Por Néstor Scibona.

Con la negativa de ayer a reponer la medida cautelar (stay), el juez Thomas Griesa desbarató la movida del gobierno de Cristina Kirchner de colocar como jamón del sándwich a los bancos extranjeros que actúan como agentes de pago de la deuda argentina bajo jurisdicción extranjera. Pero aunque cerró esa puerta y colocó a la Argentina más cerca del default, dejó abierta la que conduciría a evitarlo mediante la negociación contra reloj de un acuerdo con los fondos buitre dentro de los próximos siete días. "Sería lamentable" (un default)", afirmó el veterano magistrado antes de convocar para hoy a la reunión con el facilitador Daniel Pollack, a un costo total de 250.000 dólares en honorarios para ambas partes. Así se acelera el tramo final de la cuenta regresiva hasta el 30 de este mes, junto con las pulsaciones de los mercados financieros, que hasta hace poco descontaban un arreglo.

En rigor, era bajísima la posibilidad de que Griesa aceptara el pedido argentino sin un entendimiento previo con los holdouts que ganaron el juicio en Nueva York. Máxime después de que dejara en un limbo los US$ 539 millones que el gobierno de CFK había girado al Bank of New York Mellon (BoNY) para pagar el vencimiento del 30 de junio a los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Esta jugada del ministro Axel Kicillof ponía a los bancos y agentes de clearing extranjeros entre la espada y la pared: o incumplían el fallo o el mandato de pago, lo cual los expone a demandas judiciales de los bonistas. Incluso europeos y japoneses. Y si bien le daba aire a la remozada consigna de CFK ("pagamos, pero nos llevan al default"), implicaba desconocer en la práctica la orden del juez, que tiempo atrás el Gobierno se había comprometido por escrito a cumplir.

De hecho, la polémica forma que Griesa encontró para "blindar" su fallo -antes de que quedara en firme- fue que los bancos prorratearan los pagos si la Argentina no cancelaba la deuda con los holdouts, que, actualizada, asciende ya a US$ 1650 millones. O sea, cumplía con todos o defaulteaba con todos.

Ahora todo volvió a foja cero. Con el Gobierno y el juez acusándose mutuamente de las consecuencias de un eventual default, que dejaría a los fondos buitre sin cobrar, pero a la Argentina sin acceso al crédito externo. Este escenario implicaría más devaluación, inflación y recesión; en este caso, por más trabas a las importaciones (no energéticas) y menos inversión privada, que ya viene afectando los niveles de empleo.

En el juzgado, la perspectiva se complica porque Griesa no sólo avala el reclamo de los holdouts y desecha las advertencias argentinas sobre las consecuencias dramáticas de un default (que, además, podría gatillar la cláusula de pago acelerado de los bonos de la deuda reestructurada y generar obligaciones imposibles de afrontar). También porque ayer volvió a cuestionar la "retórica" de confrontación del Gobierno, al señalar que no contribuye a una salida negociada. Y todo lo que ocurra de aquí al miércoles 30 depende del juez.

Aún no puede descartarse que la táctica de CFK/AK sea seguir endureciendo el discurso para consumo interno y llegar a un arreglo de último momento. Esto ya ocurrió con el Club de París y con Repsol, cuya fórmula de pago en bonos a largo plazo los fondos buitre aseguran que aceptarían. Pero aun así, en estos siete días deberían minimizarse otros riesgos.

El principal es evitar que la Argentina enfrente juicios por la cláusula RUFO, que la obliga hasta fin de año a extender cualquier mejora de pago a todos los bonistas que aceptaron los canjes de deuda con quita. Para lograrlo, un eventual acuerdo debería tener efecto a partir del 1º de enero de 2015; entregar a los fondos como garantía un título indisponible hasta esa fecha y que Griesa estipule expresamente que ese pago no responde a un acuerdo voluntario sino al cumplimiento del fallo judicial. Pero además sería necesario no dejar abierto el frente con el resto de los holdouts que tienen juicios pendientes o no iniciaron demandas judiciales, que podrían llegar a US$ 15.000 millones. Aquí la salida más rápida sería que un banco de inversión compre ahora los títulos en default a un valor más bajo, para revendérselos al Gobierno en 2015 a cambio de bonos a largo plazo por un valor nominal superior al de la compra. No obstante, hay serias dudas de que el kirchnerismo acepte esta "solución de mercado".

