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POLÍTICA
¿Quien para esto? Más saqueos, muertes y vandalismo por efecto dominó de huelgas policiales
10/12/2013

El conflicto policial ya afectó a 17 provincias y hay saqueos

Clarín

Con una capacidad de propagación inédita, el conflicto policial que se inició la semana pasada en Córdoba tomó ayer escala nacional. Hasta anoche, las policías de diez provincias mantenían protestas en distintos niveles y otras siete habían logrado encaminar la solución con propuestas de aumento salarial formuladas por los gobernadores.

En Jujuy murió un joven y otros dos permanecían muy graves por choques durante episodios de saqueos. La muerte ocurrió en Perico, mientras que en San Pedro, donde hubo 40 comercios destrozados y 60 detenidos, dos heridos seguían graves anoche.

En Resistencia, Chaco, murió un hombre, en medio de saqueos y disparos. También quedó un policía herido de gravedad. Y versiones no confirmadas oficialmente hablaban de dos muertos más.

En Concordia, Entre Ríos, el domingo a última hora murió electrocutado un hombre que intentó robar un electrodoméstico enchufado durante un saqueo y ayer la ciudad seguía cruzada por barricadas callejeras. En Tucumán y Santa Fe la salida de las fuerzas de seguridad de las calles o su actitud pasiva fueron acompañadas también de saqueos a supermercados y casas de electrodomésticos. A su vez, en varios distritos del conurbano bonaerense los comerciantes cerraron sus locales a media tarde, temerosos de que la noche disparara una ola de robos. En distritos al sur y al oeste de la Capital Federal, esa inquietud se agravó además por los cortes de luz.

En Salta se registraron saqueos a comercios, aunque la policía no estaba en protesta.

Hasta anoche, las policías provinciales que se mantenían en protesta o acuarteladas eran las de Jujuy, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Tucumán y San Luis.

En Entre Ríos, los policías que habían tomado sedes de la fuerza consiguieron que el gobernador Sergio Urribarri llevara el sueldo inicial a 8.536 pesos y les diera tres cuotas de 3.700 pesos en noviembre, diciembre y enero. Según los negociadores de la policía, Urribarri admitió que la provincia no cuenta con fondos para solventar el aumento prometido pero aseguró que “los conseguiría para poder pagarlo”. Anoche, sin embargo, los policías rechazaron ese pacto.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli anunció que el salario inicial para un policía será de 8.570 pesos y con esa oferta logró desactivar el conflicto con la fuerza de seguridad más grande del país, con 57.000 agentes. Sin embargo, a pesar de ese acuerdo, miles de comercios en el interior bonaerense y en el conurbano cerraron sus puertas anticipadamente.

Esas dos negociaciones mantuvieron el nivel de lo acordado en Córdoba la semana pasada. Además, de Buenos Aires y Córdoba también habían conseguido un pacto salarial San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro y Neuquén. En Salta hubo saqueos en el centro de la capital y policías retirados y familiares comenzaron anoche una protesta, aunque sin participación de oficiales activos.

Desbordado por una situación que consideró “provincial”, el Gobierno nacional tuvo que trasladar gendarmes desde provincias que iban solucionando sus conflictos a las que comenzaban a mostrar contextos más violentos.

En el Ministerio de Seguridad siguieron con especial atención la situación en Jujuy y en Entre Ríos. Ayer llegaron 300 gendarmes a Concordia y la Prefectura comenzó a patrullar en la ciudad. Para el Gobierno, el mayor foco de tensión estuvo en la capital de Santa Fe. Allí, los policías rechazaron el ofrecimiento de 8.100 pesos.

En Seguridad, a su vez, aseguraron que la Nación no admitirá la sindicalización policial. Eso mismo sostuvo el ministro de Seguridad, Julio Alak, en una conferencia en la que consideró ilegal el reclamo y denunció un complot contra las instituciones en la víspera del trigésimo aniversario de la restauración democrática. Como prueba, Alak mostró una página en Facebook y denunció al massismo.

