Por Julio Rajneri.

Es posible que Jorge Sapag estuviera en lo cierto cuando puso sobre aviso acerca de la aparición de información calificada proveniente del gobierno nacional y destinada a debilitar a los gobiernos patagónicos que se oponen a la ley nacional de hidrocarburos, que en los hechos anularía buena parte del dominio que la última reforma constitucional otorgó a las provincias sobre sus reservas de petróleo y gas.

El primer episodio de esta moderna versión de la guerra sucia, fue la denuncia de un depósito de un millón de dólares en una cuenta secreta del gobernador del Chubut, Martín Buzzi, que sería investigada por la AFIP. El segundo, un informe de un sitio de internet sobre diversas variantes de corrupción que involucraría a funcionarios provinciales y figuras del MPN.

¿Qué está pasando? ¿Le ha dado un insólito ataque de decencia al gobierno nacional y ahora quiere convertirse en el rutilante heraldo que embiste contra la corrupción endémica de la Argentina? ¿Pero cómo, no es acaso el gobierno de Kirchner el que no solamente está protegiendo al vicepresidente Boudou sino que tiene el récord de haber esfumado hacia un inmenso agujero negro alrededor de 1.300 millones de dólares, entre capital e intereses que le correspondieron a Santa Cruz por la venta de YPF?

Por supuesto que no. Resulta claro que el gobierno nacional acumula datos y evidencias de corrupción en ámbitos provinciales o municipales y los utiliza solamente cuando le sirven para doblegar la resistencia de algún mandatario reticente. En tanto eso no ocurra, con su silencio se convierte en cómplice de los hechos que, como en el caso de Neuquén, de ser ciertos debió conocerlos desde su origen.

Pero así como es necesario desentrañar los verdaderos motivos de una campaña que poco tiene que ver con su objetivo aparente, tampoco sería aceptable que los funcionarios neuquinos se arropen con las banderas del patriotismo local y eludan dar respuestas a interrogantes que arrojan sombras sobre procedimientos claramente sospechosos y que en su momento fueron denunciados por nuestros periodistas.

El caso más emblemático es el de Amarga Chica. El gobierno neuquino le entregó esa área a una UTE integrada por GyP (10%), YPF (36%) y Petrolera Argentina (44%). Petrolera Argentina es una empresa de Miguel Schvartzbaum que no tenía antecedentes en exploración petrolera ni recursos financieros y cuya presencia no tiene ni tuvo ninguna explicación plausible.

La adjudicación se hizo en junio del 2010. A los dos meses Petrolera Argentina le vendió el 24% de su parte a Repsol-YPF. Poco tiempo después el conglomerado español anunció el rutilante descubrimiento de petróleo no convencional en Amarga Chica y don Miguel vendió el resto de sus acciones a YPF. En total embolsó 44,4 millones de dólares sin poner un solo peso y con la venia y la inestimable ayuda de GyP.

Pero aquí no se agota el inexplicable magnetismo que tiene Schvartzbaum para atraer buenos negocios. Ha recibido aportes inesperados como el del sindicato de petroleros que dirige Pereyra por alrededor de 20 millones de pesos y del Iadep y el ENIM por unos 55 millones de pesos. Y versiones provenientes de fuentes confiables asignan un total de 150 millones de dólares a los aportes que ha recibido Renesa, la refinería inconclusa de su propiedad, de los cuales se calcula que solamente un tercio es lo realmente invertido.

Y ahora anuncia que la cerrará si no recibe más ayuda del gobierno.