El proyecto, que será remitido durante la jornada de hoy -miércoles- al Senado para comenzar con el tratamiento de la iniciativa, logró un "amplio consenso" entre los miembros de la OFEPHI y la Nación, indicó la Presidencia en un comunicado.
El proyecto fue rubricado durante una una reunión encabezada por la Presidenta en la que estuvieron presentes los gobernadores de Chubut y presidente de la OFEPHI, Martín Buzzi; de Neuquén, Jorge Sapag; de Santa Cruz, Daniel Peralta; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Jujuy, Eduardo Fellner; de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; de Mendoza, Francisco Pérez; de La Pampa, Oscar Jorge; y el vicegobernador de Salta, Andrés Costas Zottos.
La Presidenta, por su parte, estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitancih; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el titular de YPF, Miguel Galuccio.
Al término del encuentro, Buzzi precisó que el nuevo proyecto de reforma de Ley de Hidrocarburos establece un 20% de libre disponibilidad para la exportación de la producción petrolera por parte de las empresas extranjeras que decidan invertir en el sector.
"Los distintos tipos de productores pueden disponer del 20% de libre disponibilidad para el inversor extranjero", afirmó Buzzi en conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, acompañado de sus pares de la OFEPHI. La producción off-shore, en tanto, podrá tener hasta un 60% de disponibilidad para el inversor.
"Esperamos que el conjunto de las cámaras puedan acompañar el proyecto", expresó el mandatario patagónico.
El gobierno nacional, por su parte, precisó que la nueva Ley de Hidrocarburos permitirá "generar un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción y generar más fuentes de trabajo". Además, buscará "actualizar la ley vigente y adecuarla a las nuevas oportunidades que se presentan al país como son los recursos no convencionales, off-shore y la recuperación terciaria".
En el texto difundido al término del encuentro, las partes señalaron que "el Poder Ejecutivo trabajó junto a los gobernadores y logró la redacción de un proyecto que contemple los intereses y derechos de todos los actores del sector".
Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, al ampliar y diferenciarlos. La nueva norma habilitaría 35 años para los yacimientos no-convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto determina que "se suprimen las reservas de áreas", mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión". La iniciativa, por otra parte, "no afecta los derechos adquiridos de los actores concesionarios y/o los contratos vigentes en cada una las provincias como así también en las empresas públicas provinciales".
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
Sobre la extensión de las concesiones, las provincias podrán otorgar prórrogas de diez años a quienes cumplan con las inversiones comprometidas. El proyecto dispone que "en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías con un tope del 18%".
Tras el encuentro, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, dijo no sentirse "sorprendido" por el acuerdo, al que calificó como "fruto de un trabajo intenso de todas las partes y hecho en defensa del patrimonio y los intereses de todos los argentinos".
"Es otro aporte para el sostenimiento y generación de las fuentes de trabajo del sector así como también la atracción de nuevas inversiones petroleras", agregó el mandatario jujeño.
También subrayó que la nueva legislación consensuada le dará "legitimidad democrática" a las normativas que rigen a las actividades del sector al considerar que "se está reformando un decreto-ley de 1967" gestado durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
MDZ Online.
La reforma de la Ley de Hidrocarburos acordada hoy por nación y las provincias productoras establece, entre otras cosas:
- Las provincias podrán cobrar un extra por extender concesiones a empresas energéticas provinciales que quieran participar en la concesión de áreas.
- La concesión para explotaciones no convencionales será de 35 años, y de 30 para las de off shore.
- La ley que se sancione no incluirá las negociaciones en curso de prórroga de áreas de explotación hidrocarburífera, como también el debate impositivo.
- Pliegos licitatorios: Secretaría de Energía y gobernadores acordarán (en un plazo de 6 meses tras la sanción de la reforma) un pliego modelo a ser aplicado en todas las jurisdicciones.
- En cada extensión otorgada, la provincia podrá incrementar en un 3% las regalías, con un tope del 18%.
- La iniciativa "no afecta los derechos adquiridos de los actuales concesionarios y/o lo contratos vigentes en cada una de las provincias, como así también de las empresas públicas provinciales".
- Para las nuevas licitaciones, se suprimen las reservas de áreas y las empresas provinciales podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión.
- Se le otorga rango legal al decreto 929/13, régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, y se amplía su alcance a proyectos de inversión superiores a US$ 250 millones.
- Las empresas aportarán como Responsabilidad Social Empresaria (RSE) a las provincias productoras el 2,5% del monto inicial de inversión y el Estado Nacional aportará financiamiento para obras de infraestructura.
- La Nación y las provincias adoptarán mecanismos que permitan uniformar las legislaciones tributarias en las actividades hidrocarburíferas y promoverán una legislación ambiental uniforme para aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental para la industria.
El Gobierno nacional y las provincias productoras alcanzaron esta noche un acuerdo para la reforma de la Ley de Hidrocarburos. El convenio, quedó sellado tras una reunión entre la presidenta Cristina Kirchner y los gobernadores de esos distritos en la Quinta de Olivos.
Cerca de las 21, y tras reunión clave realizada en la sede de YPF, los gobernadores suscribieron el acuerdo y de inmediato se trasladaron rumbo a la Residencia de Olivos, donde lo presentaron a la jefa de Estado.
Los gobernadores suscribieron el proyecto de ley acordado con el gobierno nacional de modo que el Poder Ejecutivo podrá girarlo al Congreso en los próximos días.
Al retirarse se YPF, los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, y de La Pampa, Oscar Jorge, coincideron -en declaraciones a la agencia DyN- en destacar que el proyecto "elimina incertidumbres, ya que da certezas a los inversores en los proyectos de puesta en producción de yacimientos no convencionales".
Si bien no dieron a conocer el detalle del proyecto, los gobernadores refirieron que rige para iniciativas de inversiones que superen los 250 millones de dólares a desarollar en tres años y respeta los derechos adquiridos por las provincias productoras.
En ese sentido, agregaron que seguirá vigente el esquema de acarreo para la etapa de exploración (de mayor riesgo minero), en tanto que en la etapa de explotación de los hidrocarburos las empresas provinciales realizarán un aporte proporcional de capital.
Las nuevas concesiones de áreas se realizarán por un período de 25 años, con la posibilidad de extenderlo por 10 años más. En cuanto a las regalías, trascendió que serán del 15 por ciento más 3 por ciento adicional cuando se proceda a la extensión de 10 años.
