Anoche, al cierre de esta edición, trascendió que el juez de Nevada Cam Ferenbach habilitó al fondo buitre NML a obtener evidencia de 123 empresas que según ese magistrado se habrían utilizado para lavar 65 millones de dólares. Se basa la decisión en la presentación efectuada por el fiscal Campagnoli sobre esas empresas y su vinculación con Lázaro Báez. Fija el juez además la fecha del 12 de septiembre para que las partes, NML y esas 123 empresas presenten un reporte conjunto. Cabe recordar que la Corte Suprema de los EE.UU. hace cuatro meses habilitó el proceso de "discovery" mediante el cual, los fondos buitre pueden requerir información financiera para buscar activos en condiciones de ser embargados.

Un juez de distrito de Nevada, Estados Unidos, consideró que el empresario Lázaro Báez "“malversó” fondos" de la República Argentina a través de 123 sociedades radicadas allí y que, por lo tanto, el fondo buitre NML Capital puede llevar adelante acciones para embargar dinero y cobrarse parte de la sentencia por u$s 1.700 millones en favor de los holdouts.

Para el magistrado Cam Ferenbach, "“no hay dudas de que Báez malversó fondos de Argentina y que un malversador o ladrón no adquiere título de propiedad sobre aquello que roba”". Por eso, falló a favor de NML, el fondo de Paul Singer, que había pedido efectuar una acción de discovery sobre las 123 compañías. El discovery permite recolectar información sobre activos potencialmente embargables.

La causa se basa en la investigación del fiscal José María Campagnoli que el juez denomina, en español, "“La ruta del dinero K"”, como la bautizó, en abril de 2013, el programa de televisión Periodismo Para Todos. Según Campagnoli, Báez "“lavó u$s 65 millones a través de 150 corporaciones de Nevada"”. Ferenbach también sostuvo que "“el gobierno de Kirchner tomó represalas y removió a Campagnoli de su oficina”".

Voceros de Báez, sin embargo, rechazaron a El Cronista que esas firmas pertenezcan al empresario patagónico, amigo del ex presidente Néstor Kirchner.

Lo insólito es que el juez de Nevada dio por probados hechos que en Argentina aún se encuentran bajo investigación y no tienen sentencia firme.

Báez está imputado en una causa por lavado y encubrimiento que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, de Sebastián Casanello. En esa causa fueron procesados Leonardo Fariña y Sebastián Elaskar. La investigación está en manos del fiscal federal Guillermo Marijuan.

El juez de distrito de Nevada consideró que NML presentó suficientes pruebas para demostrar que las 123 sociedades en cuestión pertenecen a Báez y que éste malversó fondos de la República a través de ellas.

En resumen, Ferenbach convalidó que existen lazos entre esas firmas y el fondo suizo Helvetic, que compró la financiera SGI, conocida como La Rosadita, al financista Federico Elaskar. Helvetic tiene relación con la firma Aldyne, domiciliada en las islas Seychelles. Y Aldyne comparte domicilio con el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca. A su vez, Mossack & Fonseca controla estas 123 corporaciones de Nevada a través de la firma M.F. Coroporate Services.

Detrás de este enjambre de sociedades estarían Lázaro Báez, su hijo y la familia Kirchner, según la documentación que presentó NML y que el juez dio por certera.

Para el magistrado, NML “mostró de forma sustancial que las actividades de lavado de dinero de Báez involucraron las 123 compañías de Nevada. Y consideró que, si bien la firma controlante M.F. Corporate presentó escritos en su defensa, las investigadas no aportaron “"documentación sensible”" para deslindarse de la acusación. Según la Regla 37 de ese Estado, "“la persona que se resiste a un discovery lleva la pesada carga de demostrar por qué el discovery debe denegarse"”, y "“las 123 corporaciones fallaron en satisfacer esa carga”".

Ferenbach calificó a las firmas como empresas fantasma controladas por Mossack & Fonseca, "“rutinariamente conformadas para cometer fraude”".

