A menos de una semana del paro nacional del sindicalismo opositor contra la política económica y social del Gobierno, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a profundizar el combate contra la informalidad y a la vez sostener el empleo mediante una serie de medidas que abarcan una importante rebaja de las cargas patronales para aquellas empresas que blanqueen o contraten nuevo personal.

Con la iniciativa, que también contempla un fortalecimiento de las facultades nacionales de fiscalización laboral y la creación de un registro público de empleadores que incurran en fraude laboral, el Gobierno espera regularizar durante los próximos dos años unos 650 mil trabajadores que en la actualidad se encuentran en el sector informal. El proyecto aborda “el segundo problema que tienen los trabajadores”, afirmó Cristina al aludir al empleo no registrado, y advirtió que “la precarización del trabajo crea un disciplinamiento porque se acepta cualquier salario”.

Al oficializar la iniciativa en un acto en la Casa Rosada, del que no participaron referentes de la CGT oficial de Antonio Caló y solo se vio entre el público a Hugo Yasky, titular de la CTA cercana al Gobierno, la presidenta indicó que para la propuesta se destinarán $ 4.150 millones en beneficios para los empleadores, de los cuales su mayor parte (65%) estará dirigido a las microempresas, con el propósito de “facilitar la registración” de trabajadores.

Por su parte, tras el anuncio, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, prometió que con el proyecto “vamos a dar la gran pelea contra el fraude laboral. Un fraude que implica que un trabajador sin registrar sea un trabajador sin derechos”.

El proyecto remitido al Congreso prevé una amplia rebaja de las contribuciones patronales (SIPA, Pami, Fondo Nacional de Empleo, Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y Renatea) para aquellas compañías que registren trabajadores informales o contraten nuevo personal. Los beneficios están determinados por el tamaño de las firmas, y favorecerán en mayor medida a las microempresas de hasta 5 trabajadores (con posibilidad de extenderse hasta 7) que quedarán exceptuadas en forma permanente del pago del 50% de las cargas patronales cuando registren un empleado y siempre que no produzcan bajas en su plantel, no sean sociedades anónimas y no superen cierto nivel de facturación. Además, recibirán como auxilio adicional un límite en las cuotas que cobran las ART, que deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones del régimen.

La reducción de las cargas patronales también beneficiará por un período de dos años a las pymes y medianas empresas que contraten nuevo personal y siempre que no produzcan despidos. En el caso de las firmas de hasta 15 empleados, quedarán exceptuadas del pago de contribuciones para los nuevos trabajadores durante el primer año de relación laboral y pagarán 25% de las mismas durante el segundo año. En tanto, las empresas de entre 16 y 80 trabajadores ingresarán durante los dos primeros años de relación laboral el 50% de las contribuciones. En contrapartida, la iniciativa recorta las actuales excepciones que gozan las empresas grandes (más de 80 trabajadores), que durante los dos primeros años de relación laboral pagarán el 75% de las contribuciones (actualmente pagan el 50% el primer año y 75% el segundo). En ninguno de los casos las excepciones contemplan un recorte de los aportes al sistema de obras sociales.

Por otra parte, la iniciativa prevé la creación de un registro de empleadores que incurran en delitos de fraude laboral, quienes sufrirán sanciones que irán desde la anulación de subsidios y contratos con el Estado, hasta la limitación para el acceso a créditos de instituciones bancarias públicas. Además, en los casos de reincidencia perderán el acceso a todo tipo de beneficios impositivos.

Respecto al fortalecimiento de las facultades de fiscalización laboral del Ministerio de Trabajo nacional, el proyecto establece la creación de una unidad especial destinada a investigar situaciones de trabajo irregular con autoridad para actuar en todo el territorio nacional.

Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. El texto contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral. Una vez incorporadas a esa “lista negra”, las firmas deberán pagar la multa correspondiente y durante tres meses no podrán ser contratistas del Estado, perderán todo tipo de subsidio y tendrán prohibido acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas. La Presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento.

Luego de inaugurar en la Casa Rosada el Salón de los Pueblos Originarios, que reemplazó al salón denominado Cristóbal Colón, Cristina Fernández de Kirchner comunicó el envío del proyecto para combatir el trabajo no registrado y lo fundamentó diciendo que la precarización laboral es uno de los grandes problemas que suelen enfrentar los trabajadores, junto con el desempleo.

