La Reforma Energética mexicana se trata de impulsar la inversión y por lo tanto la producción. Pero la pregunta del millón de dólares es: ¿Qué tanta inversión llegará, y qué tipo de recursos, cuando los campos se pongan a subasta a inicio del próximo año?
Ernesto Marcos, ex director corporativo de finanzas de Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana, se aventura a presentar lo que parece ser la primera estimación exhaustiva.
Sus estimaciones, que Franklin Templeton Investments publica en una nota a sus clientes, reconoce que México puede contar con una inversión privada de 29 mil millones de dólares (mdd) en energía en 2018, al final de la administración de Enrique Peña Nieto, el equivalente a 1.9% del PIB. En 2020, la inversión total podría llegar a 50 mil mdd, o 3% del PIB, estima. La inversión privada total en energía podría alcanzar 161 mil mdd entre 2014 y 2020.
¿Cómo se dividirá la inversión por sector? México, después de todo, tiene una gran cantidad de oportunidades, incluyendo las extensiones productivas de shale que son la continuación geológica de las formaciones de Estados Unidos, y los yacimientos de aguas profundas. Pero el shale enfrenta grandes retos, que incluyen la falta de agua y de infraestructura, y que están ubicados en áreas propensas a la violencia de los cárteles de la droga, lo que suma preocupaciones de seguridad. Los hidrocarburos en las profundidades del Golfo de México requerirán de una gran inversión y muchos años para su extracción.
No sorprende que se espere que el shale tenga un comienzo lento, con una inversión de mil millones de dólares el próximo año, pero puede acelerarse rápidamente a 3 mil mdd para 2017, 6 mil mdd en 2018, 9 mil mdd en 2019 y 12 mil mdd para 2020, y la consultora de Marcos, Marcos & Asociados espera que representen más de una quinta parte de toda la inversión privada en energía en México.
La expectativa de inversión para aguas profundas también se espera que llegue a 6 mil millones de dólares para el final de la presente administración, aumentando a 9 mil mdd para 2020. El paso ligeramente más lento destaca qué tan a largo plazo es la inversión para aguas profundas.
Es probable que la mayor parte de la inversión para el próximo año llegue para campos maduros y gasoductos. Se espera que el procesamiento de gas inicie en 2018, mientras que los campos maduros y la modernización de las refinerías atraerán cerca de 6 mil millones de dólares cada una en 2020, de acuerdo con el pronóstico.
Así que con la economía mexicana lista para crecer todavía por debajo de las expectativas, el gobierno pronostica 3.7% para el próximo año, ¿qué tanto impulsará a la economía esta inversión en hidrocarburos?
Significativamente, dice Franklin Templeton: “Todavía no tenemos un modelo macroeconómico que traduzca en crecimiento de la economía mexicana esta inversión adicional. Sin embargo, experiencias similares de liberalizar el sector energético en Brasil y Colombia indican un efecto multiplicador de la inversión adicional de al menos una relación de 1:1 en el PIB”.
También debemos de tener en cuenta que estas estimaciones no incluyen la inversión adicional de abrir el sector eléctrico. Esto implica que podría ser razonable un estimado en el nivel de crecimiento de otros dos puntos porcentuales del PIB de 2018 en adelante.
Por supuesto, Pemex, la empresa petrolera estatal que está perdiendo su monopolio, continuará como un actor principal. Tan solo su presupuesto de inversión de 2014 a 2020 es de 209 mil mdd. Junta eso con la inversión privada, y se espera que el sector de hidrocarburos de México llegue a la friolera de 370 mil mdd para 2020.
Abróchense sus cinturones. Se ve que el sector de energía de México será un viaje emocionante.
Por Ricardo Monreal Ávila.
Detrás de una gran reforma, hay una gran deuda pública. Es la lección que nos han dejado los proyectos presidenciales de las últimas cuatro décadas.