Del encuentro en YPF participaron, además de Ríos, Pérez, Jorge y Galuccio, los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi; de Neuquén, Jorge Sapag; de Río Negro, Alberto Weretilnek; y de Jujuy, Eduardo Fellner, además del vicegobernador de Salta, Miguel Costas Zottos, y funcionarios de otras provincias productoras.
Asimismo, a la nómina de gobernadores se sumaron el formoseño Gildo Insfrán, que viajó desde su provincia junto a la Presidenta, y el santacruceño Daniel Peralta.
El acuerdo se consiguió luego de tensas negociaciones entre los gobernadores, a raíz de los condicionamientos manifestados por Sapag, quien había expuesto su disconformidad con algunos aspectos del proyecto oficial y se retiró de la reunión, a la que regresó cerca de las 18:30.
Previamente, algunos gobernadores se habían reunido en la Casa de Mendoza en Buenos Aires. Según reveló Pérez, durante ese encuentro "hubo teléfono abierto con Buzzi (presidente de la OFEPHI) y Galuccio" para precisar cambios al borrador del proyecto (modificatorio de la ley 17.319) y adecuar su texto para la producción de yacimientos no convencionales y los off-shore.
El mandatario comentó que los temas en consideración se refirieron a plazos y prórrogas de las concesiones actuales y futuras, el canon inicial en pago a las provincias, el esquema fiscal a aplicar sobre la producción de crudo y gas, y un esquema de participación de las empresas provinciales adecuado a los proyectos.
Del encuentro en la Casa de Mendoza participaron, además de Pérez, Weretilneck, Ríos, Jorge y Costas Zottos, el secretario de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro y el secretario ejecutivo de la OFEPHI, Carlos Lambré.
En forma simultánea a esta reunión se desarrolló un encuentro de Buzzi y Sapag con Galuccio, en la sede central de YPF, que luego dio paso a la reunión de la noche.
Por: Mariano Casal.
Los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) le arrancaron ayer al Gobierno una serie de beneficios para sus provincias que permitirán sellar, tras más de tres meses de disputa, una tregua por la nueva ley de inversión petrolera. La oficialización política de esa avenencia tuvo a la propia Cristina de Kirchner como protagonista, que anoche recibía en Olivos a los mandatarios para presentarles el proyecto definitivo que será girado al Senado.
El día fue vertiginoso para los gobernadores. Por un lado, un grupo se juntó desde el mediodía en la Casa de Mendoza de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el gobernador Francisco "Paco" Pérez, anfitrión del encuentro, recibió a sus pares de La Pampa, Oscar Jorge; de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; y de Río Negro, Alberto Weretilneck. En tanto, el vicegobernador de Salta, Andrés Zottos, participó en nombre de Juan Manuel Urtubey.
Pérez, que logró mediar tras meses de disputa entre Nación y Neuquén, Chubut, Río Negro y -en menor medida- la propia Mendoza, puso al tanto al resto de los detalles específicos en relación con la iniciativa y recibió los pedidos puntuales de, por ejemplo, Weretilneck y Jorge, quienes aspiran a realizar la prórroga de áreas -con Petrobras- que chocan con el espíritu original del proyecto.
En simultáneo, los gobernadores de Chubut y Neuquén, Martín Buzzi -presidente de la OFEPHI- y Jorge Sapag, respectivamente, mantenían una reunión en el edificio de YPF en Puerto Madero con el titular de la expropiada empresa, Miguel Galuccio. Las dos provincias tuvieron las posiciones más duras respecto del texto original, que arrasaba con derechos de los distritos petroleros.
Varios momentos de esos dos cónclaves tuvieron puntos de encuentro, ya que Buzzi y Sapag llamaron a los mandatarios reunidos en la Casa de Mendoza, altavoz de por medio, para ponerlos al tanto de los cambios de última hora que exigían.
Recién comenzada la tarde, Pérez fue el único que aportó un poco de claridad frente a las frenéticas negociaciones. "Restan solucionar particularidades, pero estamos cerca de un acuerdo para que el proyecto se envíe al Congreso, pese a que también lo van a tener que aprobar las legislaturas locales. La Argentina necesita inversiones bajo un sistema de reglas claras", señaló a Ámbito Nacional.
Cuando los mandatarios partían a Olivos para ser recibidos por la jefa de Estado -el único que quedaba en la Casa de Mendoza era Pérez-, se conoció el cambio de horario de la reunión entre la Presidente y la OFEPHI, que al final se dio tras su regreso de Formosa, donde la primera mandataria compartió un acto con Gildo Insfrán.
Así, los gobernadores que se encontraban en la Casa de Mendoza partieron para el edificio de YPF para unirse a Buzzi y Sapag, quien cerca de las 18 dejó la reunión y generó una tensión que puso en riesgo el acuerdo (ver aparte), aunque después regresó y descartó cualquier enojo por el proyecto que se estaba cerrando.
Para las 19, ya todos hablaban de un acuerdo. "Toda la OFEPHI asegura que la iniciativa traerá grandes beneficios a las provincias", expresaron desde uno de los gobiernos presentes en YPF a este diario. De esa manera, para los mandatarios sólo quedaba, después de un día a pura rosca, la foto con la Presidente y el regreso a sus distritos con caras de victoria.
En síntesis, los puntos más conflictivos del debate, y que seguramente seguirán en consideración cuando el proyecto ingrese al Congreso, son:
• La participación de las empresas provinciales sin el aporte de capitales: es el denominado "acarreo", que intentaba limitar Nación y que, en principio, cederían en parte los distritos, sobre la base de una propuesta que puso a consideración Neuquén y que ya activó durante la venta de pliegos para el ingreso a dos promisorias áreas petroleras, Parva Negra Oeste y Loma Ancha. El límite de inversión en proyectos para saber si habrá o no acarreo será de 250 millones de dólares.
• El canon de ingreso a las áreas, al acceder a una licitación nacional o internacional.
• La posibilidad de captar renta a través de mecanismos por fuera de las regalías como bonos o puntos adicionales a negociar con las empresas. En relación con las regalías, éstas se fijarán en un 12%, aunque en caso de prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta un 3% al momento de la primera prórroga, y hasta un máximo total de un 18% de regalías para las siguientes prórrogas.
• La coordinación de las autoridades de aplicación en temas ambientales quedará finalmente por fuera del proyecto, algo que también será materia cuestionable.
El proyecto ingresará por el Senado, y cuando reciba estado parlamentario seguramente será girado a la estratégica comisión de Minería, Energía y Combustibles.