La mandataria sostuvo que desde que el kirchnerismo accedió al poder, en mayo de 2003, se crearon más de 6 millones de puestos de trabajo, lo que permitió reducir la desocupación al 6,8 por ciento. A su vez, afirmó que en el mismo período la tasa de empleo no registrado disminuyó del 49,6 al 33,5 por ciento, aunque reconoció que el nivel actual todavía afecta las condiciones de inclusión y equidad social. Por eso se decidió enviar al Congreso un proyecto que busca desincentivar la contratación informal de trabajadores. La iniciativa mantiene los lineamientos del Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado, diseñado por el Ministerio de Trabajo, que encabeza Carlos Tomada.

Regímenes de promoción

En lo que refiere a la promoción del trabajo registrado, las acciones incluidas en la ley prevén para el primer año un desembolso de 4150 millones de pesos que beneficiará a los empleadores, siendo el 65 por ciento de ese monto destinado a las microempresas. El proyecto contempla dos regímenes.

En primer lugar, se propone crear un Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para microempleadores que sean sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de hecho o personas de existencia visible. En este grupo, se incluye a las firmas que en la actualidad tengan hasta cinco empleados, las cuales pasarán a pagar sólo el 50 por ciento de la contribución patronal establecida en el régimen general para sus trabajadores en relación de dependencia. En el proyecto se aclara que también habrá un límite de facturación para ingresar a este régimen, que se establecerá al momento de la reglamentación, aunque fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron a Página/12 que ese tope podría estar en torno de 1,8 millón de pesos por año. A su vez, el número de trabajadores podrá llegar a siete cuando el empleador incremente el plantel que tenía al momento de su inclusión en el régimen, aunque a partir del trabajador número seis, inclusive, deberá ingresar la contribución prevista en el régimen general.

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, el descuento en la contribución patronal será sólo del 25 por ciento. Además, en el artículo 21 del proyecto se aclara que los empleadores que despidan personal quedarán excluidos de este régimen por un plazo de 12 meses, contado a partir del último despido. Otro punto clave de este régimen es que las empresas serán beneficiadas con un techo en el precio de la cuota que les pagan a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, el cual surgirá al momento de la reglamentación.

El proyecto también contempla cambios en el régimen destinado a promocionar la contratación de trabajo registrado por un plazo de 24 meses. El objetivo oficial es que sirva para otorgarles mayores incentivos a las pequeñas empresas. Hasta ahora, cualquier tipo de firma podía obtener una reducción del 50 por ciento en los aportes patronales durante el primer año y un 25 por ciento durante el segundo, independientemente de la cantidad de empleados que tuviese. Si se aprueba la nueva ley, habrá incentivos diferentes de acuerdo con la cantidad de trabajadores que tenga la empresa:

Si tiene hasta 15 empleados, no pagará aportes durante el primer año y abonará sólo un 25 por ciento durante los segundos doce meses.

Si tiene entre 16 y 80 empleados, pagará sólo el 50 por ciento de las contribuciones durante los dos años que dura el beneficio.

Si tiene más de 80 trabajadores, pagará el 75 por ciento de la contribución patronal durante dos años.

Con estos cambios, el incentivo para las pequeñas empresas crece y para las grandes disminuye. En el Ministerio de Trabajo destacan también que las modificaciones están orientados a preservar y generar empleo.

Fiscalización y control

El proyecto establece que el Ministerio de Trabajo podrá fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales en todo el país. De este modo, el Estado nacional recupera facultades que había delegado a las provincias. Este punto es clave porque por lo general los gobernadores suelen ser flexibles al momento de fiscalizar, porque tienen vínculos con las patronales o porque buscan evitar que las empresas se muden a otras provincias donde las controlan aún menos.

Entre las actividades de control también se prevé la creación de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, con el objeto de investigar y evaluar situaciones de empleo en negro en sectores complejos de fiscalizar.

Otro punto central es la apertura de un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Las empresas que violen la legislación laboral serán incluidas en esta lista, que será de carácter público, y permanecerán en ella hasta tres meses después de haber regularizado su situación. Esa situación les impedirá acceder a subsidios, créditos de bancos públicos e incluso ser contratistas del Estado. Si la empresa reincide y es incluida en el Repsal por segunda vez, a las sanciones previstas se le sumará la imposibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias los gastos inherentes al personal.