Polémico. Candente. Con la defensa férrea del oficialissmo más kirchnerista y la oposición -por derecha y por izquierda- de numerosos grupos sectoriales y políticos. El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial -una serie de normas que regularán el uso del suelo y todo lo que de ello depende, desde códigos de construcción hasta la minería- pasará hoy una prueba ácida en una audiencia pública en la que una larga lista de oradores de entidades empresarias, ambientales, políticas, y sectoriales darán su opinión.

El plan -se puede leer una síntesis y el plan completo al pie de esta nota- ha recogido hasta ahora rechazos y adhesiones por igual. Se le critica, por ejemplo, que podría bloquear el desarrollo provincial, o por el contrario, que favorecerá actividades productivas rechazadas por el ambientalismo; tanto como que podría dejar abiertas las puertas a la minería. Empresarios nucleados en distintas organizaciones mendocinas, además, han criticado con fuerza que el plan no tiene una estrategia, un foco, previo. "Antes de decidir qué hacer con el suelo, tienen que decidir qué quieren hacer con Mendoza" dijo una fuente.

Producción sí o no, minería sí o no, countries y barrios privados versus plantaciones, zonas urbanas y rurales, explotaciones productivas sí o no y en dónde, tránsito, construcción, el reparto del espacio público en las ciudades, los usos del agua; son algunos de los debates que van a aparecer hoy en la discusión de este plan que busca ordenar el uso del suelo. Será, un vez finalizado, algo así como "la Constitución de la tierra" de Mendoza. 

A las 9:00 de la mañana en el Centro de Congresos y Exposiciones comienza la audiencia por el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT). Este proyecto es tan necesario como discutible, por lo que se espera que en la audiencia pública de esta mañana diversos actores se presenten en contra o a favor de algunos de sus puntos principales.

El PPOT determinará qué zonas son aptas para el cultivo, cuáles para residencia y cuáles para la industria y la minería; además dispone proyectos para ampliar las comunicaciones en las áreas habitacionales lejanas a la ciudad y así evitar el sobrepoblamiento de unas zonas y que otras queden deshabitadas; y reivindicaciones territoriales para los pueblos originarios, entre otros puntos.

El conflicto reside en que el Plan menciona leyes relacionadas con el territorio y entre ellas la  ley 7722 -norma que regula la minería y prohíbe el uso de contaminantes en la extracción de minerales y que enfrenta una decena de planteos de inconstitucionalidad en la corte local-, pero su confusa mención en el proyecto generó el disgusto tanto de ambientalistas como de empresarios mineros, y aunque fue eliminada del proyecto preliminar los asambleistas continúan en "estado de alerta". También determina áreas naturales protegidas que los mineros consideran zonas claves para su explotación por lo que piden que el Plan se deje de lado.

Desde la cartera de ambiente aseguraron que el PPOT no busca ser "prohibitivo, ni permisivo, sino el marco que guíe al Estado hacia la organización de su territorio, su economía, su futuro". Y comentaron que con respecto a la ley, no es tarea del ministerio derogarla o reafirmarla, sino que eso se discutirá en el ámbito de la legislatura, mientras que afirmaron que Ambiente intenta "cuidar el agua".

El documento preliminar está desde febrero a disposición de todos los ciudadanos en el sitio oficial del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales. “Es un plan sólido, si bien es perfectible", afirmó Sonia Romero presidente de la APOT, y la persona encargada de defender el proyecto en la audiencia de este martes.

El plan es el brazo ejecutivo de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y consta de dos pasos fundamentales que fueron la creación del Consejo de Ordenamiento Territorial, y la creación de la Agencia de Ordenamiento Territorial. La Agencia esá integrada por vocales que representan a los municipios opositores y oficialistas, universidades públicas y privadas, sector científico, Departamento General de Irrigación y el Poder Ejecutivo, y fueron los encargados de la redacción del Plan en base a dos años de consulta y trabajo en toda la provincia a través de talleres. Sin embargo, varios de los que participaron aseguran que el proyecto de 225 páginas no ha respetado lineamientos originales, y que fue hecho en base a otro de la época de Guillermo Carmona. Otros piensan que fue elaborado sobre la base de un informe de la UNCuyo de años atrás.

