Luego de que Cristina Kirchner lo pidiera en su discurso de apertura de sesiones, y con el impulso de Jorge Capitanich, un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto para limitar “toda manifestación pública” y habilitar el “uso de la fuerza” para desalojar las protestas. El texto lo redactó el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini, ex ministro de Gobierno del actual jefe de Gabinete, y lo avalaron con sus firmas referentes del kirchnerismo en la Cámara baja como Carlos Kunkel, Diana Conti, Teresa García y José María Díaz Bancalari.

La iniciativa confirmaría que al rumbo que tomó el Gobierno en el aspecto económico -la devaluación, el retorno al FMI y el intento de acceder a los mercados para conseguir dólares, que antes rechazaba y endilgaba a la oposición- le seguiría otro giro frente a los piquetes, ante las perspectivas de crecimiento de la protesta social. “ Todos tenemos derecho a protestar, pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. Tenemos que lograrlo entre todas las fuerzas políticas. Pongámonos de acuerdo de una buena vez por todas, es lo único que les pido”, exclamó la Presidenta en el Congreso el 1° de marzo, de ese modo abrió la discusión y buscó el acompañamiento de otros sectores para compartir el costo político. Diputados de varios bloques aplaudieron ese tramo, en especial los macristas. Durante los primeros diez años, el kirchnerismo evitó intervenir en los piquetes y protestas e incluso en algunos casos los avaló, como el bloqueo de la ruta 136 en Gualeguaychú contra la pastera Botnia.

“Hay una colisión entre dos derechos, el de la protesta y la petición a las autoridades y el derecho a circular.

No hay que criminalizar la protesta, hay que regularla. Acá no hay penas para nadie ”, defendió el proyecto Pedrini.

El texto propone diferenciar las manifestaciones “legítimas” de las “ilegítimas”, lo que ya generó controversias. Entre los elementos para considerarlas legítimas requiere que no impida “el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud”, un punto que provocó rechazo incluso de diputados kirchneristas porque de ese modo cualquier corte sería considerado ilegítimo. También que no impida “totalmente la circulación de personas y vehículos”, es decir que quede al menos un carril libre; que permita “la libre circulación” de niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos; que los manifestantes no cometan delitos previstos en el Código Penal; y que se notifique “ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”. El artículo 10 establece que una manifestación ilegítima “puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad” para garantizar derechos de terceros, y el 28 que los efectivos podrán utilizar “armas no letales” como defensa. También contempla una “mediación obligatoria” a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad –autoridad de aplicación de la norma- que no podrá extenderse más de dos horas. En otro punto polémico, el manifestante designado para la mediación deberá dar su nombre, domicilio, número telefónico y correo. “La idea es que se lo pueda ubicar para informarlo sobre el resultado de las gestiones, pero se puede modificar”, argumentó Pedrini ante la consulta de Clarín.

La iniciativa causó fuerte resistencia entre sectores de izquierda, recogió críticas puntuales del macrismo -pese a mostrarse el PRO a favor de limitar los piquetes- y también plantearon su rechazo por lo bajo algunos diputados K. “Es un proyecto prudente para empezar a debatir”, aseguró Juliana Di Tullio, jefa del bloque del FPV.

En un profundo cambio de su política de tolerancia y apoyo a las protestas sociales, el kirchnerismo presentó ayer en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para impedir que haya cortes totales que afecten la libre circulación y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como seguridad, salud y educación.

La iniciativa sorprende no sólo por el cambio de actitud que revela ahora el kirchnerismo, en la etapa final del mandato, sino también, porque les permite a las fuerzas de seguridad "dispersar" las "manifestaciones ilegítimas", es decir, aquellas protestas que provoquen cortes totales en el espacio público y que no hayan sido notificadas con 48 horas de antelación a la policía, como define el texto. Eso sí, las fuerzas de seguridad que participen en los operativos no podrán usar, en ninguna circunstancia, armas letales o de fuego.

El proyecto se elaboró con el impulso de la Casa Rosada. De hecho, responde a un reclamo que hizo la propia Presidenta el 1° de marzo al hablar durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso.

En aquella ocasión, Cristina Kirchner instó a que se sancionara una norma de "convivencia ciudadana" porque, enfatizó, "no puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan, y que no pase nada".

Fue el párrafo más aplaudido de su discurso. La tropa oficialista tomó nota del reclamo y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, instruyó a su ex ministro de Gobierno de Chaco y actual diputado nacional Juan Manuel Pedrini a diseñar una iniciativa.

