surja repentinamente o que ambos gobiernos acepten una propuesta de diálogo", dijo Xavier Arbos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
"Aunque la situación sigue siendo preocupante, ahora veo que hay un margen de tiempo", agregó.
