Veronica Smink
A comienzos de este siglo Argentina fue el primer país de América Latina en lograr el 100% de penetración de la telefonía celular, es decir tantos móviles como habitantes.
Hoy esa cifra sigue creciendo: con una población de 40 millones hay 62 millones de líneas en servicio.
Sin embargo, tener un teléfono y poder usarlo son dos cosas muy diferentes.
Cualquiera que haya querido llamar a alguien a un celular en Argentina habrá notado lo difícil que es comunicarse.
Llamadas que no entran o que se cortan varias veces durante el diálogo son algo habitual en la vida de muchos argentinos.
¿A qué se debe?
Los expertos señalan que los motivos son múltiples, pero uno de los principales es la escasa cantidad de espectro radioeléctrico en uso, la cifra más baja de la región, según los parámetros de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT).
La falta de espectro radioeléctrico, antenas e inversión, complica las comunicaciones celulares. (Foto: Getty)
"A pesar de que la demanda de la telefonía celular se multiplicó en los últimos años, el Estado argentino no ha otorgado espectro nuevo para comunicaciones desde 1998", le dijo a BBC Mundo el experto en telecomunicaciones Enrique Carrier, de la consultora argentina Carrier y Asociados.
Este es el motivo por el cual Argentina es uno de los únicos países de la región que aún no tiene redes celulares de cuarta generación, o 4G, como se las conoce.
Pero esa no es la única restricción que padecen los usuarios de celulares argentinos: en la nación sudamericana también hay un uso limitado de la tecnología anterior, el 3G.
Es que desde 2008 el Estado tiene reservado, sin uso, el 25% del espectro del 3G, lo que significa que los clientes de las tres principales empresas de telefonía celular del país, Movistar, Personal y Claro, solo pueden utilizar el 75% de las frecuencias, lo que ha hecho colapsar los servicios móviles.
Más espectro
La buena noticia para los usuarios argentinos es que la situación debería mejorar pronto: el Estado licitará en noviembre el espectro 3G ocioso y también las frecuencias necesarias para desplegar la tecnología 4G.
El gobierno anunció que este jueves se conocerán las ofertas de las empresas participantes.
Pero ¿por qué se esperó tanto para ampliar el espectro de las telefónicas?
Según Carrier, hubo una mezcla de "dejadez" y de presiones políticas y económicas por parte de los grupos interesados en participar en este millonario negocio, que retrasaron el proceso.
Esta no es la primera vez que el Estado argentino abre una licitación para asignar espectro: ya lo hizo en 2012, cuando la llegada de lossmartphones (teléfonos inteligentes) causó una explosión en la demanda de la telefonía 3G.
Sin embargo el propio gobierno decidió anular el proceso.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, explicó que sólo una empresa, Claro (del magnate mexicano Carlos Slim), estaba "en condiciones patrimoniales y financieras" de adjudicarse las frecuencias.
Y según el funcionario, entregarle más licencias a este operador hubiera generado "concentración".
Libre.ar
"No queremos generar monopolios", justificó De Vido, quien anunció que el gobierno usaría esas frecuencias para crear una empresa estatal de telefonía móvil, que se llamaría Libre.ar.
Pero a pesar del anuncio, realizado oficialmente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en diciembre de 2012, lo cierto es que pasaron los años y la empresa estatal nunca se lanzó.
"Este es un país muy extenso y por lo tanto la problemática de la comunicación no es la misma que en países más pequeños, como Uruguay o los países europeos", se defiende el gobierno (Foto: Getty).
Así, mientras la cantidad de líneas se multiplicaba por ocho en una década, las redes radioeléctricas no sólo siguieron siendo las mismas que había en el siglo XX, sino que había un 25% menos.
Finalmente, en mayo de este año, De Vido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, anunciaron que se licitará las frecuencias de 4G y las restantes de 3G que siguen sin uso.
Berner explicó a BBC Mundo que el gobierno decidió descartar el proyecto de Libre.ar por una cuestión de "tiempo, practicidad y costos", y dijo que la licitación de noviembre resultará en una mejoría en la calidad y cobertura del servicio.
Antenas
El funcionario destacó, no obstante, que la falta de espectro es sólo una de las causas de las deficiencias del sistema.
"El espectro es hasta un tema secundario si uno tiene una cantidad suficiente de antenas", señaló el secretario, quien estimó que Argentina tiene unas 15.000 antenas y radiobases, una cifra muy por debajo de la cantidad ideal.
"Este es un país muy extenso y por lo tanto la problemática de la comunicación no es la misma que en países más pequeños, como Uruguay o los países europeos", afirmó.
A diferencia del espectro, que es controlado por el Estado, la colocación de antenas es potestad de los municipios, aunque son las empresas las que las instalan en cada barrio.
Esto ha hecho que la situación sea muy disímil en distintas partes del país, y que en algunos vecindarios haya "agujeros negros" donde es imposible hacer una llamada o conectarse al sistema.