La comisión está presidida por el legislador del Movimiento Popular Neuquino, el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, que advirtió al comienzo de esta semana que espera una iniciativa que no sea "un maquillaje".
Hoy, los diputados de ese partido serán importantes para que el kirchnerismo pueda sancionar, entre otras leyes, la de Abastecimiento.
La Nación. Por Pablo Fernández Blanco
Habían pasado algunos minutos de las 15.30. El gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, salió apurado de la casa de esa provincia en Buenos Aires camino a la Residencia de Olivos, donde Cristina Kirchner esperaba a los jefes de las provincias petroleras para anunciar el acuerdo para enviar al Congreso el proyecto de una nueva ley de hidrocarburos. Tenían que estar a las 16. Pero una llamada de Martín Buzzi (Chubut) lo frenó en plena carrera. Los gobernadores se habían retrasado, por lo que la Presidenta decidió volar a Formosa, donde tenía un acto. Se nota que la ley petrolera le interesa a Cristina Kirchner: en lugar de pasar la cumbre para hoy, la suspendió para las 21, aunque luego llegó mucho más tarde.
El episodio muestra las fricciones que despertó entre la Casa Rosada y los gobernadores el proyecto oficial para sancionar una nueva ley de hidrocarburos. Desde las 11 estuvieron reunidos equipos técnicos de las provincias en la Casa de Mendoza. Más tarde llegaron los gobernadores: Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), Oscar Jorge (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el anfitrión, Pérez. Los pesos pesados fueron al edificio de YPF en Puerto Madero. Allí, Buzzi y Jorge Sapag (Neuquén) discutieron por horas con Jesús Grande, director de YPF. También participó Miguel Galuccio, presidente de la petrolera estatal. A primera hora de la tarde, se comunicaron con el edificio de Callao y Corrientes. Pusieron el teléfono en altavoz. Y acordaron avanzar en un texto común para presentarle a la Presidenta. Quedaban algunos dubitativos, para quienes la postergación fue una bendición. Desde las 18 hasta las 21 los gobernadores estuvieron en el piso 34 de la torre de YPF con Galuccio, Grande y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Los sándwiches de miga, de pan árabe, el café y la gaseosa mejoraron la espera. De Vido era uno de los más apurados: "Vamos, que tenemos que ir a Olivos", arengaba cada vez que el tratamiento de un punto se demoraba. Al final del encuentro se fueron a ver a la Presidenta, que estaba en vuelo. Ya habían firmado .
El texto que se presentará posiblemente esta semana en el Congreso está muy cerca de lo que quería Galuccio para tentar a inversores. Dice que la participación de las provincias en la renta será a partir del cobro de un 12% de regalías, con la posibilidad de sumar 3% en cada prórroga de concesiones, con un máximo de 18 por ciento.
Aunque no formará parte del proyecto de ley, los gobernadores se comprometieron a firmar un pacto fiscal que le dé un régimen impositivo estable al negocio.
El documento estipula que los gobernadores no podrán retener áreas sin licitar para las petroleras provinciales. Tampoco el Gobierno, que lo hizo con Enarsa. "No establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas con participación estatal, cualquiera sea su forma jurídica", sostiene el texto que vio LA NACION. Para participar, las gobernaciones deberán aportar la parte proporcional de la inversión. La ley no compromete los proyectos que ya están en marcha. Las provincias deberán adjudicar concesiones "mediante procesos competitivos" a quienes ofrezcan una mayor inversión.
Los gobernadores recibirán algunos ingresos extras: 2,5% sobre la inversión comprometida en concepto de responsabilidad social empresaria, que pondrán las empresas, y recursos para obras de infraestructura. Para extender concesiones, habrá un bono de prórroga de 1,5% sobre las regalías remanentes probadas sobre el área.
La norma regula en especial el negocio de los no convencionales. Estipula el otorgamiento de concesiones por 35 años, con prórrogas de 10 años, y la libre disponibilidad de un 20% de las divisas que generen los proyectos luego de un determinado período.
Por Dolores Ayerra.
Después de intensas negociaciones contra reloj que se extendieron durante todo el día de ayer, finalmente los 10 gobernadores que integran la Ofephi y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo para enviar al Congreso un proyecto que apunta a reformar la Ley de Hidrocarburos vigente que data de 1967.
Las reuniones comenzaron al mediodía en la Casa de Mendoza, donde los mandatarios debatieron los últimos cambios que el Ejecutivo había presentado el jueves pasado. Más tarde, los gobernadores de Neuquén, Jorge Sapag, y de Chubut, Martín Buzzi, se reunieron con el titular de YPF, Miguel Galuccio (principal promotor del proyecto), en la Torre que la firma tiene en Puerto Madero, y consensuaron el texto definitivo. Cerca de las 18, las provincias se volvieron a juntar para analizar la redacción final del texto para más tarde trasladarse a Olivos por la noche, donde sellaron el acuerdo con la presidenta Cristina Kirchner (al cierre de esta edición el encuentro continuaba).
Con excepción de algunas modificaciones técnicas y de redacción, las provincias aceptaron el cuarto borrador prácticamente sin mayores objeciones a todos los artículos (cerca de 30 de los 40 que había en el primer bosquejo), debido a que consiguieron del Gobierno alguno de sus pedidos originales (como que Ingresos Brutos o el impuesto al Sello queden bajo la órbita provincial). No obstante, la batalla que no pudieron ganar fue la de lograr más puntos de regalías que cobran por las áreas a explotar y que con la nueva ley serán la única vía de renta provincial ya que se elimina el acarreo. A cambio, sí obtuvieron que se eleve de 0,5% hasta 2,5% el aporte de las empresas en concepto de responsabilidad social, sumado a los fondos del Estado Nacional para financiar obras de infraestructura.
Tal como anticipó El Cronista en su edición de ayer el nuevo proyecto mantiene la tasa de regalía en el 12% pero incluye un incremental de 3% por el primer pedido de prórroga de las concesiones de las áreas y agrega un 3% para extensiones subsiguientes con un tope de 18%. A su vez, el borrador añade el pago de los concesionarios a las provincias de un bono sobre las reservas probadas remanentes. También se le otorga rango de ley a los beneficios contemplados en el decreto 929/13 ampliando su alcance a proyectos de inversión superiores a u$s 250 millones, otorgando libre disponibilidad de las divisas (20% para proyectos convencionales y no convencionales y del 60% para proyectos offshore).
