Las máximas autoridades del ejecutivo de Puerto Madryn mantienen la preocupación por la ausencia de una solución en el conflicto que mantienen Aluar y Pan American Energy, respecto a la provisión de gas a la empresa de aluminio. La inquietud está fundada en las consecuencias que la falta de solución puede acarrear en el normal desempeño de la productora de aluminio primario.

El intendente Sastre reconoció que “es un tema que nos preocupa mucho”, además de puntualizar que “estamos trabajando. Hemos realizado la presentación para que la Fiscalía de Estado intervenga”.

El jefe comunal reconoció que mantiene un diálogo permanente con diferentes actores a los fines de poder revertir la situación actual aunque los días van transcurriendo y no aparece el mentado punto de equilibrio que pueda romper con a preocupación existente.

“Hablo con directivos de empresas para tratar de llegar a una solución” afirmó el intendente portuario, quien reiteró “desde nuestro humilde lugar y con las pocas herramientas que tengamos como para subsanar este inconveniente, vamos a continuar trabajando y bregando para que las partes arriben a un acuerdo”.

Más allá de la incertidumbre existente y la falta de puntos de coincidencia que se observo hasta ahora, Sastre se mostró entusiasmado en que las partes revean sus posturas y se termine cerrando un acuerdo que garantice la normal actividad productiva de la planta de aluminio primario.

En tal sentido, afirmó “soy optimista para que esto se solucione en estos días” sentenció Sastre tras una improvisada rueda de prensa al finalizar el acto por el 32º aniversario de la gesta de Malvinas.

El caso

Ante la explosión mediática del caso, ambas partes acordaron mantener conversaciones durante un plazo de noventa días a contar desde el 18 de enero pasado. En éste lapso, que tiene como fecha tope el próximo 17 de abril las empresas buscarán superar las diferencias existentes y llegar a un acuerdo sin ningún tipo de mediación externa, ni la intervención del poder político quien en medio del estallido del caso y la envergadura de las partes en pugna, habría convocado a una reunión, hasta ahora no oficializada.

El contrato de compraventa de gas data del año 2007 y se extiende hasta el 2027, lapso en el cual PAE se había comprometido bajo “ciertas condiciones de precio y calidad” a entregar 2,1 millones de metros cúbicos diarios de gas, alrededor del 1,6% de la demanda nacional. Y de acuerdo a esas mismas circunstancias contractuales, se intimó a Aluar planteando un incremento en la tarifa. La empresa con base en Puerto Madryn denunció “eventos distorsivos” en el precio del insumo por parte de la operadora y, desde comienzos de éste año, entró en un conflicto al que le suman nuevos elementos. Advirtió que un eventual corte –nunca efectivizado- pondría en riesgo la producción e inclusive fuentes de trabajo directas e indirectas y que ésta medida daría paso a un proceso arbitral según las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional. En sí, se plantea que un aumento en el gas determinaría una reducción de operaciones. Sin embargo Aluar, que se presenta como una empresa estratégica del Estado, es en realidad una empresa privada. Los aportes nacionales le permiten indirectamente pagar precios muy bajos a sus proveedores (PAE entre ellos) sin tener como contrapartida planes de inversión. Mientras tanto, en el sector petrolero, con motivo de la instrumentación del Plan Gas -que promueve la inversión para alcanzar el precio de U$S 7.5 millón de BTU- se han comprometido inversiones por miles de millones de pesos.