Otra posibilidad, más precaria, es que se pague en bonos a los fondos buitre y se normalicen los pagos a los bonistas pero se mantengan abiertos los otros frentes de riesgo, con lo cual no bajaría la incertidumbre ni en los mercados ni en la economía.

La peor opción es el default, que sería el más innecesario e injustificado de la historia. Pero aún quedan siete días para evitarlo..

Por Gustavo Sylvestre.

El chiquitaje y las mezquindades de la política argentina afloran por estas horas en algunos sectores, a la par de las negociaciones que el Gobierno realiza con los holdouts, para tratar de cumplir con las exigencias del fallo del juez Thomas Griessa. Mientras algunos desde la oposición apuestan al default pensando en un futuro mejor para ellos y otros lanzan amenazas a funcionarios del Gobierno de denuncias penales por ‘negociar‘ con Griessa, sectores más racionales del Frente Renovador enviaban ayer mensajes tranquilizadores al Presidente del Banco Central de la República Argentina, en el sentido de que desde el sector de Sergio Massa no acompañaran ninguna iniciativa alocada ni denuncias de otros sectores políticos (en obvia referencia a UNEN) e instaban al gobierno a que negocien en el marco de lo expuesto por el juez norteamericano el pago a los holdouts.

“Si se lee entrelíneas lo que dice ayer Griessa, está indicando: ‘avancen con las negociaciones, busquen la forma de pagar que yo los cubro de la cláusula Rufo’”, comentaba uno de los integrantes del equipo económico de Massa, y habitual consultor del mercado en esta materia. El economista además indicaba: “Los que dentro del gobierno juegan o sueñan con un default y lo plantean en forma épica, se equivocan. Por suerte Cristina es mucho más racional de lo que muchos suponen y va a terminar dando la orden de negociar y pagar”.

El economista, agregaba: “El mismo Griessa les está indicando que no quiere el default para la Argentina, y que dentro de su juzgado el se encargará de dictaminar para que eso no ocurra, siempre y cuando la Argentina pague. Hay que negociar, y si se quiere pagar en enero del año que viene, no creo que pongan impedimentos”.

“Olvídese del 2015 para cualquiera de nuestro sector y para su futuro político, si es que caemos en default”, cuentan que le dijo a la Presidenta un funcionario de su gobierno que ella suele escuchar y mucho, en las ultimas horas, aconsejándola a que se negocie las mejores condiciones para pagar.

“No hay que desaprovechar, con una decisión equivocada, el panorama internacional beneficioso que se abrió para el país después del arreglo con el Club de París, y sobre todo, lo que ha dejado de beneficios la visita del Presidente de China, que ha sido muy importante”, señalaba ayer un operador de la City.

A todo esto, la política sigue su marcha al 2015, y los candidatos vuelven a aparecer en escena replanteando estrategias algunos, consolidándolas otros.

El gobernador Daniel Scioli ya tiene definido que enero del año próximo, y seguramente en Mar del Plata, será su lanzamiento formal como candidato presidencial.

“Nuestro objetivo a vencer ya no es Massa, es (Mauricio) Macri”, dicen que dijo el gobernador en las ultimas horas, después de repasar sondeos de los últimos meses, que marcan una curva decreciente para el diputado del Frente Renovador, y el crecimiento del jefe de Gobierno porteño.

El próximo sábado, Scioli volverá a Merlo, el territorio de Othacehe, de la mano del concejal Gustavo Menéndez, un ex massista que ahora trabaja para el sciolismo.

El macrismo está exultante y la orden del asesor Jaime Durán Barba a Macri ha sido la de ‘internarse’ en la provincia de Buenos Aires, para consolidar allí su perfil presidencialista. “Estamos teniendo un importante pase de dirigentes massistas a nuestras filas, por debajo, que se ha incrementado en las ultimas semanas. Y hasta algún intendente importante se vuelve con nosotros antes de fin de año”, indican desde el PRO, en obvia alusión a Jesús Cariglino, de Malvinas Argentinas.