El timing no es casual. Precisamente hoy se vota la reforma a la Ley de Abastecimiento y el kirchnerismo a cambio de estas concesiones se garantizó el aval del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que, según trascendió, apoyará el proyecto oficial
Por Horacio Serafini.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los gobernadores de las provincias petroleras anunciaron formalmente anoche un acuerdo para reformar la ley de hidrocarburos, al término de una jornada de tensas negociaciones, sobre todo por las exigencias de Neuquén.
Los gobernadores, entre ellos el mendocino Francisco Pérez, y en algunos casos funcionarios de las diez provincias que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos, (Ofephi) se trasladaron anoche a la residencia de Olivos, donde aguardaron el regreso de la jefa de Estado de una visita a Formosa para firmar luego el acuerdo que será un proyecto de ley que el Gobierno prevé enviar cuanto antes al Congreso.
El acuerdo se alcanzó luego de intensas deliberaciones sobre la base del cuarto borrador, en poco más de tres meses desde que empezó la discusión, que les acercó el jueves pasado el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, a los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi (presidente de la Ofephi), y de Neuquén, Jorge Sapag. Las negociaciones involucraron por parte del Gobierno nacional al propio Zannini; al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al presidente de YPF, Miguel Galuccio.
La primera conclusión que se desprende del acuerdo es que las provincias consiguieron algunos de sus reclamos, en tanto la Nación no accedió a otras. En el primer caso, los Estados petroleros lograron llevar las regalías a un máximo de 18 por ciento (sumando de a 3 puntos tras cada extensión de concesión), cuando YPF pretendía que se mantuvieran en 12 por ciento, como también que corra por su cuenta, aunque con posterior aprobación de la Nación, la definición de un marco impositivo común (en referncia a la alícuota de Ingresos Brutos) y de los pliegos modelo para las licitaciones, que deberán estar listos en seis meses.
La Nación, en cambio, no accedió a incorporar el pago de un canon inicial por parte de los futuros inversores, como tampoco el esquema de “carry” o acarreo que permite a las provincias, a través de sus empresas de energía, acceder a un porcentaje de la renta sin hacer aportes de capital en la etapa inicial de la inversión, que fue el detonante del conflicto. A cambio, las provincias lograron que se fije un piso de 2,5% del monto inicial de inversión que las empresas deberán volcar en mejoras de infraestructura.
Otro punto que impuso fue la prolongación de las concesiones a 35 y 30 años para áreas de petróleo no convencional y convencional, respectivamente.
Las negociaciones se extendieron a lo largo del día por la dureza del gobernador de Neuquén. Sapag pretendía mantener el cobro de un canon inicial, pero la posición de YPF fue de rechazo por considerar que una suerte de “peaje” conspiraría contra la necesidad de atraer multimillonarias inversiones en dólares requeridas para la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. También exigía mantener el cobro de un bono por prórroga de las concesiones en un 3 por ciento, que finalmente quedó fijado en 1,5 por ciento del total de las regalías remanentes, tomando como base el precio promedio de la cuenca hicrocarburífera en cuestión.
La jornada comenzó con una sui generis reunión de la Ofephi en la Casa de Mendoza. Hasta allí sólo llegaron el anfitrión Pérez y los gobernadores de La Pampa (Oscar Jorge), Tierra del Fuego (Fabiana Ríos) y Río Negro (Alberto Weretilnek), como también funcionarios de Salta y Santa Cruz. Con una demora de dos horas, comenzó la reunión para debatir la propuesta, vía videoconferencia, con la sede de YPF en Puerto Madero, donde se encontraban Galuccio, Sapag y Buzzi. “Restan ajustar detalles menores del proyecto, pero es inminente el acuerdo final”, dijo pasadas cuatro horas el mendocino Pérez.
Junto a los demás participantes de la reunión en la Casa de Mendoza, se aprestaba a partir hacia Olivos, donde la agenda preveía el encuentro con la Presidenta a las 16, cuando una llamada de Buzzi les anunció la postergación de la cita para después del regreso de Cristina de Formosa. Pero hasta tanto, Sapag volvió a plantear sus reclamos a Galuccio en la sede de YPF, cuando al momento en que estaba retirándose apareció el resto de los gobernadores, a los que el neuquino se sumó. Siguieron dos horas largas de intensa negociación hasta alcanzar el acuerdo final que llevaron a Olivos para la foto con Cristina.
Cuáles fueron las razones que llevaron a Sapag a poner su firma se desconocen. Las conjeturas indican que el Gobierno nacional habría accedido a alguna concesión en otro aspecto, todo en función no sólo de allanar el camino hacia el acuerdo sino también ante la necesidad de contar hoy con los tres diputados del Movimiento Popular Neuquino para lograr el quórum que le permita votar del proyecto de ley de abastecimiento.
Los puntos destacados
Los Andes accedió a los puntos del acuerdo firmado ayer:
Se establecen reglas claras y transparentes para las nuevas inversiones a través de licitaciones competitivas para nuevos permisos y concesiones.
Se establecen condiciones homogéneas favorables a la inversión exploratoria a través de un pliego uniforme para todo el país a acordar entre Nación y Provincias.
Se promueve la plena competencia entre los actores mediante la supresión de las reservas de áreas para el futuro y de los esquemas de ingreso a las áreas con la finalidad de privilegiar la inversión.
Se incentiva la inversión en proyectos de alto riesgo como pueden ser el no convencional o el off shore, ampliando y diferenciando los plazos de concesión: 35 años para no convencionales y 30 años para offshore.
Para acelerar los plazos de exploración, desincentivar la inversión especulativa y acelerar los tiempos de desarrollo, se establecen plazos más cortos para la exploración.
Se establece un horizonte de previsibilidad para maximizar las inversiones en las áreas productivas permitiendo las prórrogas por 10 años para concesiones existentes y el operador haya cumplido con las inversiones comprometidas. En cada prórroga el concesionario deberá pagar una regalía adicional del 3% en cada extensión, con un tope del 18%.
Se otorga previsibilidad al bono que actualmente cobran las provincias en la extensión de las concesiones, fijando por ley el esquema de percepción sobre las reservas probadas remanentes. No debe confundirse este bono con un canon o pago por ingreso a un área.
Para incentivar la inversión real extranjera, se le otorga rango de ley a los beneficios contemplados en el decreto 929/13 ampliando su alcance a proyectos de inversión superiores a U$S 250 millones, otorgando libre disponibilidad de las divisas, del 20% para proyectos convencionales y no convencionales y del 60% para proyectos offshore (sólo en el caso que haya exportación de hidrocarburos).
