La agencia Standard & Poor's bajó ayer las calificaciones en escala nacional de cinco gobiernos provinciales a 'raCCC' de 'raBB+' por liquidez restringida y mantuvo la perspectiva negativa.
La calificadora explicó ayer que "el 19 de junio colocó las calificaciones en escala nacional de 'raBB+' de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Mendoza, y de la Ciudad de Buenos Aires, en el listado de Revisión Especial con implicaciones negativas tras haber bajado la evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad en escala global de la Argentina a 'CCC-'". Ahora "revisamos la posición de liquidez de cada uno de los gobiernos locales y regionales para continuar honrando sus obligaciones financieras en moneda local y extranjera, en un escenario con condiciones macroeconómicas deterioradas y un muy limitado financiamiento externo y bajo el supuesto de que las cláusulas de incumplimiento cruzado establecidas en sus obligaciones de deuda se activarían en caso de que estas entidades incumplieran con alguna de sus obligaciones en moneda extranjera".
Por lo tanto la calificadora considera que "ninguno de los gobiernos tendría suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras en este escenario, por lo tanto, bajamos las calificaciones en escala nacional de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y de la Ciudad de Buenos Aires a 'raCCC' desde 'raBB+'". Del mismo modo, bajó las calificaciones de los Títulos de Cancelación de Deuda y Financiamiento de Obras (TICAFO) Clase 2 y los Títulos de Deuda Garantizados Amortizables (Tidepro) de la provincia del Neuquén y los Títulos de Deuda Garantizados de la provincia de Salta a 'raCCC' desde 'raBB+'. También bajó las calificaciones en escala nacional de la Argentina a 'raB+' desde 'raBB+' reflejando el deterioro en las condiciones macroeconómicas del país, y la perspectiva se mantiene negativa.
Del informe difundido ayer también se desprende el recorte de las calificaciones en escala nacional de la Argentina a 'raB+' desde 'raBB+'; a la vez que además bajó a 'raB+' desde 'raBB+' las calificaciones de los siguientes fideicomisos: SIFER (Decreto 971-01), SISVIAL (Decreto 976-01) y Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (Decreto 1.382-01). "Podríamos bajar adicionalmente las calificaciones de las provincias que calificamos si percibimos que el Gobierno central puede restringir aún más su régimen de control de cambio", advierte finalmente.
En paralelo a las medidas aplicadas desde el Gobierno nacional, los mandatarios siguen con lupa las señales de desaceleración de la actividad económica local y diseñan ya mesas de trabajo multisectoriales para monitorear el presente de los distintos ámbitos y activar planes para paliar potenciales suspensiones y despidos.
Las señales de preocupación desde los ejecutivos se acrecentaron tras el traspié sufrido por la Argentina en Estados Unidos en su puja con los holdouts, lo que derivó en una entrada en default.
Uno de los escenarios más emblemáticos se vive en tierra bonaerense, donde el gobernador justicialista y presidenciable 2015 Daniel Scioli selló a fines de julio un convenio de cooperación con cámaras empresarias y sindicatos que apunta a intentar frenar los despidos durante un año, con la posibilidad de extenderlo automáticamente por doce meses más. "Es nuestra responsabilidad, juntos -el Estado, los gremios y los empresarios- preservar el trabajo y la actividad económica", dijo Scioli.
En Catamarca, en tanto, el Gobierno de la justicialista Lucía Corpacci creó una comisión de apoyo a las industrias locales, para desplegar un seguimiento del sector, integrada por funcionarios provinciales y municipales y por empresarios.
En Mendoza, en sintonía, el Ejecutivo que conduce el también peronista Francisco Pérez selló el martes convenios con distintos sectores productivos en pos de sostener y asegurar el empleo.