Reclamos activos aún en medio país

Ámbito Financiero

El interior del país vivió ayer una nueva jornada de tensión, con el contagio de las protestas policiales -de tenor dispar- a otros 7 distritos, por lo cual ya son 12 las provincias que enfrentan medidas de fuerza o amenazas de conatos. 

El debilitamiento del servicio de seguridad -concreto o en carácter de inminente- desató nuevos saqueos desde la madrugada en Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Tucumán, Neuquén y Mendoza, pese a la presencia de gendarmes en algunos casosEsa violencia se cobró el segundo muerto en el país, en Concordia (ver aparte).

Con mayor o menor virulencia según el caso, los gobernadores salieron a advertir que se trata del"efecto Córdoba", con referencia al autoacuartelamiento del martes y miércoles pasado en tierra mediterránea que derivó en una oleada de saqueos y dejó un muerto.

Los reproches estuvieron dirigidos al peronista crítico José Manuel de la Sota. "Hubo un muy mal manejo de la política en Córdobase viralizó y estamos con conflictos en otras provincias, pero en Córdoba hubo otros aditamentos", resumió el misionero Maurice Closs.

También remarcaron -en voz alta o por lo bajo- la necesidad de una imperiosa asistencia financiera nacionalpara hacer frente a las nuevas exigencias surgidas desde los policías.

Las comunicaciones fueron en tanto, permanentes con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En un clima de fuerte preocupación -que se evidenció también en varios obispos provinciales-, los mandatarios además instaron a los efectivos rebeldes a que prime la reflexión y la mesura en pos de "la paz social".

No obstante, los más duros tildaron a la embestida de los uniformados de "extorsiva" y "sediciosa", y a los saqueadores de "delincuentes".

Tras la revuelta de Córdoba, que terminó con un acuerdo que llevó el básico a 8 mil pesos, se multiplicaron los reclamos de otras fuerzas provinciales, con planteos en pos de acceder a un monto de entre 10 mil y 13 mil pesos.

Pese a las graves urgencias de cuentas que atraviesan varios distritos, los Ejecutivos debieron salir a concretar apresurados anuncios de recomposición salarial para la fuerza, tras lo cual se adivinan promesas concretas de asistencia financiera nacional.

Por de pronto, ayer las protestas y amenazas de medidas de fuerza -con tenor dispar, según el distrito- se contagiaron además a Tucumán, Jujuy, San Luis, Corrientes, Chubut, Misiones, Mendoza y La Pampa. Pero además persistieron las embestidas de uniformados en Buenos Aires (ver páginas 10 y 11), Entre Ríos, Chaco y Santa Fe (ver aparte).

Hasta el momento, los gobernadores que lograron dominar motines policiales con incrementos salariales fueron, además de De la Sota, la catamarqueña Lucía Corpacci y el riojano Luis Beder Herrera (el viernes); el sanjuanino Sergio Uñac (el sábado); el neuquino Jorge Sapag (el domingo), y el rionegrino Alberto Weretilneck(ayer).

En el caso rionegrino, el acuerdo incluye un alza del 35%, para llegar a una suma básica de bolsillo de $ 9.500.

Veamos el tenso panorama que arrojaba ayer el interior  

  • ENTRE RÍOS En medio de nuevos intentos de saqueos tras la madrugada trágica en Concordia (ver aparte), el kirchneristaSergio Urribarri intentaba domar anoche con un acuerdo salarial el conato policial en esa ciudad. Horas antes, había asegurado que "hubo instigación política" en ese escenario y acusado a los 50 policías que tomaron la Jefatura del delito de "sedición". En paralelo, persistían reclamos salariales en otros puntos, como Paraná. Horas antes, Bahl había anunciado que el salario mínimo de un agente será de $ 8.530, con la readecuación de los códigos de seguridad y de la política de adicionales.  

