“No me atienden en Litoral Gas, esto va a explotar”

El juez Juan Carlos Curto indicó ayer que la empresa distribuidora Litoral Gas "es un actor principal de los hechos" en la investigación por la trágica explosión en Rosario y advirtió que en la causa judicial "no por tener detenido al gasista se termina la historia".

Fuentes allegadas aseguraron que la empresa había visitado el edificio y diagramado con amarillo las próximas modificaciones.

Por su parte, Paul Krupnik, abogado del ayudante del gasista, relató los hechos: "No me atienden en Litoral Gas, esto va a explotar, me voy para allá, había dicho Carlos García minutos antes de la tragedia.

En tanto, la fiscal que interviene en el caso, Graciela Argüelles, señaló que "hay muchos actores involucrados" en la investigación sobre las responsabilidades, y cuestionó a Litoral Gas por "no capacitar debidamente a gasistas ni a inspectores".

Por su parte, vecinos en Rosario aseguraron que el sistema de gas tenía más de 40 años y no estaba en condiciones.

Litoral Gas, más comprometida por la explosión en Rosario

La empresa distribuidora Litoral Gas quedó ayer más involucrada en la investigación judicial de las causas de la tragedia de Rosario, que hasta ahora tiene dos detenidos. Según fiscal Graciela Argüelles, que entiende en la causa, estaría comprobado que la companía encargada del suministro en esa ciudad no atendió como debería haberlo hecho la emergencia provocada por el escape de gas antes de que se desatara el desastre.

Entretanto, el juez de la causa, Juan Carlos Curto, fue contundente: "Litoral Gas es un actor principal", aseveró el magistrado, con lo cual no descartó que la firma haya tenido parte de la responsabilidad del siniestro.

"El gasista [cuando resultó incontrolable el escape de gas en el inmueble de Salta 2141] intentó pedir colaboración porque no podía detener la pérdida. Llamó al 0800 de Litoral Gas y no fue atendido. Dice que llamó al 911 y tampoco [lo atendieron]. Que por eso salió del inmueble a buscar ayuda en su vehículo", relató la fiscal.

La funcionaria judicial, agregó que el gasista "asegura que a las pocas cuadras se encontró con una cuadrilla de Litoral Gas y le comentó lo que ocurría y lo que podría ocurrir más adelante. Sin embargo, no recibió respuesta. Eso estaría comprobado". Argüelles fue más allá al señalar que "Litoral Gas no capacitó convenientemente a los gasistas matriculados para atender emergencias como éstas y otras parecidas. La empresa no pudo dar respuesta a la emergencia".

Ante una consulta, la fiscal reconoció que "hay elementos que el juez secuestró en el lugar de la tragedia y que van a ser evaluados por los peritos, como el caso de la válvula [reguladora]", el presunto punto inicial del formidable escape de gas que provocó la explosión.

"Hoy [por ayer] nos hemos dedicado a evaluar las medidas probatorias. Hemos recibido en las últimas horas un par de testimonios de personas que viven en la zona. La policía sigue trabajando con el apoyo de la Justicia", amplió la fiscal.

También prestaron declaración tres inspectores de Litoral Gas. "Dijeron que hace unas semanas concurrieron al inmueble y procedieron a interrumpir el suministro. Señalaron que volverían a habilitarlo si se realizaban las reparaciones. Cuando las mismas se realizaron, se pidió una nueva inspección y se restableció el servicio. El gasista entregó su celular para que pueda cotejarse con sus declaraciones", comentó Argüelles.

El juez, en tanto, admitió que hay documentos secuestrados el martes pasado en las oficinas de San Lorenzo y Mitre, que señalan que los vecinos de Salta 2141 efectuaron repetidos reclamos durante los veinte días previos al estallido.

Ante otra consulta, la fiscal Argüelles anticipó que con la causa caratulada "estrago agravado", la fiscalía deberá dar opinión y "solicitará la pena máxima posible y efectiva", de algo más de tres años, como lo señala el Código Penal. Acompañando al juez Curto, el fiscal Guillermo Camporini indicó que gracias a los peritajes se logró comprobar uno de los puntos de declaración del gasista Carlos García, actualmente detenido, como es la participación de Litoral Gas en el caso. No obstante, pidió cautela por cuanto la investigación apenas comienza.

Camporini advirtió que la causa es compleja porque hasta ahora existen responsabilidades civiles y penales que deben ser discriminadas para encontrar a los protagonistas de unas y otras.