Las empresas aportarán como RSE a las provincias productoras el 2,5% del monto inicial de inversión y el Estado Nacional aportará fondos para financiar obras de infraestructura.
Fueron horas de mucho café y varios kilómetros recorridos entre la Torre Madero de YPF, la Casa Rosada y la Casa de Mendoza. Luego de tres meses de intensas negociaciones, los gobernadores de la Ofephi y la presidenta Cristina Kirchner firmaron anoche en Olivos un proyecto para reformar la ley petrolera que cambiará el futuro del sector y trazará las reglas del juego para el desarrollo de Vaca Muerta.
En una larga jornada y con muchas idas y vueltas, los mandatarios lograron que Nación modifique algunos puntos del último borrador y se redactó así un nuevo texto que será el definitivo. Los negociadores directos fueron el neuquino Jorge Sapag y su par chubutense Martín Buzzi, los dos más afectados por la norma y sus principales críticos.
La propuesta entrará hoy al Senado donde, con el aval de los gobernadores y el probable apoyo de los legisladores emepenistas, avanzará sin problemas.
"Fueron negociaciones extensas y duras, pero finalmente arribamos a un acuerdo convenientes para ambas partes", explicó anoche a "Río Negro" el ministro de Energía, Guillermo Coco. Reseñó que muchos de los puntos que pedían las provincias serán contemplados.
Entre ellos, se cuenta la posibilidad de cobrar un bono fijo en cada extensión de contrato, aunque las provincias no podrán, según informaron fuentes al tanto de la negociación, percibir un canon de ingreso a las áreas para nuevas concesiones.
Por otro lado, se incorporó a las provincias para la elaboración del pliego único de licitaciones, que se redactará en conjunto con la comisión de regulación de inversiones que maneja el ministro de Economía Axel Kicillof.
Finalmente, los gobernadores consiguieron incluir en la ley el modelo de extracanon que impuso Neuquén en la ley 2615. En la primera renegociación, las regalías llegarán al 15%. En la segunda, pasarán a 18%.
La nueva norma también instituye el decreto 929, que dio beneficios a Chevron, pero rebaja la exigencia a inversiones de 250 millones de dólares. También le da rango de ley al plan gas, que lleva el valor del millón de BTU a 7,5 dólares.
Puja política
Una vez afinados los detalles para arribar a un acuerdo, los gobernadores acordaron el discurso político. Es que todos, incluido Sapag, son conscientes de que el apoyo a la norma, aún a pesar de las concesiones a las provincias, traerá resistencia de algunos sectores opositores. En Neuquén, el primero en manifestarse fue el intendente Horacio Quiroga, que criticó la intervención de Galuccio en el texto.
Por Cristian Navazo.
Tras una jornada de intensas negociaciones, anoche los gobernadores petroleros y la Nación acordaron la reforma de la Ley de Hidrocarburos que será enviada hoy al Senado.
El gobernador Jorge Sapag se mostró firme en varios puntos del borrador que había recibido el jueves pasado. Junto con el chubutense Martín Buzzi negoció los aspectos más conflictivos con el presidente de YPF, Miguel Galuccio, en la torre de la petrolera en Puerto Madero. Mientras se discutían esos detalles, el resto de los representantes de la Ofephi estaban reunidos en la Casa de Mendoza.
El neuquino logró modificar los plazos de los permisos exploratorios y las concesiones, el control de las licitaciones, y el bono que deberán pagar las empresas a las provincias para acceder a las prórrogas por 10 años. Sapag consiguió que se incremente el porcentaje (será del 2%) que se tomará en cuenta para calcular ese canon y que estará vinculado a las reservas probadas remanentes. El esquema quedó establecido en la reforma, para que no haya discreción a la hora de extender los contratos. Se busca dar “previsibilidad al negocio”, explicaron fuentes conocedoras de las conversaciones que transcurrieron ayer.
El bono se podrá aplicar en los casos en que una petrolera tenga un bloque convencional en concesión y pida la extensión de los plazos para un proyecto no convencional, pero en ningún caso se pagará para ingresar a un área. Además, el concesionario deberá abonar una regalía adicional del 3% en cada prórroga, con un techo del 18%.
Sapag fue el que más resistió el proyecto original. Tal es así que estaba previsto un encuentro con la presidenta Cristina Fernández para las 16 de ayer, que fue pospuesto porque las negociaciones para esa hora aún no estaban cerradas. A las 19, la mandataria llegó a Formosa, donde inauguró obras con el gobernador Gildo Insfrán. El acto culminó a las 20.30 y Cristina regresó a Buenos Aires, mientras se redactaba el proyecto final en la torre de YPF.
Sobre las 21 se cerró el acuerdo y el contingente de la Ofephi se trasladó a la Casa Rosada para rubricarlo con la Presidenta.
Finalmente, quedó establecido que las provincias y Nación no podrán reservar áreas a favor de sus empresas ni aplicar en las licitaciones el sistema de acarreo mediante el cual las firmas como GyP iban asociadas a las privadas sin aportar inversiones. De esta forma, se garantiza una competencia leal entre todas las compañías. De todas maneras, correrá a riesgo del inversor si decide llevar a otra empresa con carry en el período exploratorio. En la etapa de desarrollo cada una deberá invertir lo que le corresponda.
También se acortaron los plazos exploratorios para combatir el “negocio inmobiliario”, es decir la inversión especulativa. La idea es acelerar los desarrollos de las áreas.
Por otro lado, las empresas pagarán a las provincias el 2,5% del monto inicial de inversión en concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y el Estado Nacional aportará fondos para financiar obras de infraestructura. Los gobernadores lograron elevar el porcentaje, que en el borrador inicial de Nación era del 1%.
Tal como adelantó LM Neuquén, Nación cedió sobre varios puntos como la cuestión impositiva. A cambio, se impulsará un pacto fiscal que deberá tener el visto bueno de las legislaturas provinciales, para homogeneizar las alícuotas de la actividad petrolera.
También se le otorgó rango legal al Plan Gas, que paga 7,50 dólares el millón de BTU a las empresas que incrementen la producción. Además, se dejó fuera de la reforma la cuestión ambiental. Las provincias y Nación trabajarán en otra legislación para que haya prácticas uniformes en la industria.