 

  • CHACO La protesta en pos de un sueldo inicial de $ 12 mil iniciada el domingo (con el autoacuartelamiento en 7 comisarías de Resistencia; ayer al mediodía sólo estaba en servicio entre el 40% y el 50% de los agentes) se intensificó con la toma por unas horas de una comisaría del centro y con saqueos durante la madrugada (ver aparte). Una caravana de 300 efectivos policiales, en motos y patrulleros, recorrió calles céntricas y amenazó con tomar la sede central de la Jefatura, en una ciudad patrullada por Gendarmería y Prefectura. El ministro de Gobierno,Marcos Verbeek, prometió sanciones "graves" -como el pase a disponibilidad- para efectivos que dejaron zonas liberadas, y de hecho ya fueron separados 27 penitenciarios. 

 

  • JUJUY Entre 400 y 500 efectivos -junto a familiares- activaron una protesta frente a la Casa de Gobierno en demanda de un básico de 10 mil pesos y tomaron la Jefatura, mientras que el Ejecutivo que conduce Eduardo Fellner se apresuró a anunciar una suba de cerca del 30% para la Policía y para el Servicio Peniten-queos en localidades del interior (ver aparte)

 

  • TUCUMÁN: 
    Cerca de un centenar de policías se autoacuarteló desde la noche del domingo en una dependencia de la fuerza para exigir un sueldo de bolsillo de $ 12.000 pesos, escenario que derivó por la tarde en saqueos en la capital. Ayer el gobernador José Alperovich intentaba descomprimir la tensión, en conversaciones con los sublevados.

  • SAN LUIS:
    Un grupo de efectivos retirados, junto a familiares, iniciaron en la mañana de ayer una protesta en pos de un básico de $10 mil y advirtieron que si no obtienen respuestas del Gobierno de Claudio Poggi en 24 horas convocarán al personal en actividad y "el reclamo será de otra forma". Los manifestantes se concentraron en la plazoleta ubicada frente al edificio central de la Policía.

  • CORRIENTES:
    Efectivos policiales anunciaron ayer una retención de servicios y se autoconvocaron en la sede del Comando de Patrullas de la capital, en demanda de un salario básico de $ 10 mil. Pero luego levantaron la medida, a la espera de un anuncio del radical Ricardo Colombi que llegó: el pago por única vez a todos los estatales (incluidos los policías) de un plus de $ 300, y la elevación de $ 400 a $ 600 de otro pago que continuará el año que viene. También comunicó que habrá un incremento en racionamiento para policías -de 850 a 1050 pesos- y un adicional de 500 pesos para penitenciarios, aunque ayer seguía el estado de alerta policial.

    Colombi envió una nota a Cristina de Kirchner, en la cual destaca "la necesidad de Corrientes de contar con la suma extra de $ 1.500 millones para hacer frente a la recomposición salarial de 2014". "Si bien tenemos responsabilidades en muchas cuestiones, hay otras en que Nación no se puede desentender, y parte tiene que ver con cuestiones económicas financieras", argumentó.

  • CHUBUT:
    La policía de Puerto Madryn se acuarteló en el Comando Radioeléctrico en pos de un sueldo de bolsillo de $ 12 mil y dejó a las seccionales sin agentes, y había retenciones de servicio además en Comodoro Rivadavia y Trelew, pese a que Martín Buzzi anunció el sábado una suba escalonada, que ayer prometieron mejorar. El clima era tenso y se registraban saqueos. 

  • MISIONES:
    Closs ofreció en forma anticipada un alza del 25%, que eleva el salario inicial a 7.500 pesos, a los que hay que sumar los adicionales. La propuesta se acercó a lo exigido desde la Mesa de Diálogo Policial. Los efectivos amenazaron previamente con un autoacuartelamiento, en reclamo de un sueldo de bolsillo de entre 9 mil y 10 mil pesos. 

  • MENDOZA:
    El justicialista Francisco Pérez acordó ayer con Amuppol el pago de un ítem de riesgo para policías y penitenciarios de $ 500 remunerativos, tras una propuesta de la Asociación Mutual de Personal Policial, y avanzará en la paritaria en los próximos días.


Sin embargo, por la tarde un centenar de familiares de efectivos disconformes se convocó frente a la Legislatura, mientras que se registraron algunos saqueos. El arzobispo Carlos Franzini pidió "enfocar los conflictos de una manera serena".