Los 7 aspectos del Territorio Mendocino a tratar según el PPOT:

El Plan Provincial es un diagnóstico de grandes problemáticas y fija directrices y políticas para ayudar a organizar la Mendoza que deseamos.

“Hay siete grandes problemas que el plan identifica. Son problemas estructurales que llevan décadas, en ese marco priorizaría cosas de las que podemos dar cuenta rápidamente: tenemos que ver hacia dónde crecemos. La realidad de hoy es que estamos avanzando sobre tierras productivas", señaló el ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde.

1. La gestión del territorio 2. Los desequilibrios territoriales. 3. La inequidad social. 4. El deterioro de las condiciones ambientales. 5. La conectividad, movilidad y accesibilidad. 6. El dualismo productivo. 7. La gestión integrada del recurso hídrico.

Los puntos 1 y 7 generan controversias entre distintas facciones, mientras los empresarios mineros temen que la designación de áreas protegidas según el PPOT les impida explotar áreas de gran potencial económico, los ambientalistas entienden lo contrario, y estiman que el proyecto de la cartera de Ambiente contradice a la ley 7722 por lo que intentaron impugnar la audiencia.

Preocupaciones por el alcance del PPOT en materia minera

Si bien el Plan resulta necesario porque brindaría asistencia en comunicaciones y conectaría el agro con la ciudad, además de cuidar el uso del suelo mediante la disposición de áreas protegidas, y porque determina zonas industriales alejadas de las residenciales, la mención de la  ley 7722 genera conflictos entre los empresarios mineros y sus detractores, ya que contiene "ambigüedades" que al mismo tiempo en que los benefician los perjudicarían y da lugar a diversas interpretaciones.

El 10 de abril la "Mesa Minera" pidió audiencia con los ministros de Ambiente -Guillermo Elizalde-, y Energía -Marcos Zandomeni- para pedirles que no se avance con el proyecto que a su entender es una nueva "herramienta" que les impide desarrollar libremente sus actividades.

Los trabajadores mineros representados por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza y las Cámaras de Empresarios y Servicios Mineros (Casem y CAEM) y la Cámara de Empresarios Mendocinos, fueron a plantearles "que en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial el sector no quede discriminado", explicó Zandomeni

La preocupación de los empresarios responde a que el PPOT proyecta declarar áreas protegidas a las zonas en las que se busca desarrollar los principales emprendimientos mineros de la provincia como es El Manzano, el Portezuelo del viento y Vaca Muerta.

Según el titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer "el Plan es inconstitucional porque le da facultades a los municipios para decidir sobre la minería que es algo de interés nacional. Nos van a hacer una herida de muerte".

Por su parte, el intendente de San Carlos y Coautor de la ley 7722 Jorge Difonso, comentó en el municipio que dirige se hizo un proceso de ordenamiento a través de distintas ordenanzas que no se está teniendo en cuenta en el PPOT. "La Provincia pidió que cada municipio establezca su propio ordenamiento, nosotros lo resolvimos pero no se está respetando", aseguró.

Hay falencias formales en la convocatoria de la audiencia, y en el PPOT, que lo mínimo que tiene que garantizar es la vigencia plena y absoluta de la ley para proteger el agua y la salud", afirmó Difonso.

Según el intendente el problema con el Plan, que hace que tanto las facciones mineras como las ambientalistas estén en contra de el mismo, es que "apunta a conformar a distintos sectores y no toma decisiones que tiene que tomar un ordenamiento".

Difonso recordó que "es la minería metalífera, con ácido sulfúrico, cianuro, mercurio, y otras sustancias tóxicas similares, la que se prohíbe, no así la Tercera categoría que incluye las canteras de ripio. La metalífera es la que está en discusión".

