Inician campaña de recolección de firmas

Los ex trabajadores de YPF comienzan una campaña nacional de recolección de firmas para impulsar y avalar en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley para definir una reparación histórica de 155 mil pesos. Así lo adelantó el presidente de la Agrupación Tierra del Fuego de ex trabajadores de YPF y Gas del Estado, Miguel Ángel Karcz, quien también se refirió a la marcha de las negociaciones con un grupo inversor para el cobro de nueve mil dólares para cada ex agente.

Miguel Ángel Karcz, presidente de la Agrupación Tierra del Fuego de ex trabajadores de YPF y Gas del Estado.

1Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- El presidente de la Agrupación Tierra del Fuego de ex trabajadores de YPF y Gas del Estado, Miguel Ángel Karcz, adelantó que están iniciando en todo el país, una campaña nacional de recolección de firmas para avalar un proyecto de ley que modificará a la Ley Nº 25471 de reparación histórica. Con esta nueva legislación pueden acceder a una reparación de 155 mil pesos.
“El pasado 21 de agosto hubo una reunión en Buenos Aires, donde concurrimos los 37 presidentes de agrupaciones; además del Sr. vicepresidente de la Federación, Ricardo Esquivel, quien está a cargo de la Presidencia –en reemplazo del presidente que está con licencia- y el Estudio Leto y Asociados, encabezado por el Dr. Rubén Leto. Esta asamblea decidió impulsar un proyecto de ley que modifique a la Ley Nº 25471; esto es que fije un monto de pago indemnizatorio por el diez por ciento del paquete accionario de YPF a todo el universo de ex trabajadores de la ex petrolera estatal que estuvieran bajo relación de dependencia y hubieran ingresado antes del 1º de enero de 1991, habida cuenta que a posteridad del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que fue favorable a los ex trabajadores de YPF, estableció que los pagos deben ser liquidados a través de los juzgados respectivos y esto ya lleva como cinco o seis años y va muy lento –son distintos juzgados de la Capital Federal- y por lo tanto, para abreviar el trámite, hemos presentado la propuesta de presentar este proyecto de ley”, explicó el dirigente.
Esta propuesta legislativa, que será elevada al Congreso de la Nación y estará acompañada por la consecución de avales, fija una indemnización de 155 mil pesos para cada ex agente, “que es menor a lo que ya ha pagado el Gobierno en algunos casos y por imperio de esta ley 25471 se descontaría a quienes ya hayan cobrado de los 155 mil de la propuesta”, precisó. Es decir, agregó Karcz, “hayan o no cobrado tienen derecho al cobro de la suma nueva de 155 mil. Si han cobrado algo se le considerará a cuenta. En caso contrario, percibirán el total”, remarcó.

Campaña de recolección de firmas
Como se aludió al principio, Karcz abundó en que “hemos iniciado en todo el país, una campaña de recolección de firmas de todos los ciudadanos que quieran sumarse y avalar este proyecto de ley. Pedimos el concurso de todos los argentinos y argentinas, mayores de 18 años, a que nos apoyen para que las cámaras de diputados y senadores traten esta iniciativa legislativa modificatoria de la Ley 25471”, apeló.

Cobro de los nueve mil dólares
En otro orden, Miguel Karcz asimismo informó que la asamblea reunida en Buenos Aires el 21 de agosto pasado, también instruyó al Estudio Leto y Asociados a que prosiga las negociaciones con el grupo inversor que habría ofrecido pagar nueve mil dólares a cada ex agente de YPF. “Esta negociación es para que se arribe a un acuerdo extrajudicial porque este grupo inversor habría comprado en el año 1997 el diez por ciento del paquete accionario de YPF mediante una compra irregular ya que se lo vendió el Estado cuando los dueños éramos nosotros y por ello se han iniciado las negociaciones para llegar a un acuerdo económico extrajudicial”, explicó.

También reveló que “estas negociaciones estaban estancadas por el accionar de una abogada que había denunciado al Estudio Leto y a algunos presidentes de agrupaciones, además de otras personas, de integrar una asociación ilícita; esto es como que nos habíamos juntado para cometer un delito. Afortunadamente el Juez Federal Jorge Ballesteros resolvió con buen criterio desestimar esta denuncia en julio de 2008, porque no encontró ningún sustento para la misma. A raíz de esta decisión judicial, el grupo inversor manifestó interés en proseguir con las negociaciones, por la tanto la Federación de ex trabajadores de YPF decidió instruir al Estudio Leto a que prosiga con las negociaciones y le encomendó que extreme las gestiones para que se arribe a algún acuerdo”, explicó.