 

De la alerta social al ‘golpe de Estado’

El Cronista. Por Luis Majul

El lunes pasado, desde este mismo espacio, se planteó la posibilidad de que volvieran los saqueos para antes de las fiestas. Nos equivocamos. Fuimos demasiado optimistas. Los saqueos y actos de vandalismo empezaron 48 horas después de la nota, el martes a la madrugada, cuando la policía de Córdoba decretó zona liberada en toda la provincia, en reclamo de mejoras salariales, y el gobierno nacional tardó demasiado en enviar a la Gendarmería, para evitar el caos. Ahora todo parece más claro, pero más grave todavía. Una alta fuente del ministerio de Seguridad de la Nación se lo explicó, de manera sencilla, durante el fin de semana, a la Presidenta y al jefe de gabinete, Jorge Capitanich.

“Esto es una especie de golpe de Estado. No un golpe de Estado clásico, o militar. Es un intento de golpe de Estado de las fuerzas de seguridad (policiales) al poder político (los gobernadores). Y lo peor es que los gobernadores están aterrorizados, y cedieron de inmediato ante la extorsión” expuso el alto funcionario. El agente público está muy preocupado, porque, sostiene “la extorsión de los altos mandos de la policía de Córdoba” hizo que se le aumentara los salarios “de manera desproporcionada” y esa decisión “está provocando un efecto cascada que va a destruir a todos los presupuestos de todas las provincias”, puntualizó. Citó palabras de un ministro de Economía de una de las provincias que tuvo que ceder: “Todavía no empezó 2014 y ya arrancamos con una paritaria, para los empleados del Estado, por encima del 50%”. Para el alto funcionario del ministerio de Seguridad de la Nación, los sucesos de Córdoba no solo generaron un efecto contagio en La Rioja, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y San Juan. Además siguen latentes en la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Y, como si esto fuera poco, la alta fuente considera a los saqueos como una mezcla explosiva de la falta de autoridad política, complicidad de la policía con algunas bandas de narcotraficantes, especialmente en Córdoba y Santa Fe, y no actuación de los fiscales y los jueces contra los delincuentes que se llevaron a sus casas desde heladeras hasta plasmas de televisión y motocicletas.

El crudo diagnóstico hizo volver sobre sus pasos a la Jefa de Estado, quien hacia mitad de semana eligió la estrategia de abandonar a su suerte a De la Sota para debilitar el proyecto político del gobernador y horas después se dio cuenta que el enrevesado clima social podía llegar, en cuestión de días, hasta la misma Quinta presidencial de Olivos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, parece haber reaccionado a tiempo: anunció que el aguinaldo de los empleados públicos se cobraría de manera anticipada e instruyó a su ministro de seguridad, Alejandro Granados, para que dispusiera de una mejora del salario de bolsillo de los agentes de la policía cuyos representantes habían amenazado con hacer lo mismo que sus colegas de Córdoba. Pero además, acordó una línea directa con el ministerio de Seguridad de la Nación y habló con los intendentes de los distritos más calientes para “coordinar acciones y prevenir saqueos”.

La mirada siempre desconfiada de Cristina Fernández sobre Scioli se transformó en acuerdo inmediato, por miedo y desesperación. “Hasta un niño se puede dar cuenta: si se incendia la provincia se incendia todo el país” me explicó un integrante del gabinete de Scioli que lo ve todos los días. El último cordobazo está dando lugar a múltiples lecturas. Algunas de ellas más profundas y lúcidas que otras, pero todas coinciden en algo: son el resultado de múltiples factores negativos que los 30 años de democracia no supieron revertir. La foto del chico orgulloso de haber saqueado el supermercado de su barrio es una de las más llamativas.