Las organizaciones ambientalistas y Vecinos Autoconvocados de San Carlos se suman a las declaraciones de su jefe comunal. Daniel Funes, Miembro de Vecinos Autoconvocados de San Carlos y de representante de las Asambleas por el agua, aseguró que se defenderá la normativa que prohíbe la minería contaminante.

Funes explicó que la sociedad no va a permitir que se toque una ley que preserva el recurso hídrico de la provincia.

"¡Si queremos el Ordenamiento Territorial, pero bien hecho. Necesitamos parar esta locura dle Plan Provincial de Ordenamiento Territorial que quiere vender el agua, derogar la Ley 7722, que ignora la ley de glaciares, que cree que las reservas son malas, que pretende quitarle el agua al agro para darle a las mineras, que quiere la explotación de uranio. Vamos a organizarnos para ir el 15 -a la audiencia pública para decidir sobre el PPOT- a decir otra vez que con el agua no se jode.", alertan los vecinos autoconvocados de San Carlos, con Funes a la cabeza, en su página de Facebook.

La organización de sancarlinos perdió el pedido de impugnación de la audiencia porque quien podía pararla es el fiscal de Estado que no se encontraba presente, por lo que lo reiterarán en la misma. Aseguran que con la presentación del Plan al 1 de mayo incumplieron con plazos establecidos por la ley.

Funes comentó que en las reuniones con los asambleistas se nombra al Plan como"engendro mutante" porque todo el tiempo va cambiando en busca de satisfacer a todas las facciones. "Dentro del PPOT se nombra como un obstáculo para el desarrollo de la provincia la declaración de áreas naturales protegidas, que es el recurso legal más fuerte para defenderlas de la minería. Cuidar el agua no puede ser un obstáculo para el crecimiento, es un resguardo para los próximos años", lamentó el ambientalista.

El negocio inmobiliario también tiene qué decir

Desde el colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, estiman que es necesario ordenar los futuros asentamientos poblacionales de la provincia y garantizar "la ocupación de los lotes ubicados en las zonas urbanas".

El Presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Santiago Debé afirmó que defienden el uso de la propiedad pero que hay que cuidar que las tierras fértiles de la provincia no se utilicen para nuevos barrios o asentamientos. Piden que "se le aplique una alícuota impositiva a todos los lotes desocupados que erogan servicios y no son aprovechados por gente que los necesita y que por no poder adquirirlos se tiene que ir a vivir lejos de su trabajo, del colegio de sus hijos, hospitales y demás servicios".

Hay que fomentar la habitabilidad de todos los lotes sin edificar, con impuestos y líneas de créditos para su aprovechamiento, y en eso el PPOT sería beneficioso para la provincia, finalizó Debé.

Los expositores

Este martes una vez que Sonia Romero haya explicado el PPOT, todos los inscriptos tendrán la oportunidad de mostrar su postura durante 3 minutos, luego de los cuales se generará un escrito con las conclusiones.

Las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP) y la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes adelantaron que estarán presentes, de la misma manera, que lo hará la Mesa Minera quienes ayer a la tarde presentaron un escrito para que no se avance con el plan.

En tanto que desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios designaron al Corredor Público José Luis Moragas Mercado, quien estuvo trabajando en la comisión de tierras y en la reglamentación de uso de suelo, como expositor.

Funcionarios y legisladores radicales aprovecharán la audiencia para demostrar su descontento con el plan que consideran de "dudosa prospectiva, con pocos datos, metodología incompleta y falta de criterio para crear una política de Estado, debido al escaso diálogo político que ha existido durante todo el proceso”.

También tendrán su oportunidad de hablar todas las organizaciones y personas que crean que puedan hacer algún aporte, pudiendo inscribirse hasta las 8hs. de hoy en el Centro de Congresos y Exposiciones con su DNI y –en caso de ir en nombre de una asociación o institución- llevando un documento que acredite su representatividad para ejercer este derecho constitucional.