Cuando aún están abiertas las heridas de tragedias ferroviarias como las de “Once”, “Moreno”, “Zanjitas”, “Castelar” y la letal explosión de gas en Rosario, que han generado un trauma social en la utilización de servicios públicos esenciales, el Senado se dispone a aprobar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo donde se establece que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”.

Ante ello todos nos preguntamos por qué sancionar –y con premura– una ley que pretende demoler los cimientos básicos de la responsabilidad estatal y de los funcionarios públicos en franca violación de la Constitución y de los pactos internacionales de derechos humanos.

La Auditoria General de la Nación (AGN), en su tarea de fiscalización del desempeño del sector publico nacional, ha verificado la reiterada inobservancia de las obligaciones contractuales de los concesionarios de servicios públicos y el comportamiento desaprensivo de los funcionarios ante estos graves incumplimientos.

Este proyecto de ley deposita exclusivamente en el concesionario la responsabilidad por los perjuicios ocasionados, una paradoja en un país donde el Estado, las pocas veces que rescindió concesiones de servicios públicos por incumplimientos de los contratistas, jamás articuló acciones de recupero o resarcitorias.

Un principio esencial del comportamiento estatal es preservar y no dañar los intereses del ciudadano. En un área particularmente sensible como la de los servicios públicos, es responsabilidad del Estado garantizar su adecuada prestación, y es un derecho de usuarios y consumidores que así lo haga. Por tratarse de una obligación esencial y básica, su omisión o mala ejecución generan responsabilidad estatal inexcusable. Cabría preguntarse, por ejemplo: ¿qué pasa con las víctimas si la prestataria no contrata seguros o si estos son insuficientes, como ha sucedido en innumerables casos?

El artículo 85 de la Constitución Nacional establece que el examen y opinión del Congreso sobre el desempeño de la administración pública deben estar sustentados en los dictámenes de la AGN, que ha venido informando el estado calamitoso de los servicios públicos. Si este proyecto de ley se aprueba, desoyendo los informes de la Auditoría, se propicia una mayor desprotección ciudadana y se consagra una lacerante impunidad con el propósito de otorgar una suerte de autoamnistía para funcionarios del gobierno actual en su etapa final.

Señores legisladores, hablen con los usuarios y víctimas de los servicios públicos y midan las consecuencias de lo que aprueban.