Contratos de GyP y la 2615 no se tocan
NEUQUÉN
Tras lograr introducir varias modificaciones al borrador que le había entregado la Nación, el gobernador Jorge Sapag destacó que se tomaron en cuenta “casi todas las inquietudes de las provincias”.
Voceros del mandatario indicaron anoche que se logró el compromiso de que se respetará la “seguridad jurídica” para las 54 sociedades que la empresa GyP tiene en marcha con compañías privadas, al igual que las renegociaciones de las concesiones que se realizaron mediante la Ley Provincial 2615. Es decir que la reforma de la Ley de Hidrocarburos no afectará de ningún modo los contratos vigentes. Los mediadores entre el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y las provincias fueron el ministro de planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
Quien salió a criticar el acuerdo fue el intendente Horacio Quiroga. Mediante su cuenta de Twitter indicó que la nueva norma “está hecha a medida de YPF”. Y agregó: “Prueba de ello es que Jorge Sapag se sentó a discutir la ley con Galuccio que es presidente de una concesionaria, no es el gobierno nacional”.
Cristina Kirchner tendrá finalmente su ley de hidrocarburos, tras un acuerdo de esta tarde entre los gobernadores de las provincias petroleras y Carlos Zannini.
El secretario Legal y Técnico logró conciliar con los mandatarios una participación atenuada de las empresas provinciales de energía, que Miguel Galuccio quería excluir impedir que pueda seguir asociándose a las inversoras, bajo la modalidad de carryn.
Según el borrador debatido hoy, podrán seguir haciéndolo pero deberán aportar dinero. “Será un carryn sui generis. Habrá que aportar capital en el momento de la producción, no en el de exploración y plan piloto”, explicaron a LPO fuentes de Neuquén. Las otras provincias rebeldes eran hasta ahora Chubut, Río Negro y Mendoza.
El resto del proyecto prevé un esquema más coordinado de las licitaciones, aunque el poder continuará con el poder concedente.
El Gobierno buscaba una similitud de esquemas impositivos entre las provincias, que permita más previsibilidad.
El acuerdo llegó tras meses de una dura pelea, que comenzaron con los primeros dos borradores enviados a las provincias y escritos por Galuccio.
Los gobernadores rechazaron de plano dejar de participar de las inversiones con empresas provinciales y Cristina pateó el tablero: los excluyó de los planes de refinanciación de deudas que hizo con el resto de las provincias.
No le importó que por esa respuesta se quedara sin quórum en la Cámara de Diputados, donde tenía que imponer un paquete de leyes amplio, como el cambio de sede para la deuda y la ley de abastecimiento.
Semejante escenario no era conveniente para nadie y así lo entendieron. Oscar Parrilli, secretario de Cristina y neuquino acercó a Jorge Sapag, el gobernador con mayor poder en el sector energético y quien más frutos le sacó a una empresa provincial de energía.
Sapag acordó con Zannini un carring atenuado y aunque este fin de semana no estaba del todo conforme con el borrador, sus pares lo convencieron de no extender el conflicto.
Anoche, los gobernadores petroleros llegaron a un consenso. Al cierre de esta edición, los representantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) viajaban hasta la Quinta de Olivos, a la espera de la presidente Cristina Fernández de Kirchner -quien regresaba de actividades en Formosa-, para establecer el acuerdo y así avanzar en un proyecto que modifica la Ley Nacional de Hidrocarburos.
Si bien no trascendió la totalidad del borrador, sí se pudieron conocer algunos puntos (ver aparte). En principio, cuando el proyecto pase por el Congreso y se ratifique en las provincias sus disposiciones no regirán para las renegociaciones en marcha sino que empleará para las futuras.
Además, hay acuerdo sobre los términos en los permisos de exploración –diferenciando lo convencional de lo no convencional-; se permitirá que las provincias cobren un bono de reingreso en los casos de extensión de concesiones y hasta se permitiría la aplicación de “regalías adicionales” en las prórrogas.
Los gobernadores de la OFEPHI llegaron a Buenos Aires hasta la Casa de Mendoza, ubicada en Callao y Corrientes, encontrándose finalmente ayer a las 13. Allí acordaron algunas posturas para plantear sobre el borrador que propuso el Gobierno nacional.
El chubutense Martín Buzzi, que es también presidente de la OFEPHI, y el neuquino Jorge Sapag, el gobernador con la postura más dura frente a la reforma, fueron recibidos en la Torre de YPF en Puerto Madero por el CEO de esa compañía, Miguel Galuccio. Desde la compañía decidieron no hacer comentarios sobre los detalles de esa conversación.
Galuccio es uno de los impulsores de la nueva legislación. Como presidente de la petrolera de bandera, pondera en todos sus discursos el objetivo del autoabastecimiento y que la compañía reactiva proyectos de exploración en todas las provincias en las que opera. Ayer siguió de cerca las negociaciones.
CONSENSO
Durante el encuentro, surgió la posibilidad del reunirse con la Presidente en la Quinta de Olivos, una vez que regresara de Formosa donde estaba en actividad oficial. Mientras tanto, seguían las conversaciones de carácter técnico entre los ministros y secretarios de los distintos gobernadores en la Casa de Mendoza.
Con el correr de las horas, fueron llegando el resto de los gobernadores de las diez provincias que integran la OFEPHI hasta las oficinas de YPF. Ahí terminaron de definir los principales lineamientos del proyecto de ley. Con el consenso de los gobernadores y el pulgar arriba de la Presidente, ahora es más probable que el proyecto ingrese primero por el Senado.
Así, el borrador del secretario Legal y Técnico de Nación, Carlos Zannini tuvo varias tachaduras y reescrituras con las objeciones de los gobernadores. El que más se venía resistiendo era el neuquino Sapag, pero cedió al consenso general de los gobernadores al ver que en la propuesta final había beneficios para el Estado provincial, pese a que el carry queda fuera de juego.
Uno de los puntos en discusión ayer fue que el pliego de licitaciones de áreas petroleras sea confeccionado por la autoridad de aplicación (ministerios o secretarías provinciales) en consenso con las provincias y la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas.
Nación quería eliminar una serie de pagos que las provincias pedían a las empresas, a fin de incentivar las inversiones. Para lograr el consenso de ayer, cedió en que cada distrito solicite un bono de reingreso cuando se logre una prórroga de concesión que se calculará con una fórmula según las reservas que tenga la empresa en cuestión.
Con los gobernadores a favor y la firma de la Presidente en el acuerdo, ya no habría problemas en el Senado, donde muchos de los representantes de la Cámara alta no votarían un proyecto sin consenso de la OFEPHI. Si pasa Senado y Diputados, la Ley deberá ser ratificada en las legislaturas provinciales.