En el massismo hay preocupación. El estancamiento en el crecimiento de la figura presidencial de su jefe, sumado a algunas ‘defecciones’ notorias que se han producido en la últimas horas, más la tensión que vuelve a reinstalarse en algunos por el posible pase de Martín Insaurralde a esas filas, han abierto algunas grietas en la estrategia para el 2015 que Massa intenta disimular con las recorridas por el interior.

“Insaurralde mide bien estando en el FPV. ¿Para que se va a ir si nadie lo está echando?”, dicen desde el sciolismo, donde el Gobernador está convencido de que “Martín va a seguir jugando con nosotros”. También han vuelto a mirar hacia Córdoba y le ofrecen a José De la Sota jugar en su espacio “aceptando las criticas que él plantea al gobierno nacional. Somos amplios, pero no le pidan a Daniel que cambie, ni que se desmarque del Gobierno porque no lo hará. El aspira a ser el candidato oficial del sector, con las diferencias que también estará planteando y plantear pero sin romper”, dice un sciolista de la primera hora. A manera de anécdota, cuentan que hasta el papa Francisco, con quien Scioli mantiene un permanente contacto con cartas personales que van y vienen a través de un amigo en común, le ha recomendado: “Vos no cambies”.

El que vuelve a la cancha de la política, seguramente en el mes de agosto, con la idea de anotarse nuevamente en la carrera a gobernador es Francisco de Narváez, alentado por las últimas encuestas que lo sorprendieron con un nada despreciable 14% de intención de voto.

Y pese a que intentan disimularlo, las fricciones son cada vez mayores en el espacio UNEN, donde el avance de un sector del radicalismo y la gente de Elisa Carrió en las conversaciones con el PRO de Mauricio Macri, preanuncian frentes de conflicto que pueden por terminar de desunirlos frente al futuro.

Por Joaquín Morales Solá.

Puede ser que el juez Thomas Griesa haya hecho una lectura demasiado lineal de la ley de Estados Unidos para aplicarla al enrevesado caso argentino. Hasta es probable que no haya tenido en cuenta los riesgos que corrieron por decisión propia los fondos buitre cuando compraron los bonos en default. Pero la única certeza que existe es que ese juez fue respaldado por una cámara de apelaciones e, implícitamente, por la propia Corte Suprema norteamericana. Si hay una puerta de salida para el gobierno argentino a la actual crisis de la deuda pública, está en el despacho de Griesa. Guste o no, las cosas son así.

La decisión de ayer del juez (que negó una cautelar con duras frases para la Argentina) coloca al país a cinco días hábiles del plazo final. Después de ese límite, estará el abismo de otro default de la deuda. En 2001, la Argentina no podía pagar su deuda. Ésa es la verdad histórica, aunque nunca debió anunciarse una cesación de pagos, como se hizo, con la alegría de una fiesta. Es distinta la situación de ahora, cuando sólo se necesita plasticidad para encontrar una fórmula y eficacia para aplicarla.

Griesa reveló ayer indirectamente que el gobierno argentino no entabló ninguna negociación con él ni con los fondos especulativos, que son la contraparte en el juicio.

La aclaración es oportuna, porque la política y la economía estaban cargadas de versiones sobre supuestas tratativas secretas. Existe una propuesta de bancos para comprar el total de la deuda en juicio (unos 11.500 millones de dólares), pero es un diálogo que sólo compromete al Gobierno y a esos bancos. La Presidenta nunca terminó de dar la autorización final a esa operación y nunca, por eso, tal posibilidad se trasladó a los tribunales neoyorquinos.

El Gobierno oscila entre dos temores. Uno lo explica claramente; el otro lo insinúa. El primero se refiere a las posibles consecuencias de la cláusula RUFO, incluida en los bonos entregados a los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Esa cláusula estipula que una mejora a un sector de los bonistas deberá ampliarse a la totalidad de los acreedores. Griesa ordenó pagar el 100 por ciento del valor de los bonos defaulteados en 2001 que no aceptaron ninguna de las dos renegociaciones de la deuda. Casi el 93 por ciento de la deuda, que sí aceptó los canjes, podría pedir luego que también se le pague el 100 por ciento de los bonos originales. Ésa es la lectura literal de la cláusula RUFO.