El robo a cara descubierta por parte del mismo vecino que el día anterior había intercambiado con el comerciante de la esquina saludos para su familia es otra. La escena de quienes intentaron quemar viviendas de sus vecinos porque sospechaban que los delató ante la policía es una tercera imagen de terror. Pero la peor de todas es la aceptación, resignada, de que un policía puede, en reclamo de un salario mejor, dejar un barrio desprotegido, una ciudad ‘liberada’ una provincia entera a la ‘buena de Dios’. No hay necesidad que justifique semejante decisión. Es como dejar a un paciente, en medio de una operación a corazón abierto, para sumarse a una reivindicación salarial y laboral, por más justa y legítima que parezca. Por supuesto, el caldo de cultivo es la inflación, el ajuste no anunciado, los nuevos aumentos de los alimentos, y la frustración de comprobar que aunque muchos trabajen todo el día, al final del año no les termina alcanzando ni para lo mínimo.

Trágicos saqueos: hubo cinco muertos en Chaco, Jujuy y Entre Ríos

La Nación

El estallido de protestas policiales y saqueos dejó ayer cinco muertos y un herido de gravedad en distintos episodios de violencia que sacudieron el interior provincial, en un día en el que la crisis escaló hasta alcanzar a por lo menos diez provincias. El Gobierno señaló a la oposición como responsable de un accionar desestabilizador.

La situación más grave se registró en Chaco, d onde a última hora se informó que tres personas perdieron la vida en medio de violentos incidentes vinculados a saqueos y, al parecer, producto de heridas de bala; además, un policía debió ser trasladado de urgencia al hospital Perrando, de la capital provincial, y su estado era anoche de extrema gravedad, según indicaron fuentes hospitalarias.

El director del Hospital Perrando, de Resistencia, Cristian Obregón, dijo que uno de los jóvenes fallecidos, de 23 años y que habría participado de un asalto a un local situado sobre la avenida Castelli y calle 15, de Resistencia, ingresó sin vida al centro médico luego de ser socorrido en la vía pública por una ambulancia.

En Jujuy, en tanto, un joven murió en la ciudad de Perico durante un forcejeo en el saqueo a un comercio. Según se informó, el joven tenía entre 15 y 18 años y sufrió una herida de arma blanca en un negocio de ropa deportiva, aparentemente al enfrentarse al propietario del negocio y forcejear con otros saqueadores.

La quinta víctima fatal ocurrió en la ciudad entrerriana de Concordia, en horas de la madrugada de ayer. El joven, de 20 años, murió electrocutado cuando intentaba saquear un negocio con mercaderías.

Estas muertes fueron el corolario de una jornada en la que la crisis de protestas policiales se extendió a por lo menos una decena de provincias, con escenas de violencia y saqueos en varias ciudades.

En medio de este estallido, el Gobierno denunció ayer maniobras desestabilizadoras, acusó al sector de Sergio Massa de estar detrás de las protestas y anunció que denunciará penalmente a los responsables de los reclamos y a quienes instiguen a los saqueos por el delito de alteración del orden público, intimidación e incitación a la violencia colectiva.

Con un cambio fuerte de discurso, la Casa Rosada dejó en evidencia la preocupación hacia el interior del Gobierno que provocó el contagio de las protestas policiales en el resto de las provincias después del primer reclamo que se produjo en Córdoba y que derivó en huelgas y acuartelamientos en Buenos Aires (con epicentro en La Plata, Mar del Plata y Almirante Brown), Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Chaco, Tucumán, Salta, San Luis, Río Negro y Chubut. Anoche, lo que parecía un arreglo en Entre Ríos derivó en una marcha atrás, mientras en Tucumán se extendían los saqueos.

ACCIONES DESTITUYENTES

Desde Balcarce 50 denunciaron acciones destituyentes, tanto contra los gobernadores como contra la presidenta Cristina Kirchner, e instaron a todos los fiscales federales del país a denunciar y perseguir a los policías que reclaman y a los responsables de los saqueos y robos.

Como único indicio de los sospechosos, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, apuntó a Salvador Baratta, actual concejal por el Frente Renovador en Lanús, como responsable de montar los desmanes en la provincia de Buenos Aires por unas declaraciones que el ex jefe policial de la departamental Zona Norte de la bonaerense había hecho por la mañana en el programa radial de Jorge Rial, desde donde advirtió sobre las consecuencias de mantener el reclamo.

