En un clima de tranquilidad, en el que por momentos se exaltaron los ánimos con aplausos y silbidos, se llevó a cabo ayer la audiencia pública sobre el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Aunque en total fueron 500 los oradores inscriptos, finalmente sólo 130 tomaron la palabra y mostraron sus posturas en contra y a favor del proyecto que responde al cumplimiento de la ley 8.051.

La discusión por el agua, la minería, el desarrollo inmobiliario sobre la zona productiva, la matriz energética de la provincia, fueron algunos de los temas que surgieron en las exposiciones de ambientalistas, políticos oficialistas, opositores, representantes rurales, miembros comunidades originarias, ciudadanos, entre otros.

Conociendo que una de las críticas más fuertes al documento preliminar fue la inclusión de la necesidad de modificar la ley 7.722, el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde abrió la reunión aclarando que en el proyecto de ley final no se tocará la normativa. "Había un párrafo que llamaba a la duda y a la sospecha, pero quiero garantizar que no va a haber ningún párrafo en este plan que haga referencia a la modificación de la ley 7.722", aclaró el funcionario.

Antes de comenzar a debatir se leyó una síntesis del escrito de 50 páginas que demoró el inicio y recibió varias quejas. "Se hizo largo, pero no podíamos dejar de leer la síntesis para que todos supieran bien sobre qué estamos discutiendo", explicaron desde el Concejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT).

Defensores del agua

Con carteles en la puerta del centro de Congreso y Exposiciones y en los alrededores de la sala de debate, los miembros de las distintas "Asambleas por el Agua" de la provincia marcaron su presencia. Desde que se anunció la audiencia, ellos pidieron la suspensión de la misma, pero como no se les concedió realizaron impugnaciones individuales durante sus exposiciones. "Si hacen lugar y la consideran no válida, tendrá que repetirse", detallaron.

Fabiana Villafañe de la Asamblea de San Carlos fue una de las más fervientes críticas del escrito que se presentó. "Hace dos años que venimos participando y nos encontramos con que el documento preliminar es un engendro que va mutando", aseguró la mujer cuando hizo uso de la palabra.

"Los mismos funcionarios no cumplen por la ley, nos hacen participar, perder tiempo, perder energía y ni siquiera cumplen con los procedimientos. Evidentemente están apurados porque el gobernador les pidió presentar el proyecto el primero de mayo", denunció a la vez que pidió la impugnación. 

Si bien en general se mostraron a favor de un ordenamiento, los miembros de la organización que defiende el agua, pidieron que se reinicie todo el proceso. "El proyecto tiene muchas contradicciones, ambigüedades, omisiones y necesita ser revisado exhaustivamente", dijo Carmen Vera, quien propuso que la ley 7.722 sea incluida en el texto como fortaleza y la minería como una amenaza. 

Antonela Rinaldi de General Alvear destacó que en el proyecto se menciona la energía nuclear. "Queremos para el futuro una energía que ya se prohibió en otros países. Mejor pongan el dinero en la energía eólica, solar y otras energías sustentables", requirió.

En tanto que Pilar Castilla, del mismo departamento, pidió que Mendoza se declare libre de la fractura hidráulica conocida como fracking. También remarcó que el documento omite la ley de glaciares y la ley de ciudadanía del agua propuesta por Irrigación.

Políticos en contra y a favor

En la jornada también estuvieron presentes los miembros de la UCR y del departamento de Godoy Cruz quienes cuestionaron duramente el plan.

El diputado Tadeo García Salazar expuso que el documento preliminar es de dudosa prospectiva, tiene pocos datos y le falta de criterio para crear una política de estado. "Si bien compartimos buena parte del diagnóstico, creemos que el plan no hace un aporte sustancial para revertir el crecimiento desequilibrado y desordenado que plantea el diagnóstico", aseveró el legislador para quien el plan es inaplicable ya que antes debe discutirse, por ejemplo, la matriz económica de la provincia.

Por su parte, el diputado Omar Sorroche también se sumó a la impugnación de la audiencia. "Vengo a manifestar mi bronca y mi descontento porque acá hay mucho trabajo desperdiciado", aseguró.

Por la comuna de Godoy Cruz, habló Diego Kotlik, director de Planificación Urbana. "El documento se muestra como un híbrido que no alcanza a constituirse como un plan, hay un listado de proyectos sin jerarquización, sin plazos, en fin un conjunto de obras que no contribuyen a la Mendoza del 2030", fueron algunas de sus observaciones.

Como contrapartida los ex titulares de las carteras de ambiente, Marcos Zandomeni y Guillermo Carmona, estuvieron presentes en la audiencia y remarcaron la importancia de que se avance con el plan. También se mostraron a favor los representantes de los ministerios de Turismo y de Deportes y el IPV, así como los expositores de algunos municipios con intendentes justicialistas.

En tanto, José Luis Álvarez, superintendente general de Irrigación, destacó la importancia del ordenamiento para evitar que emprendimientos inmobiliarios avancen sobre las zonas agrícolas. 

Mirada técnica

En representación de la UNCuyo, el vicerrector José Rodríguez puso en valor el trabajo de todos los integrantes de las áreas de ciencia y tecnología que aportaron al plan. "Quiero destacar la importancia del plan para la provincia de Mendoza, mucha gente no está observando porque se trata de un proceso inédito", manifestó.

