Nadie pone en duda la potencialidad económica del Lote 192 (ex lote 1AB, ubicado en el distrito de Andoas, Datem del Marañón, Loreto), que produce el 12% del crudo nacional y genera aproximadamente US$ 100 millones en regalías.

No obstante, alrededor de este lote hay diversos casos pendientes por resolver: remediación ambiental, consulta previa y proceso de licitación por el vencimiento del contrato a la empresa Pluspetrol (abril del 2015).

“El Lote 192, entre 1998 y 1999, producía entre 45 mil y 50 mil barriles por día. A diciembre del 2013 esta producción cayó a 14 mil barriles diarios”, según Gustavo Ávila, de Propuesta Ciudadana.

Explicó que si la empresa que tiene la concesión sabe que no le van renovar, entonces no tiene interés en invertir, por eso baja su producción.

“Si bien ha ido bajando la producción, el precio ha hecho que no se sienta mucho. La cotización del crudo ha ido incrementándose hasta el 2005, cuando estaba entre US$ 25 y US$ 30 el barril. En la actualidad el precio se ha estabilizado entre US$ 80 y US$ 90”, indicó.

En tanto, el asesor de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, Jorge Tacuri, refirió que este lote tiene reservas probadas por 20 años más.

Según cifras estimadas, el Lote 192 cuenta con reservas probadas de 72.500 barriles y reservas probables de 187.514, además se ubica estratégicamente alrededor de un corredor petrolero que pretende integrar diversos yacimientos y actividades de hidrocarburos (lotes 67, 39, 102 y 64).

Se debe indicar que este año la compañía obtuvo una autorización para incrementar su producción en este lote, estimándose el valor del proyecto en US$ 18,5 millones.

Según Jorge Tacuri, este incremento se debe a que Pluspetrol está desplegando sus capacidades para mantenerse como uno de los postores de la nueva concesión.

“Si la empresa estuviera de salida no estaría incrementando su producción. Si se renovara el contrato a Pluspetrol sería ilegal, una arbitrariedad, constituiría una vulneración al estado de derecho”, dijo.

A pesar de las promesas de desarrollo para las comunidades de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, hasta la fecha no cuentan con servicios básicos. Asimismo, de acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo del Congreso de la República, sobre el cálculo de un 20% de familias quechuas, el 97% de ellas declara que en la actualidad es difícil acceder a los recursos de caza.

Defensoría del Pueblo ya informó a Ollanta Humala de la situación

En una carta remitida al presidente Ollanta Humala el 14 de febrero último, el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, le informa al mandatario que en el caso “de los graves problemas ambientales y sociales en torno a las actividades del Lote 192 hay tres aspectos centrales”. El primero es que resulta necesario que el Estado y la empresa Pluspetrol Norte realicen, de modo urgente, esfuerzos para asegurar la remediación ambiental de las zonas contaminadas.

El segundo se refiere a que es importante que el Poder Ejecutivo continúe con la preparación del proceso de consulta previa y convoque a las organizaciones indígenas, con el fin de que este instrumento permita alcanzar acuerdos en bien del desarrollo del país y de los pueblos indígenas.

Y como tercer punto señala que la atención de las demandas planteadas por las organizaciones indígenas requiere de plazos razonables para su implementación.