Por Julio Rajneri.
De 2008 a 2011, la familia Eskenazi, con su grupo Petersen, se hacía del 25% de las acciones de YPF en una operación cuyos detalles el corresponsal de "Río Negro" en España reveló en sus facetas menos conocidas, al menos en nuestro país. Repsol, compañía española que detentaba la propiedad de YPF, cedía esa parte al grupo argentino mediante el pago de una suma que se efectivizaba con fondos obtenidos a través de créditos directos o avalados, en gran parte, por la propia Repsol y cuya amortización se haría con los dividendos que las propias acciones iban a generar en el futuro.
Una estimación moderada del valor de la compañía daría un monto de la operación de unos 3.000 millones de dólares, sin que el comprador pusiera un centavo de capital propio. En esas condiciones, muy pocos estarían dispuestos a creer que los Eskenazi, banqueros de Kirchner, fueran los únicos beneficiados de esta colosal operación, mucho menos después de que un directivo de Repsol, con resignada ironía, admitiera que la inclusión de Eskenazi se debía a sus conocimientos de los mercados regulados.
La contrapartida fue la autorización del gobierno argentino para que YPF girara el 100% de sus utilidades a su matriz en España, con la excusa de que solamente de esa forma se podrían cobrar los dividendos correspondientes a las acciones vendidas. El resultado inevitable fue que durante años no se invirtió en exploración y explotación prácticamente nada, de manera que en esta inquietante operación está una de las raíces del drama del desabastecimiento energético que hoy agobia las cuentas fiscales y las reservas en divisas del país.
Pocos años después YPF, todavía bajo control de Repsol, participaría en una licitación del gobierno neuquino para adjudicar el área conocida como La Amarga Chica. Algunas de las características de aquella operación parecen repetirse. YPF se asocia con el equivalente local de Eskenazi, Miguel Schvartzbaum -titular de una casi desconocida pero ascendente empresa, Petrolera Argentina-, en una unión transitoria de empresas en la que YPF participaba con el 51% y P.A. con el restante 49. En el mundo de los negocios, las asociaciones de esta naturaleza sólo se justifican cuando la empresa principal busca obtener recursos financieros adicionales para completar la inversión, o cuando necesita aportes en tecnología o conocimientos de alto nivel, como los que en shale oil detenta Chevron para la explotación de Vaca Muerta.
Ninguna de estas circunstancias se dan en la asociación de YPF con P.A. En el ámbito de las licitaciones petroleras, YPF es el as de espadas y su socia el cuatro de copas. La gigantesca empresa petrolera, la más grande del país y, junto con Techint, una de las pocas argentinas con volumen de negocios como para interesar a inversionistas del resto del mundo, no tenía la más mínima necesidad de asociarse con una empresa que no podía aportarle nada.
Una licitación en la Argentina donde se presenta YPF, prácticamente imbatible, es de resultado cantado. En aquella licitación su contendiente fue la petrolera Entre Lomas, sucesora de Pérez Companc que ya había tenido La Amarga Chica y cuya concesión le había sido revocada. Entre Lomas hizo una oferta de mayor inversión que su competidora, pero perdió la licitación por la superior calificación de YPF.
Como es notorio, Petrolera Argentina es una recién llegada al negocio y su aporte en el "know how" de la tecnología es absolutamente inexistente. En cuanto a su capacidad para invertir, se puede inferir de lo que ocurrió después. Durante tres años se invirtieron en La Amarga Chica alrededor de 30 millones de dólares. El total del desembolso lo hizo YPF. Su asociada no aportó ni un solo centavo. Esto queda en evidencia cuando YPF compra el remanente de las acciones. Del total de la operación se deducen 7 millones de dólares por aportes pendientes, es decir no efectuados a la UTE.
La UTE ganó la licitación en agosto de 2010. Pocos meses después, tal vez sólo semanas, se produce la primera cesión de acciones. YPF le compra a P.A. el 24,5% de ellas por 4,4 millones de dólares, que el gobierno aprueba en octubre de 2010. ¿Qué pudo haber cambiado en ese corto lapso para que YPF recomprara acciones que estaba en condiciones de haber limitado por su posición dominante al constituirse la UTE? La falta de una respuesta que lo explique envolvería el caso en la nebulosa hipótesis de la corrupción.
Lo demás es historia conocida. Al poco tiempo el yacimiento adquiere un valor inesperado cuando Repsol anuncia que tiene reservas importantes de petróleo no convencional. Y se abre un nuevo interrogante sobre si esa información estuvo disponible a la fecha de la licitación. Finalmente, a mediados del año pasado, YPF adquiere el resto de las acciones en 40,6 millones de dólares, cerrando así para P.A. una increíble ganancia.
Hay que considerar en toda su importancia el rol de la empresa provincial que maneja las adjudicaciones. El hecho de que Gas y Petróleo haya sido estructurada como una empresa privada permite que desaparezca una porción de los controles previstos para operaciones con bienes que forman parte del patrimonio público de la provincia y pueda decidir con un margen de discrecionalidad mucho mayor. Por otra parte, es llamativo que haya una cantidad tan considerable de empresas que se adjudican licitaciones para luego transferirlas rápidamente a otras compañías.
Estos pases de manos son aprobados por el Estado provincial, de manera que así se favorece la expansión de una casta parasitaria formada por quienes participan en las licitaciones con el propósito ulterior de negociarlas. No hay tampoco sanción alguna por esta conducta, de manera que pueden participar libremente en nuevas licitaciones. Huelga decir que para este tipo de actividad es muy conveniente una relación aceitada con los resortes de poder.
Los casos más notorios, aparte de Petrolera Argentina, son Rovella Carranza y Rovella Energía, ambas también con escasos pergaminos en materia de experiencia y antecedentes. Eso no ha sido obstáculo para lograr numerosas adjudicaciones y en la mayoría, como Bajada de Añelo, Buta Ranquil I y II y La Ribera I y II, transfirieron rápidamente sus derechos por cifras que suman decenas de millones de dólares.
En las primeras décadas del siglo pasado las empresas petroleras, especialmente las norteamericanas como la legendaria Standard Oil, hoy Chevron, eran temidas por su carencia de escrúpulos para obtener concesiones leoninas de gobiernos débiles. Algunas provincias argentinas, como Salta, protagonizaron episodios que robustecieron la creencia de que solamente el control nacional sobre los yacimientos de petróleo podía impedir el avance predatorio de los temidos monopolios.
Aunque no hayan desaparecido del todo los procedimientos rodeados de fundadas suspicacias, a veces acompañados por acciones de sus propios gobiernos, en la actualidad las grandes empresas están sometidas a un control riguroso en sus países de origen. Al margen del hecho de que Repsol es una empresa virtualmente estatal, lo que le permite algunas decisiones que estarían vedadas a las empresas privadas, una operación como la transferencia de acciones de YPF a un empresario ligado con el gobierno -casi una donación- hubiese sido cuestionada e investigada por las autoridades del país de origen de la multinacional y seguramente sancionada con extremo rigor.
También es legítimo inferir que, si en la operación de La Amarga Chica en lugar de YPF hubiera intervenido una de las empresas de Estados Unidos o de alguno de los países del norte de Europa, sus protagonistas estarían bajo la lupa de las autoridades de sus respectivos gobiernos.
Sin abrir juicio sobre el resultado previsible, sí en cambio puede afirmarse que sus responsables deberían dar explicaciones muy claras y convincentes para que quedaran libres de toda sospecha.