Por su parte, Cristina Barbosa, coordinadora del Instituto de Ciencias Ambientales UNCuyo, elogió el diagnóstico realizado, pero señaló que no se ve reflejado en el plan. Esta opinión fue compartida con María Elina Gudiño, representante del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable.
 
"El documento adolece de fallas técnicas e incoherencias. Son necesarias varias modificaciones", apuntó la mujer para quien a pesar de todo es fundamental que el plan salga. "Hay muchos intereses en juego y si llegamos a años electorales esto va a quedar en el olvido. Es importante que entre todos saquemos el plan", recalcó.

Aldo Rodríguez Salas, abogado experto en derecho ambiental y Secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad de Congreso, puso el foco sobre la mención que tiene el proyecto sobre la modificación de la ley 7.722. "El agua es un derecho humano y suprimir esta ley sólo beneficiaría los intereses económicos", postuló.

La audiencia pública realizada este miércoles para debatir y exponer sobre la situación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) finalizó con la exposición de poco más de un centenar de personas, entre las 500 que se habían inscrito previamente, y la curiosa coincidencia entre todos de pedir mayor participación en el armado de la futura ley.

Más de 600 personas de todos los rincones de la provincia se hicieron presentes en la sala Juan Pablo II del Centro de Congresos y Exposiciones para escuchar los discursos de los oradores que pidieron el uso de la palabra para la audiencia pública.

De los 500 inscriptos que se habían anotado durante la semana pasada, solo unos 130 hicieron uso de su palabra. La gran mayoría de los "ausentes" se debió a que cedieron su lugar a sus compañeros. Por ejemplo, solo entre las asambleas ambientalistas de San Rafael y San Carlos se habían anotado unos 200 participantes, pero terminaron hablando entre 15 y 20 personas.

Cabe destacar que, de los expositores, sólo 25 de ellos impugnaron el proyecto de Ordenamiento Territorial, siendo la mayoría provenientes de las asambleas ambientalistas sureñas y valletanas, quienes criticaron algunos aspectos referidos al uso del suelo y del agua como recurso natural, tal como lo reflejó MDZ Onlineen artículos.

Si bien la gran mayoría de los expositores dio su aprobación al proyecto de Ordenamiento Territorial en Mendoza, y más allá de los aportes y críticas constructivas que realizaron al informe, el factor común entre los expositores fue un pedido de mayor participación ciudadana en los debates que se vayan a realizar en la Legislatura.

En ese sentido, al término de la audiencia pública, dialogó con MDZ OnlineClaudia Herrera, cacique de la comunidad huarpe Guaytamari, en Uspallata y también representa a la Organización Territorial Martina Chapanay y de la Organización de Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA)

Herrera quiso evitar el término de balance final y explicó que "nada tiene un final, todo es parte de un proceso que se va transformando". Paso siguiente, la cacique huarpe dio su impresión de lo sucedido en la jornada: "Notamos una amplia participación de distintas organizaciones de los departamentos. Una de las expresiones generales fue la necesidad de profundizar esta participación, la cual considero que se debe profundizar en los Concejos Municipales que se van a crear".

Si bien destacó que "nosotros venimos participando desde hace muchos años con nuestros delegados dentro del aporte al plan y a la ley", sostuvo que "todavía falta mucha participación".

Después de la audiencia

Otro de los aportes al proyecto que esgrimió Herrera en su locución están relacionados con la armonía entre desarrollo humano y el ambiente: "También consideramos, con respecto a la normativa, que se deberían incorporar conceptos como el derecho a la naturaleza y al buen vivir, que significa una relación armónica de todos los seres humanos con el ambiente y todas las formas de vida".

A modo de conclusión, la integrante de la comunidad huarpe resumió que "este espacio ha sido muy valioso, porque ha permitido que las distintas voces se puedan expresar con sus propias realidades. Esta audiencia pública es una partecita de un proceso que hay que profundizar, aunque aún falta mucho por hacer".

Una vez concluida la audiencia pública, tanto los aportes escritos que cada organización participante entregó los días previos como los aportes orales esgrimidos durante la audiencia del martes, serán recopilados por la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) para rediseñar el proyecto en base a esas contribuciones y entregarlo a la Legislatura provincial.

Cuando el extenso proyecto de ley ingrese al ámbito legislativo, cada ramificación de la normativa será analizada por las distintas comisiones competentes en la misma y, es muy probable, que se reanuden los debates públicos que volverán a poner bajo la lupa al borrador.

"El Plan no incluirá modificación a ninguna ley y en especial a la 7722 (la que impide el uso de cianuro en la actividad minera a cielo abierto)”, aseguró Guillermo Elizalde este martes en la Audiencia Pública del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial que se desarrolló en el Centro de Congreso y Exposiciones.

Cerca de 500 oradores dieron su opinión sobre el borrador del proyecto que el gobernador pretende llevar a la Legislatura el 1 de mayo en la apertura de sesiones ordinarias 2014.

Muchas organizaciones sociales se mostraron molesta por cómo se desarrolló el encuentro y denunciaron que sus propuestas "no son escuchadas".

El escrito pretende dar un marco de organización para la provincia en lo que se refiere a zonificación urbana, rural, industrial, comercial, revisión de la matriz productiva con una visión a 30 años, transformación de vías de comunicación e infraestructura en base a criterios de desarrollo equilibrado en el territorio y dar nuevas posibilidades a poblados pequeños y departamentos alejados.