El gobierno nacional y las provincias productoras de hidrocarburos alcanzaron un acuerdo respecto a la reforma a la ley que regula la actividad, luego de tres meses de discusiones entre las partes.
Anoche, cerca de las 21 horas, los gobernadores suscribieron el acuerdo y de inmediato se trasladaron rumbo a la Residencia de Olivos, donde lo presentaron a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que regresaba de Formosa. Luego de una larga negociación entre la OFHEPI, que preside el gobernador de Chubut, Martín Buzzi junto a los representantes del Gobierno Nacional se consensuó la reforma a la actual Ley de Hidrocarburos.
“Las provincias conservan todos sus derechos y las empresas provinciales pueden asociarse” manifestó Buzzi quien afirmó que “hemos consensuado la mejor reforma a la Ley entre las Provincias y la Nación”.
Buzzi afirmó anoche que el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos establece un 20% de libre disponibilidad para la exportación de la producción petrolera por parte de las empresas petroleras que decidan venir al país a invertir.
Consenso
Los mandatarios suscribieron el proyecto de ley acordado con el gobierno nacional de modo que el Poder Ejecutivo podrá girarlo al Congreso en los próximos días. Así lo aseguró la mandataria de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, durante la reunión que se desarrolló en la sede central de YPF, en el barrio porteño de Puerto Madero, con el presidente de la compañía, Miguel Galuccio.
“Hemos discutido todos los temas pendientes y hemos llegado a un acuerdo”, señaló Ríos, quien señaló el propósito de los mandatarios nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) de presentar el acuerdo a la presidenta Cristina Fernández.
Al retirarse de YPF, los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, y de La Pampa, Oscar Jorge, coincidieron en declaraciones en destacar que el proyecto “elimina incertidumbres, ya que da certezas a los inversores en los proyectos de puesta en producción de yacimientos no convencionales”.
Si bien no dieron a conocer el detalle del proyecto, los gobernadores refirieron que rige para iniciativas de inversiones que superen los 250 millones de dólares a desarrollar en tres años y respeta los derechos adquiridos por las provincias productoras.
El gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, destacó “el amplio consenso” alcanzado entre el Gobierno nacional y las provincias petroleras para impulsar de manera conjunta un proyecto de reforma a la Ley de Hodrocarburos, que permitirá avanzar de manera conjunta hacia el “autoabastecimiento energético” del país.
Carry y regalías
En ese sentido, agregaron que seguirá vigente el esquema de acarreo para la etapa de exploración (de mayor riesgo minero), en tanto que en la etapa de explotación de los hidrocarburos las empresas provinciales realizarán un aporte proporcional de capital. Las nuevas concesiones de áreas se realizarán por un período de 25 años, con la posibilidad de extenderlo por 10 años más. En cuanto a las regalías, trascendió que serán del 15 por ciento más 3 por ciento adicional cuando se proceda a la extensión de 10 años.
Del encuentro en YPF participaron, además de Ríos, Pérez, Jorge y Galuccio, los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi; de Neuquén, Jorge Sapag; de Río Negro, Alberto Weretilnek; y de Jujuy, Eduardo Fellner, además del vicegobernador de Salta, Miguel Costas Zottos, y funcionarios de otras provincias productoras.
Teléfono abierto
El acuerdo se consiguió luego de tensas negociaciones entre los gobernadores, a raíz de los condicionamientos manifestados por Sapag, quien había expuesto su disconformidad con algunos aspectos del proyecto oficial y se retiró de la reunión, a la que regresó cerca de las 18:30. Previamente, algunos gobernadores se habían reunido en la Casa de Mendoza en Buenos Aires.
Según reveló Pérez, durante ese encuentro “hubo teléfono abierto con Buzzi (presidente de la OFEPHI) y Galuccio” para precisar cambios al borrador del proyecto (modificatorio de la ley 17.319) y adecuar su texto para la producción de yacimientos no convencionales y los off-shore.
El mandatario comentó que los temas en consideración se refirieron a plazos y prórrogas de las concesiones actuales y futuras, el canon inicial en pago a las provincias, el esquema fiscal a aplicar sobre la producción de crudo y gas, y un esquema de participación de las empresas provinciales adecuado a los proyectos.
Del encuentro en la Casa de Mendoza participaron, además de Pérez, Weretilneck, Ríos, Jorge y Costas Zottos, el secretario de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro y el secretario ejecutivo de la OFEPHI, Carlos Lambré.
En forma simultánea a esta reunión se desarrollaba un encuentro de Buzzi y Sapag con Galuccio, en la sede central de YPF, que luego dio paso a la reunión de anoche.
Licitan las provincias
Uno de los puntos más discutidos que era el de las licitaciones, a partir del nuevo borrador, las provincias serán las encargadas de llevar adelante el proceso, pero sobre la base de los lineamientos centrales que fijará la Nación.
Los gobernadores habrían conseguido también que las provincias sean las encargadas de llevar adelante los procesos licitatorios.
Aunque en este punto las provincias tampoco tendrían poder de decisión total porque si bien les permitirá licitar y supervisar los procesos estos se harían según los lineamientos que serán controlados desde el poder central.
Lo que resta definir es el esquema impositivo aunque en el borrador se establecería un solo tributo, fijar un techo del 3% para ingresos brutos, pero se firmará un acuerdo extra con cada una de los provincias que tendrían así alícuotas diferenciadas.
Como se esperaba, el gobierno nacional y las provincias petroleras agrupadas en la OFEPHi llegaron este martes a un acuerdo general sobre el proyecto de ley petrolera, que ahora será enviado al Congreso para su tratamiento.
El proyecto fue modificado varias veces, y este mismo martes sufrió correcciones de último momento, después de un intenso trabajo que tuvo como activos protagonistas a los gobernadores de Neuquén, Jorge Sapag, y de Chubut, Martín Buzzi, con intervenciones ocasionales del CEO de YPF, Miguel Galuccio.
Después de la jornada de trabajo, que había incluido una reunión en la Casa de Mendoza en Buenos Aires de los mandatarios integrantes del club petrolero, se rubricó el pacto con la presidente Cristina Fernández, recién retornada en la noche del martes de un acto realizado en Formosa.