Casi ochenta millones para Tierra del Fuego
Karcz comentó que la gente de YPF en Tierra del Fuego, “son vecinos que están hace muchos años; desde la década del ’50, ‘60 y ‘70 y otros de los años ’80. Son gente que está radicada en la provincia y muchos de ellos ya han fallecido acá y estos nueve mil dólares que cobrarían, representaría un importe para Tierra del Fuego de unos cuatro millones de dólares y si se aprueba la modificación de la Ley 25471 serían unos 66 millones de pesos que quedarían mayormente en el circuito económico de Río Grande, porque los ex ypefianos son personas mayores que ya no se van de la isla, todo lo contrario, utilizarían el dinero para reformar sus casas, comprar electrodomésticos o invertir en un vehículo; es decir, generará trabajo en la provincia y especialmente en Río Grande”, indicó el dirigente.

Denuncian a la Dra. Alejandra Dibo
Los miembros del Estudio Leto y Asociados, integrados por los doctores Rubén Leto, Mónica Izzo y Enrique Gustavo García; además de los letrados Graciela Helena Vázquez y Adrián Horacio Fenoglio, denunciaron a la abogada Alejandra Dibo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal por “reiterada violación de los artículos 14 y 16 del Código de Ética profesional” y solicitaron que se apliquen sanciones disciplinarias por “falta grave” conforme al artículo 26 del código de marras.

Cabe destacar que los denunciantes representan a un universo de 23 mil ex trabajadores de YPF, -22.000 el Estudio Leto y 1.000 el de los doctores Vázquez y Fenoglio- en la denuncia de los titulares del Programa de Propiedad Participada (los ex agentes de la otrora petrolera estatal), y cuyas acciones Clase “C” le fueran despojadas a estos ex empleados, propietarios del 10 por ciento de YPF.

En las acciones civiles y penales por este tema, también participa la Dra. Dibo representando a un número mucho menor, muchos de los cuales no pudieron ser representados en la querella por decisión judicial, ya que no pertenecían a YPF, sino a Petroquímica “General Mosconi”, según se desprende de la presentación contra la letrada.

Justamente la Dra. Dibo radicó una denuncia penal contra los nombrados, acusándolos de pertenecer, junto con otras personas, una asociación ilícita.

El juez federal Jorge Ballesteros desestimó esta denuncia señalando textualmente “... No se advierte conducta delictiva alguna de la cual se deduzca que sea conducente seguir avanzando en la presente pesquisa”, agregando más adelante que: “...Debe sumársele lo expuesto por el Sr. Agente Fiscal en cuanto a que a la fecha del cúmulo de las probanzas no surgen elementos que acrediten los extremos invocados en la denuncia y/o indiquen que los sucesos denunciados configuran alguna conducta ilícita". Y en la parte dispositiva dice claramente: “Debido a lo expuesto, y de acuerdo a las reglas que rigen la materia, es que: Resuelvo: desestimar la presente denuncia que diera origen a la presente pesquisa, de acuerdo a lo normado por el articulo 180 del Código Procesal Penal de la Nación”, el fallo lleva la firma del magistrado mencionado y la del Dr. Esteban H. Murano, Secretario Federal.
Antes de ello, igualmente, el Dr. Di Masi titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N. 8, mandó a archivar las actuaciones por cuanto estimó que no se había acreditado la existencia de delito alguno.
Sobre la denuncia presentada por los letrados Leto, Izzo, García, Vázquez y Fenoglio, en contra de la abogada Alejandra Dibo, estos relatan en su escrito al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados capitalino que “durante varios años tuvimos que soportar las faltas de respeto verbales de dicha profesional en estrados judiciales, ya sea cuando tomábamos vista de la Causa y/o simplemente cuando nos cruzábamos circunstancialmente en los tribunales de Comodoro Py, momentos en los cuales la Dra. Dibo aprovechaba para propinarnos insultos desmedidos e impropios entre colegas”.

Si bien a simple vista pareciera una disputa entre profesionales, en realidad el fondo de la cuestión sería una controversia por la representación de los ex agentes en la causa, ya que así se desprende de la acusación de los denunciantes, quienes aseguran que la denuncia presentada por la letrada Dibo en su contra, “tuvo el claro, único, evidente y exclusivo propósito que a través de la promoción e iniciación de actuaciones judiciales para investigar los falsos hechos denunciados, determinara a quienes habían otorgado poder para intervenir en el juicio citado al comienzo, a los aquí denunciantes apoderados revocaran esos poderes y se los otorgara a ella”, remarcan.

Cabe destacar que estos letrados han propiciado una denuncia penal contra la Dra. Alejandra Dibo y por ello dejaron expresa reserva de solicitar la exclusión de la matrícula a la abogada (en los términos del artículo 45 de la Ley 23.187), en caso de que la Justicia la condene merced a esta denuncia.

Por su parte, el magistrado Jorge Ballesteros también se ocupó de la abogada y produjo un escrito. En un párrafo resalta que “puede afirmarse que la Dra. Dibo no se desenvuelve respetando los lineamientos fijados en una causa –preestablecidos igualmente en el Código Procesal Penal de la Nación y los reglamentos -, amén de que tampoco guarda el decoro y la debida consideración para, cuanto menos, este magistrado”.