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CONFLICTOS
Salta- Bolivia, una frontera en pugna constante

Mientras Argentina administra la vigilancia de la región en forma dubitativa, retirando Gendarmería de la frontera y devolviéndola a los meses, colocando radares pero sin autorizar vuelos punitivos contra naves piratas, Bolivia en cambio ha diseñado un plan de poblamiento de la región fronteriza desplazando a su Ejército hacia las fronteras, para que facilite la instalación de poblaciones que en general se hacinan en las grandes ciudades.

23/04/2014

Salta- Bolivia, una frontera en pugna constante

radio salta

Históricamente la frontera norte de Argentina ha sido de una importancia capitular para los pueblos bajo su influencia. Solo basta releer las consecuencias de la Guerra Gaucha que protagonizó Güemes para las regiones que hoy son países independientes. La actual línea imaginaria que separa Salta de Bolivia en estos momentos se encuentra implicada en conflictos que responden a la inercia de los estados del continente. El crecimiento del tráfico ilegal y las organizaciones criminales armadas son noticia cotidiana, que reflejan esta situación. Intereses en pugna que han desatado una guerra silenciosa a la que se necesita darle voz y una figura reconocible.
Vigilancia dubitativa

En este marco, mientras Argentina administra la vigilancia de la región en forma dubitativa, retirando Gendarmería de la frontera y devolviéndola a los meses, colocando radares pero sin autorizar vuelos punitivos contra naves piratas, Bolivia en cambio ha diseñado un plan de poblamiento de la región fronteriza desplazando a su Ejército hacia las fronteras, para que facilite la instalación de poblaciones que en general se hacinan en las grandes ciudades. Y ayer ha aprobado una ley de derribo contra naves ilegales que operen en su espacio aéreo.

Una actitud que responde a la pujanza de su economía: en el primer tercio del 2013 la tasa de crecimiento de Bolivia fue superior al 6%, convirtiendo al país en el tercero más pujante del continente. La mayor parte de ese superávit se vuelca en sus Fuerzas Armadas. Según su propio discurso, para el presidente Evo Morales, “socialismo en Bolivia es luz, agua y caminos”.

Una fórmula que toma cuerpo en el documento “Bases de discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia”, que propone a sus instituciones castrenses un nuevo paradigma para ingresar al siglo XXI ocupando un espacio olvidado: la frontera.

Un giro de 90 grados

Ya a mediados del 2010, durante una conferencia de comandantes de pequeñas y grandes unidades de los nueve departamentos de Bolivia, se anunció el un giro geopolítico estratégico de 160 grados en los paradigmas de las Fuerzas Armadas. En efecto, el vicepresidente Alvaro García Linera planteó el desplazamiento de divisiones enteras a las despobladas fronteras, “donde el Estado carece de presencia”. Se trata, de “ocupar los espacios geopolíticos vacíos, en función de intereses y objetivos del Estado Plurinacional y así cumplir la misión de sentar soberanía mediante una migración planificada a zonas alejadas de los centros urbanos, y de esta manera garantizar la institucionalidad del Estado”, según proclamó entonces el comandante del Ejército, Antonio Cueto.

Una soberanía a medias

El vicepresidente García Linera instó al Ejército a “construir soberanía sobre un 40% del territorio de Bolivia, de 1,1 millones de kilómetros cuadrados donde el Estado ejerce soberanía a medias”. El funcionario urgió a su milicia a suscribir el proyecto que se establece en las “Bases de discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia”, para frenar “tal estado de soberanía atípica, participando en la construcción de carreteras, el asentamiento de instituciones y el establecimiento de los íconos del Estado, la coerción legítima, así como hacer circular una moneda única, tender vías de transporte, instrumentar la educación y tejer sistemas de salud y vivienda social”. Esta nueva comprensión de las acciones del Ejército cambia en 90 grados el paradigma que hasta hoy tenían las Fuerzas Armadas de Bolivia, cuyos centros de acción se ubicaban en general dentro de las ciudades y regulaban la vida política del país, ganando la calle cuando las cuestiones sociales debían dirimirse mediante las armas.