Desde el gobierno neuquino, se aseguró que el acuerdo al que se había arribado resultaría beneficioso tanto para las provincias como para el Estado nacional y su empresa petrolera renacionalizada. Sin embargo, los detalles del proyecto, con las últimas correcciones, todavía no habían tomado estado público. Sí se aseguró que se encontró un mecanismo para mantener en funcionamiento las empresas provinciales, como es el caso de G&P.
Entre algunos puntos del acuerdo que trascendieron, se indicó que las regalías se incrementarán 3 puntos cada nueva prórroga, con un tope de 18%; que las empresas deberán pagar 1,5% de las reservas con cada nueva prórroga; y que desembolsarán a las provincias 2,5% de la inversión inicial en concepto de Responsabilidad Social Empresaria.
El tema, más allá del acuerdo, que posibilitará avanzar –en medio de un complicado panorama económico y político- en la concreción de inversiones para el desarrollo pleno de los recursos no convencionales de petróleo y gas, provocará sin duda distintas reacciones políticas en Neuquén, tanto a favor como críticas, respecto de la actitud del gobierno de Jorge Sapag.
De hecho, el pacto petrolero rubricado inaugura un nuevo escenario político en la provincia, despejando algunas incógnitas cuando se conozcan en detalle los artículos del proyecto de ley tal como han quedado redactados después de las duras negociaciones; y es factible predecir que habrá críticas desde sectores de la oposición al MPN, y también dentro del propio partido, que vuelve a animar una interna, ahora para elegir candidato a gobernador.
La presidenta Cristina Fernández recibió anoche a los gobernadores de las provincias con recursos hidrocarburíferos y llegaron a un “acuerdo unánime” alrededor del nuevo proyecto de ley de Hidrocarburos que será presentado al Congreso en los próximos días. “La iniciativa elimina incertidumbres, ya que da certeza a los inversores en los proyectos de puesta en producción de yacimientos no convencionales”, coincidieron varios gobernadores. Es el resultado de tres meses de negociaciones. Participaron del acto, junto a la jefa de Estado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros Julio De Vido y Axel Kicillof y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
“Se han acordado las pautas para una reforma adecuada a la Ley de Hidrocarburos, preservando el interés de la Nación y contemplando las expectativas de las provincias”, dijo tras la firma del convenio el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner. El mandatario consideró que la nueva legislación le dará “legitimidad democrática a las normativas que rigen las actividades del sector, puesto que se está reformando un decreto ley de 1967, de tiempos del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía”.
La jornada de tironeos por el nuevo marco regulatorio comenzó por la mañana. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y su par de Chubut, Martín Buzzi, se reunieron con el titular de YPF, Miguel Galuccio, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, para avanzar en la definición de un proyecto consensuado. Luego, esos mandatarios comunicaron las novedades a Francisco Pérez (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Daniel Peralta (Santa Cruz), Oscar Jorge (La Pampa) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego). También participaron de esa reunión el vicegobernador de Salta, Andrés Soto; el secretario de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro, y el secretario de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), Carlos Lambre. “Es inminente la definición del proyecto a enviar al Congreso, sólo resta ajustar detalles”, indicaba a la salida el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez. Fue a la tarde en la Casa de Mendoza, en Buenos Aires, a la espera de la reunión con CFK.
La tensión entre el gobierno central y las provincias radica en que YPF, y con ella el gobierno nacional, pretende allanar el camino para las inversiones extranjeras que permitan maximizar la producción, especialmente en Vaca Muerta. Prefiere, entonces, que el dinero se dirija primero a la exploración y luego a las provincias. Por su parte, los gobernadores no quieren ceder parte de la renta hidrocarburífera central en los presupuestos provinciales.
Uno de los temas más candentes era el de los pliegos de licitación. El primer borrador del proyecto de ley redactado por el gobierno nacional establecía que las condiciones del pliego único de licitación las definiría la Comisión de Planificación de Inversión Hidrocarburífera, que encabeza el ministro de Economía, Axel Kicillof. Los pliegos definen todo tipo de requerimientos para las inversiones, una potestad que las provincias no quisieron resignar. Por eso, la idea es compartir esas facultades. La ley incorporaría un “pliego modelo” acordado por las provincias y la comisión.
El Gobierno considera central la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos. Así lo expresó recientemente CFK en la cena por el Día de la Industria, en Tecnópolis: “¿Para qué queremos una nueva Ley de Hidrocarburos? Para fijar reglas de juego claras, previsibles y transparentes que resguarden los intereses de las provincias, que son las propietarias de los recursos desde la reforma del ’94. Pero también para asegurar que ser gobernador de una provincia no sea patente de corso para otorgar áreas a cualquiera sin ningún tipo de control, y sin un modelo general que asegure transparencia al mercado, y no desincentive la inversión del exterior. Porque si no ponemos reglas claras en materia tributaria, en materia de porcentajes de regalías, en materia de porcentajes de cánones y en pliegos de licitación de áreas públicos e internacionales, no vamos a lograr inversión por una razón muy sencilla: la inversión que se requiere para Vaca Muerta oscila entre 100 y 200 mil millones de dólares. Y esas sumas no se consiguen si no funcionamos de manera previsible”. En esa oportunidad, la mandataria también recordó que con la actividad de YPF las provincias mejoraron recientemente el cobro de regalías, y que más adelante también van a hacerse de dividendos y utilidades, al ser socias de una petrolera estatal muy rentable.
Otro punto sensible era el canon, que es el monto que las provincias cobran a las empresas a la hora de renegociar los contratos habiendo hidrocarburos no extraídos. Se paga, entonces, por lo “no cobrado” por las arcas provinciales. El gobierno nacional prefiere reducir ese pago, porque considera que puede desincentivar la actividad privada. El canon es valorado por los gobernadores, porque representa mucho dinero fresco. Las negociaciones finalmente llevaron el canon a un punto intermedio.
La modalidad de carry (acarreo) también fue un eje de la discusión. Se trata de un esquema mediante el cual las empresas provinciales se “asocian” a las petroleras, lo que les permite recibir dinero a ningún costo, porque no tienen la obligación de efectuar inversiones. La intención inicial del Gobierno era dar por tierra con ese mecanismo, aunque se decidió mantener los proyectos en marcha, pero no hacerlo en los nuevos. En todo caso, las inversiones en marcha podrían renegociarse entre provincias y empresas. Una situación similar se da con las reservas de áreas, que las provincias aplican para los yacimientos sin contrato. Toda la cuestión ambiental, de suma relevancia para las explotaciones no convencionales, va a contar con pautas uniformes para todas las provincias.