Otro tema que se estima será motivo de consideración en las próximas horas es el seguro pedido que harán los abogados del gasista y su ayudante Pablo Daniel Miño, los doctores Hugo Buffarini y Paul Krupnik, para que ambos recuperen su libertad, sin perjuicio de la prosecución de la causa. El que mayores posibilidades tiene de ser sobreseído es Miño, de quien Krupnik opinó "es el pibe de los mandados. Ni siquiera ingresó en el inmueble cuando García trabajaba, ya que se quedó a custodiar las herramientas. Y fue quien corrió de un lado para otro alertando que algo grave podría ocurrir", destacó el patrocinante. El abogado argumentó que se trata de "un muchacho que es un changarín, con todo respeto. Está preso desde hace dos días y ninguna autoridad de Litoral Gas tuvo que ir al tribunal a explicar algunas cuestiones técnicas. Él se quedó allí y podía haber muerto también en esta tragedia, y el estar privado de su libertad es una circunstancia que agrava todo esto", añadió.

La fiscal Argüelles recordó que la causa caratulada "estrago agravado por el número de víctimas" tiene una pena máxima de 5 años. A pesar de la falta de antecedentes, "vamos a solicitar una pena efectiva" de prisión, que debe ser de más de 3 años para su cumplimiento efectivo. A su criterio, "el ayudante estaría descomprometido y se podría proceder a otorgarle la libertad", especuló.

También opinó sobre la demanda civil que podrían plantear los damnificados. "Cada uno de ellos deberán manifestar su pretensión. También pueden presentarse como actores penales, más allá del reclamo civil. Eso puede ocurrir sólo después de obtener una condena", aclaró.

¿Sólo una sucesión de errores humanos?

Las catástrofes en la Argentina son una sucesión de negligencias personales. El conductor del tren que no acciona los frenos, el gasista que rompe el caño de gas de un edificio, el meteorólogo que no avisa cuando lloverá mucho..

Una lógica que acota el esfuerzo de avanzar ante un panorama de responsabilidades demasiado vasto, inabarcable para la mayoría de la sociedad interpelada solidariamente ante los hechos y muy áspero en sus implicancias. Con la presunta equivocación fatal de un tal Carlos García, el gasista, habría que indagarse también acerca de porqué no existe un segundo e inmediato mecanismo de prevención ante un error humano que, cabe añadir, podría ocurrir bastante seguido.

El juez que interviene en la causa, Juan Carlos Curto imputó a García y a su ayudante Pablo Miño -que sólo le alcanzaba las herramientas- por el grave delito de estrago culposo. En su defensa el gasista mencionó llamados al 911 y a la empresa Litoral Gas para alertar sobre lo que estaba ocurriendo. Como fuera, llegó tarde: todo explotó en pocos minutos.

Lo que sucedió después podría interpretarse como un detalle pequeño, pero decisivo: transcurrieron cuatro horas hasta que el personal de Litoral Gas pudiera cortar el suministro. Las llamas del soplete gigante no permitían el trabajo normal de los rescatistas. Cuatro horas críticas.

El marco regulatorio de toda la actividad gasífera corresponde a Enargas: Ente Regulador del Gas. Fue creado para "proteger adecuadamente los derechos de los consumidores y promover la competitividad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo". Y también debe controlar a las empresas que le pagan a Enargas un canon millonario que todos los años aumenta. Que en mayo de 2007 el Gobierno tuviera que intervenir a regañadientes Enargas por el escándalo Skanska tal vez no venga al caso. O sí. De esa causa que investigaba el pago de coimas por parte de una empresa no quedó nada.

Con la privatización de Gas del Estado, en 1992, diseñada por el hoy asesor del Gobierno, Roberto Dromi, Litoral Gas obtuvo una concesión por 35 años para distribuir gas natural en la provincia de Santa Fe y el noreste de la provincia de Buenos Aires. El 91 por ciento del paquete accionario de la empresa pertenece a Tibsa Inversora SA, una sociedad integrada por Suez-Tractebel SA ( 70 por ciento), y el Grupo Techint (30%) a través de Tecpetrol Internacional. Litoral Gas tiene más de 600.000 clientes cautivos.

El 31 de julio pasado el Senado provincial sancionó la creación de Santa Fe Gas y Energías Renovables: Sapem. Luego de la votación el vicegobernador de la provincia, el radical Jorge Henn, hizo un balance: "Hoy hay más de 1.750.000 santafecinos que no cuentan con gas natural en 279 localidades".

A las responsabilidades individuales, judicialmente punibles, también hay que analizarlas en el marco y el contexto en el que se desarrollan.

Esto implica bajar al oscuro sótano de la consciencia colectiva para enfrentar los rostros de las cientos de personas que murieron en los últimos diez años en tragedias tan devastadoras como absurdas. Esta semana le tocó a Rosario..