El "desarrollo compartido" de Luis Echeverría consistió en contratar deuda, disparar el gasto público y hacer trabajar horas extras a la Casa de Moneda. El proyecto terminó en una terapia de shock: devaluación del 120%, deuda pública del 60% del PIB, inflación del 180%.
José López Portillo ofreció la "administración de la abundancia". Se trataba de aumentar considerablemente la exportación de petróleo, apostando fuertemente a la exploración y explotación del oro negro. ¿De dónde sadrían los recursos? De más deuda pública. Al final, la abundancia llegó pero en forma de devaluación, déficit, fuga de capitales y la nacionalización de la banca.
El siguiente proyecto de grandes reformas correría a cargo de Carlos Salinas. El paradigma económico del Estado "nacionalista revolucionario" fue sustituido con el paradogma del libre mercado. Llevó por nombre "liberalismo social modernizador" y se tradujo en una serie de reformas constitucionales en el campo, la banca, el comercio exterior, la relación Estado-iglesias y las elecciones mismas. La cereza de los cambios fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Al final de ese sexenio todo era jauja, hasta que en 1994 sobrevino lo inimaginable: el estallido zapatista, los asesinatos políticos y la crisis económica de los tesobonos. En diciembre de ese año el país se enteró de manera traumática que el gran proyecto "modernizador" del sexenio se había financiado con una deuda pública de corto plazo impagable, que habría servido para mantener artificialmente bajas las tasas de interés, la paridad cambiaria y financiar un gasto público deficitario. El "liberalismo social modernizador" le costó al país 50,000 millones de dólares.
Se está fraguando la cuarta gran crisis de deuda pública en el país de los últimos 50 años. Como en las tres anteriores, viene acompañada de una ilusión economicista: ahora sí, "las reformas estructurales" harán al país más competitivo y productivo, para crecer y alcanzar la prosperidad.
Sin embargo, nada se dice del costo financiero y fiscal de las reformas. Por ejemplo, la reforma de seguridad social ronda los 900,000 millones de pesos en su primera fase; la reforma energética y la caída de la producción de Pemex le abren un boquete al fisco de 800,000 mdp; Prospera arranca con un préstamo de 300 millones de dólares del Banco Mundial; y el paquete de obras de infraestructura pública anunciado en el segundo informe de gobierno (incluido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México) suman, de entrada, un cuarto de billón de pesos.
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¿De dónde saldrán los recursos públicos para financiar buena parte de estos proyectos? El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo nos da una pauta. Se proyecta gastar 4.6 billones de pesos, de los cuales 4 serán recursos propios y poco más de 673,000 mdp serán deuda pública. Más recaudación y más deuda son los pivotes de ese presupuesto.
La proclividad a endeudarse del actual gobierno llevará la deuda total del sector público de 5 billones en 2012 a 6 billones al final del 2014, en números redondos. Un billón de aumento en dos años.
Dicen que está bajo control y que no representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica, sin embargo, no sólo está creciendo el monto, sino los plazos y modalidades de la misma.
El gobierno parece tener adicción por los bonos de deuda soberana. “El gobierno de Peña Nieto emitió, en dos años, casi la misma cantidad de bonos en moneda extranjera que en todo el sexenio de Fox… además de los nuevos impuestos de la reforma fiscal que aumentaron la recaudación en 7.4%, la Secretaría de Hacienda emitió bonos en yenes y libras esterlinas en plazos nunca vistos. El gobierno mexicano colocó, por primera vez, bonos en libras esterlinas con un vencimiento a 100 años por 1,000 millones de libras en marzo pasado. Meses después, en julio, emitió bonos samurái por 60,000 millones de yenes, unos 590 millones de dólares, a plazos de cinco, 10 y 20 años. Ésta es también la primera vez que México emitió bonos en yenes a 20 años”, según la revista Expansión, en su número 1140, de 12 septiembre de 2014.
En conclusión, en términos de deuda pública, estas reformas estructurales traen la envoltura de Luis Echeverría, el moño de López Portillo y la granada sin espoleta de Carlos Salinas.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ricardo Monreal Ávila.