Por todo esto, Ferenbach ordenó avanzar con el discovery. NML y las 123 empresas deberán mantener audiencias y emitir un "“estado de situación"” para el próximo 12 de septiembre.

El 16 de junio último, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó que NML Capital y otros fondos buitre pueden pedir información sobre activos del país potencialmente embargables para cobrar la sentencia a su favor. En ese marco se inscribe este fallo del juez de Nevada.

El abogado de Argentina, Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary, no aportó escritos en esta causa, a pesar de ser informado. Consultado por El Cronista, el Ministerio de Economía no emitió opiniones.

Por Daniel Santoro

El juez de Nevada, EE.UU., Cam Ferenbach, emplazó al estudio contable panameño Mossack Fonseca para que informe al fondo buitre NML los bienes y cuentas bancarias que tuvieron o tienen en ese país 123 empresas fantasma atribuidas a Lázaro Báez.

Ferenbach tomó esa decisión en una causa que inició NML usando su derecho a obtener información sobre bienes del Estado argentino decidido por el juez de Nueva York, Thomas Griessa y luego convalidado por la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, llamado “discovery” en inglés. NML confía en que si se demuestra en la Justicia argentina que Báez cometió fraude al Estado tendrá derecho, en el futuro, a embargar los bienes o cuentas bancarias que se encuentran en territorio norteamericano.

En un fallo del viernes pasado que se conoció ayer, el juez Ferenbach NML “mostró sustancialmente” las sospechas de que Báez usó esas empresas para lavar dinero. El empresario K, a través de su vocero, negó tener empresas fantasma en EE.UU.

Sin embargo, Ferenbach consideró válidas las sospechas de Campagnoli en cuanto a que esas 123 empresas –el fiscal, en realidad habló de 148– manejadas por la misteriosa empresa Aldyne de las islas Seychelles habrían participado de una maniobra para lavar 65 millones de dólares.

Por estas y otras razones, el juez de Nevada ordenó que Mossack Fonseca informe sobre los movimientos bancarios y las inversiones de las 123 empresas desde enero del 2010 hasta la fecha. Además, que la administradora de esas firmas de cartón, la panameña Leticia Montoya, viaje a Las Vegas y comparezca ante el tribunal para responder preguntas sobre esas empresas.

La causa se inició en enero cuando NML pidió a Mossack Fonseca información sobre 123 de las 148 empresas de pantalla nombradas en el dictamen del fiscal José Masría Campagnoli, el primero en investigar la ruta del dinero K.

Pero los abogados de Mossack Fonseca informaron que no era posible reunir toda esas información y que varias de las empresas habían cambiado de jurisdicción. Además, habían declarado que no quedaban “documentos sustanciales” sobre esas operaciones. Pero el juez cuestionó la credibilidad de esa repuesta e hizo a Mossack Fonseca responsable de la preservación de esa documentación, informaron fuentes judiciales a Clarín.

Las 123 empresas fantasma fueron creadas por ese estudio panameño a pedido de la empresa suiza Helvetic Services Group que dirige el italoargentino Marcelo Ramos. El pedido de Ramos, en por lo menos diez casos, le llegó a Mossack a través del estudio Damiani de Montevideo, Uruguay, que dirige el presidente de Peñarol, Pedro Damiani, tal como reveló Clarín. Helvetic fue la empresa que se quedó con las acciones de la financiera SGI “La Rosadita” luego de que su ex dueño Federico Elaskar, en el 2011, la vendiera al entorno de Lázaro Báez. El objetivo de la compra fue “recuperar” un faltante de dinero que se habrían quedado Elaskar y el ex marido de la modelo Karina Jelinek, Leonardo Fariña, quienes están procesados por lavado de dinero por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. En esta causa, a la que se sumó la investigación de Campagnoli, Báez está imputado junto a miembros de su entorno. Además, Helvetic hizo inversiones inmobiliarias en la Argentina.