Los países latinoamericanos apuestan fuerte a la inversión extranjera para desarrollar su industria de hidrocarburos, y para ello modifican marcos jurídicos para tentar a las multinacionales petroleras, sin renunciar a la preeminencia del Estado en el sector.

México, Brasil y Argentina concentran la atención por las reservas de sus yacimientos inexplotados y las posibilidades de desarrollo de los existentes.

El gobierno mexicano estima en US$ 50.000 millones las inversiones que llegarán al país tras la reforma aprobada este año que reabre el sector petrolero tras casi ocho décadas de monopolio estatal. El foco está puesto en la incorporación de nuevas tecnologías para aguas profundas del Golfo de México, una frontera costosa.

La reforma apunta a aumentar una producción que cayó de 3,4 millones de barriles diarios (mb) a 2,47 mb desde 2004.

"Lo más importante de esta apertura es el poder comprar y extraer petrolero bajo condiciones de (...) certeza jurídica", explicó Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

La limitante principal para los inversores será la carga fiscal. "(Si) no tuvieran un trato fiscal diferente al de Pemex, son muy altos los impuestos locales. Habrá que ver si a los inversionistas realmente les atrae".

La estatal se aseguró el control de 83% de las reservas probadas y probables de crudo, un porcentaje que evidencia el peso de lo público en el sector.

En Brasil, que posee enormes yacimientos a gran profundidad a lo largo de sus costas bajo una gruesa capa de sal (Presal), los inversores extranjeros deberán asociarse con Petrobras para tener una tajada del pastel. Como mínimo, la estatal tendrá 30% de participación en cada proyecto y el monopolio operativo de los campos petrolíferos.

En noviembre, el país entregó en concesión el mayor de sus campos, Libra: Petrobras controla 40% del proyecto, para el cual se asoció con Total, Shell y dos empresas estatales chinas.

Algunos analistas creen que una excesiva intervención pública en el sector reduce el interés de las grandes petroleras.

El experto Adriano Pires dijo que una derrota electoral de la Presidenta Dilma Rousseff, muy estatista en materia energética, podría facilitar la llegada de nuevas empresas.

Argentina, que busca recuperar el autoabastecimiento de gas, apuesta por su parte a los hidrocarburos no convencionales del megayacimiento "Vaca Muerta", en la Patagonia.

Si bien el proyecto está en una etapa incipiente, las petroleras internacionales ya comenzaron a trabajar en prospección y muestreo de volúmenes a través de acuerdos con la estatal YPF. Las estadounidenses Chevron, Dawn Chemical y Exxon, la francesa Total, la alemana Winter Shale, o la angloholandesa Shell son algunas de las firmas presentes.

Al igual que en México y Brasil, el Estado tiene un peso importante sobre este reservorio de 30.000 km2: de los 180 pozos en desarrollo, más de 70% son de YPF. Unos 12.000 km2 fueron entregados en concesión a la estatal.

Horacio Lazarte, de la consultora Abeceb, señaló que la producción plena de Vaca Muerta podría alcanzarse en 2020.

Venezuela, con las mayores reservas del mundo y problemas de infraestructura en su sector petrolero, es el paradigma del modelo nacionalista de control de producción: la Ley de Hidrocarburos determina que exploración, extracción y almacenamiento inicial son actividades reservadas al Estado. Los privados solo pueden integrar "empresas mixtas" con 50% de participación pública.