Una realidad aparte

Ese mismo año de la conferencia del Ejército a la que hacemos mención, a mediados del 2010, el coronel boliviano Willy Gareca fue acusado de violar la frontera con la Argentina, más exactamente con Salta. Una frontera que, como veremos, se rige bajo sus propias reglas ante la ausencia de los Estados.

En aquella oportunidad, Gareca aseguró que había actuado bajo el amparo de la ley, una ley que con la aprobación de los derribos de naves piratas y el poblamiento compulsivo de las fronteras hoy comienza a hacérsenos más visible. Aunque no se oiga aún ningún eco desde este lado.

Un territorio para ser ocupado

La ocupación de las zonas fronterizas bajo estos nuevos paradigmas es entonces el objetivo principal de las acciones de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Para el documento “Bases de discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia”, tienen la misión de “resguardar la integridad territorial, particularmente de las zonas fronterizas, garantizando la seguridad en estas áreas mediante la alerta oportuna ante acciones que puedan atentar la soberanía. Ello implica dislocar, instalar y mantener unidades y puestos militares en las poblaciones rurales y fronterizas del territorio nacional, con sistemas de vigilancia y control de carácter permanente, apoyado por un sistema de comunicaciones integrado mediante el enlace de medios de comunicación institucionales, Policía Nacional y otras instituciones que operan en las zonas de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas, sin perder de vista su misión esencial, promoverán el asentamiento de grupos humanos y la creación de polos de desarrollo en base al despliegue de unidades militares de ingeniería en regiones fronterizas, generando un sistema de producción sostenible en función del aprovechamiento racional de la vocación productiva de las zonas que se encuentren desprotegidas y vulnerables, además de sentar soberanía garantizando la seguridad de estas poblaciones y reduciendo la posibilidad de desmembraciones territoriales por invasión pacífica de extranjeros”. Según el documento, el Estado boliviano, a través del satélite “Túpac Katari”, adecuará “los sistemas tecnológicos de comunicación, educación y seguridad. Estos se enlazarán con el Sistema de Comunicación Militar Integrado (SICOMI), posibilitando al sector Defensa contar con su propia modalidad de servicio de voz, datos, imágenes y video por vía telefónica e internet. De esta manera “las Fuerzas Armadas lograrán operativizar proyectos sociales y generar información de carácter estratégico para el desarrollo”, señala.
El satélite, que entró en funciones el mes pasado, permitirá también que la señal alcance zonas fronterizas con Argentina, tal como sucede con el Valle que hoy discute su pertenencia a tal o cual país.

La complejidad de una frontera

™El año pasado El Tribuno se hizo eco de las denuncias del Juan Pablo Moscoso, propietario de varias hectáreas en Naranjitos, sobre la frontera con Bolivia.
Según contó en aquella oportunidad este ciudadano argentino, unos sicarios intentaron despojarlo de sus tierras con el interés, según calculaba el productor, de utilizarlas para el narcotráfico. En ese momento la denuncia de Moscoso fue más allá del hecho y alcanzó a algunas exautoridades de la localidad boliviana de Bermejo y a las fuerzas de seguridad de ambas márgenes internacionales, porque, a su entender, habrían hecho muy poco para frenar la situación que envolvía a Moscoso junto a su familia.

En marzo de ese año, alrededor de veinte personas intentaron matar al productor, que vive solitario en las márgenes de Argentina. Sin embargo, Moscoso filmó el violento hecho e incluso disparó contra uno de sus atacantes, hiriéndolo en el estómago. Al final, quemaron la casa del productor y envenenaron a sus animales. Y el atacante se hizo atender al otro lado de la frontera.

Según Moscoso, los sicarios le aseguraron que sus actos respondían a intereses de la empresa “Reforestadora Nacional”, que posee unas 21.000 hectáreas en la zona.
En 2010 esa empresa de capitales chilenos saltó también a las noticias cuando su gerente, Sergio Mazzone, denunció que una partida de militares bolivianos había ingresado ilegalmente a la Argentina, arrebatándole maquinarias pesadas y cañas de azúcar por considerarlas trabajando en territorio boliviano.