Mientras la mayoría de los gobernadores intentaba acordar, tanto Álvarez como el ministro de Justicia, Julio Alak, anunciaron que hoy presentarán las pruebas con las que cuentan sobre los saqueos "organizados" que detectaron a través de seis perfiles de Facebook que estarían interconectados.

Todo el Gobierno se concentró ayer en denunciar un proceso de "desestabilización", compararon la situación con la crisis que vivió el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en un intento de golpe de Estado, y llamaron a los policías a deponer el reclamo. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; Alak, y Álvarez culparon a los manifestantes de llevar a cabo una "extorsión".

Capitanich directamente vinculó la protesta con un mensaje hacia la dirigencia política cuando se cumplen, hoy, 30 años del retorno de la democracia. "No es casualidad", dijo, y llamó a los policías a retomar "la paz social, la armonía y la convivencia".

Por la tarde, Alak y Julián Álvarez avanzaron en esa hipótesis. "Lo que hacen es extorsionar a los gobiernos municipales, a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional de que si no se le hace lugar a un reclamo pasa lo que sucedió en Córdoba o se promueven los saqueos", apuntó Álvarez, autor de la denuncia.

Entre las medidas, Alak anunció que los 720 fiscales bonaerenses habían sido puestos en guardia permanente, al igual que los fiscales federales que dependen de Gils Carbó. El ministro de Justicia pidió que detengan "a todo ciudadano que inicie una acción vinculada al saqueo, como también a los efectivos de la fuerza de seguridad que abandonan las fuerzas de trabajo que tienen que integrar".

Consultado sobre si creía que podría haber un movimiento para derrocar a la Presidenta, Alak moderó el discurso. "No. Lo que nosotros decimos es que no se puede bajo métodos extorsivos condicionarse las políticas salariales de los gobiernos", y descartó que el Gobierno analice impulsar la sindicalización en las fuerzas de seguridad, un reclamo que retomó a partir de la crisis de la última semana..

El origen: una crisis social no reconocida

La Nación. Por Joaquín Morales Solá

"Es más fácil contar las provincias en las que no hay problemas con la policía", contestó un funcionario nacional consultado sobre el creciente panorama de sublevaciones de uniformados. Es cierto. En una semana, desde que estallaron la rebelión de Córdoba y el apogeo de los saqueos en esa provincia, ya hubo cinco muertos y decenas de heridos por los asaltos a los comercios. El Gobierno cambió drásticamente el discurso sobre el conflicto. Una situación de tensión extrema se advierte fácilmente en casi todos los funcionarios con responsabilidades ejecutivas.

Sin embargo, los ojos de la política están puestos en la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, en el multitudinario y caótico conurbano.

Ahí se vive una calma inquieta y expectante. Es un polvorín social, donde un pequeño fuego podría terminar en un incendio. El gobernador Daniel Scioli adelantó el aguinaldo y le aumentó el salario a la policía. ¿Suficiente? Parece que no. Los empleados públicos, beneficiados por el aguinaldo anticipado, no son los que se dedican a saquear. La policía bonaerense se compara con otras policías (sobre todo con la metropolitana de Mauricio Macri) y la conclusión a la que llega es que está en desventaja.

A Scioli no le sobran recursos, aunque ha hecho ahorros que le permiten cierto desahogo. Todo es elefantiásico en la provincia de Buenos Aires; un punto porcentual de aumento salarial significa cientos de millones de pesos.

Al gobernador tampoco le gusta leer que tropas de la Gendarmería son trasladadas a otras provincias. Cada vez que contingentes de gendarmes llegan a ciudades del interior, el conurbano bonaerense y las fronteras del país son menos seguros.