Hay especialistas en deuda pública que desaconsejan, incluso, aceptar aquella propuesta de los bancos para comprar la totalidad de la deuda todavía en default. Si bien esta oferta significaría una quita al valor original de los bonos, la reducción sería mucho menor que la que se terminó aplicando en los dos canjes anteriores. El temor a la cláusula RUFO llevó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a estimar que sus consecuencias podrían aumentar hasta los 500.000 millones de dólares la deuda pública argentina.

El extremo cuidado con esa cláusula contrasta, sin embargo, con la poca atención que merece en el Gobierno el efecto dominó que produciría el embargo de los pagos a los bonistas que aceptaron los canjes. De hecho, Griesa ya embargó 560 millones de dólares girados al Banco de Nueva York (el agente de pago) para cumplir con compromisos que vencerán el próximo miércoles. Esos fondos están congelados. Nadie cobró hasta ahora. Si el pago del miércoles no se realizara, los acreedores que aceptaron los canjes anteriores podrían pedir un inmediato adelantamiento de los pagos de bonos que están escritos para ser saldados en las próximas décadas. Necesitarían sólo el beneplácito del 25 por ciento de los acreedores, según los acuerdos firmados por el gobierno argentino con los bonistas.

La cláusula RUFO es, en efecto, un riesgo, pero también lo es que se derrumben dos negociaciones financieras internacionales comandadas por los dos presidentes Kirchner. El regreso al caos financiero de 2002 no será nunca una buena despedida de la Presidenta.

El temor menos explicado alude a las posibles consecuencias judiciales para los funcionarios argentinos si acataran al juez Griesa y debieran aplicar después la cláusula RUFO. En la última reunión con el facilitador designado por Griesa, Daniel Pollack, el secretario de Finanzas, Pablo López, le comentó ese temor y le contó que varios ex funcionarios están siendo citados por jueces argentinos por el "megacanje" de la deuda que se hizo durante la última gestión de Domingo Cavallo, hace 13 años. Ayer, Capitanich deslizó públicamente que la situación podría comprometer judicialmente a la propia Presidenta.

Si se hurga en los antecedentes del "megacanje" de Cavallo, las sorpresas son permanentes. Se hizo, en efecto, un acuerdo por miles de millones de dólares y se lo escribió en unas pocas páginas. ¿Ansiedad? ¿Desesperación? ¿Intereses? Es lo que está investigando la justicia argentina. Resalta, con todo, que el estudio de abogados norteamericano que defiende ahora a la Argentina ante el juez Griesa (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) es el mismo que asesoró a Cavallo en el "megacanje". Es demasiado raro que la administración de Cristina Kirchner haya confiado su defensa a los mismos abogados que llevaron a Cavallo ante los jueces.

De todos modos, las cosas no tienen por qué tener siempre el mismo efecto. Depende mucho de la eficacia de las soluciones y de la honestidad para aplicarlas.

Con menos precauciones, en 2010, durante la gestión de Amado Boudou como ministro de Economía, éste contrató a una consultora, Arcadia Advisors, para que lo asesorara en el canje de la deuda que luego se hizo. El diputado Claudio Lozano denunció entonces que existió tráfico de influencias, porque el ministro le habría transferido a la consultora información privilegiada. Además de Arcadia, participaron de ese canje tres bancos internacionales de envergadura: Barclays, Deutsche y Citi. Nunca se aclaró para qué era necesaria Arcadia si ya habían sido contratados esos bancos. La causa está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Jorge Di Lello, los mismos que investigan a Boudou por la compraventa de Ciccone. Boudou ya fue procesado por esta causa.

Las palabras de Griesa, en la audiencia de ayer, mostraron fastidio con el gobierno argentino. Griesa es un hombre mayor, pero ha demostrado que nada de lo que se dice y se hace en la Argentina sobre la causa en su poder le es ajeno. Griesa podría espantar los temores del gobierno argentino con sólo ordenar la forma de pago y dejar en claro que se trata de una sentencia judicial, no de la voluntad de los argentinos.

Para eso, el juez Griesa necesita cierta flexibilidad del gobierno de Cristina Kirchner y conocer sus necesidades y sus posibilidades. Requiere también que los funcionarios nacionales acepten lo irreparable y que se sienten a negociar, aunque tengan que decir varias veces que no. La intransigencia es la única opción que le queda a la Presidenta, pero significará siempre un peligroso salto al vacío..