"La capacidad de una red inalámbrica está dada por una fórmula que combina la cantidad de espectro y la densidad de antenas", explicó Carrier, quien dijo que la baja cantidad de antenas en muchos lados también tiene relación con temores “infundados” de los vecinos sobre posibles efectos sobre la salud.
"Si por nosotros fuera duplicaríamos la red", aseguró Berner, quien resaltó, sin embargo, que en 2013 se instalaron un 92% más de radiobases que el promedio histórico.
Las empresas
Los expertos y los funcionarios coinciden en que la "tercera pata" para explicar los problemas de telefonía móvil en Argentina durante los últimos años fue la falta de inversión de las telefónicas.
Según el secretario de Comunicaciones, cuando la telefonía móvil empezó a "crecer exponencialmente" en 2009, se empezó a observar "un corrimiento de la cantidad de teléfonos celulares contra las inversiones".
Berner señaló que este fue uno de los motivos por los cuales se aplazó la licitación del 4G.
"Las inversiones estaban retrasadas, en especial en infraestructura, y las empresas querían resolver los problemas con más espectro, en vez de invertir", afirmó.
Voceros de Movistar, Personal y Claro negaron las acusaciones y destacaron que en 2014 aumentaron sus inversiones en un 42% con respecto al año anterior, una cifra que fue bien recibida por el gobierno.
La secretaría de Comunicación creó el portal "Que no se corte", en donde alientan a los clientes a comparar costos, cobertura y calidad de los operadores.
Quienes no celebraron tanto fueron los millones de clientes de las empresas, que a pesar de padecer un servicio con muchísimas deficiencias vienen pagando importantes aumentos en sus tarifas en los últimos años.
Las quejas sobre la telefonía celular encabezan hace tiempo el ranking de reclamos de asociaciones de consumidores en todo el país.
Para canalizar los reclamos y empoderar a los usuarios, la secretaría de Comunicación creó un portal llamado "Que no se corte", en donde alientan a los clientes de telefonía móvil a comparar los costos, la cobertura y la calidad de los operadores.
Pero a pesar del descontento, son pocos los argentinos que cambian de proveedora.
Muchos saben que los problemas aquejan a todas las empresas, lo que los desincentiva de enfrentar el engorroso proceso de cambio.
Sin embargo eso podría cambiar a partir de 2015, cuando el aumento de espectro, antenas e inversión promete mejorar sensiblemente el panorama, poniendo a la Argentina a la par de sus vecinos en telefonía celular.
¿Cansado de esperar respuesta de tu operador ante un reclamo? Para acortar los tiempos de espera en la solución de los reclamos, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) propuso un proyecto de reglamento para la atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.
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El documento, publicado como separata especial del diario "El Peruano" el viernes 12 pasado, contempla la reducción del tiempo de espera de un reclamo -del servicio de telefonía fija, celular, Internet, entre otros- ante las empresas operadoras (primera instancia) de 74 días a 26 días.
Además, también solicita que los plazos para las apelaciones y quejas ante el Osiptel (segunda instancia) se acorten de 50 días a 35 días. Con ello, los 124 días de plazo para reclamos entre ambas instancias se reduciría a 61 días, es decir, casi un 50%.
"La propuesta del ente regulador busca simplificar el trámite de procedimiento de reclamos e incrementar la eficiencia en la atención de usuarios de los servicios de telecomunicaciones", detalló Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del ente regulador.
Y es que de enero a junio del presente año fueron 276.106 los reclamos resueltos ante la primera instancia, de los cuales el 80% de ellos eran quejas por facturación. En tanto, el 42% de los reclamos fueron por malestar en los servicios móviles.
SE AMPLÍAN PLAZOS DE RECLAMOS
En tanto, el proyecto también prevé una ampliación en el plazo de prescripción de reclamos de facturación y cobro, que pasaría de dos meses a dos años.
Así, si el usuario tiene un reclamo por una factura de hace seis meses, por ejemplo, podría ser considerada a lugar ante el operador telefónico, pues los plazos para presentar estas quejas serían mayores.
CREACIÓN DE EXPEDIENTES VIRTUALES
Otra novedad que trae este proyecto es la creación de un expediente virtual, que permitirá a los usuarios hacer el seguimiento de sus reclamos y conocer los detalles del mismo, sin tener que invertir tiempo en acudir a la oficina para conocer el estado de su relamo de forma presencial.
En esa línea, también se promueve la solución anticipada y conciliada entre los usuarios y los operadores, con la posibilidad de que se resuelva el problema sin iniciar el procedimiento de reclamo.
"Esto es importante porque el usuario ahorraría tiempo en trámites y permitiría que el Osiptel haga el seguimiento a la empresa operadora para supervisar si cumplió o no con resolver el problema del usuario", puntualizó.
Esta iniciativa tendrá 30 días para ser sometida a consulta pública y luego de procesar los comentarios, críticas y sugerencias, sería publicada, posiblemente, antes de fin de año.