En efecto, la Gendarmería y la Prefectura no podrán reemplazar nunca a todas las policías provinciales amotinadas. Las fuerzas federales se están agotando. Santa Fe dio la prueba. A pesar del arribo de gendarmes, hubo algunos saqueos en la mañana de ayer. Prefectos y gendarmes viajan en algunos casos sólo como expresión simbólica de cierta autoridad pública. No pueden hacer mucho más. Los saqueadores conocen las ciudades en las que viven mejor que la Gendarmería. Ésta tampoco tiene la información precisa e indispensable sobre las zonas de riesgo de provincias en las que son forasteros, sobre dónde están los sectores sociales más violentos o sobre dónde se oculta el delito.

Hay que seguir el derrotero del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para descubrir que es, en el fondo, un kirchnerista sin atenuantes. El problema era exclusivamente provincial y, para peor, mal manejado por su gobernador cuando sucedieron los estragos de Córdoba. José Manuel de la Sota es un opositor. El conflicto era suyo. El gobierno nacional fue un imprudente espectador en las primeras horas del drama cordobés.

Poco después, el problema se convirtió en una monumental conspiración nacional, cuando empezaron a sublevarse gran parte de las policías provinciales, entre ellas la de Chaco, la provincia que gobierna el propio Capitanich. El jefe de Gabinete señaló ayer que el Gobierno estaba ante una desestabilización por los 30 años de democracia que se cumplen hoy. En el mejor de los casos, supone Capitanich, el alboroto policial quiere quitarles brillo a los actos que Cristina Kirchner presidirá esta tarde en la Casa Rosada.

Ayer, la visión conspirativa llegó más lejos cuando el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, señaló a un concejal del massismo como propulsor de los saqueos. El conflicto, en fin, es ajeno o es producto de una conspiración. Kirchnerismo puro.

No es sólo Chaco. Scioli está siendo desobedecido en La Plata. Los muy kirchneristas gobernadores de Tucumán, Entre Ríos, Chubut y Jujuy enfrentan duros planteos policiales en sus provincias. Las sublevaciones no hacen distinciones entre gobernadores oficialistas u opositores. Tampoco hay diferencias geográficas. La mancha de la rebelión se extiende desde Jujuy hasta Chubut. Los últimos saqueos ocurrieron en la entrerriana Concordia y en la bonaerense Mar del Plata. El kirchnerismo cometió muchas veces el error de asignarles a sus adversarios más envergadura que la que tienen. ¿Acaso Sergio Massa podría haber impulsado desde Tigre esa vasta marea nacional de protestas policiales? Imposible.

El problema es más simple: las policías están mal pagadas en un país bajo los efectos de una muy alta inflación. Las policías están, además, atravesadas por las complicidades con el crimen. El propio gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, aseguró hace poco que su policía tiene nexos indubitables con el narcotráfico. Narcotráfico y malos salarios son una mezcla explosiva.

En los últimos días se volvió a discutir sobre la conveniencia -o no- de permitirle a la policía cierta sindicalización. Es cierto que las fuerzas de seguridad pasan del silencio y la obediencia a medidas de fuerza tomadas por asambleas de cientos o de miles de personas. Nadie puede negociar en esas condiciones. Es igualmente veraz que son organizaciones armadas, manejadas necesariamente por un extremo verticalismo, y que esa circunstancia desaconseja cualquier proyecto de sindicalización.

El componente más importante del conflicto policial es la crisis social no reconocida por el gobierno nacional. La policía se subleva porque sabe, mejor que nadie, que los lazos sociales están rotos y que la responsabilidad del ciudadano es una obligación arqueológica. Sabe también que hay sectores numerosos de la sociedad que viven en la miseria, que han perdido cualquier esperanza de ascenso social y que acceder a un televisor led sería la única revolución posible en sus vidas. Conoce que el rencor social serpentea entre muchos argentinos. La inflación, que afecta a todos, pero que tiene sus efectos más devastadores en los sectores muy pobres, es un fenómeno que une en la penuria a policías y carenciados.

Sería fácil si Massa fuera el culpable. Massa o cualquier conspirador. Sólo bastaría hablar con él o con ellos para resolver el problema. Un conflicto latente, vasto y olvidado, que es lo que es el problema actual, requiere de soluciones más sofisticadas que echarle la culpa a otro. O que buscar imposibles destituyentes hasta debajo de la mesa.


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