Al principio el suceso que involucró a las Fuerzas Armadas de Bolivia tampoco tuvo respuesta de las instituciones de seguridad locales, pero finalmente, y ante el crecimiento mediático de la noticia, intervino la Cancillería argentina y el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, dictó una orden de captura contra el coronel Willy Gareca, por entonces comandante del puesto militar Fortín Campero. Allí se había acogido la “expropiación”, en realidad llevada adelante por los comuneros bolivianos y dejada bajo “salvaguarda” militar. El Gobierno de Bolivia, entonces, impuso un sumario informativo contra Gareca y finalmente se le dio el retiro de su cargo.
Tiempo después, y luego del suceso que involucró a Juan Pablo Moscoso, el diario El País de Tarija ubicó al ex coronel Willy Gareca para que opinase acerca de la denuncia del productor argentino. El coronel retirado señaló que se trataba de las mismas organizaciones criminales que habían actuado para difamarlo y finalmente presionar para que lo alejasen de la frontera. El militar explicó que existen bolivianos “que se aprovechan de la mala delimitación y avasallan las tierras”. Y que en ciertos sitios sientan sus negocios familias con conexiones narcos que, al igual de lo que sucede en Yacuiba, trafican con autos a los que intercambian por drogas. “Han comenzado a trabajar con las mafias argentinas para hacer los límites en una frontera sin línea”, aseguró Gareca.

Pero entre septiembre de 2012 y abril de 2013, en Bermejo se conocieron las denuncias de campesinos bolivianos acerca de que argentinos les habían ocupado más de 6.000 hectáreas de cultivos, “aprovechando la remoción y destrucción de hitos en la frontera”. Esto habría sucedido en las poblaciones de Junta de San Antonio, Porcelana, San Telmo, San Telmo-Río Tarija, Valle Dorado, Trementinal, Arrozales, Naranjitos, que colindan con el río Tarija. Además de las comunidades de La Talita, Aguas Blancas-Bermejo, Candado Chico, Candado Grande y Pozos. Por su parte, la Cancillería boliviana aseguró que los “límites no se han movido desde el año 1947, pero sí el curso del río”, que son los límites naturales de ambos países. El Tarija y el Bermejo “se movieron hacia el sur, en territorio argentino, lo que hace suponer que los hitos cambiaron de sitio y por lo tanto hace suponer que estamos perdiendo territorio”, señalaron.

El 12 de septiembre de 2010 una comisión interinstitucional conformada por campesinos, colonizadores, Comité Cívico, profesionales, cañeros y transportistas denunciaron que toda la confusión beneficiaría a empresas petroleras. Intentando poner paños fríos a la situación, la Cancillería boliviana, por su parte, declaró que “hay campesinos del lado boliviano y, al parecer, hacendados en la Argentina, que pugnan por nuevas tierras de cultivos para caña de azúcar y para resolver los problemas particulares que tienen involucran a las comisiones de ambos países para que puedan presionar a favor de uno u otro interés”. La complejidad que presenta el escenario de la frontera norte argentina, y como un reflejo inverso también la de Bolivia, se agudiza por la cada vez más acentuada ausencia del Estado y, en contrapartida, el crecimiento de organizaciones delictivas que actúan en redes. Aparte de la existencia de diferencias doctrinarias en lo militar, las estructuras sociales de Argentina actúan de manera muy diferente a las de Bolivia.

Actualmente los comuneros tarijeños siguen respaldando a Willy Gareca, quien también pone su firma a los reclamos de los campesinos de la zona. En la Argentina, en cambio, en 2013 la Justicia convocó al productor Juan Pablo Moscoso para que responda acerca del disparo con el que había defendido a su familia de los “aprietes” del nuevo sicariato que parece afirmarse en la región como un poder fáctico y de decisión.


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