La propuesta fue rubricada luego por el kirchnerismo más conspicuo: los diputados Carlos Kunkel, Diana Conti, José María Díaz Bancalari y Sandra Mendoza (ex esposa de Capitanich). Un detalle no menor es que Kunkel preside la Comisión de Seguridad Interior, adonde seguramente se girará el proyecto.

"Es una iniciativa que no criminaliza la protesta social, ya que no establece ninguna sanción a los manifestantes", se atajó Pedrini ante las críticas que ya comenzó a recibir de los diputados de izquierda de la Cámara baja, incluso dentro de su bloque.

Enfatizó que, por el contrario, lo que se pretende es regular las manifestaciones sociales para garantizar que gocen del resguardo del Estado.

Este proyecto kirchnerista no es el primero en su tipo tras el reclamo público que hizo la Presidenta en el Congreso. Paradójicamente, fueron los diputados Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Federico Sturzenegger (Pro) los que se anticiparon con sendas propuestas sobre "convivencia ciudadana" en la Cámara baja. El del massista Giustozzi reconoce el derecho de peticionar, pero en espacios públicos determinados y dotados de los recursos tecnológicos para que la protesta popular pueda ser difundida a la opinión pública.

En cambio, Sturzenegger propone imponer multas de entre 500 y 5000 pesos a quienes, en una protesta social, impidan la circulación total por el espacio público. Si el corte es parcial y notificado 24 horas antes, la multa no se aplicaría.

El radicalismo, por su parte, no presentará una iniciativa propia. "Que el oficialismo se haga cargo de sus propias contradicciones", dicen en el centenario partido.

En la regulación que propone el kirchnerismo se distinguen tres puntos clave: primero, la distinción de manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas"; segundo, la intervención de un "mediador" para canalizar las demandas de los manifestantes ante la contraparte del sector público o privado, según sea el caso. Y tercero, la obligatoriedad de los medios del Estado de difundir las manifestaciones consideradas legítimas y sus reclamos.

¿Cuáles son las manifestaciones "legítimas"? Según el proyecto, aquellas que "no impiden totalmente la circulación de personas y de vehículos en una dirección determinada" y que permiten "la libre circulación de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros".

Una protesta legítima en una ruta, por ejemplo, sería que los manifestantes dejen un espacio o un carril libre para permitir el paso de terceros.

Pero a esto se suma otro requisito: que con 48 horas de anticipación la protesta sea notificada ante las autoridades policiales.

Las manifestaciones "ilegítimas", en cambio, son aquellas que no han sido previamente notificadas y las que provocan un corte total en la circulación.

En estos casos, dice el proyecto, la fuerza pública está habilitada para dispersar a los manifestantes, aunque siempre en el marco de la ley y sin el uso de armas de fuego o letales. Por el contrario, el texto enfatiza que "el uso de la fuerza pública" debe quedar limitado "a su mínima expresión" y que todos los agentes participantes del operativo deben estar identificados.

El proyecto introduce, también, la figura de un mediador que, según su autor, debe tener amplio conocimiento de los movimientos y de los conflictos sociales. Su función será canalizar los reclamos de los manifestantes, tanto de las protestas legítimas como ilegítimas, ante la contraparte respectiva para buscar un principio de solución. La mediación no debe superar las dos horas; si se vence este plazo y no hay respuesta, la manifestación pasa a ser ilegítima.

"Éste es un proyecto reaccionario", protestaron los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Christian Castillo. En las antípodas, Alberto Asseff, del Frente Renovador, cuestionó al proyecto oficialista por llegar "10 años tarde". "Lo que hay que hacer es cumplir la ley sin vueltas. El tránsito debe ser libre las 24 horas de los 365 días para todos", aseveró Asseff.

LOS PUNTOS PRINCIPALES

Manifestaciones legítimas: deben notificarse 48 horas antes a la policía. No deben impedir el normal funcionamiento de servicios públicos ni bloquear totalmente la circulación y nunca interrumpir el tránsito de grupos vulnerables (discapacitados, enfermos, niños)
Manifestaciones ilegítimas: son las que no fueron notificadas previamente y bloquean en forma total la circulación. También, las que no acepten la intervención del mediador. Se habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar el bloqueo
Mediador: debe ser un agente civil capaz de canalizar los reclamos de los manifestantes a la contraparte pública o privada. Tendrá dos horas para llevar adelante su tarea. Pasado ese plazo, la protesta es considerada ilegítima
Difusión: el Estado garantizará que las manifestaciones legítimas y sus reclamos sean dados a conocer a través de los medios públicos